La última ocasión que tuvimos oportunidad en ZETA de platicar con el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad de Baja California, en abril de 2026, una de las preguntas fue sobre su proveedor principal, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Como puede suponer usted, lector (y si no, le informo), los contratos, convenios o concesiones en materia de seguridad, el gobierno suele mantenerlos en la opacidad; pero frente a frente esperábamos una respuesta del general Carrillo. No la proporcionó.

El militar a cargo de la seguridad civil en el Estado justificó que él no estaba al tanto de quién o quiénes eran los proveedores de la Secretaría de Seguridad; que había un comité de compras y el Gobierno del Estado se encargaba directamente de eso; que él y su equipo lo único que hacían era plantear sus necesidades, armas, equipo táctico, equipo tecnológico, unidades y demás, para que estas fueran satisfechas por ese comité de compras. Prácticamente que él no tenía relación con el proveedor y no sabía quién era.

La pregunta venía al caso porque unos meses antes, en septiembre de 2025, la Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, había señalado —y sancionado— a un empresario, Jesús González Lomelí, al incluirlo en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. González Lomelí estaba relacionado, además, por empresas y asociaciones, con otros personajes de interés, como los gemelos Vera Ayala, quienes sirven —uno prófugo, por cierto— a Jorge Hank Rhon, a Marco Moreno Gómez Santelices, y estos a su vez a Fernando Salgado Chávez, el líder del Grupo La Familia.

Aun conociendo las sospechas sobre su proveedor, el general Carrillo recurrió al desconocimiento para deslindarse de quien es señalado ahora por la OFAC, como parte de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En información emitida el 29 de septiembre por el Departamento de Estado, detallaron los norteamericanos:

“El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí (González), un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y colaborador de ‘La Rana’. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices (Moreno) y Carlos Villela Gómez Santelices (Villela) son colaboradores de González radicados en Tijuana; ambos poseen una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y para ‘La Rana’. Otros colaboradores de González designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala (Jerónimo Vera) y Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera). Jerónimo Vera es socio comercial de González y participa en el tráfico de drogas y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos. Jorge Vera colabora con múltiples cárteles en el tráfico de narcóticos; es una figura central y un enlace para todas las actividades de los cárteles en Tijuana. Asimismo, se sabe que Jorge Vera ha lavado dinero para el Cártel de Sinaloa”.

Por supuesto que, en abril de 2026, el general Carrillo tenía esa información, dada su cercanía y coordinación, en calidad de secretario de Seguridad, con las agencias de los Estados Unidos que hoy acusan a la red de empresarios bajacalifornianos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

Aunque de manera tardía, el general no fue el único que se deslindó del grupo de empresarios, a pesar que hicieron negocios con ellos. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y sus secretarios, particularmente los que han encabezado la de Turismo, han contratados en sobradas ocasiones a las empresas de Marco Moreno Gómez Santelices para la organización de actos y eventos; el actual titular en la materia, de hecho, tiene doble liga con los señalados lavadólares: Miguel Ángel Badiola, aparte de ser colaborador de la mandataria estatal, lo fue muy cercano a Carlos Torres Torres cuando éste aún era parte del gobierno estatal y estaba casado con la gobernadora; y antes de ser nombrado en Turismo, fue —y es— el publirrelacionista de Jorge Hank Rhon, padrino de los gemelos Vera Ayala.

Además del Gobierno del Estado, Moreno Santelices también es proveedor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, donde despacha quien fuera directora de seguridad de Marina del Pilar cuando ésta encabezó el Ayuntamiento de Mexicali, Elena Andrade, quien continuó los negocios con los señalados en la red del Cártel de Sinaloa, como proveedores de la FGE y hasta en materia administrativa de la institución.

