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Pryse ganó contrato del Tren Maya con empresa ligada a Rocha Cantú e investigada por presunto tráfico de armas y huachicol: Arteaga

Víctor Hugo Arteaga afirmó en 'Aristegui en Vivo' que las alianzas entre empresas de seguridad privada para participar en licitaciones son una de las líneas que su investigación busca documentar, particularmente por los permisos para el uso de armas

El Grupo de Seguridad Privada Pryse ha obtenido contratos públicos por 12 mil 928 millones de pesos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una investigación del periodista Víctor Hugo Arteaga, quien identificó 21 contratos adicionales y nuevas relaciones empresariales que involucran a Servicios Integrales Valbón, compañía ligada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con tráfico de armas e hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Arteaga presentó nuevos hallazgos de su investigación, titulada “Pryse: la red de alianzas, contratos públicos, empresas investigadas y sanciones administrativas”, realizada por Xpectro FM. Entre los elementos identificados se encuentran contratos adjudicados a través de licitaciones conjuntas, antecedentes de inhabilitaciones administrativas y vínculos con otras empresas que concentran una parte importante de los recursos públicos destinados a la contratación de seguridad privada.

El periodista explicó que, tras revisar nuevas adjudicaciones y documentos oficiales, encontró 21 contratos adicionales para Grupo Pryse, con lo que el monto identificado ascendió a 12 mil 928 millones de pesos.

Para dimensionar los recursos involucrados, Arteaga señaló que esa cantidad permitiría construir cuatro hospitales de alta especialidad, con 48 camas cada uno, y garantizar el abasto de medicamentos durante un año.

El periodista también presentó un análisis de cinco empresas que, en conjunto, han obtenido contratos por alrededor de 43 mil millones de pesos durante el sexenio de López Obrador, por la prestación de servicios de seguridad privada a instituciones públicas.


De acuerdo con la revisión de 28 instituciones públicas realizada por su equipo, las cinco compañías identificadas y los montos de contratación son los siguientes:

– Grupo Pryse: 12 mil 98 millones de pesos

– Serprosep: 9 mil 777 millones de pesos

– SII: 9 mil 38.8 millones de pesos

– Sepiver: alrededor de 8 mil 60 millones de pesos

– Hidalgo Vigueras: 4 mil 562 millones

Arteaga advirtió que estos cinco grupos concentran alrededor del 80 por ciento de los recursos destinados a la contratación de seguridad privada subrogada, un sector en el que las instituciones públicas recurren a compañías particulares para cubrir sus necesidades de vigilancia.

“Son cinco empresas y el monto te da escalofríos, son 43 mil millones de pesos, más menos, y son solamente cinco empresas, una de ellas Pryse”, señaló.

El periodista agregó que su investigación también identificó movimientos recurrentes en la estructura corporativa de otras compañías que participan en este mercado. Como ejemplo, mencionó a Servicios Industriales Institucionales S.A. de C.V.,empresa que ha registrado 10 modificaciones en sus actas constitutivas durante los últimos ocho años.

Para Arteaga, estos cambios representan un elemento que merece la atención de las autoridades, particularmente por las modificaciones constantes en la composición accionaria de una empresa que participa en contrataciones públicas. “Me parece muy extraño que una empresa sana, que una empresa bien constituida, esté cambiando constantemente a sus accionistas y a sus dueños”, afirmó.

Pryse y Valbón ganaron juntos un contrato de seguridad para el Tren Maya

Uno de los nuevos hallazgos de la investigación es la participación conjunta de Grupo Pryse y Servicios Integrales Valbón en una licitación para proporcionar servicios de seguridad privada al Tren Maya.

Arteaga explicó que ambas compañías se presentaron juntas al procedimiento y obtuvieron el contrato, un vínculo que consideró relevante debido a los antecedentes de Valbón, empresa relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República.

Según expuso, Servicios Integrales Valbón aparece en el expediente 928/2024 de la FGR, relacionado con una investigación por presunto tráfico de armas, tráfico de hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

Mencionó a tres personas señaladas en las investigaciones: Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yoryi”, identificado como uno de los presuntos operadores; Jacobo Reyes León, señalado como presunto dirigente, y Raúl Rocha Cantú, a quien se identifica como presunto inversionista en empresas relacionadas con operaciones ilegales de hidrocarburos o huachicol.

Rocha Cantú es propietario de la marca Miss Universo y, de acuerdo con Arteaga, está relacionado con Servicios Integrales Valbón.

Arteaga también identificó la participación de Pryse, Protección, Resguardo y Servicios Empresariales y Multisistemas Uribe en una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mil 334 millones de pesos.

El periodista sostuvo que estos vínculos permiten identificar una red de empresas que participan en procedimientos de contratación pública y que mantienen relaciones entre sí, algunas de ellas con antecedentes de investigaciones o sanciones administrativas.

Explicó que, de acuerdo con información que obtuvo de personas relacionadas con el sector de seguridad privada, algunas compañías que cuentan con permisos para el uso de armas se asocian con otras que carecen de esas autorizaciones para participar conjuntamente en procedimientos de contratación pública.

Según el periodista, esta práctica permitiría que empresas sin los permisos correspondientes participen en licitaciones con el respaldo de otras que sí cuentan con ellos.

Añadió que estas compañías “juegan en tándem para poder ganar las licitaciones”, una dinámica que consideró relevante para entender las alianzas empresariales identificadas en su investigación, entre ellas la de Pryse y Servicios Integrales Valbón para obtener el contrato de seguridad del Tren Maya.

No obstante, precisó que el trabajo periodístico no tiene como propósito atribuir responsabilidades penales, sino identificar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. “No somos ministerios públicos. Nosotros siempre detectamos el manejo de los recursos. Vemos dónde están las interrogantes para nosotros como periodistas”, puntualizó.

Empresas inhabilitadas volvieron a obtener contratos
Otro de los aspectos abordados por Arteaga son las inhabilitaciones administrativas que enfrentaron Grupo Pryse y otras compañías relacionadas, así como los contratos que obtuvieron posteriormente, pese a los antecedentes de sanciones.

El periodista explicó que la investigación está respaldada por documentos de autoridades mexicanas que determinaron la inhabilitación de Grupo Pryse y otras empresas vinculadas.

