Organizaciones civiles mantienen su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconoce 21. Temen que se les fabriquen delitos
Madres y padres acudieron este lunes a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco para conocer la situación de sus hijos detenidos durante la protesta del domingo contra la mala calidad del agua. Denunciaron golpes, falta de información sobre el paradero de sus familiares, obstáculos para comunicarse con ellos y temor de que les fabriquen delitos.
Frente a la dependencia, ubicada en la calle 14, las familias exigieron la liberación de quienes permanecen detenidos, atención médica para los lesionados y garantías de que se respetarán sus derechos durante el proceso legal.
Los registros sobre las detenciones presentan una diferencia de 10 personas. La Fiscalía estatal informó inicialmente que había detenido a 39 personas y posteriormente reportó la liberación de 18, por lo que reconoce que 21 continúan bajo custodia.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y otras organizaciones civiles reportaron inicialmente 52 personas detenidas y sostienen que 31 permanecen privadas de la libertad.
Durante la jornada, familiares y defensores de derechos humanos también denunciaron el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua contra participantes de la movilización, así como agresiones a personas que, según sus testimonios, no estaban involucradas en actos violentos.
Cepad señala falta de información sobre los detenidos
Denisse Montiel Flores, directora del Cepad, sostuvo que el operativo policial contra la manifestación derivó en un acto de represión y cuestionó que las autoridades no proporcionaran información oportuna sobre el paradero de las personas detenidas.
“Registramos más de 50 personas detenidas de manera arbitraria y señalamos que no fueron presentadas de manera inmediata a ninguna autoridad ni se brindó información sobre su paradero durante las primeras horas. Podemos considerar que hubo desapariciones forzadas por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”, declaró.
La activista insistió en que ejercer el derecho a la protesta no debe convertirse en motivo de criminalización.
“Ninguna persona puede ser detenida ni criminalizada por ejercer el derecho a la protesta social”, afirmó.
Las denuncias se produjeron después de la movilización del domingo para exigir agua limpia en los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, que terminó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en las inmediaciones de Casa Jalisco.
“La tiraron al piso y la empezaron a patear”
Margarita Mora, madre de Mariana Jobel Mora, estudiante de Biología Marina de 22 años que se identifica como persona no binaria, denunció que su hija recibió una golpiza de varios policías durante la protesta.
Mora, quien es enfermera, consideró que la apariencia de Mariana pudo influir en la agresión. Aseguró que existen videos en los que se observa cómo la derribaron y patearon antes de llevársela.
“Yo pienso que fue una represalia y fue en contra de ella por verla diferente. Fue la persona que más golpearon; la tiraron al piso y la empezaron a patear entre varios. Se la llevaron arrastrando; ella solo estaba defendiendo a su amiga”, relató.
La madre afirmó que recibió información de que Mariana estaba en silla de ruedas y tenía la nariz fracturada. Por ello, exigió que las autoridades garantizaran su atención médica.
“Me comentaron que ella está en silla de ruedas y tiene fracturada su nariz. Yo necesito que le den atención”, dijo.
El testimonio se sumó a las denuncias de familiares que acudieron a la Fiscalía para localizar a sus parientes y conocer las condiciones en que permanecían detenidos.
Madres cuestionan las detenciones y el debido proceso
Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo, estudiante de 18 años, afirmó que presenció cuando policías se llevaron a su hijo por la fuerza.
Según relató, el joven participaba por primera vez en una manifestación y estaba motivado por la exigencia de agua limpia.
“Él es un chico que era su primera manifestación, estaba muy motivado, y a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar donde estaba”, declaró.
Miranda calificó la detención como un secuestro y exigió que las autoridades informaran de inmediato sobre la situación de su hijo.
“Para mí mi hijo está secuestrado y lo pido de inmediato”, expresó.
Graciela Bernal Loaiza, madre de Jorge Ignacio Luna Bernal, de 31 años, informó que su hijo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía después de ser detenido en las inmediaciones de Casa Jalisco.
Aseguró que su familia participó pacíficamente en la marcha y denunció que transcurrieron horas antes de que pudiera comunicarse con él.
“Lamentablemente se ha faltado al debido proceso. No tuvimos oportunidad de que mi hijo se comunicara con nosotros hasta hace media hora. Estamos informados de que hay expedientes abiertos; se ha planteado la posibilidad de que a todos se les van a asignar cargos de delitos que no cometieron”, sostuvo.