La misma gobernadora sabía, seguramente desde antes de septiembre de 2025, que sobre el grupo de empresarios señalado por la OFAC pesaban tales sospechas, pero eso no le impidió, ni a su gobierno, ni al secretario de Seguridad, ni al de Turismo, ni a la fiscal, continuar haciendo negocios con ellos. Fue unos meses antes de aquel septiembre cuando se supo que la casa que le adjudicaban a Ávila Olmeda en San Diego (por cierto, información también confirmada con autoridades de los Estados Unidos) estaba a nombre del líder del Grupo La Familia, Fernando Salgado, en cuya corporación aparecía también la esposa de quien fuera el primer fiscal de la gobernadora, Ricardo Carpio.

Por eso el deslinde que hizo el 30 de septiembre de 2026 llegó algo tardío. En un boletín del Gobierno del Estado informaron que “la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron relación contractual con el Gobierno de Baja California, y remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley”.

Además, “como una disposición preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la gobernadora determinó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del Gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes”.

Esta última determinación incluye, pues, a todos los señalados por la OFAC, el Departamento del Tesoro y otras agencias norteamericanas, y pues también incluye al exesposo de la gobernadora y a su excuñado, Carlos y Luis Torres Torres, quienes también fueron incluidos en una red de narcocorrupción por la OFAC, desde donde refirieron textualmente: “En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres), y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres). Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con ‘El Ruso’. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades delictivas y proteger al Cártel de Sinaloa frente a la intervención de las autoridades gubernamentales y policiales en Baja California. El Departamento de Estado de los EE. UU. revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a sus vínculos con el crimen organizado y a sus actividades en favor del Cártel de Sinaloa”.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, aún no se ha deslindado del grupo de empresarios hoy señalados de lavar dólares para el Cártel de Sinaloa, ni de Fernando Salgado, el líder de La Familia, y a quienes también ha otorgado toda suerte de concesiones, como la organización de la Feria de Tijuana, entre otras. De quien sí se deslindó fue de Carlos Torres Torres, a quien reconoció en el pasado y le dio trabajo en el Ayuntamiento de Tijuana.

Ahora sí que los deslindes empiezan, y es de suponerse que aún no terminan. Como reza el refrán mexicano: Dime con quién andas, y te diré quién eres, o la OFAC emitirá más sanciones.

Las frases que definen la llegada de Morena al poder político en Baja California tienen como común denominador el nunca, nunca como ahora, nunca antes.

Nunca había gobernado un mandatario por dos años. Nunca un gobernador se había enfrentado a la clase empresarial al prácticamente extorsionarlos con altos cobros por conexiones de agua. Nunca un exalcalde –en este caso Montserrat Caballero en Tijuana– había sido investigada por la FGR por delincuencia organizada. Nunca una mujer había gobernado Baja California. Nunca a un ejecutivo en funciones le habían retirado la visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Nunca antes un secretario del Ayuntamiento de Tijuana había sido denunciado por abuso sexual cometido, a razón de la víctima, en las instalaciones del Palacio Municipal.

Nunca antes el cónyuge y el cuñado de un mandatario, en este caso mandataria, habían sido señalados de tráfico de influencias, de corrupción en el sistema aduanal mexicano, de huachicol y huachicol fiscal. Y nunca antes los parientes políticos del titular del Poder Ejecutivo habían sido parte de una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Nunca antes se había desentrañado una red de contubernio político electoral y financiero entre un nuevo grupo de empresarios alrededor del poder, como el que encabezan Fernando Salgado, Jesús González Lomelí y Marco Moreno Santelices en Baja California desde el arribo de Morena al poder político.

Nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había retirado la visa para cruzar a los Estados Unidos no sólo a la gobernadora en funciones y a su entonces esposo, también a la alcaldesa de la Capital, Norma Bustamante, a su cónyuge, así como a una exalcaldesa, en este caso la de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown. Por supuesto, nunca antes un político de Baja California, como lo es la señora Brown, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e incluida, junto con dos empresarios, Candelario Arcega y, otra vez, Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero a una célula del Cártel de Sinaloa.