Sin embargo, un juez les concedió un amparo que les permitió participar nuevamente en procedimientos de contratación pública. En diciembre de 2025, las compañías obtuvieron otros mil 300 millones de pesos en contratos del IMSS y del IMSS Bienestar.

Arteaga señaló que, aunque las empresas consiguieron participar en las licitaciones después de obtener la protección judicial, posteriormente las resoluciones administrativas fueron revisadas y las autoridades confirmaron que las inhabilitaciones habían sido correctas.

Detalló que, en mayo y agosto de 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que las empresas habían sido correctamente inhabilitadas, luego de revisar las inconformidades presentadas por órganos internos de control del IMSS, del aeropuerto y del IMSS Bienestar.

“Ya pasó el amparo, ya pudiste participar, ya ganaste dinero, pero resulta que sí estabas inhabilitada”, expuso.

También planteó interrogantes sobre el destino de los recursos públicos adjudicados y sobre los responsables de permitir que estas empresas continuaran participando en contrataciones gubernamentales.

“¿Quién está detrás de todo esto? Para que aún con las notificaciones de las mismas instituciones que se dieron cuenta que no estaban bien las cosas, les hayan dado y le sigan dando contratos”, cuestionó.

La empresa estaba registrada para participar este miércoles en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz por 646 millones de pesos, para contratar el servicio de vigilancia para el edificio administrativo y áreas operativas.

Actualización: La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó este miércoles en un comunicado que tanto el Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A de C.V., como Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. se encuentran inhabilitadas.

“Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular que informa que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión de la inhabilitación impuesta a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V., y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V.”, señaló la institución.

Indicó que con esta resolución, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, “vuelve a surtir efectos la sanción impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS”.

“En consecuencia, ningún funcionario del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales o municipales puede contratar a estas empresas cuando existan recursos federales involucrados”, agregó, al tiempo que señaló que dará seguimiento al proceso en las instancias correspondientes y defenderá con firmeza las sanciones, “por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”.
Domicilio de la accionista mayoritaria y vínculos con Tabasco

La investigación también cuestiona el papel de Silvia Muciño Negrete, una mujer de 90 años identificada por Arteaga como la accionista mayoritaria de Grupo Pryse.

El periodista explicó que acudió al domicilio registrado por la Muciño en su credencial para votar y en los documentos corporativos utilizados para identificarse ante las autoridades y formalizar contratos con el gobierno federal.

En el inmueble, ubicado en una colonia popular de Jiutepec, Morelos, encontró una vivienda que no corresponde con la imagen que podría asociarse con una empresaria cuya compañía ha gestionado contratos públicos por casi 13 mil millones de pesos.

Arteaga relató que tocó la puerta y conversó con la pareja que renta la propiedad, cuyos integrantes aseguraron que no conocían a Muciño Negrete. También preguntó a vecinos de la zona, quienes dijeron que no la habían visto durante los años que llevaban viviendo en el lugar.

La pareja que renta la vivienda no quiso proporcionar los nombres de las personas que les arrendaron el inmueble, por razones de protección.

El periodista aclaró que la dirección fue verificada mediante el número correspondiente en el catastro y que coincide con el domicilio registrado en la documentación de la accionista.

Arteaga subrayó que la edad de la empresaria no constituye por sí misma una irregularidad ni le impide participar en actividades comerciales: “¿Por qué están mintiendo con la dirección a las autoridades mexicanas?”.

A partir de la revisión del domicilio y de otros documentos, la investigación condujo al estado de Tabasco, de donde sería originaria Muciño Negrete. Arteaga indicó que su equipo continúa siguiendo esa línea de investigación para identificar más elementos sobre la empresaria y la estructura de Grupo Pryse.

Empresa no respondió a solicitudes de información

Arteaga también contó que buscó establecer contacto con representantes de Grupo Pryse para conocer su postura sobre los hallazgos de la investigación.

Explicó que durante cinco días intentó comunicarse con las oficinas centrales de la compañía sin obtener respuesta. Finalmente, consiguió que atendieran una llamada telefónica a través del conmutador.

Durante esa comunicación preguntó por Silvia Muciño Negrete y el personal de vigilancia que respondió le dijo que la conocían, aunque aseguró que llevaban años sin verla.

El periodista solicitó hablar con algún directivo, pero le informaron que no había ninguna persona disponible para atenderlo. Dejó sus datos de contacto para que la empresa pudiera comunicarse posteriormente.

Además, su equipo acudió a otra oficina de Grupo Pryse, ubicada en la zona de Ampliación Aviación, cerca del aeropuerto, para solicitar información directamente.

De acuerdo con su narración, el reportero se identificó como integrante de un medio de comunicación y preguntó si algún directivo podía atenderlo. Sin embargo, el personal del inmueble respondió que ahí únicamente funcionaba una oficina de capacitación para personas interesadas en trabajar como guardias de seguridad.

Les indicaron que cualquier asunto relacionado con directivos o funcionarios debía tratarse en las oficinas centrales de Jiutepec, Morelos.

Arteaga señaló que también acudieron a esa sede, pero hasta el momento de la entrevista no habían recibido respuesta. “La réplica está abierta”, concluyó el periodista.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tren Maya: reformas y criminalización impiden la justicia ambiental en México

En México, las reformas al juicio de amparo han complicado detener proyectos antes de que provoquen daños irreversibles. Al mismo tiempo, defender el medio ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo. Frente a ese escenario, comunidades, abogados, científicos y activistas buscan otras formas de resistencia

Más de 15 personas, en su mayoría campesinos, salieron de Campeche, dejaron sus parcelas, sus labores y a sus familias y recorrieron 354 kilómetros para llegar a Mérida, Yucatán. Su motivo: firmar documentos para continuar el juicio de amparo que promovieron contra el Tren Maya.

El abogado Juan Pablo Zavala recuerda ese caso como un ejemplo de lo que significa intentar acceder a la justicia ambiental en México. A las más de cinco horas de camino se sumaron los costos de transporte, comida y hospedaje, que las personas difícilmente podían pagar.

