A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, aún quedan cabos sueltos, como el paradero del jefe de escoltas, coronel en retiro José Manuel Jiménez Miranda, así como las líneas políticas inexploradas.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reporta un avance del 90% y 34 personas detenidas (al menos 29 vinculadas a proceso), pero persisten piezas sueltas que mantienen el expediente abierto.
La hipótesis central de la FGE es una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), específicamente de la célula de “Los R”. El móvil se liga a las acciones de seguridad de Manzo, en particular a la detención y exhibición pública (en una transmisión en vivo) de René “N”, alias “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan, el 27 de agosto de 2025.
Las autoridades descartan, hasta ahora, un móvil político, aunque Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, ha insistido en que se investigue a los rivales políticos que su marido tuvo en vida y ayer en la ceremonia a un año del homicidio pidió a la presidenta que las investigaciones no tengan límites por la política.
José Manuel Jiménez Miranda es un coronel retirado del Ejército y hombre de confianza de Manzo. Fue secretario de Seguridad Pública de Uruapan por menos de un mes en septiembre de 2024. Despedido tras acusaciones de violencia intrafamiliar y luego nombrado jefe de escoltas del alcalde.
Existe orden de aprehensión en su contra por omisión (misma línea que los escoltas detenidos). Escapó del operativo del 21 de noviembre de 2025 en el que se detuvo a siete escoltas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que lleve a su captura. Fue quien reclutó al primer círculo de protección, en su mayoría exmilitares de otros estados.
De acuerdo con El Financiero, posee conocimientos tácticos que le permiten mantenerse fuera del radar.
Otro punto pendiente es el teléfono que portaba Carlos Manzo al momento del ataque. A pesar de que ya pasó un año, la Fiscalía no ha podido tenerlo en sus manos, debido a que la viuda desconfía del trato que se dará a la información ahí contenida y pone condiciones para su revisión.
La FGE ha requerido formalmente a Grecia Quiroz García (viuda y actual alcaldesa de Uruapan) la aportación del teléfono o los equipos de telefonía del exedil para análisis pericial (Grecia Quiroz dice que sólo es un dispositivo). La ahora alcaldesa de Uruapan ha expresado desconfianza en la Fiscalía estatal, teme filtraciones o usos políticos de la información privada y condiciona la entrega a que la FGR atraiga el caso o a un proceso con garantías (incluso ha hablado de entregarlos a la SSPC o en su presencia). La Fiscalía ha advertido posibles medidas de apremio o una carpeta por obstrucción. Quiroz sostiene que se trata de un solo dispositivo y que ya hubo revisiones previas. La FGE mantiene que los aparatos no se han aportado formalmente.
A pesar de que el gobierno federal ha participado en las investigaciones a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, la FGR no ha atraído la investigación.
Grecia Quiroz ha solicitado de manera reiterada y formal (incluyendo escritos a la FGR y peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, y gestiones en el Congreso) que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta. Argumenta la participación de delincuencia organizada (competencia federal) mediante el CJNG, la necesidad de una investigación imparcial y su desconfianza en la FGE de Michoacán.
Hasta la fecha, el caso permanece en el fuero estatal, con colaboración federal en detenciones y análisis. La FGE sostiene que no hay indicios de móvil político y que la línea criminal está consolidada.
Líneas políticas no exploradas a fondo: La FGE, por voz de Israel Vega Rodríguez (encargado del despacho), ha declarado que “de forma objetiva” las líneas agotadas no indican participación de actores políticos. Se han descartado señalamientos contra figuras como el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy o el exalcalde Ignacio Campos (denunciados por la familia en febrero de 2026). Quiroz y familiares insisten en no cerrar hipótesis sobre amenazas previas, rivalidades políticas o posibles colusiones, especialmente en el contexto de las tensiones previas a las elecciones de 2027, en las que Grecia Quiroz figura como una de las favoritas rumbo a la gubernatura de Michoacán, aunque hasta el momento no ha declarado de forma contundente sus intenciones por competir. La investigación se ha centrado en la infiltración del CJNG en el ayuntamiento y el círculo de seguridad.
Según balances de la FGE de mediados de octubre, hasta el momento hay 34 detenidos y 90% de avance. Se reportan alrededor de 3,500 actos de investigación, análisis de 1,200 horas de video, 72 extracciones de dispositivos, 120 audiencias y miles de actuaciones periciales. Los principales pendientes para cerrar la parte de fuero común son precisamente la captura de Jiménez Miranda y la obtención de los teléfonos.
CLAVES DEL CASO:
- Entre los detenidos más importantes están Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto autor intelectual y líder de “Los R” (célula vinculada al CJNG). Detenido en julio de 2026; recluido en el Altiplano.
- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”: Presunto coordinador operativo y logístico del atentado. Detenido en noviembre de 2025; también en Altiplano.
- Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”: Ahijado de Manzo; señalado por filtrar información y operar en el sitio. Vinculado a la familia de funcionarios municipales.
- Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”: Hermano de “El Brilloso”; mando intermedio.
- Siete escoltas (incluyendo Alejandro “N”, alias “El Macas”, trasladado al Altiplano): Procesados por homicidio calificado por omisión. Detenidos el 21 de noviembre de 2025.
- Samuel “N” (director de Protocolo/Relaciones Públicas): Señalado por filtrar la agenda.
- Rosa Alejandra “N” (secretaria de Bienestar municipal y madre de “El Macas”): Detenida a finales de octubre de 2026 por encubrimiento.
- Otros operadores de la red: “El K-OZ”, “El Congo”/King Kong, “El Pelón” (reclutamiento, incluyendo menores), y figuras logísticas y de sicariato.
- Los presuntos autores materiales (Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’) fueron hallados sin vida poco después del atentado. La investigación ha reconstruido un esquema de infiltración que alcanzó el entorno cercano del alcalde, con filtraciones desde dentro del ayuntamiento y el círculo de seguridad.
En resumen, a un año del magnicidio la FGE presenta una estructura criminal del CJNG identificada y desmantelada en gran parte, con los presuntos autores intelectuales capturados.
Sin embargo, el prófugo jefe de escoltas, la disputa por los teléfonos, la negativa de atracción federal y las tensiones sobre posibles líneas políticas mantienen fisuras en el caso, en un contexto de desconfianza de la familia de la víctima hacia la Fiscalía estatal.
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