Por supuesto, nunca antes el exesposo de la gobernadora, su excuñado, el alcalde de Tijuana, el presidente del Tribunal, un senador de la República y una veintena más de personas, funcionarios, ligados al poder, empresarios, otra vez Fernando Salgado, habían sido citados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), para declarar en una carpeta de investigación formalmente establecida e indagada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mayoría fue citada, y la mayoría no acudió a la comparecencia, desde finales de octubre para presentarse desde el 18 de noviembre en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, convocados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo, la titular, y Humberto Escobar, subcoordinador.

Lo peor del caso en estos insólitos e inéditos casos que suceden en Baja California es que los protagonistas se lo toman a vacilada, tal como lo describió el alcalde de Tijuana, pretendiendo dar a entender que toda la investigación de la FEMDO se trata de “fuego amigo”, que no se debe por lo tanto tomar con seriedad. La realidad es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha realizado una indagatoria de la cual salieron los citatorios, que consta de cientos de páginas concatenando hechos que implican a los mencionados, y a otros más, en una red que está siendo debidamente investigada y sobre la que ciertamente aún no hay una conclusión, ni una solicitud judicial, sino una indagación en proceso a la cual, en lugar de ponerse a disposición bajo la lógica de que el que nada debe, nada teme, los políticos bajacalifornianos intentan desestimar con simpladas, como nimiedades.

El martes por la noche, agentes ministeriales de la Federación confirmaron a ZETA la autenticidad de los documentos que desde temprana hora de ese día circulaban en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, y que de entrada daban cuenta de los citatorios a dos protagonistas de este entramado político electoral, financiero, efectivamente al alcalde Ismael Burgueño, y al recientemente notorio empresario Fernando Salgado.

Los mismos agentes ministeriales informaron del avance en la investigación, de más citatorios y de los delitos que se indagan en la FEMDO, no advirtieron un “fuego amigo” dado que trabajan con investigación la búsqueda de evidencias y solicitaban la colaboración de los referidos para agregar sus testimonios a la carpeta de indagación oficial, así fuesen como es de esperarse, a su favor, pero la mayoría decidió no presentarse.

Si “fuego amigo” fuese, y entendiendo con ello que se trata de acusaciones entre morenistas de Baja California con miras a ser protagonistas en las elecciones estatales de 2027, la FGR no estaría siendo el eje conductor de la indagación, dado que tal institución que desde su autonomía está en manos de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su proclividad a investigar a adversarios políticos de Morena, no a morenistas “encumbrados” en el poder político en Baja California, como lo son el alcalde Burgueño que aspira a suceder a la gobernadora Marina Avila Olmeda, o al senador Armando Ayala, o a los familiares políticos de la mandataria estatal, a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Tijuana, entre otros.

La cuestión es que existe una investigación formal, legal, ministerial y científica, donde se presume la comisión de delitos con el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de estos actores políticos en Baja California, y que hay un avance considerable en la investigación y que decidieron no atender el llamado de la FGR, cosa que, en concordancia con lo que sucede por estos días en el estado, nunca antes había sucedido. Nunca como ahora.

En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, fue desechada una demanda de amparo presentada en favor del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

La solicitud de derechos fundamentales fue firmada por el abogado Christian Camacho Ruiz en contra de actos de privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en el extranjero.

Las autoridades responsables mencionadas son el juez Brian M. Cogan, de la Corte de Distrito de New York y los directivos de la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

El juez federal José Ángel Bustamante Arvizu determinó desechar la demanda de garantías pues al analizar el escrito inicial considera que en el caso “se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia” prevista en la Ley de Amparo.

Bustamante Arvizu estableció que las entidades demandadas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se trata de autoridades que ejerzan jurisdicción en territorio mexicano.

El juzgador refiere en su resolución de desechamiento: “Autoridades que al tratarse de entes cuya jurisdicción es en el extranjero, claramente no se puede considerar que emitan actos u omisiones de los poderes públicos cuya protección se encuentra salvaguardada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo”.