El viaje ocurrió en 2020, después de que los amparos relacionados con el Tren Maya fueron concentrados en un solo juzgado de Mérida. Zavala explica que esa decisión favorecía al Poder Ejecutivo, pues hacía de la distancia un obstáculo más para las comunidades que intentaban frenar el megaproyecto.

Y aunque en el papel se afirma que el acceso a la justicia debe ser gratuito y expedito, y que los procesos legales deben ser sencillos y eficaces, en la práctica, dice Zavala, es todo lo contrario.

Además, en los litigios ambientales, las pruebas necesarias para demostrar ante un juez que un proyecto puede afectar el agua, un bosque o una selva son costosas. Un solo peritaje puede valer más de 50 mil pesos.

La abogada y activista ambiental Raquel Gutiérrez Nájera indica que esas pruebas funcionan para analizar desde impactos sociales, económicos, ambientales y a la salud, y requieren especialistas en agua, vida silvestre, manglares, bosques o biodiversidad.

Quienes hacen los peritajes estudian el caso, responden preguntas técnicas y acuden ante el juez para ratificar sus conclusiones, pero para una comunidad sin recursos, conseguir ese dinero puede convertirse en otra barrera. Muchas han recurrido a investigadores o especialistas aliados dispuestos a colaborar. Gutiérrez Nájera dice: “si no tuvieran estas relaciones… las comunidades no tienen para pagar los juicios”.

Pero hay otro costo que no se mide en pesos, y es el tiempo. La abogada Agustina Rodríguez acompañó un litigio que se prolongó durante 14 años en la comunidad indígena de San Pedro Itzicán, asentada a orillas del lago de Chapala, en Jalisco. El caso buscaba proteger el derecho a la salud y a un medio ambiente sano frente a la contaminación del agua y las afectaciones que enfrentaba la población, donde se han documentado numerosos casos de enfermedad renal.

Rodríguez explica que las pruebas pendientes, los informes y los distintos recursos pueden aplazar una y otra vez los procedimientos. Mientras el expediente avanzaba las afectaciones continuaban, y en esos 14 años de litigio, “se murieron muchas personas”, dice.

Pese a esas dificultades, las comunidades han utilizado durante años el juicio de amparo como una herramienta para dejar sin efecto una autorización; obligar a una autoridad a actuar; o exigirle que volviera a tomar una decisión respetando derechos como el acceso al agua, a la información, a la participación o a un medio ambiente sano. También permitió detener temporalmente una obra que podía dañar un territorio mientras un juez analizaba el caso.

Pero las reglas cambiaron. Las reformas aprobadas en 2024 y 2025 restringieron el alcance de las suspensiones y modificaron los requisitos para demostrar quién puede acudir ante un juez.

Estos cambios ocurren, en un contexto en el que defender el territorio sigue siendo peligroso y muchas agresiones quedan impunes. Entre 2024 y 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 35 asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente y 550 agresiones específicas, como intimidación, hostigamiento, estigmatización, criminalización y difamación.

El Estado encabezó la lista de agentes agresores en ambos años: fue señalado en casi dos de cada tres eventos registrados en 2024 y en más de la mitad de los documentados en 2025. Le siguieron las empresas privadas y la delincuencia organizada.

Quienes defienden la tierra enfrentan así una doble presión: dentro de los tribunales, un camino más restrictivo para intentar detener proyectos antes de que el daño sea irreversible; fuera de ellos, amenazas, agresiones y, en algunos casos, la muerte.

Antes que el daño ocurra

El juicio de amparo nació hace más de 180 años en Yucatán. En términos sencillos, permite que una persona acuda ante un juez cuando considera que una ley, una decisión o una actuación del Estado viola sus derechos.

Si un campesino descubre, por ejemplo, que una autoridad permitió desmontar un bosque, talar la selva o verter sustancias tóxicas en el río del que depende su comunidad, puede solicitar un amparo.

Mientras el juez estudia el caso, también puede ordenar una suspensión: una medida que detiene temporalmente la obra para evitar que el daño ambiental avance antes de que exista una sentencia.

En materia ambiental, esa posibilidad es fundamental porque los tiempos de la justicia y los de la naturaleza son distintos. Un juicio puede prolongarse durante años, pero derribar un bosque, perforar un acuífero o destruir un manglar puede tomar apenas semanas.

Para la abogada ambiental Carla Aceves, el amparo representa la última salida jurídica cuando las demás vías de defensa se han agotado. Zavala lo describe como un mecanismo de control frente al poder del Estado.

Una reforma constitucional de 2011 amplió sus alcances. Entre otros cambios, fortaleció la protección de derechos colectivos y ambientales e incorporó la figura del interés legítimo. Esto permitió que una persona pudiera acudir a la justicia, aunque no fuera propietaria del terreno afectado, siempre que demostrara una relación con el ecosistema y una afectación a sus derechos o intereses.

El cambio era importante porque el daño ambiental no reconoce los límites de una propiedad. Un río atraviesa municipios, un acuífero conecta comunidades y la destrucción de un manglar puede tener consecuencias mucho más allá del sitio donde ocurre.

El caso de la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, se convirtió en un referente del interés legítimo. El proyecto contemplaba la construcción de un parque ecológico de 16 hectáreas junto al humedal. Dos personas acudieron al amparo al considerar que la obra y la tala de manglar vulneraban su derecho a un medio ambiente sano.

El asunto llegó a la Suprema Corte, y después se reconoció que una de las demandantes tenía interés legítimo porque vivía en Tampico dentro del área de influencia del ecosistema. La sentencia de 2018 ordenó detener el proyecto, revocar permisos y restaurar el manglar.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu considera el caso un “parteaguas” porque ayudó a desarrollar la idea del entorno adyacente: no es necesario vivir en el lugar exacto donde se encuentra un ecosistema para resultar afectado por su deterioro. También pueden defenderlo quienes reciben sus beneficios ambientales y quienes sufrirían las consecuencias de su destrucción.

A partir de 2024, sin embargo, algunas de esas reglas comenzaron a cambiar. Las modificaciones afectan dos cuestiones distintas: el alcance de las suspensiones y las condiciones para acreditar el interés legítimo.

El primer cambio: las suspensiones

En junio de 2024 se modificó la Ley de Amparo para establecer que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma general, la suspensión no puede tener efectos generales.

