Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

IEEG pide a periodista revelar fuentes y materiales de trabajo

Le advirtieron multas de hasta 586 mil pesos por no entregar información que el organismo electoral le solicitó para investigar denuncias contra políticos

El periodista Alex Ramblas denunció que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) le exige información sobre sus fuentes y materiales de trabajo para integrar dos procedimientos por presuntas irregularidades electorales.

Además dijo que recibió advertencias de multas de hasta 586 mil pesos por cada caso.

En un video publicado en sus redes sociales, informó que acudió al instituto para responder ambos requerimientos de los que las sanciones advertidas equivalen a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por expediente, alrededor de un millón 172 mil pesos en conjunto.

Los procedimientos involucran a un senador y una presidenta municipal, cuyos nombres Ramblas decidió reservar; las publicaciones que originaron los requerimientos corresponden a una rueda de prensa y una entrevista periodística.

El comunicador explicó que el IEEG lo considera un tercero obligado a aportar información; entre los materiales que le solicitaron mencionó datos de otros periodistas, fuentes, fotografías, videos y convocatorias.

“Yo entiendo que tienen que desahogar su investigación; yo entiendo que tienen que hacer un análisis profundo y que tienen que llevar a cabo sus diligencias, pero una cosa es esa y otra cosa es que nos amedrenten a quienes desempeñamos un ejercicio periodístico o un ejercicio de comunicación”, expresó.

Ramblas dijo que no respondió las primeras solicitudes porque consideró que la información era innecesaria y desproporcionada, aunque ya contestó ambos requerimientos, aseguró que no entregó materiales que comprometieran su ejercicio periodístico.

Por esa omisión, recibió dos amonestaciones públicas que anunció que impugnará.

Asimismo, el periodista señaló que no es la primera vez que el IEEG interviene en contenidos relacionados con su trabajo, como antecedente mencionó el acuerdo CQyD/004/2023, emitido dentro del expediente 78/2023-PES-CG.

El procedimiento comenzó con una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2023 por Alma Edwviges Alcaraz Hernández, por presunta violencia política en razón de género contra el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y quienes resultaran responsables.

La denuncia incluyó una publicación de Alex Ramblas en X, así como tres notas de El Sol de León, AM y Nuestras Noticias Bajío.


En ese caso, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar la publicación de X y los contenidos de los tres medios en un plazo de 48 horas; la instrucción se dirigió a la plataforma y a los medios de comunicación.

Ramblas afirmó que impugnó la determinación ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y que obtuvo una resolución favorable. Explicó que su publicación reproducía declaraciones de los políticos señalados en la denuncia.

El periodista considera que los requerimientos actuales constituyen un nuevo episodio de intervención del organismo electoral en su trabajo.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cuando una caricatura termina ante los tribunales

El caso del caricaturista Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

En estos tiempos, algunas decisiones judiciales, más allá de las personas involucradas, nos obligan a reflexionar sobre los límites del poder y la fortaleza de nuestros derechos. La sanción impuesta al caricaturista Paco Navarrete, a quien se ordenó ofrecer disculpas públicas durante 15 días a la diputada local de Morena en Jalisco, Itzul Barrera, es uno de esos casos.

No es el primero que genera este debate. En 2025, Karla María Estrella Murrieta, ciudadana de Hermosillo, Sonora, también fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ofrecer disculpas públicas durante 30 días a la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, en un caso que se hizo conocido en redes sociales como “Dato Protegido”.

Ahora, el caso de Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el caricaturista publicó un cartón relacionado con una declaración de la legisladora sobre los aranceles al aguacate. Las autoridades electorales determinaron que la publicación constituía violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la resolución y, en octubre de 2026, la Sala Superior desechó la impugnación posterior, con lo que la sanción quedó firme.

La diputada consideró que el uso de su fotografía y el tratamiento gráfico de la publicación sexualizaban su imagen y la desacreditaban. Reconozco que la violencia contra las mujeres en la política existe y no debe minimizarse. Ninguna persona debería ser objeto de ataques por razón de su sexo ni enfrentar expresiones destinadas a obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos.

Sin embargo, reconocer este problema no significa que toda expresión ofensiva deba convertirse automáticamente en un asunto sancionador. La libertad de expresión también protege el humor, la ironía, la caricatura y la crítica, incluso cuando resultan incómodos o molestan a quienes ejercen el poder. El desafío consiste en determinar, a partir del contexto y de los elementos de cada caso, cuándo una expresión cruza los límites establecidos por la ley.


Uno de los elementos de esta controversia es que la fotografía utilizada por Paco Navarrete había sido publicada por la propia legisladora en sus redes sociales. Esto no significa que una imagen compartida públicamente pueda utilizarse de cualquier manera ni que desaparezcan los derechos de quien aparece en ella. Sin embargo, sí nos recuerda que las redes sociales forman parte de un espacio de conversación pública en el que las imágenes y las declaraciones pueden adquirir nuevos contextos y provocar reacciones que no siempre podemos controlar. De ahí la importancia de actuar con responsabilidad tanto al publicar contenidos como al utilizarlos para hacer una crítica.

Quienes ocupan cargos públicos deben tener presente que sus declaraciones y actuaciones estarán sujetas al escrutinio ciudadano. La vida pública implica exposición, crítica y memoria. Por supuesto, esto no elimina el derecho a la dignidad, a la privacidad ni a una vida libre de violencia; exige, más bien, que esos derechos se ponderen cuidadosamente frente a la libertad de expresión.

Lo que me preocupa de este caso es el alcance de la respuesta institucional: una amonestación pública, la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la obligación de ofrecer disculpas públicas durante 15 días. ¿Era indispensable una medida de esta naturaleza? ¿Se ponderaron suficientemente la libertad de expresión y el ejercicio periodístico? ¿La sanción guarda proporción con la conducta y con el daño que las autoridades consideraron acreditado?

Estas preguntas adquieren mayor relevancia en un contexto en el que el Poder Judicial y sus decisiones están bajo un intenso escrutinio público, particularmente después de la elección judicial de 2025. Las resoluciones que involucran derechos fundamentales deben estar debidamente fundamentadas y explicar con claridad por qué una conducta merece determinada consecuencia. La legitimidad de la justicia no depende únicamente de quiénes imparten las sentencias, sino también de la solidez de sus argumentos, su imparcialidad y la confianza que generan.

Cuestionar una resolución no equivale a desconocer la violencia política de género. Es ejercer el derecho a examinar las decisiones de las autoridades y discutir sus consecuencias para la vida democrática.

La caricatura política cumple una función democrática precisamente porque incomoda. Su lenguaje se basa en la exageración, la ironía y la crítica. Si quienes dibujan, escriben o investigan comienzan a autocensurarse por temor a que una expresión incómoda termine en un procedimiento sancionador, el daño puede ir más allá de una persona: puede empobrecer el debate público y reducir los espacios para cuestionar a quienes gobiernan.

Por eso, las autoridades deben aplicar criterios claros, analizar cada caso en su contexto y justificar por qué una restricción resulta necesaria y proporcional. La protección de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión no son objetivos incompatibles. Ambos son indispensables para una democracia y corresponde a las instituciones encontrar el equilibrio que exige la Constitución.

No se trata de afirmar que un periodista tiene derecho a publicar cualquier cosa sin consecuencias, ni de sostener que una figura pública debe tolerar cualquier agresión. Se trata de impedir que herramientas jurídicas creadas para proteger derechos terminen aplicándose de manera que desalienten la crítica legítima. También es necesario que las autoridades actúen con criterios consistentes, sin distinciones arbitrarias por la identidad, la posición política o la influencia de las personas involucradas.

