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Los nuevos Ceferesos de Harfuch, donde existen otros

Mientras que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dedicó a cerrar prisiones federales, diez en total, en el sexenio que transcurre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sorprendió al anunciar la puesta en marcha de una estrategia estructurada para edificar seis nuevos centros penitenciarios de alta seguridad. La determinación gubernamental, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se expuso durante la conferencia matutina el 13 de octubre de 2026.

El detonante del anuncio derivó de los enfrentamientos ocurridos los días 8 y 9 de octubre recientes en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde 12 personas perdieron la vida en dos jornadas consecutivas dentro de los módulos del reclusorio, contabilizándose entre las víctimas mortales a 11 personas privadas de la libertad y un bebé de un año nueve meses de edad que asistía a la visita familiar, además de dejarse un saldo de 16 reclusos lesionados.

Ante la vulnerabilidad operativa puesta de manifiesto en el puerto sinalonese y como respuesta institucional (seguramente meditada con anterioridad) ante las fallas de seguridad y los episodios de violencia armada registrados en penales regionales, el Gobierno de México dispuso intervenir con recursos federales mediante la construcción de nuevos establecimientos carcelarios distribuidos en seis entidades: Sinaloa, Sonora, Estado de México, Chiapas; Nayarit y Veracruz, cuya capacidad conjunta sumará 18 mil 480 nuevos espacios carcelarios.

La proyección oficial contempla erigir estas infraestructuras de alta seguridad en regiones donde la Federación mantiene actualmente Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) operando de forma activa, al considerarlos sitios estratégicos, dejando de lado los sitios donde las propias autoridades federales aseguran que se concentra la generación de violencia de grupos de la delincuencia estructurada que incide en homicidios dolosos, como Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco.

A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre los años 2019 y 2022, se decretó el cierre definitivo y la baja operativa de presidios insulares y continentales, respaldando las clausuras en argumentos de austeridad presupuestaria, erogaciones en contratos de privatización carcelaria e insuficiencia en las condiciones tecnológicas e infraestructurales del sistema. En forma paralela al cierre de esas diez prisiones y al reciente despliegue de las seis obras anunciadas, el sistema federal mantiene en ejido Gildardo Muñoz del municipio de Papantla, Veracruz, un centro de súper máxima seguridad cuya construcción inició en el año 2009 y que acumula 17 años de inactividad operativa sin haber recibido a un solo recluso en sus instalaciones carcelarias.

A pesar de asignaciones presupuestarias acumuladas que superan una inversión millonaria en dólares tramitadas a lo largo de cuatro administraciones presidenciales y del otorgamiento de contratos directos a firmas corporativas, el complejo penitenciario de Papantla carece de decreto formal de inauguración o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación, permaneciendo bajo procesos de investigación ministerial coordinados por la Fiscalía General de la República debido a esquemas de corrupción, contrataciones simuladas y desvío de fondos públicos de la Federación.

NUEVAS OBRAS

Durante la presentación del plan de infraestructura carcelaria en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, especificó las características técnicas, operativas y de distribución espacial que guiarán la edificación de los nuevos centros penitenciarios federales. La estrategia institucional contempla una inversión pública federal destinada a levantar instalaciones blindadas que proyectan una capacidad global de 18 mil 480 espacios, programando la conclusión e inicio de funciones de la totalidad de los complejos hacia el año 2028.

El modelo arquitectónico diseñado por las autoridades federales busca erradicar las conductas de autogobierno y neutralizar la operación de agrupaciones delictivas al interior de las celdas a través de la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica y clasificación criminológica. Para tal fin, los recintos contarán con sistemas de inhibición avanzada de señales de telefonía celular y frecuencias móviles, puntos de acceso automatizados mediante reconocimiento biométrico, circuitos cerrados de televisión monitoreados con inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo y equipos de inspección no intrusiva.

La distribución interna de la población reclusa se organizará mediante módulos de segregación físicamente independizados, diferenciando a las personas privadas de la libertad en función de su evaluación técnica de peligrosidad, el tipo de delito imputado y su nivel de riesgo institucional. De manera complementaria a los esquemas punitivos y de contención tecnológica, el proyecto incorpora áreas destinadas a la instrucción escolar, talleres para el trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y disciplinas deportivas, orientadas a estructurar procesos de reinserción social de la población penal.

En el desglose geográfico de la cobertura, el estado de Sinaloa fue determinado como la entidad prioritaria para iniciar los trabajos de obra civil de la infraestructura proyectada. La nueva cárcel sinaloense contará con una capacidad diseñada para albergar a dos mil 640 personas privadas de la libertad, proyectándose su radicación en el municipio de Culiacán sobre predios estatales gestionados por la gubernatura de la entidad.