¿Qué significa esto en términos sencillos? Si una persona consigue que un juez suspenda para ella la aplicación de una norma mientras se resuelve su juicio, esa protección no se extiende automáticamente a quienes se encuentran en una situación similar. Para los demás, la norma puede seguir aplicándose.

Para Fernández Mendiburu, esta limitación “nos regresa 30 años atrás”. En materia ambiental, advierte, el problema adquiere otra dimensión porque los ecosistemas son compartidos. La contaminación de un río, la destrucción de un manglar o el desmonte de una selva no afectan a una sola persona: una misma decisión puede repercutir sobre comunidades enteras.

Gutiérrez Nájera advierte sobre otra dificultad relacionada con las suspensiones: detener una obra puede complicarse cuando el gobierno sostiene que se construye porque responde al interés social, es decir, que sus beneficios para la sociedad justifican que siga adelante pese a los riesgos denunciados. El segundo cambio trata sobre quién puede acudir al amparo.

En 2025, se hicieron más específicas las condiciones para acreditar el interés legítimo. La ley establece que debe existir una lesión jurídica individual o colectiva, real y diferenciada respecto del resto de las personas, y que ganar el amparo debe producir un beneficio cierto, no solamente hipotético o eventual.

Para el abogado Raúl Aldama, estas exigencias elevan la carga para acreditar el interés legítimo y acercan esta figura al más restrictivo interés jurídico, que exige ser titular de un derecho. Esto repercute porque anteriormente el interés legítimo permitió acudir a los tribunales sin ser propietario del terreno afectado, siempre que pudiera demostrarse una relación particular con el ecosistema o sus beneficios.

La académica y abogada Carla Aceves detalla que las causas ambientales son casi por definición colectivas porque recaen sobre bienes comunes e intereses difusos. El aire es uno de sus ejemplos: si está contaminado, no afecta exclusivamente a una persona, sino a quienes respiran ese mismo aire.

Para Aceves, volver más individual la acreditación de esas afectaciones representa una regresión. En comunidades indígenas, rurales o con pocos recursos, significa que cada integrante busque su propia protección, multiplicando el trabajo de los abogados, los procedimientos y los costos.

La abogada también señala que exigirle -a quien solicita el amparo- que acredite una lesión real y diferenciada y demuestre que ganar el juicio le producirá un beneficio cierto, es un retroceso, pues los conflictos ambientales comienzan cuando el daño todavía no ocurre debido a que se busca evitarlo.

Si una comunidad intenta proteger un bosque antes de que sea talado puede resultar más difícil demostrar una afectación concreta porque el deterioro aún no sucede.

Aceves explica que la justicia ambiental no solo busca reparar un daño, sino evitar que ocurra. Se pueden plantar árboles donde antes hubo un bosque, pero reconstruir las relaciones entre especies, suelo y agua que formaban ese ecosistema puede tomar décadas, y el daño puede ser irreversible.

Cuando la justicia no llega

El Tren Maya permite observar esos cambios fuera del papel. Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto que atraviesa Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, prometió desarrollo, turismo y empleos. También aseguró que no sacrificaría el medio ambiente. Pero el proyecto avanzó entre desmontes, se calcula una tala de más de 10 millones de árboles.

Además, se instalaron pilares de concreto y acero en el frágil sistema de cuevas y cenotes; y esto desató una creciente disputa judicial. A lo largo de su construcción se presentaron más de 70 amparos.

En enero de 2020, Zavala consiguió la primera suspensión definitiva vinculada al Tren Maya por la falta de una consulta indígena adecuada. Las obras continuaron. El proyecto fue declarado de “seguridad nacional”, las Fuerzas Armadas adquirieron un papel creciente en su construcción y operación y las resoluciones judiciales no siempre consiguieron detener las máquinas.

A la disputa se sumó después una transformación institucional más amplia. Desde finales de 2024 desaparecieron siete organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, clave para obtener información pública.

La reforma judicial introdujo además la elección popular de jueces. Especialistas entrevistados para esta investigación advierten que esos cambios pueden debilitar los contrapesos y afectar la independencia de quienes deben resolver litigios frente al poder político.

Las reformas apretaron todavía más un sistema que ya estaba al límite. Cambiaron las reglas para quienes buscan detener un daño ambiental, pero no corrigieron lo que ocurre cuando esas personas llegan a los tribunales: juicios que pueden durar años, pruebas costosas y una defensa pública sin la capacidad suficiente para enfrentar litigios ambientales complejos. Es decir, el Estado impuso más requisitos para acudir a la justicia y no reforzó los recursos públicos para que las comunidades puedan sostener esos litigios.

El Instituto Federal de Defensoría Pública debe ofrecer, por ley, orientación, asesoría y representación jurídica de manera gratuita a quienes no pueden pagar un abogado particular y la legislación establece atención preferente para integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En 2022, el IFDP tenía sólo 344 asesores jurídicos para todo el país. Ese año atendieron 41,342 servicios entre asuntos administrativos, amparo, migración, laborales, civiles, fiscales, financieros y agrarios. Dos años después había 314 asesores, 30 menos, a pesar de que la necesidad ha ido en aumento.

El problema es mayor cuando se mira la atención a pueblos indígenas. En 2023, apenas unas 43 de las 560 unidades estatales de defensoría pública y asesoría jurídica atendían asuntos indígenas. Sólo 0.3 % de los defensores públicos y 0.4 % de los asesores jurídicos reportaron pertenecer a algún pueblo indígena.

Y conseguir un abogado no resuelve otra barrera: comprender la información. Juan Pablo Zavala, explica que en los procesos de consulta pueden presentarse contratos, fideicomisos o evaluaciones de impacto ambiental en un lenguaje difícil de entender.

Aunque los pueblos indígenas tienen derecho a intérpretes esa garantía rara vez alcanza la explicación de documentos técnicos complejos. En México, 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas y existen 68 lenguas indígenas.

En 2024, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas apoyó 3,435 diligencias penales y administrativas con 384 intérpretes y traductores. Sin embargo, no existe un registro público que permita saber cuántos intérpretes intervienen específicamente en juicios de amparo.

Para algunas comunidades mayas, esa desigualdad en el acceso a la información terminó modificando también la manera de defenderse.

