La presidenta prometió mantener las fuerzas federales y gestionar recursos extraordinarios. Empresarios y agricultores entrevistados por Animal Político describen el desgaste de dos años de violencia, mientras Mazatlán enfrenta un repunte de asesinatos
Entre quienes participaron en la movilización estuvo Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa. En entrevista con Animal Político, la empresaria describe lo que hay detrás de la exigencia de seguridad: miles de negocios que han consumido sus ahorros para mantenerse abiertos o que ya tuvieron que cerrar, familias que se separan y habitantes que se van del estado porque ya no encuentran cómo sostenerse.
“Ya estamos desgastados todos: anímicamente, económicamente. Familias perdidas, familias desgarradas”, lamenta durante la conversación con este medio.
En el campo, Martín Lim, productor del Valle de Culiacán y Navolato e integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, habla de otra combinación: deudas, apoyos pendientes y grupos armados que, denuncia, despojan a sus compañeros de maquinaria, cosechas y tierras.
“Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero estamos en medio de su guerra”, resume.
Las dos entrevistas muestran reclamos que van más allá del despliegue de soldados: poder trabajar, sembrar y pagar una nómina. Aunque ambos cuestionan la respuesta institucional, sus expectativas frente a Sheinbaum son distintas. Martha exige resultados y no más promesas, y acusa simulación tras la acusación de vínculos con el narco que hizo el gobierno de Estados Unidos en contra de diez políticos sinaloenses, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Martín, por su parte, conserva la confianza en la presidenta, pero considera que sus colaboradores no le transmiten la gravedad de los problemas.
“La injerencia no resuelve problemas, los crea”
El respaldo federal se expresó el 20 de septiembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Como parte de su gira por el segundo informe de gobierno, Sheinbaum aseguró que no retirará a los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mientras sean necesarios, y refrendó su apoyo a la gobernadora Graciela Domínguez Nava.
También anunció visitas de integrantes de su gabinete para atender directamente las demandas de la población, recursos extraordinarios mediante Hacienda, apoyos al campo, 20 nuevas preparatorias y un mes adicional de subsidio eléctrico. El 21 de septiembre, Domínguez precisó que la ampliación del subsidio se contemplaba, de manera tentativa, a partir de abril de 2027.
Durante su visita, la presidenta vinculó la violencia con la intervención extranjera: “la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”.
Al día siguiente, en la conferencia matutina, atribuyó la escalada al rompimiento del grupo criminal tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en un señalamiento al papel de Estados Unidos. Sostuvo que esa violencia se ha contenido, aunque reconoció que Sinaloa mantiene niveles delictivos importantes. También aclaró que su explicación no significa renunciar a detener a quienes cometen delitos: defendió que la información extranjera se utilice mediante las instituciones mexicanas.
Martha rechaza que esa explicación sea suficiente. En su lectura, la crisis también responde a las omisiones de las autoridades mexicanas.
“Esto ya era una bomba de tiempo. Tarde o temprano iba a explotar”, plantea. A su juicio, los apoyos sociales tampoco resuelven por sí solos el deterioro de los negocios: reclama créditos accesibles y facilidades fiscales para evitar más cierres.
La marcha del 13 de septiembre reunió precisamente a sectores afectados de distintas maneras. Según la cobertura de Noroeste, colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, empresarios, agricultores y otros ciudadanos recorrieron la avenida Álvaro Obregón, desde La Lomita hasta Catedral. Los organizadores calcularon alrededor de 50 mil asistentes; Martha estima en esta entrevista más de 35 mil. Ambas son estimaciones de participantes y organizadores, no un conteo independiente.
“Si no hay oportunidades para generar empleos y que esa gente pueda llevar el sustento a sus familias, pues se van”, señala la dirigente empresarial.
La violencia repunta en Mazatlán
El saldo de la violencia permite dimensionar ese reclamo. En su reporte publicado el 25 de septiembre, Noroeste presentó un acumulado de 3 mil 892 muertes violentas, 4 mil 424 personas privadas de la libertad y 12 mil 570 vehículos robados. El recuadro del diario fija el periodo del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026. Se trata de un seguimiento periodístico elaborado con fuentes oficiales, colectivos de búsqueda y trabajo de sus reporteros.
La cifra de privaciones de la libertad requiere una distinción: no equivale automáticamente al número de personas que continúan desaparecidas. El reporte no ofrece un desglose actualizado de cuántas fueron localizadas. Por ello, ese acumulado no debe presentarse como un registro de personas que siguen sin volver a casa.
El gobierno federal, por su parte, destaca una reducción de la violencia homicida respecto de 2025. El informe presentado el 8 de septiembre por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, registró una caída de 26.1 % en el promedio diario de homicidios dolosos de Sinaloa al comparar enero-agosto de 2026 con los mismos meses del año anterior. En ese balance, el estado acumulaba 866 homicidios y ocupaba el cuarto lugar nacional por número de casos.
La mejora frente al año pasado convive con un deterioro más reciente en el sur del estado. Noroeste documentó que Mazatlán pasó de alrededor de 36 homicidios dolosos en julio a 61 en agosto: un incremento aproximado de 69 %. El diario recordó que, según el vicefiscal regional Isaac Aguayo Roacho, entre enero y junio el municipio registraba de cinco a nueve homicidios mensuales.
La violencia contra las mujeres también aumentó. Para agosto, Noroeste contabilizó 12 casos que identificó como feminicidios en Mazatlán, mientras que el registro de la Fiscalía citado en esa nota sumaba siete hasta el día 30 y otro caso ocurrido el 31. La diferencia entre ambos conteos impide tratarlos como una misma estadística.
