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» » » » Consejeros del INE insisten en regular precampañas adelantadas disfrazadas de procesos de selección para candidatos

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario

Hoy, siete meses después de una primera tentativa vetada por el grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, los consejeros electorales Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora defenderán nuevamente un acuerdo con una serie de lineamientos que regulen las precampañas adelantadas de los partidos políticos, disfrazadas como procesos de selección de “coordinadores” en los estados, y den la capacidad al INE de vigilarlos. 

La práctica, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, cuando puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –a las que llamó sus “corcholatas”—meses antes de los plazos legales, ha sido replicada por el propio partido guinda y por partidos de oposición, al margen de la ley.

Así, la semana pasada, más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores” —es decir, sus precandidatos a gobernadores— en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

El proyecto de los tres consejeros del INE, que probablemente será desechado una vez más por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, contempla autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”, y con un conjunto de reglas estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en 3 millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia. 
“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda mediante el procedimiento competente”, plantea por ejemplo el proyecto, que establece además que, en el marco de estos procesos internos, no se podrían recibir aportaciones, ni en efectivo ni en especie, de los gobiernos —ya sea federal o locales—, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto o de sindicatos, entre otros.
Los lineamientos contemplan que el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), monitoreará el dinero que se mueva en torno a estos procesos e investigará posibles irregularidades.

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario. 
Los lineamientos incluyen un apartado para impedir a los servidores públicos intervenir en los procesos internos, ya sea aportando recursos o manifestando su postura a favor o en contra de aspirantes. El documento estipula que los funcionarios solo podrían acudir a los eventos en días inhábiles y sin tener “participación activa y preponderante” en ellos, mientras que los legisladores solo podrían asistir “cuando no interfieran con las actividades parlamentarias a su cargo”.
Además de recalcar que los partidos o los aspirantes no podrán utilizar sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, los lineamientos agregan ciertas condiciones a los procesos internos, como que sus participantes no tengan “expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral”, o que “no se empleará propaganda, por si o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

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