En México desaparecieron instituciones autónomas, entre ellas el INAI, responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el ámbito federal. Pero la desaparición de un organismo no extingue los derechos que protegía. La ciudadanía conserva su derecho a preguntar, investigar, cuestionar y debatir, así como a exigir que se respete su vida privada. Son derechos que deben seguir garantizándose. En un país que enfrenta problemas de impunidad, corrupción y arbitrariedad, también es necesario vigilar que los mecanismos sancionadores no se conviertan en instrumentos que inhiban la crítica.

Estoy a favor de proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia, pero también de defender la libertad de expresión. Me preocupa que la aplicación de las normas contra la violencia política de género pueda generar un efecto inhibidor cuando no se distinguen con suficiente claridad las agresiones de la crítica política, la sátira y el ejercicio periodístico. Por eso, debemos cuidar que la protección de un derecho no se traduzca en una restricción injustificada de otro.

Al final, la discusión no termina con una sentencia. También importa el mensaje que reciben periodistas, caricaturistas y ciudadanos que participan en la conversación pública: ¿pueden cuestionar a quienes ejercen el poder sin temor a que una crítica termine en un expediente sancionador?

Quienes deciden participar en la vida pública deben asumir que sus actuaciones serán cuestionadas. Ojalá la justicia se aplicara con la misma eficacia en tantos casos de impunidad que aquejan al país. Hay asuntos de mayor trascendencia para la ciudadanía que merecen la atención de los magistrados. La justicia debe ser pareja, no selectiva.

La democracia necesita proteger a las mujeres de la violencia y garantizar que el poder pueda ser cuestionado. Pero también proteger la libertad de expresión y contar con equilibrios. El verdadero desafío es lograr ambas cosas sin arbitrariedad, sin privilegios y sin convertir la justicia en una advertencia para quienes se atreven a criticar.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: JULIETA DEL RÍO.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/cuando-una-caricatura-termina-ante-los-tribunales/

El oficialismo aprueba la "ley anti memes", que obliga a cortar el internet a "infractores"

La oposición criticó la redacción ambigua de la reforma, que no aclara quién ordenará el corte de internet, cómo se puede defender el usuario ni a las cuántas infracciones se le considera "reincidente"

Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como "Ley anti memes", que establece que los proveedores de internet serán responsables de los daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor cuando sus usuarios publiquen contenido infractor. 

La reforma fue aprobada en lo general por 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención por parte de la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. La reforma será enviada el Senado para su posterior discusión.

La reforma obliga a los proveedores a tener una política para terminar el servicio a usuarios considerados “infractores reincidentes”.

Además, la norma establece que las multas serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las cuales dependerán de la fracción que se viole y contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de internet que no retiren contenidos sin autorización. 

Entre ellos, contenidos como obras, imágenes, voces, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial (IA).  

La oposición acusa censura

El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que, según los morenistas, se va a discutir la Ley de Derechos de Autor, pero en el fondo lo que realmente están discutiendo es quién decide qué se queda en el Internet y qué desaparece. 

El legislador tricolor criticó la redacción ambigua de la reforma y expuso que el dictamen obliga a los proveedores a tener una política para quitarle el servicio a los infractores reincidentes, sin embargo, afirmó que llama la atención que el texto no dice qué es un infractor reincidente.  

“No está, no existe. No dice cuántas infracciones se necesitan, no dice quién las acredita, si es un juez, si es el IMPI, o si basta con que alguien mande dos avisos. No dice cómo se defiende el usuario ni ante quién. Avisarle a alguien que le van a cortar el Internet no es darle un derecho de audiencia… 

“Es decir, no hay claridad de una autoridad para decir qué transita por las redes y qué no. Hay cobros de hasta casi 5 millones de pesos, háganme el favor, 5 millones de pesos. Oye, qué pasa con una pequeña empresa, yo que vivo en Sinaloa, que da el servicio de Internet en la sierra, pues el temor que va a tener de subir algo, que además es muy ambiguo, pues mejor no lo sube porque jamás va a poder pagar una multa de esa naturaleza. 

“Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo la gente le llama 'ley anti memes', ¿y quién termina pagando este coso? Todos los ciudadanos”, detalló. 

Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, resaltó que presentan la Ley Federal del Derecho de Autor fingiendo defender a los creadores, pero enfatizó que eso no es un derecho de autor, es la ley mordaza del régimen para censurar, vigilar y apagar la última trinchera de libertad que les queda a los mexicanos, el Internet. 

“Quieren obligar a las empresas de Internet a tumbar cuentas, a suspender servicios y censurar usuarios sin el debido proceso ni la orden de un juez porque no leen y ni siquiera saben lo que están votando. Quieren convertir a las plataformas en los verdugos digitales del régimen. 

“El Estado que no busca a los desaparecidos, el Estado que ampara a los compadres, el Estado que solapa a los alcaldes narcos y que señala a la prensa que asesinan en las calles, ese mismo Estado viene hoy a querer apagar el Internet a los mexicanos”, enfatizó.

Corrección

"La corrección política poco ha servido para combatir crímenes y mucho para convertir a las personas o en hipócritas alienados o en ollas de presión"

Prácticamente desde que apareció en el horizonte hace unos años la cultura de la cancelación se ha vuelto cada vez más popular y nociva. Yo no sé, querido lector, a dónde vaya a llevarnos el impulso censurante o la mecánica, salvo a la cancelación de la cancelación misma. No veo otro futuro posible (y deseable) para los linchamientos sociales virtuales, de tintas medievales en la que ha caído mucha gente. No sé en qué momento personas sensatas e inteligentes y que debieran ser tolerantes, se convirtieron en inquisidores. Si no es una cosa es la otra, pero siempre encuentran a alguien que no piense “correctamente” es decir, como ellos y ellas, a quien usar como ejemplo social del castigo.

No me refiero exclusivamente a la censura que sufrió la escritora Ariana Harwicz (que se convirtió en un tema muy polémico y que comenté en esta columna la semana pasada) sino a al impulso que lleva a las personas al linchamiento y, sobre todo, a la nula consciencia crítica de su proceder. Las redes sociales se han convertido en patíbulos para quien tenga una opinión propia y no se ciña a las opiniones dictadas por ideologías o causas. Por ejemplo, el caso de Harwicz suscitó diversos desplegados en sentidos contrarios: los que la defendían, los que defendían la censura y no faltó quienes además de cancelar a la escritora, también pedían cancelar a los abajo firmantes de ambos desplegados, extendiendo así una ola de abusos y arbitrariedades sobre los demás. Lo verdaderamente asombroso es que a nadie de estos furiosos fanáticos les cauce ningún tipo de vergüenza asociar su nombre con nociones como censura y abuso, sino todo lo contrario: se miran en un espejo deformado que les regresa la imagen de la bondad. Así como le digo, querido lector. Se piensan “buenos y decentes” porque están convencidos de que, por alguna razón, tienen más derechos que los demás o desconocen y desprecian el verdadero estado de derecho que consiste en que exista un aparato judicial para sancionar las conductas indeseables de todos (no la moralidad o las ideas al uso).

En parte porque la cultura de la cancelación proviene de la noción de víctima, de aquellos para los cuales el sistema judicial no ha funcionado y necesitan ser reivindicados a través de mecanismos extra judiciales, es que se ha dado esta involución civilizatoria. Naturalmente, las mujeres ocupan un lugar central en esta ecuación. Por eso, el feminismo se ha visto colonizado por esta cultura como una herramienta de “justicia” y también por intereses no precisamente feministas. Porque está de moda cancelar mujeres, incluso, por lo que piensan u opinan.