En tal sentido no se puede admitir la demanda “porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país”.

Y agrega el juez: “Las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal”.

La tutela de esos derechos debe ser en favor de personas que se encuentran en áreas en las que ejerce jurisdicción el Estado Mexicano a través de sus autoridades.

El abogado Christian Camacho Ruiz, al que se atribuye la presentación de esta demanda, y que manifestó domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, es el mismo que solicitó amparos en favor del boxeador Julio César Chávez Carrasco, en Mexicali, en el mes de julio pasado.

Joaquín “Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua por narcotráfico en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, de Estados Unidos, tras ser condenado en julio de 2019 por el juez Brian M. Cogan, al resultar responsable de asociación delictiva para traficar drogas.

Un interno del Centro de Reinserción Social de Ensenada (CERESO) compartió mensajes de texto el sábado 1 de noviembre a través de WhatsApp con un amigo, a quien de manera regular le pide asesoría legal, a pesar de que existe un sistema para inhibir la señal.

Según el recluso, un compañero de celda le renta el equipo celular por hora o por minutos, un negocio importante que permite a los internos mantenerse en comunicación con el exterior.

“Ahí vienen los edecanes”, “ahí vienen para las fotos”, “ya llegaron los cazagoles”, son algunas de las frases con tinte despectivo que realizan algunos elementos de las diversas corporaciones, al concluir un operativo importante que se lleva a cabo en Baja California, ya sea de drogas o captura de algún objetivo medianamente relevante.

La tropa policial, bajo las sombras, se atreve a comentar lo que sus jefes y funcionarios de primer nivel no se atinan a declarar: la policía militar creada en el sexenio morenista anterior, no es relevante en el combate a la inseguridad.

La Guardia Nacional, el brazo armado ejecutor del Gobierno de México, pero sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el símil de la Estela de Luz o el Cocinero Chino, un costoso ornato convertido en corporación de seguridad, puesto que pese a la gran cantidad de recursos que se le invierten (alrededor de 33 mil millones de pesos en 2025), sus resultados son altamente cuestionables y no soportan ningún análisis superficial.

El pasado mes de octubre, el Senado de la República avaló el informe de actividades 2024 de la Guardia Nacional, un documento de 100 hojas donde se desglosa la actividad general de la corporación, donde refieren todas las actividades de seguridad que llevan a cabo, desde el combate a la inseguridad hasta la custodia de personas y la vigilancia a patrimonios culturales y de la biósfera.

Durante el 2024, los 137 mil 716 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo México, han generado un total de 10 mil 069 detenciones por diversas faltas, de los cuales dos mil 704 fueron turnados al Ministerio Público Federal, dos mil 746 al fuero común y cuatro mil 619 se concretaron en faltas administrativas, es decir, no se identificaron como delitos; de los sujetos detenidos, un total de 174 se vincularon a actividades ligadas al robo de hidrocarburos.

Sin una referencia, la cifra podría considerarse destacada o relevante, pero para dimensionar cualquier dato es necesario hacer una comparación, y qué mejor que identificar las cifras de las corporaciones de seguridad de Baja California, una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país.

El pasado mes de agosto, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) capturó a 316 personas en Baja California por diversos delitos (ojo, delitos), por lo que, usando sólo este dato como referencia, habría detenido a tres mil 804 individuos. Es decir, una corporación que apenas ronda en los mil elementos capturó por delitos casi a la misma cantidad de individuos que la Guardia Nacional en todo el país, y contando con un estado de fuerza de 137 mil policías.

La Policía Municipal de Mexicali aprehende un promedio de 750 individuos por diversos delitos al mes, lo que representa un monto de nueve mil asegurados en el periodo de un año, contando con un estado de fuerza de mil 790 agentes.

La Fiscalía General del Estado, de enero a noviembre de este 2025, ha capturado a ocho mil 358 individuos con mandamientos judiciales, además de mil 974 cateos en toda la entidad, lo que quiere decir que sólo la corporación investigadora ha procesado a más personas que la Guardia Nacional en todo México.