Contratos por 90 años

Haizel de la Cruz, fotógrafa y activista maya e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, una red que reúne a comunidades del sureste mexicano explica que una de sus herramientas de defensa ha sido entender cómo operan los proyectos que buscan instalarse en sus territorios.

Las comunidades han identificado un patrón: gobiernos y empresas llegan con promesas de desarrollo y beneficios inmediatos, mientras los compromisos de largo plazo y las posibles consecuencias para el territorio se minimizan o quedan fuera de la explicación.

Los representantes les prometen electricidad más barata, apoyos económicos o patrocinios para las fiestas; algunas veces llevan cerveza para los adultos y pelotas para los niños. En otros casos, las negociaciones terminan por dividir a las comunidades.

Pero cuando la Asamblea Múuch’ Xíinbal revisa los documentos, las promesas adquieren otra dimensión: han encontrado contratos por 30 años que permiten dos extensiones adicionales, es decir, comprometer el uso de la tierra hasta por 90 años.

En uno de los casos analizados, el pago equivalía a apenas 70 centavos de peso por hectárea al día.

La Asamblea reúne contratos, concesiones, fideicomisos y evaluaciones de impacto ambiental. Abogados y académicos ayudan a revisarlos; algunos conceptos pasan del español al maya y la información se contrasta con mapas, conocimientos comunitarios y experiencias de otros pueblos.

Además, utilizan la No Radio, un medio comunitario donde sus integrantes explican proyectos, cuentan lo ocurrido en las asambleas y traducen conceptos técnicos y jurídicos. Cuando internet no llega a una comunidad, los análisis se reproducen mediante bocinas. Después vienen los folletos y, si hace falta, las visitas de casa en casa.

Gustavo Aldair Tut, dibujante e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, encontró otra manera de hacerlo. Sus murales, carteles y fanzines convierten los conflictos territoriales en imágenes y utilizan el arte para conservar la memoria y fortalecer la identidad maya. “A la gente de afuera, se le hace muy fácil cortarle las venas a la laguna, destruir el manglar o el monte, y lo hacen sin ningún sentido y sin ningún respeto”.

Para Aldair Tut, la naturaleza no es algo separado de quienes habitan el territorio: “La laguna y yo no somos tan distintos. Tampoco el viento, los árboles o los animales: el jaguar, el pavo de monte, el tapir. Todos formamos parte de la misma comunidad”.

En Quintana Roo, el biólogo Roberto Rojo y más de 500 voluntarios documentaron durante años las cuevas y acuíferos que se extienden debajo de la piedra caliza. Su trabajo permitió explicar por qué instalar miles de pilotes del Tren Maya podía representar un riesgo para el sistema de agua dulce.

En un litigio ambiental, esos conocimientos pueden convertirse en prueba. Pero ante las crecientes barreras para acceder a la justicia, los abogados y defensores entrevistados coinciden en que el amparo no puede ser la única vía para defender el territorio. Recomiendan documentar incumplimientos de las suspensiones, presentar denuncias administrativas, recurrir a instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, conocer los apoyos fiscales que otorgan las autoridades a empresas, y construir alianzas con científicos, universidades y organizaciones capaces de aportar conocimientos y pruebas que las comunidades difícilmente podrían pagar por su cuenta.

El riesgo de levantar la voz

Sara López pasó 11 meses en prisión después de oponerse a las altas tarifas eléctricas en Campeche. Fue acusada de secuestro y obstrucción de obras públicas.

Años después, durante la construcción del Tren Maya, volvió a acompañar a comunidades de la península. Para ella, la criminalización y el hostigamiento tienen un propósito: generar miedo para que la gente deje de defenderse.

El biólogo Roberto Rojo también enfrentó señalamientos públicos. Después de cuestionar los impactos del Tren Maya, científicos y ambientalistas fueron llamados “pseudoambientalistas” y acusados de actuar contra el desarrollo. Rojo relata que los ataques continuaron en redes sociales y que llegó a preguntarse si alguien lo seguía cuando salía a la calle.

La abogada Viridiana Maldonado enfrentó una investigación penal después de participar en litigios de amparo. Raquel Gutiérrez Nájera también ha enfrentado procesos relacionados con su trabajo de defensa ambiental. Carla Aceves decidió alejarse del litigio directo cuando, relata, el riesgo comenzó a crecer.

A pesar de los riesgos y de las barreras legales, las comunidades siguen tomando decisiones, compartiendo lo aprendido y organizándose frente a proyectos que pueden transformar sus formas de vida. En el fondo, estos conflictos plantean una disputa más profunda: quién decide qué ocurre en un territorio y qué lugar tienen en esa decisión quienes lo habitan. Haizel de la Cruz lo resume en una frase: “Sin territorio no hay lengua, no hay cultura, no hay vida maya”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/CAUSA NATURA MEDIA.
AUTOR: /ADRIANA NAVARRO RAMÍREZ.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/reformas-amparo-crisis-justicia-ambiental-mexico

Campesinos de Ucú reactivan los bloqueos al Tren Maya de carga y denuncian engaños del gobierno

Autoridades ejidales afirman que el gobierno de Yucatán rompió su promesa de devolver tierras y compensar a familias mayas afectadas por despojos. Las obras del Tren Maya de carga se paralizaron en la parcela 21, reclamada por las y los campesinos y pretendida por empresarios señalados de apropiación ilegal de terrenos. La comunidad de Ucú mantiene su resistencia en el área pese a los intentos de desalojo de las fuerzas de seguridad estatales.

Felipe Quintal es el comisario ejidal de Ucú, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán. Y donde el Tren Maya de carga partió en dos el monte y la tranquilidad de 360 ejidatarios, quienes han denunciado abiertamente que el megaproyecto federal se cimenta sobre el despojo de tierras. “No tiene palabra. El gobierno no tiene palabra“, enfatizó Quintal, en diálogo con Jaltun.

El atropello más reciente contra las y los campesinos de la comunidad ocurrió el pasado 5 de octubre de 2026. Ese día, la policía estatal de Yucatán intentó desmontar un plantón que los ejidatarios mantenían sobre la brecha abierta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Allí, las y los convocados volvieron a señalar que el Tren Maya de carga está ideado para favorecer a empresarios.