Últimamente me he preguntado si el wokismo no es, en realidad, una secta, con sus ídolos y sus anatemas. La manera en que sus fieles proceden se parece mucho a los grupos religiosos que exigen sumisión absoluta y fe incondicional y como ellos, imaginan un futuro utópico donde la equidad y la bondad reinen, no en el cielo sino en una sociedad futura que ellos han comenzado a construir (eliminando claro, la complejidad humana). Eso justificaría, ante sus ojos, destruir a cuanta persona no se alinee con sus ensoñadas virtudes, ya sea del pasado, o del presente (esos “detalles morales” que van descubriendo en los personajes y personajas del pasado que resulta que no tuvieron vidas ejemplares; poetas, pintores, y todo tipo de personas famosas a las que debe de castigarse con el olvido).

El problema, como siempre, querido lector, es la realidad. La realidad que siempre es más compleja que una consigna, y no es maniquea, aunque así la presenten los modernos torquemadas. La corrección política poco ha servido para combatir crímenes o inequidades, y mucho ha servido para convertir a las personas o en hipócritas alienados o en ollas de presión. Porque las imposiciones autoritarias sobre el lenguaje no modifican la realidad, son meros instrumentos de coerción. Una estrategia ideológica de tortura que imaginó hace mucho Orwell.

Afortunadamente, las personas aún pueden pensar libremente y deberían ejercer, a plenitud, su derecho a la libre expresión a pesar de las turbas censoras. Porque es precisamente este ejercicio el que puede poner un límite a los abusos de quienes creen que las personas deben de perder derechos por pensar distinto a ellas.

Y no estoy hablando aquí ni de la izquierda, ni de la derecha, sino de todos aquellos que creen que los demás debieran perder el derecho a la libre expresión, por la razón que sea, y que deben ser castigados por sus opiniones. Una sociedad que está dispuesta a ejercer castigos discrecionales, a deshacerse de quienes no piensan como ellos, a condenarlos a la muerte social y laboral, no es una sociedad democrática y libre, sino una secta de fanáticos abusivos. Mejor la tolerancia y la discrepancia, la complejidad y la libertad ¿no cree?

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: MARÍA RIVERA.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4879775/correccion/

Senado aprueba “ley antimemes”; oposición acusa censura

La bancada de Morena aseguró que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo y la desinformación generada mediante manipulaciones digitales

El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma conocida como “ley antimemes” que castiga con cárcel de hasta cinco años a quien promueva parodias con la identidad gráfica del gobierno.

La votación se definió con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones. De esta manera se aprobó en lo general las reformas legales para combatir y sancionar la piratería y el uso de logotipos de cualquier institución de gobierno con fines comerciales.

Legisladores de la oposición bautizaron el dictamen como la “ley antimemes”, advirtiendo que la ambigüedad en la redacción atenta contra figuras clave de la cultura digital como la parodia, la sátira política y la libre recreación de imágenes.

Para la oposición, esta reforma abre la puerta para criminalizar la libertad de expresión.

Mayulli Martínez, del PAN, consideró que se trata de una nueva “ley censura”, porque si un ciudadano o un periodista hace un cartón con logotipos del gobierno, será sancionado con cárcel.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales afirmó que, en un régimen democrático, “el poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Una sociedad libre no se construye protegiendo al gobierno de memes y de parodias”.

Mientras que la bancada de Morena defendió que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo, la desinformación generada mediante manipulaciones digitales, la suplantación de identidad gráfica y la explotación comercial no autorizada del trabajo de creadores en México.

Reforma busca combatir la piratería y la falsificación física y digital
La propuesta tiene por objetivo combatir la piratería y la falsificación física y digital, así como también sancionar a quien copie, imite o use sin autorización logotipos, escudos, símbolos o sitios web gubernamentales de cualquier nivel, para engañar o confundir a las personas a gran escala.

Durante la sesión, se suavizó la propuesta original que planteaba hasta siete años de prisión y se bajó a cinco años. El dictamen fue modificado después de las advertencias vertidas por la posible censura que podría ocurrir en la publicación de memes y parodias, para delimitar las sanciones al uso comercial de elementos institucionales y cuando hay una intención de inducir al error o engaño.

La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de mayo de 2026 y contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de reformas, las cuales, de acuerdo con lo que ha señalado el gobierno federal, tienen como propósito fortalecer el marco penal en materia de propiedad intelectual y que se encuentre en sincronía con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/politica/senado-ley-antimemes-oposicion-acusa-censura

Denuncian uso de violencia política de género para censurar medios comunitarios

Organizaciones y medios de comunicación expresaron su preocupación por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género para criminalizar y censurar a medios indígenas, comunitarios y afrodescendientes. Señalaron que este mecanismo, creado para frenar abusos de poder, está siendo empleado por autoridades electorales para sancionar voces críticas y limitar la libertad de expresión.

De acuerdo con el pronunciamiento, la figura ha sido distorsionada y utilizada contra quienes ejercen su derecho a comunicar desde los territorios, lo que banaliza una lucha legítima por los derechos de las mujeres. “Esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas”, señalaron las organizaciones.

Los medios recordaron que en Veracruz más de 50 comunicadoras, periodistas y organizaciones enfrentan procesos sancionadores impuestos por el Tribunal Electoral del estado, lo que representa un acto de criminalización en detrimento de su labor informativa. En lugar de proteger el debate democrático, afirmaron, las autoridades lo inhiben mediante sanciones que vulneran el derecho a la información y la autonomía de los pueblos.

Las organizaciones llamaron al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades competentes a revisar con perspectiva de derechos humanos estos procedimientos y garantizar la libertad de expresión de los medios comunitarios. Convocaron también a la sociedad, universidades, organismos internacionales y medios a defender la palabra libre y colectiva. “Sembrar la palabra, cosechar autonomía”, concluye el comunicado.

COMUNICADO:

PREOCUPA USO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO COMO MECANISMO DE CENSURA Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA MEDIOS COMUNITARIOS E INDÍGENAS

Las organizaciones y medios de comunicación firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido de mecanismos electorales diseñados originalmente para frenar abusos de poder de los partidos políticos, como es la figura de violencia política en razón de género, para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación indígena, comunitaria y afrodescendiente en nuestro ejercicio de la libre expresión.

Nos preocupa profundamente que esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas y medios comunitarios. Este uso distorsionado de la figura no solo banaliza una lucha legítima contra las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la política, sino que además se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada.

De esta manera, los órganos electorales, en lugar de garantizar el debate democrático, lo inhiben a través de procesos de sanción en contra de medios que desempeñan una función social fundamental: la de garantizar el derecho a la información desde los territorios, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos. Solamente en el Estado de Veracruz somos más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas que estamos atravesando un proceso especial sancionador impuesto por el Tribunal Electoral de Veracruz, siendo criminalizadas en el ejercicio de nuestra labor de informar y en detrimento de nuestra libertad de  expresión.

México es el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Recordamos a las autoridades que en muchos territorios del país persisten graves situaciones de violencia, hostigamiento y amenazas contra mujeres, comunidades y medios que defienden sus derechos y su palabra. En este contexto, la intervención de partidos políticos en el asedio comunicativo y en las denuncias arbitrarias agrava aún más el riesgo para quienes sostienen, desde la colectividad y la autonomía, el ejercicio del derecho a comunicar.

Por ello, hacemos un llamado al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades pertinentes a:
  • Garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en especial para los medios comunitarios e indígenas.
  • Revisar con perspectiva de derechos humanos el uso de figuras y procedimientos que están siendo distorsionados para censurar a la ciudadanía.
  • Reconocer el papel esencial de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país y su derecho a existir y expresarse sin miedo.
Hacemos un llamado a la sociedad, a las universidades, a los organismos internacionales y a los medios de comunicación para sumarse en la defensa de la palabra libre y colectiva, y para detener las prácticas de censura que amenazan la pluralidad y la democracia en México.

