El jefe de la DEA aseguró que la agencia seguirá exponiendo presuntos nexos entre cárteles y actores políticos corruptos, mientras la investigación contra Rocha Moya continúa sin una resolución pública
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantendrá sus investigaciones para exponer los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México, advirtió su titular, Terry Cole, en un mensaje publicado en redes sociales.
“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. @DEAHQ sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió el funcionario.
Corruption in Mexico is fueling the cartel networks that threaten our communities. @DEAHQ remains committed to exposing the nexus between deadly foreign terrorist organizations and corrupt political actors to protect American lives. We are not backing down. #HSTF #DEA #Corruption
— DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 17, 2026
Aunque Cole no mencionó nombres ni hizo referencia directa al caso de Rubén Rocha Moya, su mensaje ocurre mientras continúa sin una resolución pública la investigación contra el gobernador de Sinaloa con licencia, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
A más de seis meses de que Estados Unidos presentó cargos contra el político morenista y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en México. Sin embargo, no se han informado públicamente sus resultados ni existe una fecha para que concluya.
El caso también permanece sin avances conocidos en el procedimiento de detención provisional con fines de extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que Estados Unidos no ha entregado elementos adicionales que, bajo las leyes mexicanas, permitan proceder con esa medida.
LA ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señaló de presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados habrían participado en una conspiración para introducir drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección para las actividades de la organización criminal. También se presentaron cargos relacionados con armas.
La acusación incluyó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, los señalamientos contenidos en el expediente constituyen acusaciones y no una sentencia que acredite la responsabilidad penal de los señalados.
Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura en mayo de 2026 y compareció ante la FGR el día 26 de ese mes. Desde entonces ha rechazado las imputaciones. El político intentó reincorporarse al gobierno estatal el 21 de agosto, luego de 112 días separado del cargo, pero al día siguiente solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido.
MÉXICO ESPERA MÁS ELEMENTOS DE EU
El 2 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición, pero respondió que no se realizaría dicha solicitud debido a la falta de pruebas. “Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional”.
La presidenta argumentó que los sistemas penales de ambos países tienen diferencias en la valoración de los elementos probatorios. Mientras en Estados Unidos los testimonios pueden considerarse pruebas por sí mismos, explicó, en México se requieren otros elementos para sustentar una imputación.
También señaló que la FGR debe determinar si existen elementos para proceder. En caso contrario, la investigación podría cerrarse.
LA FGR NO TIENE FECHA PARA CERRAR EL EXPEDIENTE
El 13 de noviembre, Efraín Alonso Gastélum Padilla, titular de la Fiscalía Federal en Sinaloa, informó que no existe una fecha establecida para concluir las investigaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios.
El funcionario precisó que el expediente no está radicado en la representación estatal de la FGR, sino en las oficinas centrales de la Ciudad de México, donde las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Casos Complejos.
La delegación de Sinaloa, explicó, únicamente ha brindado apoyo cuando se lo han solicitado. Por ello, dijo, no puede informar sobre el avance de las indagatorias ni anticipar cuándo concluirán.
“Las investigaciones no están sujetas a tiempos, están sujetas a cómo van evolucionando de acuerdo a lo que avanzan las policías, los peritos y los agentes del Ministerio Público que están comisionados para el caso concreto”, declaró.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado públicamente de imputaciones formales u órdenes de aprehensión contra Rocha Moya derivadas de esta investigación.
UIF DESBLOQUEA DOS CUENTAS, PERO NO TODO SU PATRIMONIO
El 13 de noviembre, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desbloqueó parcialmente dos cuentas bancarias de Rocha Moya, en cumplimiento de una resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La medida, ejecutada el 5 de noviembre, le permite disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones: una por viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La UIF aclaró que la resolución no implica el desbloqueo total de sus cuentas. Los recursos distintos a los contemplados en la determinación judicial y las demás operaciones financieras permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.
El bloqueo de sus recursos había sido aplicado en mayo, después de que las autoridades estadounidenses dieron a conocer las acusaciones en su contra. El desbloqueo parcial, por tanto, no representa una exoneración ni significa que las investigaciones penales hayan concluido.
FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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