“El gobierno trabaja en beneficio de los empresarios. No tiene interés en ayudar a su pueblo, aunque gracias a ellos los gobernantes están ahí donde están sentados. Se les olvidan sus promesas de campaña, su humildad que tienen en campaña. A mí me queda claro que no somos prioridad”, dijo Quintal, ya desde la casa ejidal, mientras el tránsito de volquetes con materiales destinados a la obra del ferrocarril interrumpen la conversación.

La frase no es un arrebato. Es la conclusión de un año de negociaciones rotas y acuerdos de palabra incumplidos.

Ejemplo de ello está en que, meses atrás, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a resolver una demanda de los ejidatarios: devolverles la parcela 21 del ejido por donde pasará el Tren Maya de carga.

Precisamente ese incumplimiento es el que reactivó la lucha por parte de los campesinos de Ucú.

La parcela 21, una historia de paraísos fiscales y fraudes

En 2008, la asamblea ejidal de Ucú otorgó 194 hectáreas de tierras de uso común a Santos Dabid Dzul Pech, un ejidatario que hasta entonces no tenía tierra.

La asignación, que es parte de otra historia de despojo que involucra a la exgobernadora Ivonne Ortega, vino con un acuerdo de palabra: si algún día Santos vendía la tierra, el dinero se repartiría entre todos los ejidatarios.

Los años transcurrieron sin mayor problema. Sin embargo, en 2016 las cosas comenzaron a enturbiarse. Ese año apareció un pagaré fechado en 2003 —cuando Santos David todavía no poseía nada— que daba la titularidad de la parcela a un empresario de nombre Roberto Elías Moisés Trujillo.

En el documento se dice que Moisés Trujillo prestó diez millones de pesos a Dzul Pech, quien dejó como garantía de pago “su parcela“, aunque para ese año —2003— Santos Dabid no tenía parcela alguna: la número 21 le fue asignada por la asamblea ejidal en 2008.

“Es una deuda imposible“, remarcó Quintal, en la charla con Jaltun. Y es que, además de las inconsistencias temporales, el pagaré no establece intereses, plazos ni forma de pago. Tampoco hay rastro de transferencia bancaria ni de entrega en efectivo.

Durante trece años nadie reclamó ese dinero. No ocurrió en 2008, cuando la asamblea le asignó la parcela a Dzul Pech. Tampoco en 2015, cuando se firmó un contrato de usufructo y, de forma irregular, se aprobó el cambio de destino del terreno, que pasó de uso común a área parcelada. La deuda permaneció congelada hasta septiembre de 2016.

Ese mes apareció en Ucú otro empresario: Arturo Millet Reyes, quien se presentó en una asamblea ejidal para ofrecer cien mil pesos por hectárea, justo en la zona donde se ubicaba la parcela de Dzul Pech.

De hecho, uno de los requisitos que estableció Millet Reyes para cumplir con el pago fue que los ejidatarios firmaran la parcela 21 a su nombre. Los ejidatarios rechazaron la oferta y el empresario nunca regresó.

Muy poco tiempo después, el 30 de septiembre de 2016, el Registro Agrario Nacional (RAN) expidió el título de propiedad número 1002123 a nombre de Dzul Pech. Ya en noviembre se presentaron dos avisos preventivos de compraventa a favor de un tercero, Miguel Antonio Muñoz Zetina, ambos cancelados.

El 8 de diciembre apareció un nuevo aviso: dación en pago a favor de Roberto Elías Moisés Trujillo. La deuda de 2003 despertaba de golpe, y el empresario finalmente la había cobrado en un par de semanas.

Al día siguiente, esto es, el 9 de diciembre, se otorgó la escritura pública 635 en la Notaría 87 de Mérida y las 194 hectáreas pasaron a manos de Moisés Trujillo. El campesino no firmó: lo representó Alonso Jesús Diego Molina, un exfutbolista del América que es amigo de Arturo Millet Reyes.

Ese mismo día, Gener Ismael Pech León, entonces comisario ejidal de Ucú y hoy presidente del municipio del mismo nombre, firmó un derecho de tanto. De esa forma, quitó al ejido la prioridad de compra con el argumento de que a nadie le interesaba adquirir esa tierra.

“Todo eso tiene un proceso mínimo de un año para que se pueda volver propiedad. No puede ser que en horas se haga la propiedad. Aquí es claro que hubo corrupción por parte del excomisariado y también por parte de las autoridades agrarias“, afirmó Quintal. “Con el comisario de ese entonces, que es el presidente municipal actual de Ucú, ellos, los empresarios, tenían su relación y simularon todo esto“, añadió.

Las tierras que comprenden la parcela 21 son las mismas por donde está previsto el tendido del Tren Maya de carga.

Detrás del despojo hay una disputa entre dos empresarios. Quintal lo describió así: “Hay un problema entre Arturo Millet y Roberto Elías (Moisés Trujillo). Toda esa deuda de los diez millones de pesos es una simulación, no existió. Lo hicieron para cobrarle a Arturo Millet el dinero que él le debía a Roberto Elías“. Dzul Pech, subrayó, fue un peón.

En el plantón en el monte, una campesina entrevistada lo resumió de esta forma: “Todo está mal. Desde que la asamblea le dio las tierras al señor Santos Dabid, estuvo mal, pero si así se decidió en su momento, ni modo. Pero él nunca debió vender, y si no quiere poner la cara en el ejido, quiere decir que hasta él está coludido con los empresarios y con las personas que lo están tapando. Yo le pregunté esta semana que a quién le vendió las tierras y no me contestó. ‘Tú lo sabes’, le dijo al comisario, pero a mí no me contestó. Tiene miedo”.

Como un dato al margen –o no tanto– debe mencionarse que Roberto Elías Moisés Trujillo aparece en los Paradise Papers a través de Moises & Associates International Corporation, una sociedad con sede fiscal en las islas Caimán y de la que es director desde 1998.

En México, el empresario ha constituido al menos tres sociedades inmobiliarias, una gasera y una hotelera. Ésta última es propietaria del hotel Wakax Hacienda en Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Entre sus socios se encuentran Eduardo José Patrón Cervera, Pablo Barbachano Herrero, Chikri Abimerhi Bodib y su hermano, Carlos de Jesús Moisés Trujillo, todos relacionados a denuncias de despojo de tierras en la península de Yucatán.