“Sembrar la palabra, cosechar autonomía.”

21 de octubre de 2025.

FIRMAN:

Organizaciones, colectivos y medios de comunicación

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Ojo de Agua Comunicación

Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, A.C. (Radio Teocelo)

Canto de Cenzontles

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen A.C.

La Coperacha

La Voz Campesina, Radio Huaya

Radio Tsinaka

Clínica Jurídica La Salle Pachuca

Radio Atlapulco

Radio Cuenca de la Independencia

Yoltlajtoli Radio

Democracia Cultural Xalapa

Guerreras de Salina Cruz

Xaltokaj Radio

Radio Tosepan Limakxtum 

Grupo Multisectorial en VIH/SIDA e ITS del Estado de Veracruz

Colectivo El grito
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Periodismo de lo Posible

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.

Observatorio de Libertad de Expresion. Universidad de Guadalajara

El MuroMx

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS, Chiapas)
XHSIBX-FM , Radio Nanj nï’ïn, san Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca. Marcos Sandoval Cruz
Comunicación Integral Comunitaria
Arsani A. C.
AIPIN
Somos Viento AC
Ojo de Tigre/Comunicación Comunitaria.
Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de las y los Trabajadores
RADIO ARO A. C.
Tekuan radio la voz de los guardianes de los cerros
Radio comunitaria indigena Zacatepec
Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos
Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca
ProMedios de Comunicación Comunitaria
Voces Urbanas, Movimiento Alternativo de Información Social, A.C. (En Neza Radio 97.3 F.M.)
Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores
ARTICLE 19 México y Centroamérica
KOXUB Comunidad Trans por nuestros Derechos Humanos en Oaxaca.
Colectiva Feminista MAPAS
RADIO NAHNDIA’A 107.9 FM.
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Backhome
Red Centroaméricana de Radios Comunitarias Indígenas
Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca
Frente Nacional Feminista Abolicionista
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)
ZonaDocs
Luna del Sur A.C
Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C.
RADIALISTAS APASIONADAS Y APASIONADOS
Fondo Defensores
Casa Tequiana A.C.
Frontera con Justicia AC [Casa del Migrante Saltillo]
La Otra en el Sur de Morelos
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C.
Fundación Kelluwün- Miembro Red Clacpi (Wallmapu )
Consejo Maya del Poniente «Chik’ín Já

Radio comunitaria 105.7fm La patrona

Personas

​​María Fernanda Tapia Canovi, Directora de Radio Educación

Adriana Solórzano Fuentes

Marcela Turati, Periodista

Celia del Palacio Montiel, Observatorio de Libertad de Expresión. Universidad de Guadalajara

Melissa Martínez Chimal
Jessica Trejo, Radio UNAM
María de los Ángeles Muñoz González
Mely Arellano, LADO B

Aranzazú Ayala Martínez, Quinto Elemento Lab

Gialuanna Ayora, Bunko Papalote A.C.
Severo Emilio Panes Cabrera
Cristal Martínez Chimal

Alan Sánchez, Quinto Elemento Lab

Socorro Apreza Salgado, UNAM
José Carlos López Hernández
Marcos Velasco Santillán

Genoveba López Velázquez
Teresita Lemus
Venicio Arvizu Oliván

Francisco Chapela
Concepcion Vasquez

Pamela Spinoso Martínez, CineMapache
Edgar Reyes
Arturo Narváez Aguilera

Arcelia Isbet Suárez Sarmiento
Rafael Rios Bonilla
Selene Galindo, CCASO

Eloísa Diez, comunicadora

Estela Quintero

Mireya Bonilla Fernandez

Beu Ribe Yantlanesi Hernández Hernández, Red Muvieri

Celia del Palacio Montiel
Anayeli Martínez Chimal

Ximena Guadalupe Ramírez Padilla

Gabriela Gómez
Omar Guillermo García Santiago, Canal 44 y Radio UdeG
Rosa Eugenia García Gómez, Observatorio de Libertad de Expresión. Universidad de Guadalajara
Karen Rojas Kauffmann
Maria Fernanda Suarez Olvera

Guillermo Monteforte

Marcela Ibarra Mateos
Ignacio López
Piña Palmera

Margarita Sosa Suárez
Xochitl Leyva Solano
Martina Fernández
Claudia Magallanes Blanco, Universidad Iberoamericana Puebla
Araceli Burguete
Pita Cortés
Maribel Vázquez Urcid
Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez
Marisol Adaya ALCONA
María de los Ángeles Tufiño Hernández
Jaime Martínez Luna
Alfred del Moral
David Lavin Tierra
IRMA ALEJANDRA MADERO GUERRERO
Héctor Valdés Trejo
Avril Castrillo Sanchún, Identisades Indígenas
Liliana Alemán Mejía
Roberto Martínez Sánchez
María Del Carmen Pantitlán Aguirre, Tekuan radio «La voz de los guardianes de los cerros
Saúl Fuentes Olivares
Esperanza González, Comunicadora
Humberto Vandenbulcke
Erika Piña Romero
Guadalupe Meza Lavaniegos
Damián López Castillo
Francisco Vazquez
María Gabriela López Suárez, Docente universitaria, periodista cultural y radialista
Berenice Montiel Gallegos, FCPyS UNAM
Matilde Dzib Dzul
Luna Marán
Efraín Rojas Bruschetta
Celina Yunuen Manuel Piñón
María Guadalupe Blanco Méndez, Comunicadora indígena.
Cuauhtémoc Cruz Isidoro
Margarita Zires, UAM Xochimilco
Maira Jiménez Desales
Juan M. Galvis
Paulina Mariana Cervantes Alonso
Primavera Téllez Girón García
Gabriela Campos
Cecilia Mingüer
Silvia Gutiérrez
Ángel Froilan Flores Martínez
AdrianaLabardini
Ximena Perujo Cano
Nina Hasin
Carlos Alberto Pedreguera García
Juana María Perujo Álvarez
Ana Miriam Valdez Barrera
José Ignacio López Vigil
Beatriz Ortiz Bárcenas
Socrates Vasquez Garcia, Comunicador Ayuujk
Avril Figueroa de Leon
Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
Silvia Ramirez Nolasco
Guadalupe López García, Mujeresnet.info
Ana Acevedo Alfaro
Héctor Bautista
Elga Aguilar Gutiérrez
Lucero de Jesús Martínez Chimal
Arcelia Enríquez Rincon

Lucero de Jesús Martínez Chimal

Martha Figueroa Mier
Silmara Lima Romero
Mariana López

Julieta Cuevas Parra

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Campeche pide al medio Telemar información sobre periodistas que escribieron sobre gobernadora

El oficio por el cual la Fiscalía de Campeche pide información al medio Producciones Telemar sobre sus periodistas, es un "intento de control y censura", denunció el propio medio de comunicación.

La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual le solicita los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.

De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido “interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local”.

Cabe destacar que las notas periodísticas de las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, la morenista Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.

Al respecto, Producciones Telemar señala que el oficio girado en su contra se da precisamente “tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal”.


Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio. 

“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.


Otros actos de censura en Campeche

Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Sansores.

Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.

A mediados de septiembre, un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la mandataria.

Otro caso es el de Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, quienes ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma a Código Fiscal permitirá al SAT vigilancia sin rendición de cuentas, alerta R3D

La reforma al Código Fiscal es una 'pieza' más en un 'rompecabezas' que el gobierno está armando para consolidar un sistema de vigilancia estatal, afirmó José Flores Sosa, director interino de R3D.