Mientras se desahogan los procedimientos de licitación pública, concesión de permisos de construcción y ejecución de la obra negra en Sinaloa, la custodia del penal estatal El Castillo, en Mazatlán, fue asumida de manera contingente por elementos de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República de México.

En respuesta a las elevadas cifras de hacinamiento reportadas en los reclusorios del Estado de México, donde las instalaciones locales diseñadas para 16 mil 310 personas albergan a más de 38 mil 600 internos, el plan federal contempla traslados masivos de reos del fuero federal hacia los centros federales vigentes con lugares disponibles en el país, reforzando la contención en campo mediante la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria integrada por mil elementos capacitados para intervenir en puntos rojos de las prisiones locales del territorio mexicano.

CEFERESOS EXISTENTES

Al momento del anuncio formulado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Sistema Penitenciario Nacional registra 14 Centros Federales de Readaptación Social en operación activa distribuidos en distintas entidades del país. Estos penales federales cuentan con una capacidad instalada conjunta para albergar a 28 mil 200 personas, registrando al cierre de agosto de 2026 una población total de 21 mil 177 internos.

La red carcelaria federal activa se integra por el Cefereso número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit; el 5 Oriente en Villa Aldama, Veracruz; el 7 Nor-Noroeste en Guadalupe Victoria, Durango; el 8 Nor-Poniente en Guasave, Sinaloa; el 11 CPS Sonora en Hermosillo; el 12 CPS Guanajuato en Ocampo; el 13 CPS Oaxaca en Miahuatlán; el 14 CPS Durango en Gómez Palacio; el 15 CPS Chiapas en Villa Comaltitlán; el 17 CPS Michoacán en Buenavista Tomatlán; el 18 CPS Coahuila en Ramos Arizpe; el 16 CPS Femenil Morelos en Coatlán del Río; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos.

El análisis de la infraestructura demuestra que en la totalidad de las seis entidades federativas seleccionadas para erigir los nuevos presidios ya opera previamente un Cefereso.

La duplicidad de establecimientos penitenciarios federales en estas regiones respondería a criterios de mitigación de sobrepoblación en los sistemas locales, contención de crisis de seguridad regional y segmentación criminológica por perfil de riesgo de los reclusos procesados o sentenciados del sistema. En el aspecto del hacinamiento local, reclusorios estatales como los del Estado de México presentan saturaciones críticas, al alojar más de 38 mil 600 reclusos cuando sus cupos son para 16 mil 310; mientras que en Sinaloa el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán registra una sobrepoblación del 22.5 por ciento, al mantener a dos mil 272 internos sobre un espacio diseñado para mil 855 personas.

En cuanto a la contención delictiva, el traslado de personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal desde prisiones estatales hacia recintos con arquitectura de alta seguridad busca neutralizar las redes operativas internas y cortar cadenas de mando de facciones del crimen organizado. La presencia de más de una instalación federal en zonas de alta concentración delictiva permite clasificar a la población carcelaria según su grado de peligrosidad e impedir la consolidación de cotos de poder dentro de las galerías carcelarias de la Nación.

CEFERESOS CERRADOS

La proyección de las nuevas obras carcelarias anunciada por el Gobierno de México contrasta con la política penitenciaria aplicada durante el sexenio de AMLO, periodo en el cual el Poder Ejecutivo Federal ejecutó la desincorporación formal de diez centros penitenciarios del sistema penitenciario nacional. A través de acuerdos administrativos dictados por la Secretaría de Seguridad y publicados en el Diario Oficial de la Federación entre 2019 y 2022, la autoridad ordenó la clausura y el vaciamiento de recintos penales en el Océano Pacífico y diversas entidades del país.

El proceso inició el 8 de marzo de 2019 con la baja del Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM), que sustituyó en 2010 al vetusto modelo de Colonia Penal Federal creada en 1905 en la Isla María Madre. La desincorporación de cinco Ceferesos en el archipiélago: Laguna del Toro (máxima seguridad), Aserradero, Bugambilias, Morelos y Rehilete (ya inhabilitado desde antes) se sustentó en los costos logísticos de abastecimiento, calculados en dos mil 800 pesos diarios por interno, los daños del Huracán Willa en 2018 y hasta la ideología que culpaba a Porfirio Díaz de haber propiciado sufrimiento a presos y sus familias, trasladándose a 624 reclusos al continente y entregando la custodia de la isla a la Marina para un supuesto centro ambiental y cultural que se convirtió en negocio turístico. Tres de esos penales eran los mejores calificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta su cierre.