Arturo Millet Reyes, por su parte, figura en un informe interno del RAN de 2024 entre los dieciocho mayores acaparadores de tierras del País: 398 parcelas, que suman 755 hectáreas.

El empresario fue detenido en noviembre de 2025 por incumplir un pago de 2,8 millones de dólares y reaprehendido en abril de 2026 a raíz de un despojo de tierras perpetrado en Hunucmá, Yucatán.

El tren que abrió la brecha

Felipe Quintal recordó con precisión el momento en que entendió que, al margen de resultar una amenaza para el territorio, el Tren Maya de carga también podía abrir una oportunidad para recuperar tierras del ejido de Ucú.

Corría 2024 y se enteró de que había una demanda heredada de sus predecesores que dormía en el tribunal agrario.

“Yo no sabía de la demanda que habían puesto mis compañeros. Y en ese tiempo también nos enteramos, por empresarios que me filtraron el trazo, de que iba a pasar el tren de carga por Ucú. Ahí es cuando les dije a mis compañeros: ‘Yo creo que es nuestra oportunidad porque no hay otra’”, comentó.

Para el presidente del comisariado ejidal la estrategia se le hizo clara: incidir en la construcción del megaproyecto, anunciado con bombos y platillos como una punta de lanza del gobierno federal en el sureste mexicano, resultaba la oportunidad para destapar la cloaca de abusos y corrupción que han afectado a Ucú por años.

En asambleas, él y el resto de los ejidatarios elaboraron un diagnóstico muy simple: para negociar tiene que haber presión.

“Nuestro mejor método de presión es hacer un plantón, detener el trabajo. Y algunos estaban de que no, de que sí. Muchos tenían miedo, pues era enfrentarse a los militares. Yo, como estudié un poco de derecho, me detenía a explicar que lo que queríamos hacer era legal, y a decirles que ni empresarios ni autoridades nos pueden reprimir por protestar“, explicó.

El plantón llegó el 28 de julio de 2026. Duró tres meses. La descripción que hace Quintal de esos meses en el monte es la de una resistencia sostenida por hilos.

“Es difícil porque te muestran o te hacen creer que no vas a llegar a nada porque las autoridades no te buscan. Estás solo en el monte y nadie viene, nadie te llama, nadie te hace saber algo. Está todo en silencio. Vivimos y pasamos nuestro día conviviendo entre compañeros, contamos nuestras historias. Pero nunca tenemos algún avance, algún informe. Nada“, expresó.

“Hubo un día en que solo llegaron quince personas. Ya la gente estaba totalmente desanimada. ¿Qué es lo que estaban esperando los del gobierno? Que se desanime el ejido. Pero yo otra vez molesto, le hablo a la gente, a esas quince personas. Que hay que hacer una reunión y aquí hay que venir todos, porque acá todos van a tener un beneficio. Les dije: ‘Sí, soy comisario, soy su representante, pero yo solo no puedo acá. Aquí necesitamos la unión de todos, el trabajo de todos, la presencia de todos’”, detalló.

Siempre según Quintal, la reunión que pidió no duró más de cinco minutos. “Los regañé, los grité, les hablé fuerte. Todos callados. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie me responde. Les dije que si les interesa su derecho, la tierra, si les interesa seguir peleando, al día siguiente les esperaba en el monte. Al día siguiente, tras el desfile del 15 y 16 de septiembre, llegaron 250 personas“, comentó.

Antes, en julio pasado, un grupo de empresarios –los mismos que le habían filtrado el trazo– contactaron a Quintal para decirle que gente de la gobernación de Yucatán quería hablar con el ejido. En esa instancia conoció a Pablo Castro Alcocer, subsecretario de gobierno, y, aparentemente encargado de apaciguar los conflictos sociales en el estado.

“Me dijo que le diéramos la oportunidad de mostrarle al ejido que el gobierno iba a cumplir, que iban a trabajar, que nos querían apoyar. Yo no le aseguré ni comprometí a nada. Le dije que iba a platicar con mis compañeros a ver qué me autorizaban ellos“, aseguró el comisario ejidal.

Después de este encuentro vino una segunda reunión y luego una tercera, todas durante el mes de julio, con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

“El gobernador me dijo que la presidenta Claudia (Sheinbaum Pardo) le había pedido que hablara personalmente conmigo. Y el gobernador dijo: ‘Sí, sí, yo me comprometo a hablar con Felipe. Es más, yo mismo lo voy a ver a su casa si es posible’. Así tal cual me dijo“, recordó.

En el encuentro, según Quintal, el mandatario fue explícito: “Felipe, por órdenes que tengo de la presidenta Claudia Sheinbaum, me pidieron hablar contigo para pedirte si pueden retirar el plantón. La presidenta quiere terminar su proyecto para diciembre. Me comprometo a apoyarte jurídicamente. Es más, aquí están ellos, lo están escuchando, está Pablo, que es el encargado de darte acompañamiento jurídico”.

Quintal creyó en las palabras del gobernador yucateco. “Yo creí que me estaba hablando con la verdad. Creí que tiene palabra. Hicimos un trato de palabra que creo que es lo más sano, lo más válido para la antigüedad. No hay nada más valioso que la palabra que un escrito. Para mí así es, pero veo que para él no lo es“, se lamentó.

El trato fue que a cada ejidatario le darían 100 mil pesos a cambio de que dejaran que el tren de carga continuara su camino por Ucú. La idea inicial era pedir 300 mil pesos, dijo Quintal, “pero en el ejido hay varios grupos que presionaron para que aceptáramos los 100 mil. Además, se comprometieron a revisar jurídicamente otros conflictos, así como la demanda por restituir las tierras de la parcela 21 para operativizar los pagos de la expropiación”.

El comisario aceptó el trato después de consultarlo con la comitiva del ejido que lo acompañó al palacio de gobierno. Al regresar a Ucú, pidió a sus compañeros retirarse del plantón. “Muchos estuvieron de acuerdo. Los que estaban a muerte conmigo me decían: ‘No, te están engañando’. Pero yo me sentí comprometido con el gobernador”, reconoció.