La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados y específicamente el artículo 30-B fue calificada por José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), como un intento del gobierno de “servirse con la cuchara grande”, otorgando a las autoridades fiscales un poder desproporcionado que, bajo el pretexto de la recaudación, abre la puerta a la vigilancia masiva y a la censura indirecta.

El artículo 30-B otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades para tener acceso permanente y en tiempo real a los datos de las plataformas digitales. Para José Flores Sosa, esto no es una simple auditoría, sino la creación forzosa de una “puerta trasera” en los sistemas de las empresas.

En entrevista para Aristegui en Vivo, el experto en seguridad digital alertó sobre la ausencia total de supervisión o control judicial para la vigilancia del gobierno hacia las plataformas digitales que abarcan desde streaming, como Netflix, hasta apps de citas e incluso redes sociales donde se lleven a cabo transacciones, por ejemplo, Facebook.


Flores Sosa advierte que esta reforma no debe analizarse de forma aislada, sino como una “pieza” más de un “rompecabezas” que el gobierno está armando para consolidar un sistema de vigilancia estatal. El verdadero peligro, argumenta, reside en la capacidad de cruzar la información fiscal con otras bases de datos gubernamentales.

“Ahora no solo es que las autoridades acceden a información o conectan bases de datos, las autoridades pueden transferirse entre sí esa información“, alertó. Explicó cómo el SAT podría obtener datos, como un número de teléfono usado para registrarse en una plataforma, y luego cruzarlo con otras bases de datos, como la CURP biométrica, para revelar la identidad real de una persona.

Peor aún, esta información podría terminar en manos de otras agencias. “La información que puede obrar en manos de las autoridades fiscales después puede ser usada por otras autoridades, por ejemplo, de seguridad, por autoridades militares”.

El “Garrote” del Bloqueo y la Censura Indirecta

La reforma establece el bloqueo temporal del servicio para quienes no cumplan con otorgar el acceso a las autoridades fiscales. Flores Sosa describe esta medida como “el garrote, el castigo”, una amenaza que podría usarse para silenciar voces y constituir una forma de censura indirecta.

Puso como ejemplo a la plataforma X (antes Twitter). Al ofrecer servicios transaccionales como las suscripciones premium, podría ser objeto de esta ley. Si las autoridades consideran que hay un incumplimiento, podrían ordenar el bloqueo total de la plataforma en el país. “La suspensión completa de todo X en este caso claramente va a generar una problemática o una lesión a nuestro derecho a la libertad de expresión, va a ejercer un momento de censura”, afirmó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodista y medio deberán enviar sus notas a Sansores antes de publicarlas

Cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones.

Una jueza de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche ordenó que las publicaciones del periódico Tribuna y del periodista Jorge González Valdez, relacionadas con la gobernadora Layda Sansores sean revisadas antes de difundirse.

La medida, dictada por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, establece que cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones o incluso la prohibición de su publicación.

En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá tanto en el representante legal de la editorial como en el periodista, informó el medio de comunicación a través de una publicación en su sitio web.

El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora.

La Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora de Tribuna señaló que la resolución amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto al medio como al periodista durante un periodo adicional de tres meses.

La audiencia en la que se tomó esta decisión se celebró el lunes 15 de septiembre y se prolongó por cuatro horas.

El juzgado ordenó que todas las notas relacionadas con Layda Sansores sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial y la obligación se impuso también directamente al periodista Jorge González Valdez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dato protegido y disculpas públicas: morenistas recurren a la censura contra periodistas y ciudadanos

Casos como las disculpas públicas de La Barra Noticias en Campeche a Layda Sansores, y Karla Estrella a la diputada Diana Karina Barreras, evidencian una tendencia al uso de la censura contra periodistas y ciudadanos.

En lo que va de 2025 se han documentado públicamente casos de censura contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos.

Entre las figuras jurídicas utilizadas para justificar estas acciones está la “violencia política de género”, que ha derivado en sanciones, censura y eliminación de publicaciones.

Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.


Incremento de acoso judicial

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, señala en entrevista que, desde 2007 —año en que la organización inició el monitoreo de la libertad de expresión en México—, las agresiones contra periodistas han aumentado entre 8 % y 10 %. Las agresiones incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas en línea y acoso judicial.

Cárdenas menciona que legislaciones como la llamada “Ley censura” en Puebla afectan no solo a periodistas y medios, sino también a ciudadanos que critican a autoridades en redes sociales. La reforma sanciona el “ciberasedio” —insultos, hostigamiento o intimidación digital— con penas de hasta tres años de prisión y fue impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del estado, entrando en vigor al día siguiente.

El representante de Artículo 19 advierte que el acoso judicial es utilizado para silenciar investigaciones o eliminar publicaciones, así como para generar un clima en el que los periodistas duden sobre los temas que pueden abordar. Indica que, incluso con coberturas basadas en derechos humanos, existe el riesgo de enfrentar procesos legales.

Casos en Tamaulipas, Campeche, Puebla y Guerrero

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.
Otros periodistas de La Barra Noticias en Campeche —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por orden del Tribunal Electoral local, tras críticas en un programa transmitido en redes sociales.

“Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron los periodistas en un video en redes sociales.

La periodista Rubí Soriano, en Puebla, recibió una queja de la diputada morenista Elvia Graciela Palomares Ramírez por violencia política en razón de género, derivada de publicaciones en X sobre su trayectoria política. La sanción fue eliminar las publicaciones.

En Guerrero, tres periodistas de El Tlacolol —Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena— fueron acusados de “inducción al voto” y “violencia política en razón de género” por un texto sobre el proceso de selección de candidatos en la elección judicial. El medio señaló que las denuncias, presentadas ante el INE, carecen de sustento.

Casos contra ciudadanos

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.
En julio de 2024, la actriz Laisha Wilkins se burló en X de un titular del portal Aristegui Noticias sobre la entonces candidata a la SCJN, Dora Martínez Valero, en el que informaron que buscó censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” que el INE desechó por improcedente. El titular de la nota decía: “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. 

La actriz respondió “jaja Dora la Censuradora jaja” y el Tribunal Electoral le solicitó aclarar si el tuit fue pagado por alguna persona física o moral y si tenía vínculos con partidos políticos o candidaturas.

Perspectiva legal y derechos humanos

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.

Dato protegido: terminan 30 días de disculpas públicas de ciudadana a diputada; “la gente me apoyó”, dice Karla Estrella

Karla María Estrella, ciudadana de Hermosillo, publicó por 30 días en redes sus disculpas a la diputada Diana Karina Barreras, a la que identificó como Dato Protegido, luego de que el Tribunal Electoral determinó que cometió violencia política de género.

La ciudadana Karla María Estrella realizó en redes sociales la última publicación de disculpas públicas para la diputada federal Diana Karina Barreras, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que emitiera un mensaje por 30 días en el que reconocía una presunta afectación a los derechos políticos y electorales de la legisladora.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política“, publicó.

Karla María Estrella cuestionó en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.

La sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó en junio que las expresiones que realizó Karla Estrella en su cuenta de X fueron “discriminatorias y generaron violencia política contra las mujeres por motivos de género”.

“Decidimos sancionar a Karla María Estrella Murrieta con una multa, así como ordenar su capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, para evitar que repita estas conductas en tu contra o de alguna otra”, agregaba.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la ciudadana dijo que al principio “tenía muchísimo miedo”, sin embargo, fue arropada por ciudadanos durante el cumplimiento del fallo, además consideró que “a veces las leyes se tuercen” en contra de los derechos.