El 28 de septiembre de 2020 se publicó la clausura del Cefereso 2 Occidente, en El Salto, Jalisco, inaugurado en octubre de 1993. Conocido por la fuga de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera el 19 de enero de 2021, el recinto se desincorporó para reducir erogaciones en contratos privados y eliminar pagos por espacios desocupados en otros Ceferesos que operan bajo el modelo CPS (Contrato Prestación de Servicios). Igual ocurrió el 21 de octubre de ese año cuando se decretó la baja del Cefereso 6 Sureste en Huimanguillo, Tabasco, operativo desde abril de 2012. Las evaluaciones concluyeron que el inmueble carecía de tecnología e infraestructura para contener perfiles de alta peligrosidad, trasladándose a quinientos reclusos y donando el edificio al gobierno de Tabasco, que lo reabrió como presidio local del estado.


El 15 de diciembre de 2020 se oficializó la baja del Cefereso 3 Noreste en Matamoros, Tamaulipas, recinto inaugurado en junio de 2000 y desalojado desde diciembre de 2015 para supuestamente darle mantenimiento. Pese a erogarse 200 millones de pesos en remodelaciones, las obras alcanzaron un avance del cinco por ciento, derivando en su cierre definitivo. El 27 de diciembre de ese mismo año se publicó el acuerdo del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, adaptado en mayo de 2011 sobre un antiguo reclusorio local. La autoridad determinó que la estructura no cumplía los estándares de seguridad.

Finalmente, el 4 de enero de 2022 culminó la secuencia con la baja del Cefereso 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, predio incorporado en 2012 que a final de cuentas fue entregado en comodato al gobierno coahuilense en marzo de 2023 para su uso como prisión estatal del sistema penitenciario regional.

TRANSA EN PAPANTLA

A la par de las desincorporaciones ejecutadas en el sexenio anterior y de la reciente proyección de seis nuevos reclusorios, el sistema carcelario federal mantiene en inactividad operativa la obra del Cefereso de Papantla, en Veracruz. Concebido en julio de 2009 durante las gestiones del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el proyecto se planeó como un complejo de súper máxima seguridad para albergar a dos mil 170 personas privadas de la libertad en 28 hectáreas.

El diseño arquitectónico incluyó tres niveles de celdas, puertas automáticas con esclusas controladas a distancia, hospital de sesenta camas, helipuerto y sistemas automatizados para la inhibición de señales. El 19 de marzo de 2012, autoridades federales y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizaron una inspección donde anunciaron un avance físico del 90 por ciento; no obstante, la edificación carecía de redes de energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario, imposibilitando la recepción de reclusos.

Durante ese ejercicio de 2012, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgó adjudicaciones directas a la empresa panameña Nunvav Incorporated, entre ellas un convenio el 9 de febrero por diez millones 36 mil 95 dólares y el contrato OADPRS/DGS/S/029/2012 el 4 de abril por 171 millones de dólares para servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones. Las pesquisas iniciadas por la Fiscalía General de la República establecieron que Nunvav Incorporated formó parte de una red corporativa encabezada por García Luna y diversos socios, orientada a la distracción e intermediación de cinco mil 112 millones de pesos procedentes del presupuesto penitenciario.

En julio de 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad firmó un contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) con la razón social Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla para terminar la obra civil. Al asumir el gobierno en diciembre de 2018, la administración de Andrés Manuel López Obrador detectó sobreprecios e incumplimientos contractuales, suspendiendo las erogaciones a las contratistas e interponiendo denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación.

Tras 17 años de inactividad y erogaciones millonarias acumuladas, el inmueble carece de decreto de inauguración oficial o de desincorporación en el Diario Oficial de la Federación. Al inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se aseguró que el Gabinete de Seguridad evaluaba esquemas financieros, técnicos y jurídicos para rescatar la infraestructura existente y reanudar la intervención en el penal de Papantla, ante las elevadas tasas de sobrepoblación e hacinamiento registradas en los centros penitenciarios estatales de Veracruz y la saturación general del sistema carcelario en la región oriental del país.

Aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que uno de los seis nuevos centros carcelarios se construirá en Veracruz, no aclaró si se trata de la misma obra inconclusa en Papantla, que, de acuerdo a lo dicho a principios del sexenio, sería rescatada para su uso en favor de la reinserción social. Probablemente pudiese ser la misma prisión a la que se le daría conclusión a su infraestructura.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/los-nuevos-ceferesos-de-harfuch-donde-existen-otros/

136 cárceles con sobrecupo en México

Apartir de diciembre de 2018 los centros penitenciarios del país han mostrado una desbordada ocupación al aumentar -hasta el día último de septiembre de 2025- su población en aproximadamente 56 mil personas privadas de la libertad (PPL) e impulsar un sobrecupo en al menos 136 de los establecimientos con los que cuenta el Sistema Penitenciario Nacional, existiendo cárceles en las que hay hasta un 525 por ciento de hacinamiento, como ocurre en el Estado de México.

De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su último Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional existe una población carcelaria de 254 mil 109 personas, de las cuales 238 mil 536 (el 93.87 por ciento) son de sexo masculino y 15 mil 573 (6.13 por ciento) mujeres, siendo que la capacidad total de las prisiones en su conjunto es de 226 mil 446 espacios, situación que revela un excedente de 27 mil 663 internos que no tiene un espacio digno para reinsertarse adecuadamente.

El maestro Juan Morey, coordinador de Empoderamiento Jurídico y Activismos Comunitarios de Documenta A.C., destaca que el crecimiento poblacional de las personas en contexto de encierro se incrementó sustancialmente y más del 40 por ciento de estos reclusos “son personas que están en situación de prisión preventiva y muchas de ellas, la gran mayoría, están en prisión preventiva por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales la población ha crecido mucho”.

Efectivamente, el reporte corrobora que en las prisiones hay 103 mil 991 personas procesadas, 90 mil 156 (41 por ciento) de ellas presas por delitos del fuero común y 13 mil 826 por conductas ilícitas del ámbito federal; mientras que las personas privadas de la libertad que cuentan con sentencia son 150 mil 118 (59 por ciento), divididas en 133 mil 688 del fuero común y 16 mil 430 del federal.
“Al margen de esta cuestión del funcionamiento o el comportamiento de los índices de la población penitenciaria, en la vida cotidiana en reclusión tenemos dos realidades muy diferentes en México. Una es la de los centros federales y otra es la de los centros locales, estatales. Los centros federales están, en general, con cuestiones de cupo muy razonables”.
“Muchas están incluso por debajo del cupo y esto da un margen de operación a las autoridades que tienen que controlar estos espacios; estos, que son espacios públicos, les dan un margen de operación mayor, más holgado”, asegura el entrevistado.

La mayor carga de los conflictos, la sobrepoblación, la falta de personal en todas las áreas y el suministro de servicios o programas está en los penales estatales, destaca Juan Morey, “porque la prisión la podemos pensar como una especie de municipio confinado, de alguna manera. Entonces, se producen problemas poblacionales de la misma naturaleza, por decirlo así; que los problemas que se producen en libertad son problemas vinculados con la convivencia, son problemas vinculados con los servicios, son problemas vinculados con diversas cuestiones, las relaciones entre las personas que viven en la prisión y las comunidades que lo circundan, etcétera”.

“Cuando el margen operacional es un margen amplio, las autoridades pueden gestionar estos problemas, estas dificultades; pero cuando los márgenes de operación no son tan amplios, como sucede en los centros estatales, gestionar estos problemas es muy muy complejo. Entonces, lo primero, lo mejor que podríamos señalar es esto, que no es lo mismo una prisión federal que una prisión estatal”, concluye el experto.

De los 276 penales del país sólo 14 son federales y el resto son de administración estatal y de los gobiernos de la Ciudad de México.

SOBREPOBLACIÓN

Desde hace varios años el Estado de México es la entidad federativa que tiene el mayor número de personas privadas de la libertad, con 37 mil 257 PPL, y también es el que registra la mayor sobrepoblación en la mayoría de sus centros penitenciarios, algunos de los cuales, como el Centro Preventivo y de Reinserción Social (CPRS) de Chalco, alcanza el 525. 21 por ciento de sobrecupo; sin embargo, no es el estado con mayor índice sobrepoblacional, ya que Nayarit, que tiene una capacidad de mil 173 espacios, cuenta con tres mil 272 reclusos, por lo que llega hasta un 178.94 por ciento de sobrepoblación, por encima del 157.28 por ciento del Edomex.