A escala estatal, la información de la Fiscalía recogida por Línea Directa reportó 122 homicidios dolosos y 20 feminicidios en agosto. Los homicidios aumentaron respecto de los 106 de julio, mientras que las denuncias por robo de vehículos bajaron de 256 a 245. Es decir, los delitos no evolucionaron de la misma manera.
Para Martha, incluso los periodos de menor incidencia no han disipado la incertidumbre. Reconoce que percibió una baja de algunos delitos, pero cuestiona que se atribuya a una estrategia que, desde su perspectiva, no ha devuelto la tranquilidad a la población.
La visita presidencial ocurrió después de un nuevo reforzamiento de seguridad. El 18 de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó que Sinaloa ya tenía más de 20 mil elementos federales desplegados. El refuerzo incluyó a 836 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mil efectivos de Marina y mil 600 de Defensa, destinados a fortalecer las operaciones en Mazatlán y los principales tramos carreteros del estado.
Las autoridades sostienen que este reforzamiento sí está produciendo resultados. El 22 de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención en Mazatlán de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, junto con otras tres personas. Lo identificó como presunto operador de “Los Chapitos”, relacionado con la logística y los recursos de esa facción, además de privaciones de la libertad.
El viernes 25 reportó otros resultados de operativos realizados el día anterior en el puerto: ocho detenidos, 19 armas de fuego, 14 artefactos explosivos, más de 2 mil cartuchos y 415 pastillas de fentanilo. Señaló que el refuerzo continuaba por instrucciones de Sheinbaum.
Ese mismo viernes, la gobernadora Domínguez Nava afirmó en Mazatlán que los hechos de alto impacto habían disminuido tras el trabajo con el gabinete de seguridad. Reconoció, sin embargo, que la tarea no estaba concluida y que los operativos debían mantenerse, con atención especial en Mazatlán y Escuinapa.
Entre las deudas y el miedo a sembrar
El reclamo empresarial también tiene una dimensión presupuestal. Martha dice que ha pedido a Domínguez gestionar créditos blandos y alivios fiscales ante la Federación.
“Porque o pagas los impuestos o pagas la nómina”, resume. “No hay de otra”.
La gobernadora anunció el 21 de septiembre que solicitaría recursos a Hacienda para fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y ampliar las capacidades del centro de vigilancia estatal, del C4i al C5i. Explicó que pospuso la presentación del plan para incorporar propuestas sociales y asegurar respaldo presupuestal. El comunicado no detalló el monto requerido.
El 25 de septiembre, después de reuniones con sectores productivos en Mazatlán, Domínguez sostuvo que las necesidades económicas requieren medidas específicas para cada actividad, además de dinero. Reiteró que revisaría con Hacienda una posible ampliación presupuestal, principalmente para seguridad, y anunció continuidad a las mesas con agricultores, pescadores y empresarios.
En las parcelas, la espera tiene consecuencias concretas, según Martín Lim. Afirma que algunos productores venden tierras y maquinaria para pagar deudas. En su caso, estima en 5 mil 600 pesos el costo de producir una tonelada de maíz en tierra propia, frente a los 3 mil 900 que recibió por venderla, antes de sumar los apoyos. “Los números no dan”, resume.
A ese problema económico se añaden los despojos. El productor aclara que los hechos que relata les ocurrieron a compañeros, no a él personalmente. Describe amenazas de hombres armados para impedir que los agricultores regresen a sus tierras o recojan sus cosechas.
“Ya te quitaron la tierra, ya te quitaron un tractor, un camión para levantar la cosecha, una cosechadora, pero no te quitaron la vida. Dices tú: ‘No, pues prefiero mi vida’”.
Lim dice que participó en la protesta de agricultores durante la visita presidencial: levantaron las vallas para hacer llegar sus exigencias a Sheinbaum. Interpreta la reacción de la mandataria como una señal de que sus subordinados no la mantienen informada. Es su percepción del encuentro.
“Yo sí estoy creyendo en un cambio a partir de la vista de Sheinbaum”, sostiene. “Ella le está poniendo ganas, pero como que sus subalternos no le están poniendo tantas ganas”.
En particular, reclama la demora del apoyo estatal de 400 pesos por tonelada de maíz, comprometida por el gobernador con licencia Rocha Mocha, aunque reconoce que hay pagos: “A cuentagotas, pero los están entregando”.
La contraparte oficial reconoce pendientes. El 22 de septiembre, el subsecretario estatal de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, dijo a Línea Directa que se agilizaría la dispersión y explicó que el apoyo de 400 pesos no estaba incluido en el presupuesto de 2026, por lo que se pagaba conforme ingresaban recursos de la recaudación. Su previsión era avanzar sustancialmente esa semana, incluso concluir; esa declaración no acredita por sí misma que todos los productores hayan cobrado.
La visita de la secretaria federal de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, anunciada por Sheinbaum, también tuvo seguimiento: el 25 de septiembre, la gobernadora informó de tres días de trabajo de esa dependencia en el estado y del compromiso de retomar las mesas con los sectores productivos en un mes.
Para Martín, el apoyo económico y la seguridad son condiciones inseparables para volver a sembrar. Su descripción del dilema no depende de una estadística:
“Si no siembras, te mueres de hambre. Y si siembras, te quitan tu camioneta, te la queman; te quitan tu tractor, te lo queman. El campo sinaloense está agonizando”.
AUTOR: MANU URESTE.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/sinaloa-pide-paz-apoyo-economico-visita-sheinbaum
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