Al principio tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer y cómo iba a llevar todo esto, pero con el tiempo vi que la situación no era algo, que yo tenía qué temer, la gente me arropó, me apoyó muchísimo y eso me ayudó para que estos 30 días pasaran ahora sí que pasaran más rápido de lo que pensé que sería

“Hay abuso de poder, muchas veces las leyes se tuercen en contra de nosotros, hay derechos que nosotros pensamos que tenemos seguros y por sentado pero no es así, tenemos que estar pendientes, de seguirlos teniendo, de conservarlos”.


“Para mi fue suficiente”, dice diputada

El pasado 20 de julio, la diputada Diana Karina Barreras pidió al TEPJF que reconsiderara el falló por el cual la ciudadana Karla María Estrella le ofreció disculpas públicas por 30 días, tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

“El poder se ejerce con humildad”

Al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral y reiteró que el poder se debe ejercer con humildad, “particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación”. 

“Es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, afirmó la presidenta de México durante su conferencia matutina.

“El poder se ejerce con humildad, todos y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no se hipócrita la oposición, también, porque se rasgan las vestiduras y nadie justifica una y otra cosa, siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No están solos…

En Morena, la protección entre compañeros prevalece sobre la rendición de cuentas. Desde Adán Augusto hasta los hijos del expresidente, pasando por gobernadores, exfuncionarios y alcaldes, los escándalos por corrupción, violencia o vínculos criminales no provocan investigaciones, sino respaldos públicos. La consigna es clara: nadie está solo, ni aunque lo rodeen pruebas.

En Morena nadie está solo. Por más escándalos, por más pruebas, por más delitos, la consigna es proteger al compañero. Da igual si se habla de huachicol, narco, desvíos, violaciones o censura. Cuando un morenista es señalado, no se le investiga: se le arropa. 

NO ESTÁ SOLO ADÁN AUGUSTO

Hoy es señalado porque su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es buscado por liderar el grupo criminal La Barredora, involucrado en huachicol, trata, extorsión y tráfico de migrantes. Además, su hermano, Humberto Bermúdez, está bajo sospecha de lavado de dinero, y su sobrino, Gerardo Bermúdez, bajo arresto domiciliario en Paraguay.

NO ESTÁ SOLO CUAUHTÉMOC BLANCO

Hoy está acusado de tentativa de violación contra su media hermana, corrupción en contratos públicos, daño a las finanzas por más de 6 mil millones de pesos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantiene el fuero.

NO ESTÁ SOLO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

La Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades millonarias, incluyendo anomalías por más de 3 mil millones de pesos en gasto público. Sin embargo, la Presidenta defiende que es una persona honesta.

NO ESTÁ SOLO RUBÉN ROCHA MOYA

Tiene señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos y por una violencia fuera de control: 1,723 homicidios dolosos y 1,400 personas desaparecidas en un año tras la captura de El Mayo Zambada.

NO ESTÁ SOLO FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Ha sido acusado múltiples veces de violencia sexual, con casos documentados desde 1998. Aun así, sigue siendo respaldado políticamente y no pierde esperanzas de ser gobernador de Guerrero.

NO ESTÁ SOLO IGNACIO OVALLE

Encabezó Segalmex durante el saqueo de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo contratos con empresas fantasma y desvíos confirmados por la ASF. Dejó la administración federal sin mayor preocupación. Hasta cursos de finanzas públicas da.

NO ESTÁ SOLO MANUEL BARTLETT DÍAZ

De larga trayectoria política, arrastra denuncias por fraudes electorales, propiedades no declaradas valuadas en millones y hasta sospechas de estar implicado en el asesinato del agente Kiki Camarena.

NO ESTÁN SOLOS LOS HIJOS DE AMLO

José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán fueron señalados en la investigación El Clan por tráfico de influencias y corrupción. Coordinaban una red que favoreció con contratos millonarios a amigos y primos en obras como Tren Maya, Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.

NO ESTÁ SOLA LAYDA SANSORES

Usó su poder para censurar al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Incluso, una logró que una jueza les ordenara no publicar sobre ella sin revisión previa de un censor judicial.

NO ESTÁ SOLA DATO PROTEGIDO

Denunció a Karla Estrella por presunta violencia política de género. Resultado: disculpas públicas por 30 días, multa económica y su nombre inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta 2027.

NO ESTÁ SOLA ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ

La Auditoría estatal la denunció por no comprobar el uso de 898 millones de pesos de un fondo federal.

Además, la alcaldesa denunció al medio Acapulco Trends junto a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por violencia política de género. Resultado: multa de 22 mil pesos, disculpas públicas por 15 días y difusión obligada de la sentencia por 30 días.

NO ESTÁ SOLO ALEJANDRO ARMENTA

Impulsó en Puebla la llamada Ley Censura, que criminaliza insultos en redes como “ciberasedio”. Organizaciones como Artículo 19, la ONU, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que puede usarse para silenciar críticas y castigar la libertad de expresión.

NO ESTÁN SOLOS. PORQUE EN ESTE PAÍS, LA IMPUNIDAD CAMINA CON ELLOS.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Cacería: 17 periodistas y ciudadanos castigados en tres meses desde el poder

En sólo tres meses, 18 periodistas y ciudadanos fueron sancionados judicial o electoralmente por expresar críticas al poder o revelar casos de corrupción. Gobernadores, senadores y magistradas están entre los denunciantes. Las sanciones van desde multas millonarias y prisión, hasta censura editorial y humillaciones públicas. La mayoría de los castigos se originaron en publicaciones incómodas para los actores políticos denunciantes.

Entre mayo y julio de 2025, 18 periodistas y ciudadanos fueron sometidos a proceso o cumplieron sentencias de prisión, pago de multas, asignación judicial de censores editoriales, o  humillaciones públicas, por tribunales judiciales y electorales.

Los procesos fueron iniciados por políticos y funcionarios del grupo en el poder, en su mayoría contra comunicadores, casi en todos los casos expresamente por publicar tramas de corrupción en las que aparecen implicados los políticos quejosos; por reclamos de ciudadanos que expresaron su rechazo al grupo en el poder, o simplemente por formular opiniones críticas o divergentes sobre procesos políticos, o divergentes de las posiciones y versiones.

Formalmente, los cargos imputados fueron violencia política de género, agresión física y verbal, calumnias, difamación, daño moral y robo.

Los políticos quejosos son la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanroman; el senador por el PT Gerardo Fernpandez Noroña; Tania Contreras López, magistrada electa de Tamaulipas; Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Diana Karina Barra Samaniego #DatoProtegido, diputada federal por el PT;  Abelina López Hernandez, alcaldesa de Acapulco; Mara Yamileth Chama Villa, excandidata del PVEM a diputada federal y a presidenta municipal de Teocelo, Veracruz.

Entre los comunicadores sancionados o bajo proceso de instrucción están los periodistas y personal o colaboradores de medios Jorge Luis González Valdez, Héctor de Mauleón, Rodrigo Carbajal,  Juan Omar Fierro, Laisha Wilkins, Ángel Camarillo, María Isabel Ortega, Alfredo Quezada Hernández, Jesús Riveros Hernández, Celia del Palacio Montiel, Gabriel Castañeda Arellano, Ysidro Yerves Cruz, Germán Gómez.

Los ciudadanos castigados son Carlos Velazquez de León Obregón, Virgilio Passoti, César Martínez, Karla María Estrella Murrieta.

Los medios de comunicación relacionados son Tribuna de Campeche, El Universal, Código Magenta, Aristegui Online, La Silla Rota – Veracruz, Al calor político, Gobernantes. com, Radio Teocelo 1490 de AM, UDGTV Canal 44 de la Universidad de Guadalajara; Acapulco Trends y El Ojo de Acapulco.