La mujer expresó preocupación por las posibles imputaciones contra las personas detenidas y pidió que las autoridades esclarezcan la participación de cada una en los hechos.
Denuncian que repartidor de Rappi fue detenido cuando trabajaba
Claudia Morales aseguró que su hijo, Samuel Morales Navarro, repartidor de la plataforma Rappi, no participaba en la manifestación cuando fue detenido por policías.
La mujer, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer y recientemente pasó por una mastectomía y quimioterapias, explicó que su hijo compró una motocicleta para trabajar y contribuir a los gastos familiares.
“Mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta… y lo detuvieron”, afirmó.
También denunció que los policías se llevaron la motocicleta sin dejar constancia de su aseguramiento y que el joven presentaba lesiones cuando finalmente pudo verlo.
“Apenas hoy me dejaron verlo cinco minutos. Está todo golpeado, está todo hinchado de la nariz, de la boca, así de un oído. No es justo, a él lo agredieron los policías”, dijo.
Morales pidió que su hijo recibiera atención médica y que las autoridades aclararan tanto las circunstancias de su detención como el destino de sus pertenencias.
Señalan criminalización de defensores y visitas a domicilios
Eduardo Mosqueda, consejero del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, denunció que las detenciones forman parte de un proceso de criminalización contra quienes participaron en la movilización.
Además, señaló que familiares reportaron visitas de agentes de la Fiscalía a sus domicilios y cuestionó el cierre de vialidades cercanas a la dependencia.
“Existe una criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, porque precisamente esas son las personas que participaron ayer y que lamentablemente están sufriendo ahorita una detención arbitraria”, afirmó.
Mosqueda añadió que las visitas a los domicilios de los familiares y el despliegue de patrullas en la calle 14 generaron preocupación entre quienes buscaban información sobre las personas detenidas.
Por su parte, Alejandra Cartagena, abogada, académica del ITESO e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), rechazó que los manifestantes sean considerados un grupo de choque.
La abogada cuestionó que esa narrativa oficial se utilice para justificar la actuación policial y las detenciones.
“Señor gobernador, los ciudadanos no somos grupos de choque cuando exigimos nuestros derechos. Somos ciudadanos y tenemos derecho de manifestarnos”, sostuvo.
Cartagena también expresó preocupación por la posibilidad de que se imputen delitos a los manifestantes.
“Nos preocupa muchísimo que la Fiscalía junto con la Policía Estatal estén fabricando delitos a los compañeros y compañeras que estaban adentro”, afirmó.
Las acusaciones sobre agresiones, tortura y fabricación de delitos corresponden a los testimonios y señalamientos de las personas entrevistadas y requieren investigación por parte de las autoridades competentes.
Activistas temen represalias
Javier Calderón, integrante del colectivo Resistencia Civil Pacífica (RCP) Jalisco, acudió a la Fiscalía para conocer el paradero de su compañero Jesús Torres, activista con una larga trayectoria en movilizaciones sociales.
Calderón manifestó temor de que Torres reciba un trato distinto o sea objeto de represalias por su participación en protestas contra el gobierno estatal.
“Jesús tiene años de activista. Mi temor es saber dónde está y pedir que no le vayan a dar un trato diferente, porque, como les digo, ya lo traían en el ojo. Puede ser que hasta ahorita lo estén torturando o, en una de esas, desapareciendo”, declaró.
El integrante del colectivo también cuestionó la actuación de los policías durante la protesta y sostuvo que, desde su perspectiva, hubo una intervención para provocar el enfrentamiento.
“Fueron los mismos policías los que iniciaron el desmán. Estoy seguro, sin poder confirmarlo, que fue cosa del gobierno de tronar la manifestación. Por eso mandan esos encapuchados, porque nosotros no tenemos por qué esconder la cara”, afirmó.
Al cierre de esta jornada, las organizaciones civiles mantenían su reporte de 31 personas detenidas, mientras que la Fiscalía reconocía 21. Las familias exigieron información verificable sobre la situación jurídica de cada detenido, acceso a defensa legal y atención médica para quienes presentaban lesiones, además de una investigación sobre los abusos que denunciaron durante el operativo policial.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/12/denuncian-golpes-incomunicacion-y-detenciones-arbitrarias-tras-protesta-por-agua-limpia-en-jalisco-381748.html
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/12/denuncian-golpes-incomunicacion-y-detenciones-arbitrarias-tras-protesta-por-agua-limpia-en-jalisco-381748.html



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