El resto de las entidades con sobrepoblación son: Durango, donde caben dos mil 295 presos y tienen cuatro mil 832 en sus estancias; Morelos, con capacidad para dos mil 47 personas privadas de libertad y hay cuatro mil 151. Le sigue Sonora, que ha crecido mucho en sus índices ocupacionales durante los últimos dos años y cuenta con siete mil 988 espacios, pero tiene 14 mil 756 internos; Quintana Roo, con dos mil 695 lugares y cuatro mil 520 reos; Chiapas, que antes no estaba en los diez primeros sitios de esta estadística, pero ingresó al tener cuatro mil 610 espacios y meter a siete mil 34; Hidalgo, cuatro mil 17 colchonetas para cinco mil 712 PPL; Coahuila, tres mil 915 lugares y cinco mil 511 presos; y San Luis Potosí, pues de tres mil 230 sitios, hay cuatro mil 110 personas.


Después del CPRS de Chalco, le sigue en sobrepoblación el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Zumpango, en el mismo Estado de México, con 510.83 por ciento de sobrecupo; el Centro de Reinserción Social (CRS) número 7 Huixtla, Chiapas, con 505 por ciento; el Centro Estatal de Reinserción Social (CERS) Jojutla, Morelos, 418.94 por ciento; CPRS Jilotepec, Edomex, 373.26 por ciento; CPRS El Oro, Edomex, 364.44 por ciento; CRS número 17 Playas de Catazajá, Chiapas, 358.33 por ciento; CERS Cuautla, Morelos, 332.87 por ciento; CRS Bucerías, Nayarit, 293.68 por ciento; y CPRS Tlalnepantla, Edomex, 282.98 por ciento.

En Baja California también se padece de la crisis sobrepoblacional carcelaria, con todos los problemas que conlleva el fenómeno, agravado por la presencia de importantes pandillas y grupos de la delincuencia organizada, lo que se refleja más en las penitenciarías de Tijuana (históricamente conflictiva), Mexicali y Ensenada. Sólo los dos centros penitenciarios de El Hongo, en Tecate, escapan al sobrecupo, más no a las riñas, presencia de droga y demás bemoles que suceden intramuros en instituciones totales.

Mientras que el Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. Duarte”, tiene capacidad para albergar a dos mil 556 internos, al último día de septiembre de 2025 tenía en sus celdas a tres mil 525, para una sobrepoblación del 37.91 por ciento. El CRS de Mexicali, con mil 780 espacios, contaba con dos mil 366 presos (32.92 por ciento de excedente). Y el CRS de Ensenada que puede contener a mil 199 reclusos, contaba a mil 462 encarcelados, rebasando su cupo en 21.93 por ciento. El penal de El Hongo, creado para cinco mil 922 tiene población efectiva de cinco mil 75; mientras que El Hongo II, donde caben cuatro mil 608, apenas tiene dos mil 52.

ENSENADA

Además de la sobrepoblación, la presencia de las pandillas de Los Paisas y Los Sureños, entre otras, mantiene en zozobra permanente a los Ceresos de Tijuana, Mexicali y Ensenada; sin embargo, un informe rendido en 2024 por autoridades penitenciarias para justificar el traslado de reclusos de alto perfil criminal del penal de Ensenada a otros centros de mayor seguridad, desnuda la vulnerabilidad de esta última instalación carcelaria, cuyas condiciones de emergencia prevalecen en 2025.

El informe detalla que el Cereso de Ensenada cuenta con una infraestructura débil y antigua, que data de 40 años, inmerso en la mancha urbana y un terreno aledaño que vulnera la seguridad y representa un riesgo latente para una evasión, toda vez que el particular lo utiliza como estacionamiento público, lleno de maleza, escombros y arboles pegados a la barda perimetral. Los árboles obstaculizan la visibilidad del personal de vigilancia de las torres y Central de Radio, lo que ha favorecido el ingreso de los llamados “pelotazos” de droga, pues colinda con el área de esparcimiento “B”, módulos 1 y 2, y módulo 4 femenil.

Dentro del oficio justificante para traslado de reos peligrosos se menciona un informe de infraestructura emitido en fecha 1 de febrero de 2022, por un ingeniero adscrito a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, y que establece que por “lo antiguo del centro y la falta de mantenimiento adecuado derivado del uso continuo, ha resultado en el desgaste excesivo de sus edificios, tanto en las losas de cubierta, muros y cimentación de los mismo, así como el exceso de humedad en muros y pisos derivado de fugas de agua potable y sanitaria, lo que también ocasiona es una excesiva corrosión de la herrería del celdas y topes vulnerando la seguridad de las instalaciones; así también estas filtraciones están debilitando al acero de refuerzo de las estructura”.