Adicionalmente hay una orden del INE tiene amenazado al Grupo La Silla Rota con una multa de 22 millones de pesos, a reserva de que entregue la información relacionada con una denuncia que este sitio de información dio a conocer el 9 de junio pasado, en el que un candidato a magistrado denunció la distribución de los acordeones. EMEEQUIS presenta en esta entrega una relación pormenorizada del origen de cada expediente y el estatus que guarda.

LOS EXPEDIENTES

Políticos quejosos: LAYDA SANSORES SANROMÁN, Gobernadora de Campeche 

MARCELA MUÑOZ MARTÍNEZ

Secretaria de Seguridad del estado de Campeche

WALTHER PATRÓN BACAB

Vocero del gobierno del estado de Campeche

Queja: Violencia política de género, incitación al odio, calumnias, difamación, daño moral.

Voces sancionadas: 

Jorge Luis González Valdez

Isidro Yerves Cruz

“Responsable de redes digitales de Tribuna de Campeche.

Medio o plataforma relacionados: Tribuna de Campeche

Fecha: 16 de julio de 2025

Juez o autoridad ejecutora: 

Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, jueza IV de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza III de Control, 1er. Dtto. de Campeche.

Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, jueza 2a. de Control, 1er. Dtto. de Campeche

Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

Hechos reclamados: La primera demanda fue presentada contra Jorge Luis González Valdez, periodista de 72 años jubilado en 2017, exdirector del diario Tribuna de Campeche y conductor del programa Expediente en Imagen Radio hasta junio de 2025, por el vocero del gobierno de Layda Sansores en Campeche, Walther Patrón Bacab, y por el sobrino de la mandataria, Gerardo Sánchez Sansores, por publicaciones del diario en cuestión, que los vinculaban a hechos de corrupción.

En diciembre de 2023 Layda Sansores emprendió acciones legales contra Jorge Luis González,  y contra la empresa editorial por publicaciones ofensivas; atribuyó las publicaciones a González Valdés, aunque principalmente se alude a la columna sin firma “En las tripas del jaguar”. La gobernadora presentó una denuncia adicional por violencia política de género contra el comunicador ante el Instituto Electoral de Campeche, que fue ratificada por el Tribunal Electoral, el cual le concedió como medida cautelar la prohibición de mencionar a la gobernadora y la secretaria de Seguridad del gobierno estatal.

El 9 de abril de 2025, González fue detenido por fuerzas estatales de Campeche,  esposado, golpeado hasta sangrar, y retenido 36 horas.

Sanciones:

13 de junio de 2025. La jueza Guadalupe Beatriz Martínez Taboada sentenció a Jorge Luis González a la prohibición de ejercer el periodismo por dos años; determinó el cierre de la plataforma digital de Tribuna por el mismo periodo, y el pago de 2 millones de pesos como indemnización al vocero del gobierno estatal, Walther Patrón, so pena de embargo. El 9 de julio de 2025, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, suspendió las medidas cautelares, que consideró anticonstitucionales.

15 de julio de 2025. La jueza Ana Maribel de Atocha Huitza May impuso nuevas medidas cautelares al periodista y al medio de comunicación: a Jorge González, prohibición estricta de referirse a Layda Sansores en cualquier medio, incluyendo opiniones e imágenes. La designación de Interventores del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para revisar y autorizar todo contenido de Tribuna, la designación de un censor oficial para supervisar a Jorge González en conferencias programas y entrevistas.

28 de julio de 2025. La jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez rechazó los recursos interpuestos por Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna, confirmó la sentencia del 15 de julio, y ordenó a Tribuna proporcionar en un plazo de 48 horas el nombre y datos de la persona encargada de redes sociales para que se someta al censor judicial.

Político quejoso: GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Senador plurinominal (PT) y presidente del Senado al momento de los hechos

Queja: Agresión física, verbal y robo.

Voz censurada: Carlos Velázquez de León Obregón

Fecha: 19 de mayo de 2025

Hechos reclamados: El 20 de septiembre de 2024, en el Salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el abogado regiomontano Carlos Velázquez de León increpó a Gerardo Fernández Noroña, según este, con frases como “mandaron al país a la mierda”, en referencia a la conducción del país por parte del grupo político obradorista; que Velázquez lo agredió físicamente cuando le arrebató su celular y su negativa a devolverlo en medio de la discusión constituyó el intento de robo.

Tras el altercado, Fernández Noroña, que en ese momento presidía la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó una demanda contra el abogado ante el Ministerio Público federal. Algunas notas de prensa señalan que la demanda se presentó con la personalidad jurídica del Senado.

Juez o autoridad ejecutora: Acuerdo extrajudicial con intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGR)

Sanciones: Como resultado del acuerdo extrajudicial y con el fin de eludir sanciones mayores, Carlos Velazquez acordó presentar a Noroña una disculpa pública. Para definir los detalles del protocolo del acto de disculpa pública se verificaron varias reuniones virtuales. Originalmente el acto se efectuaría en la Sala VIP del AICM, espacio de American Express, donde ocurrió el desencuentro, pero la firma crediticia rechazó participar en el evento de desagravio. Se dispuso por ello efectuar la ceremonia en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva del Senado, con Noroña al centro, como correspondía a su cargo.

El abogado Velazquez fue custodiado en todo momento por policías judiciales de la FGR que operaron el acuerdo, y leyó el mensaje:

“Me dirijo a usted con el respeto que me merecen su investidura y persona para ofrecer una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos (…). Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y como presidente de la Mesa Directiva del Senado, merece todos mis respetos. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han forjado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. (…)  Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación, que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia. Me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo en cualquier circunstancia. Desde luego, a no repetir de forma alguna el comportamiento hacia a usted o ningún representante del Estado mexicano”.

Noroña aceptó las disculpas, pero siguió lidiando en redes con críticos por la humillación al abogado que se consideró un abuso de poder.

Política quejosa: TANIA CONTRERAS LÓPEZ / Caso 1

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Calumnias y violencia política de género

Voz sancionada: Héctor de Mauleón

Medio o plataforma relacionados: El Universal

Fecha: 15 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas

Hechos reclamados: El periodista Héctor de Mauleón publicó el 1° de mayo de 2025 en su columna de El Universal el texto Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, en el que reseñó un oficio del exsecretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el que solicitaba al Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal investigar una red de traficantes de combustible, presuntamente manejada por del director de Operación Aduanera, Juan Carlos Maero Larios, cuñado de Tania Contreras López, exdirectora jurídica del gobernador Américo Villarreal y entonces candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas. Contreras López demandó a De Mauleón y a El Universal por calumnias y por VPG. 

Sanciones: El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó a los denunciados bajar la columna de las plataforma web del diario capitalino, lo cual no ha ocurrido a pesar de la insistencia de la instancia tamaulipeca. Ahora, El Universal ha denunciado que Héctor de Mauleón es acosado en su domicilio por drones.

Política quejosa: TANIA CONTRERAS LÓPEZ / Caso 2

Magistrada electa en Tamaulipas

Queja: Violencia política de género

Voz sancionada: Rodrigo Carbajal

Medio o plataforma relacionados: Código Magenta

Fecha: 2 de mayo de 2025

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Hechos reclamados: El 29 y 30 de abril de 2025, el periodista Rogelio Carbajal, director de Código Magenta, publicó una investigación periodística en la que se describen vínculos de parentesco de Tania Contreras. La abogada denunció al medio y al periodista por calumnias y violencia política de género. 

Carbajal, que además es director editorial del medio, explicó en respuesta: “Código Magenta exhibió que hay redes familiares de Tania Contreras López vinculadas al crimen organizado: su primo hermano, Juan José Contreras Castillo, defendió a la Columna Armada Pedro J. Méndez desde la alcaldía de Hidalgo, Tamaulipas. Y el cuñado de Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de una red de corrupción y contrabando de combustible en la Agencia Nacional de Aduanas”.