Bien o mal, con carencias y limitantes; con resultados destacados y otros desastrosos, pero las corporaciones locales son las que sacan adelante el combate a la inseguridad, son los que han concretado los resultados tangibles para poder presumir la reducción de la incidencia delictiva que presume el Poder Ejecutivo Estatal.

Con datos cuestionables y que pueden ser altamente debatibles, pero las policías municipales, la estatal y la agencia investigadora, siguen siendo las instituciones que obtienen los resultados y, a diferencia de la Guardia Nacional, no se le invierten más de 30 mil millones de pesos al año.

¿De qué nos ha servido la Guardia Nacional en México y Baja California? Mientras que funcionarios de seguridad presumirán su coordinación con la Guardia Nacional y agradecerán su presencia en la mesa de seguridad, la realidad es que son los espantapájaros de la seguridad. Son adornos policiales, monumentos huecos como el Cocinero Chino o la Estela de Luz: grandes, costosos, pero absolutamente inoperantes.

Cinco años de prisión es la condena que recibió Christian Iván “N”, el adolescente de 16 años responsable del feminicidio agravado de Keyla Nicole Duarte Acevedo, de 13 años, sentenciado este viernes 7 de noviembre.

La condena representa la pena máxima de internamiento que la legislación mexicana actual permite aplicar a una persona menor de edad por delitos graves. El crimen, que conmocionó a la comunidad de El Rosario de Abajo, en San Quintín, Baja California, se perpetró el pasado 1 de julio de 2025.

El proceso legal se resolvió a través de un juicio abreviado, un mecanismo mediante el cual el adolescente de 16 años reconoció su participación en los hechos. De acuerdo con la investigación, Keyla fue vista por última vez junto a Cristian cuando se dirigían a una zona conocida como “la cueva”. La vinculación a proceso se había obtenido previamente por la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La sentencia de cinco años se debe estrictamente al marco normativo vigente, según explicó Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El magistrado precisó que el caso se condujo conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dentro de este marco legal, y de acuerdo con el artículo 201 del Código Penal, la pena más alta aplicable para un menor de 16 años es de cinco años de internamiento en un centro especializado, incluso en procedimientos abreviados donde el imputado acepta su culpabilidad y las medidas sancionatorias.

La madre de Keyla Nicole, de 13 años, reportó su desaparición el 2 de julio. Trágicamente, la búsqueda inicial se vio obstaculizada por la omisión de la Policía Municipal de San Quintín, que habría negado la atención inmediata, indicando a los menores que debían esperar 72 horas para activar el protocolo de búsqueda, un hecho que fue asentado en la investigación. Lamentablemente, el cadáver de Keyla fue localizado descuartizado ese mismo día, 2 de julio, en un terreno deshabitado. Incluso durante el operativo de búsqueda, se reportó que un perro traía en el hocico una de las piernas de la menor.

El Gabinete de Seguridad pública confirmó la ejecución de un careo conjunto en Ensenada, donde fueron cateados dos inmuebles y asegurados 753 mil 012 litros de diésel, además de 11 tanques contenedores de distintas capacidades.

De acuerdo con el reporte oficial, los cateos se efectuaron en centros de almacenamiento y oficinas pertenecientes a las empresas Rudametkin y SAHISA, ubicadas sobre la calle Obregón, entre Tercera y Cuarta, así como en la calle Novena, entre Blancarte y Castillo, en la zona centro.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles en la región.

Participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) quienes informaron que el combustible asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estos cateos. Las empresas involucradas pertenecen a familias de Ensenada que por años han operado estaciones de gasolina en localidad.

Un sujeto disparó por la espalda a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras este se encontraba realizado labores en su automóvil afuera de su domicilio en el municipio de Tijuana, Baja California.  

Los hechos quedaron registrados en un video tomado por cámara de videovigilancia que circuló en diferentes medios de comunicación locales.