Por lo tanto, se considera que el centro penitenciario ensenadense no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a personas privadas de la libertad que requieren de medidas especiales de seguridad, tomando como aspectos fundamentales los materiales de construcción, antigüedad de las instalaciones, falta de mantenimiento, desgaste de equipamiento, condiciones climáticas, falta de planeación y distribución adecuada: “Se percibe que este Centro Penitenciario de Ensenada, es obsoleto para lo que fue creado, iniciando como cárcel pública municipal de acuerdo a las necesidades de esa época, sin embargo, fue creciendo sin una planeación hasta convertirse en Centro Penitenciario Estatal”.

A ello se le agrega el alto perfil de muchas de las personas privadas de la libertad, por lo que esta prisión “se ve rebasada en población penitenciaria, grupos de pandillas existentes como lo son ‘Los Sureños’ y ‘Los Paisas’, entre otras ranflas o pandillas, registrando infraestructura inadecuada y con una carencia sistemática de personal de seguridad así como de área administrativas, técnicas y jurídicas, en relación a las personas privadas de libertad que se encuentran en este Centro Penitenciario”.
“Dicha situación interpenitenciaria ha llevado a situaciones que han trastocado la seguridad y gobernabilidad del centro y de la población penitenciaria, teniendo como antecedentes diversos hechos que no pasaron a situación mayor por la oportuna reacción de las autoridades del Centro; esto es un reflejo de la problemática que acontece, derivado de la sobrepoblación, hacinamiento, falta de personal de seguridad y custodia, falta de espacios de esparcimiento, falta de espacios y personal para llevar a cabo las actividades propias de la reinserción social, falta de espacios y personal médico, etc.”, describe el informe.
Y agrega: “Los líderes de la pandilla Los Paisas y Los Sureños han logrado organizarse de manera estratégica para ingresar drogas al interior del Centro, específicamente las sustancias denominadas heroína y fentanilo, por medio de la visita familiar, mismos que ingresan la sustancia oculta en sus cavidades corporales, aprovechando que el Centro Penitenciario Ensenada por el momento no cuenta con los dispositivos de tecnología para la revisión no intrusiva que permitan la detección de sustancias u objetos ocultos en las cavidades del cuerpo (vagina, recto, boca etc.,)”.

Concluye que el consumo de sustancias por los internos se incrementó de forma excesiva, e inclusive se cuenta con historial de decesos a consecuencia de intoxicación por sustancias, y el incremento de tratamiento con el medicamento Naloxona para revertir los efectos de intoxicación por opiáceos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Los penales mexiquenses, un millonario negocio subterráneo

En su segundo informe sobre la situación carcelaria en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presenta una visión descarnada de lo que priva en los 22 penales mexiquenses: cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, negocios millonarios con la venta de alimentos o lugares para dormir… Pero el subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, Manuel Palma Rangel, lo niega todo. Dice que el problema es la sobrepoblación.

Los penales de la entidad son un negocio subterráneo integral que cada año genera miles de millones de pesos de los que nadie rinde cuentas. Cada uno de los 34 mil internos de las 22 cárceles mexiquenses y sus familias se convierten en clientes que pagan por la satisfacción de sus necesidades básicas… y por su supervivencia.

2021 cerró con casi 10 mil personas más en prisión; van tres años con crecimiento de población penitenciaria

Regresa hacinamiento: el año cerró con más presos en cárceles que espacios disponibles, lo que no ocurría desde 2018. La población de mujeres presas asciende más en proporción que la de hombres.

Por tercer año consecutivo la cifra de personas encarceladas en México creció. El 2021 cerró con casi 10 mil internos más en los penales en el país en comparación con las que había en 2020. En total, la población penitenciaria ascendió a casi 215 mil mujeres y hombres privados de su libertad, el 42% de ellos sin que se les haya probado que cometieron un delito.

El de 2021 es el segundo incremento más grande de personas en prisión de los últimos ocho años, solo detrás del ocurrido en 2020, también en el actual sexenio. Además, la cifra de personas en condiciones de hacinamiento en los reclusorios se disparó y el año cerró con más reos que espacios disponibles en prisiones, lo que no ocurría desde 2018. El encarcelamiento de mujeres subió, en proporción, 80% más que el de los hombres.

El gobierno de México revierte contratos “leoninos” de penales, reduce gasto en 15 por ciento

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se revirtieron los términos de los contratos de los ocho penales privatizados durante el gobierno de Felipe Calderón y con Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria expuso que el gobierno federal logró una reducción del costo al gobierno de México del 15 por ciento.

Población en cárceles llega a su nivel más alto en los últimos cinco años; regresa el hacinamiento

Por primera vez desde 2016 el total de personas presas a nivel nacional rebasa los espacios disponibles en las cárceles. En un año se sumaron casi 16 mil nuevos internos.

