Lo corrupción es peligrosa, más allá del daño al erario. Las carreteras son uno de los ejemplos más visibles. Baches, pavimentos que se deterioran prematuramente y obras deficientes obligan a preguntar cómo se ejercieron los recursos, quién supervisó los trabajos y si hubo consecuencias por los incumplimientos
La corrupción es uno de los peores males que puede padecer una sociedad. No solo roba dinero público, debilita instituciones y alimenta la impunidad; también cobra vidas humanas.
Cuando alguien lucra con los medicamentos que necesita un paciente, cuando una carretera se construye con materiales de mala calidad o una obra se asigna a cambio de sobornos, favores o apoyos políticos, el daño va mucho más allá del dinero desviado. Se pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas.
La corrupción no es solamente un expediente administrativo, puede convertirse en una tragedia humana.
Las carreteras son uno de los ejemplos más visibles. Baches, pavimentos que se deterioran prematuramente y obras deficientes obligan a preguntar cómo se ejercieron los recursos, quién supervisó los trabajos y si hubo consecuencias por los incumplimientos.
En distintos proyectos de obra pública, las auditorías han señalado irregularidades como trabajos no ejecutados, deficiencias de calidad, documentación insuficiente y problemas en la aplicación de sanciones. Cada observación debe aclararse y, cuando se acrediten responsabilidades, deben imponerse las consecuencias correspondientes.
¿Dónde termina la negligencia y dónde comienza el negocio?
Una obra se construye mal, se deteriora en poco tiempo y necesita otra intervención. Se vuelve a contratar y se vuelve a gastar. La ciudadanía termina pagando por segunda vez lo que debió hacerse bien desde el principio. Si existen acuerdos indebidos entre funcionarios y contratistas, unos se benefician mientras la población asume los costos y los riesgos.
La obra pública no puede convertirse en un negocio permanente para quienes hacen mal su trabajo y después reciben otro contrato para repararlo.
Si las carreteras evidencian el problema, el sector salud revela su dimensión más dolorosa.
¿Qué puede ser más indignante que pagar medicamentos con dinero público y que estos no lleguen a los hospitales? ¿Cómo se explica que existan recursos presupuestados mientras los pacientes enfrentan la falta de tratamientos?
Las irregularidades en la compra y distribución de medicamentos pueden incluir pagos sin comprobación suficiente, proveedores incumplidos, entregas tardías, posibles empresas fachada, inventarios deficientes y fármacos que caducan sin llegar a quienes los necesitan. También deben investigarse las posibles sustracciones de insumos para venderlos ilegalmente.
Cada caso exige pruebas y responsabilidades individualizadas. No se trata de acusar sin evidencia, sino de impedir que los recursos destinados a proteger la salud terminen en manos de particulares.
Mientras alguien lucra con un contrato, hay pacientes esperando. Mientras un almacén acumula medicamentos caducados, hay personas que no pueden costear un tratamiento. Y mientras las irregularidades quedan sin resolver, las familias enfrentan consecuencias irreversibles.
El deterioro de una carretera puede contribuir a un accidente; una obra insegura puede poner vidas en peligro; la falta de medicamentos indispensables puede agravar la condición de un paciente. Basta recordar el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, en 2017, donde murieron dos personas. Tragedias así obligan a examinar la construcción, la supervisión y la actuación de las autoridades responsables.
Por eso, la fiscalización no debe quedarse en cifras ni observaciones acumuladas. La Auditoría Superior de la Federación y los órganos estatales de control deben dar seguimiento a las irregularidades y promover las acciones correspondientes. Las autoridades competentes deben investigar y sancionar conforme a la ley.
Auditar no es un trámite burocrático. La fiscalización sirve cuando detecta abusos, corrige fallas, recupera recursos y genera consecuencias para quienes resulten responsables.
¿Quién responde cuando una obra presenta deficiencias? ¿Quién explica por qué se pagó un medicamento que no llegó? ¿Quién investiga a los funcionarios que pudieron favorecer a un proveedor? ¿Qué sucede cuando las observaciones se acumulan y las sanciones no llegan?
No basta con anunciar presupuestos millonarios e inaugurar obras. Hay que demostrar que el dinero se ejerció correctamente, que los bienes se entregaron y que las obras cumplen con lo contratado.
La corrupción no distingue colores partidistas ni niveles de gobierno. Combatirla exige transparencia, instituciones fiscalizadoras eficaces, investigaciones serias y sanciones sin privilegios.
El dinero público tiene un propósito: atender las necesidades de la sociedad. Cada peso destinado a una carretera debe contribuir a la seguridad; cada peso destinado a la salud debe acercar medicamentos a quienes los necesitan.
La corrupción también cobra vidas, y no hay discurso, partido ni cifra que pueda justificarlo. Cada peso desviado de los recursos destinados a una carretera, un hospital o medicamentos es una traición a la confianza pública y, en los casos más graves, puede poner en riesgo la vida de personas inocentes.
Quien lucra con la salud y la seguridad de la gente no solo le roba al erario: le roba oportunidades, bienestar y, a veces, la posibilidad de seguir viviendo. Y quien, desde el poder, lo permite, lo encubre o deja que la impunidad prevalezca, también debe rendir cuentas.
Porque el dinero público puede recuperarse; una vida, jamás.
FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JULIETA DEL RÍO VENEGAS.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/la-corrupcion-tambien-cobra-vidas/
AUTOR: JULIETA DEL RÍO VENEGAS.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/la-corrupcion-tambien-cobra-vidas/



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