Sanaciones: El 2 de mayo, el Tribunal ordenó retirar la publicación. El 20 de junio se impuso multa de 18,855 pesos al periodista y de 9,427 pesos a Código Magenta. Además, Rogelio Cabajal fue inscrito en el  Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Política quejosa: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 1

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Calumnia y violencia política de género

Voces censuradas:

Germán Gómez

Juan Omar Fierro

Virgilio Pasotti

César Martínez

Medio o plataforma relacionada: Aristegui Noticias y redes digitales

Fecha: 18 de mayo de 2022

Hechos reclamados: La publicación, republicación, así como los comentarios vertidos al respecto por los imputados en sus cuentas de las plataformas socio digitales de Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, del reportaje publicado en Aristegui Noticias: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks, que reseña el resultado negativo para Martínez Valero, quien había solicitado al INE medidas cautelares para eliminar 15 textos y videos sobre de esa investigación periodística efectuada con base en una filtración masiva de datos internos de Televisa Univisión.

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: El proceso se halla aún en instrucción.

Política denunciante: DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO / Caso 2

Excandidata a ministra de la SCJN.

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Laisha Wilkins

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 20 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 19 de mayo de 2025, en su cuenta de X (antes Twitter), la comunicadora, editorialista y actriz Laisha Wilkins comentó “Jaja Dora la censuradora Jaja”, en un post de @AristeguiOnline que enlazaba a una investigación de la plataforma: Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. 

Dora Alicia Martínez Valero, entonces candidata a ministra que usó en campaña el sobrenombre de “Dora la transformadora”, presentó una denuncia contra Laisha Wilkins por haber publicado el comentario. El 20 de junio el TEPJF notificó a Wilkins del inicio de una investigación sobre su comentario en X, le pidió explicar el propósito del mismo, aclarar si alguien le solicitó efectuar el comentario, declarar cuáles son sus vínculos con partidos políticos o candidatos en el proceso electoral 2024-2025, y proporcionar su domicilio para recibir notificaciones.  

Juez o autoridad ejecutora: TEPJF

Sanciones: La resolución en instrucción. De hecho, Laisha Wilkins denunció irregularidades del procedimiento, comenzado por el hecho de que no ha tenido acceso al expediente completo a pesar de ser la parte imputada. 

Política quejosa: DIANA KARINA BARRERA SAMANIEGO

Diputada federal por Sonora (PT)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Karla María Estrella Murrieta

Medio o plataforma relacionada: X (antes Twitter)

Fecha: 24 de de junio de 2025

Hechos reclamados: El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta retuiteó en su perfil de X (@KarlaMaEstrella) la publicación de “José Ochoa” al que agregó un comentario en el que sugería que Sergio Gutiérrez Luna (Morena), actual presidente de la Cámara de diputados y esposo de la entonces candidata Diana Karina Barrera, había intervenido para que ésta obtuviera la nominación, hechos citados en el proceso en los siguientes términos:

“Así estaría el berrinche de DATO PROTEGIDO para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Sanciones: Multa de 1 mil 805 pesos con 70 centavos para la ciudadana, la publicación de la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados en materia de Violencia Política en Razón de Género, y en el registro Nacional de Personas Sancionadas por un año y seis meses; la publicación de un estracto de la sentencia en sus cuenta de X, y de una disculpa pública, diariamente, del 10 de julio al 12 de agosto de 2025, redactada por la misma Sala Especializada del TEPJF, en los siguientes términos: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediatica y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto el 17 de julio: “Es un exceso (…). El poder es humildad, no soberbia. No está bien esta sentencia de que por 30 días te disculpes”.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 1

Excandidata (PVEM) a diputada federal plurinominal en 2024 y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, en 2021

Queja: Violencia política de género

Voces censuradas: 

Ángel Camarillo

María Isabel Ortega

Alfredo Quezada Hernández

Jesús Riveros Hernández

Medio o plataforma relacionados: 

Al calor político

La silla rota – Veracruz

Gobernantes. com

Radio Teocelo 1490 de AM.

Fecha: 29 de abril de 2024

Juez o autoridad ejecutora: Sala Superior del TEPJF

Hechos reclamados: De acuerdo con la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña sobre el expediente  “SUP-REP-116/2025 y acumulados”, aprobada por el órgano en cuestión, “una publicación de facebook” efectuada durante el proceso electoral 2024 reprodujo cuatro contenidos periodísticos publicados durante las campañas de 2021 en las que refieren que es hija del entonces alcalde en de Teocelo, Mario Chama Díaz:  

― “Minimonarquías”: las familias que perdieron las elecciones en Veracruz, publicada por Ángel Camarillo el 7 de junio de 2021 en el sitio web de noticias Al calor político.

― Cacicazgos se quedan sin el poder en Veracruz, publicada por María Isabel Ortega el 9 de junio de 2021 en el sitio web de noticias La Silla Rota Veracruz. 

― Mara Chama hereda la alcaldía, publicada por Alfredo Quezada Hernández en el sitio web de noticias Gobernantes.com.

― Y la transcripción, publicada en el blog La Caja de Cristal, de un promocional en el que una voz de niña pide a su padre que le compre candidaturas a una alcaldía y a una diputación, dramatización cómica que e 29 y 30 de mayo transmitió Jesús Riveros Hernández en su programa Luna llena que se transmite por Radio Teocelo 1490 de AM.

Sanciones: La Sala Superior resolvió multas de 10,857 pesos en cada caso, el retiro de las publicaciones, disculpa pública en los sitios donde se publicó la información, cursos en materia de violencia política de género, e inscripción de los periodistas en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procesos Especiales Sancionadores.

Política quejosa: MARA YAMILETH CHAMA VILLA / Caso 2

Excandidata (PVEM) a diputada federal (2024) y a la alcaldía de Teocelo, Veracruz (2021)

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Celia del Palacio Montiel

Medio o plataforma relacionada: UDGTV Canal 44

Fecha: 6 de junio de 2025

Hechos reclamados: El 26 de mayo de 2025,  UDGTV Canal 44, emisora del Sistema de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Guadalajara, publicó una nota informativa con base en la cápsula de la académica, doctora en historia y coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la misma casa de estudios, en la que se menciona que Mara Yamileth Chama Villa es hija del exalcalde Mara Chama Díaz, en cuya gestión fungió como presidenta honoraria del DIF. 

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal electoral de Veracruz, OPLE Veracruz

Sanciones: El organismo ordenó eliminar  la publicación del 26 de mayo.

Política quejosa: ABELINA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Presidenta municipal de Acapulco (2021-).

Queja: Violencia política de género

Voz censurada: Gabriel Castañeda Arellano

Medio o plataforma relacionada: Acapulco Trends y El ojo de Acapulco, cuentas de Facebook

Fecha: 20 de agosto de 2024

Hechos reclamados: La versión pública de la sentencia excluyó el contenido de las publicaciones. No obstante, Gabriel Castañeda dijo a EMEEQUIS que la queja de la alcaldesa morenista fue interpuesta después de una serie de publicaciones sobre deficiencias de desempeño del gobierno municipal antes, durante y después del paso del huracán Otis, así como irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero en el manejo de 898 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023.

Juez o autoridad ejecutora: Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Sanciones: Determinó que el periodista publicara el extracto de la sentencia por 30 días y una disculpa pública dirigida a la alcaldesa durante 15, en las cuentas de Facebook señaladas, una multa de 5,428 pesos con 50 centavos, cursos en materia de violencia política de género, y la inscripción de su nombre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.