Al cierre de febrero pasado casi 218 mil hombres y mujeres estaban privadas de su libertad en cárceles municipales, estatales o federales del país. Más del 40 por ciento de ellos de forma preventiva, sin que se haya probado si cometieron o no un delito.

El crecimiento ha sido tal que tan solo en los últimos doce meses se sumaron cerca de 16 mil personas más a las cárceles lo que ha provocado que, por primera vez desde 2016, haya más reos que espacios disponibles. Es decir, que a nivel nacional haya otra vez condiciones de hacinamiento.

Los cuñados de Carlos Salinas se benefician con los contratos de prisiones que dio Calderón: AMLO

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que los contratos por las prisiones privadas fueron “entregados a puro influyente y hasta a dueños de medios de información, y a políticos o familiares de políticos”, como los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló esta mañana que los cuñados del exmandatario Carlos Salinas de Gortari se benefician con los contratos que tiene el Gobierno federal por las prisiones privadas en el país, los cuales fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Hay políticos metidos en penales privatizados; se pagan millones y ni edificios son del Gobierno: AMLO

El Presidente de México pidió hablar con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, “porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer hoy los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. En resumen: se les pagarán enormes cifras, pero ni los edificios de las prisiones le pertenecen al Gobierno.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.

Las cárceles privadas que dejó Calderón son caldo de violaciones a derechos humanos

Opacidad en los contratos de operación y el incumplimiento de modelos de reinserción eficaz, así como de garantizar la integridad física y moral de los internos, son parte de las quejas y denuncias que se suman a los centros penitenciarios privados, señalaron expertas en el tema.

María murió de un coma diabético a los pocos días de ser trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 (Cefereso 16) en Coatlán del Río, Morelos. Tres internas testificaron que la mujer dijo a las custodias que necesitaba de insulina dos veces al día, pero no se la dieron. La falta de debida atención médica provocó su muerte. Fue en diciembre de 2015, cuando recién empezaban a operar los llamados centros penitenciarios privados.

El caso de María, a quien por razones de resguardo de identidad se le modificó el nombre, quedó asentado en la Recomendación 27/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese entonces.

Calderón dio las cárceles a los privados. Se hincharon de dinero. El sistema penitenciario perdió

El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa vendió espejitos en México. De la mano de la iniciativa privada, el calderonismo prometió reducir costos económicos y sociales, además de contribuir a fortalecer la reinserción social del Sistema Penitenciario federal. Sin embargo, esto no se cumplió y hoy hay 11 mil 533 personas privadas de su libertad que cumplen su condena en cárceles privatizadas, donde sus derechos humanos y su reinserción social no están garantizados.

La privatización de cárceles federales inició en México en 2010. Entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que hizo que la tasa de homicidios dolosos aumentara 55.8 por ciento real desde 2006; y en esa vorágine de violencia el Sistema Penitenciario no se daba abasto.

AMLO revela que se entregaron las prisiones a empresarios y que se les paga incluso si no hay reos

El Jefe del Ejecutivo federal anunció que estos contratos serán revisados pero que, por lo pronto, los mexicanos ya pagamos a esos empresarios “miles de millones” equivalentes a 2019 y 2020 –su sexenio–, y, por supuesto, todo lo que ya erogaron las administraciones pasadas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que los gobiernos anteriores firmaron contratos con privados para entregarles las cárceles, y que incluso antes de que no hubiera un solo preso se les empezó a pagar. Anunció que estos contratos serán revisados pero que, por lo pronto, los mexicanos ya pagamos a esos empresarios “miles de millones” equivalentes a 2019 y 2020 –su sexenio–, y, por supuesto, todo lo que ya erogaron las administraciones pasadas.

El mandatario federal expuso que estas prácticas surgieron con gobiernos anteriores y que buscaron la privatización de las cárceles de México para que el Gobierno “sólo pague una renta” a los privados por el uso de los reclusorios.

Población en cárceles crece a ritmo récord en 2020: hay 14 mil reos más que al inicio del año

En pleno año de pandemia se dispara en México el envío de personas a la cárcel sin sentencia. Es el mayor crecimiento en ingresos de los últimos 10 años.

En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.

Violencia y muerte en reclusión: otra epidemia de largo aliento

El 1 de julio, el día del festejo por los dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, un grupo armado arribó al centro de rehabilitación “Recobrando mi vida” y le arrebató la vida a 26 personas, en Irapuato, Guanajuato.

Igual, en esa ciudad, el 6 de junio pasado, diez personas fueron asesinadas en el centro de rehabilitación “Empezando nueva vida” y el 5 de diciembre de 2019, más de 20 personas en desintoxicación fueron secuestradas. Ninguno de estos lugares contaba con permisos de operación emitidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La falta de pruebas impide saber el impacto de COVID-19 en las cárceles

No hay un registro oficial a nivel federal sobre la población penitenciaria afectada por COVID-19; "hay completa omisión de los casos, de lo que está ocurriendo, de cuánta gente se está muriendo”, acusa Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.

Arnulfo Albarrarán, de 50 años, lleva dos semanas durmiendo en la calle, en el exterior del Hospital General de Cholula, en el Estado de Puebla. “Aquí estoy, a la intemperie todo el día”, dice, en conversación telefónica.

Padece hambre y frío, pero no está dispuesto a moverse. Ahí dentro, en el centro médico, está su hermano Adán, contagiado de COVID-19 y con pronóstico reservado. Le han regalado una tienda de campaña para que mantenga su vigilia ante el nosocomio.

Con amparo, buscan combatir el hacinamiento en cárceles de la CDMX

El próximo jueves, un Tribunal Colegiado decidirá si la asociación civil Documenta puede interponer un recurso a nombre de las personas privadas de su libertad.

Entre enero y agosto de 2017 ocurrieron 1,022 incidentes violentos dentro de cárceles mexicanas como Topo Chico y Cadereyta en Nuevo León, y Chiconautla y Neza Bordo en el Estado de México, informó este martes la asociación civil Documenta.

La organización interpuso un amparo colectivo contra el hacinamiento en las prisiones de la Ciudad de México y será el jueves 9 de noviembre cuando un Tribunal Colegiado decida si el recurso es procedente.

En una cárcel mexicana, un reo puede pagar hasta para que no lo golpeen: Barrón

"Es conveniente para políticos seguir manejando el discurso de la represión", afirmó.

Martín Gabriel Barrón, maestro en Ciencias Penales, consideró que el autogobierno que se vive en las cárceles mexicanas -visto ahora en el caso de “El Tatos“- “no es nuevo… es algo habitual, común dentro de las prisiones” y demuestra “la enorme corrupción que hay”.

En entrevista para #AristeguiEnVivo, señaló que en México “creen que enviando a la prisión se va a resolver el problema delictivo, no es así… nuestros políticos siguen pensando en mandar a personas a prisión, no le estamos dando una salida a la persona que compurga una pena. No se quiere cambiar esta percepción porque es conveniente para políticos seguir manejando el discurso de la represión”.

El Inegi confirma la cadena de abusos que padecen los presos en México

CIUDAD DE MÉXICO: Por vez primera un organismo público, el Inegi, reveló lo que organizaciones no gubernamentales y la misma CNDH han documentado año con año: que en cualquiera de las etapas del proceso penal –arresto, presentación y consignación ante el MP, juicio, estancia y salida de las prisiones– persisten violencia psicológica, tortura, faltas al debido proceso y hacinamiento, entre otros abusos.

Así lo dio a conocer el organismo encargado de la estadística nacional y estatal en la presentación de los resultados de su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), con base en un sondeo realizado a 211 mil internos en los 338 centros penitenciarios –estatales y federales– del país.

Uno de cada cuatro reos en penales mexicanos es reincidente; la mayoría por robo

La corrupción, las violaciones a los procesos judiciales y la inseguridad dentro de los propios penales fueron otras mediciones hechas por el INEGI.

Uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 Centros Penitenciarios federales, estatales y municipales de todo el país es reincidente, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.

Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fue el robo (60%), la posesión ilegal de drogas (12.9), la portación ilegal de armas (9.7), las lesiones (8.8) y el homicidio (5.4).

Cárceles colapsadas: en poder del crimen, sobrepobladas y violentas

La tragedia que vivieron los internos del Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Guerrero, el pasado 6 de julio es apenas una estampa de la crisis que viven los penales en México.

Ese día, la supuesta riña entre grupos antagónicos en la cárcel de Acapulco dejó 28 reos fallecidos y al menos tres heridos. Lamentablemente, la gravedad de este hecho no marcará ninguna diferencia en esa cárcel ni en ninguna otra, porque el gobierno no tiene un plan para atender de manera integral la problemática.

Se fugan ocho internos del tutelar de Güemez, Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó la fuga de ocho internos del tutelar de Güemez.

A través de redes sociales, señaló que debido a lo anterior se realiza un operativo policiaco en el interior y exterior del inmueble.

Recordó que antes de la fuga, el tutelar tenía una población de 22 internos.