Sin embargo, después del acuerdo alcanzado con el gobierno pasaron tres semanas sin respuesta de las autoridades.

Gobierno incumple, la resistencia se reactiva

Luego, a finales de agosto, tuvo lugar una reunión en la consejería jurídica del estado con funcionarios federales que representaban a la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Territorial, del RAN, de la Procuraduría Agraria, de Catastro y hasta mandos militares.

“Nos dijeron que ellos no son magistrados para cambiar la información, que hay que llevar el proceso adecuado. Pero no se comprometieron a nada“, rememoró Quintal, quien de inmediato pensó que el gobierno se estaba lavando las manos.

Ante esta situación, los campesinos volvieron a instalar el plantón en las inmediaciones de la construcción del tren de carga.

“Ya aprendimos la lección. Ya aprendimos que no tienen palabra. Es difícil creer otra vez en ellos porque no nos cumplieron. Sinceramente creí en ellos, que me iban a apoyar con lo que prometieron“, dijo el comisario ejidal. “Vamos a cerrarle nuevamente porque no están respetando lo que de palabra se habló. Mis compañeros me dicen: ‘Sí, vamos esta vez, Felipe, no nos vamos a quitar hasta que nos paguen’”, agregó.

Entre algunos campesinos la demanda va más allá del dinero. A eso se refirió una campesina de Ucú también en el plantón: “Lo que nosotros queremos ahora no es dinero, sino que nos regresen nuestras tierras para repartirlas entre los campesinos que no tenemos acceso. También, al interior del ejido, queremos que se depure a todos los empresarios que están en el padrón ejidal. Mi marido es de acá, y ni un pedazo de parcela le dieron en el monte. No es justo”.

Añadió que “hay muchos que somos de acá y no nos toca nada. Yo le diría a otros campesinos que no se dejen. Aquí mi papá es ejidatario, mi abuelo es ejidatario, y en las asambleas no nos dejan hablar ni tener derechos, pero a otros empresarios de afuera les regalan las tierras, no es justo. Ya basta, hombre”.

El 5 de octubre de 2026, la policía estatal desmontó el plantón de los campesinos y dio acceso a los trabajadores del Tren Maya de carga para que continuen laborando. Un día después, los ejidatarios de Ucú se reorganizaron y volvieron a detener las obras.

“El 5 de octubre un grupo de compañeras fueron a la zona del bloqueo a las 10.30 de la noche, dijeron que los palos que bloqueaban el acceso a las obras seguían ahí. Pero cuando llegamos en la mañana del 6 los trabajadores estaban ahí, y vino la policía y los retiraron. Fuimos todos a ver cómo habían quitado el bloqueo. Los señores estaban trabaje y trabaje, aunque saben que hay un conflicto aquí en la parcela 21”, comentaron a Jaltun varios integrantes del grupo en resistencia. Agregaron que, al margen de que fuerzas de seguridad y operarios del ferrocarril despejaron el bloqueo entre la noche del 5 y la madrugada del 6, el plantón comunitario continúa en la zona.

El gobierno de Yucatán hasta ahora sigue sin reunirse con los ejidatarios.

FUENTE/MEDIO: JALTUN.
AUTOR: ALEJANDRO RUIZ.
ENLACE: https://jaltun.mx/campesinos-de-ucu-reactivan-los-bloqueos-al-tren-maya-de-carga-y-denuncian-enganos-del-gobierno/

“El Tren Maya no nos trajo desarrollo”: Fonatur incumple acuerdos con campesinos de Quintana Roo

Campesinos del ejido Felipe Carrillo Puerto denuncian que la base de mantenimiento del Tren Maya bloqueó el acceso a sus milpas y cultivos de cítricos. Aunque Fonatur firmó un convenio para construir rampas y caminos saca cosechas, sigue sin cumplir.

Para las 150 familias que tienen sus milpas y cultivos de cítricos alrededor de la base de mantenimiento del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se volvió casi imposible entrar a sus parcelas y sacar sus cosechas.

Las instalaciones de esta base de mantenimiento —existen otras dos en la Península de Yucatán: en Xpujil y Puerto Morelos— comprenden un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento completamente vacío.

Fueron construidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un terraplén de unas 14 hectáreas que es la única vía de acceso a las parcelas que las rodean, dejándolas hundidas un par de metros. Además, entre los cultivos y el terraplén Fonatur puso una malla que hay que brincar para entrar a las milpas.

“El 18 de junio de 2024, para resolver el problema Fonatur firmó un convenio durante una asamblea ejidal. Prometió construir unas rampas de acceso a nuestras parcelas y unos caminos saca cosechas”, dice Carlos Koyoc Pacab, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Sin embargo, hasta el momento no ha construido nada”.

Información parcial durante el proceso de consulta indígena

Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 se realizaron 15 asambleas regionales informativas y consultivas en los cinco estados contemplados para la construcción del Tren Maya. Unos 300 pobladores del municipio Felipe Carrillo Puerto se reunieron en la comunidad de X-Hazil Sur, en representación de 71 comunidades.

“En la asamblea dijeron que el Tren Maya iba a traer muchos beneficios, pero no fue así”, afirma Elías Be Cituk, quien entonces era comisariado ejidal de Felipe Carrillo Puerto. Lamenta que el megaproyecto atrajo muchos militares, pero ningún turista y, además, les generó problemas que las autoridades no mencionaron durante la asamblea.

De hecho, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) durante la etapa informativa del proceso de consulta indígena las autoridades hicieron referencia únicamente a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre los impactos sin obtener una respuesta clara y completa”, señaló la ONU. “La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

La consulta, previa a la publicación de los estudios de impacto ambiental

Elías Be Cituk afirma también que el 15 de diciembre de 2019, durante la asamblea en X-Hazil Sur, las autoridades nunca presentaron una copia de los estudios de impacto ambiental del Tren Maya, ni de las decenas de bancos de extracción de material pétreo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) construyó en Felipe Carrillo Puerto.

Los “estudios [de impacto] no se han hecho, por eso esta es solo una consulta genérica sobre si va o no el tren. Después se harán consultas específicas en las comunidades sobre si hay afectación al medio ambiente y a la cultura”, afirmó en diciembre de 2019 Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, una vez que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto no se realizó ninguna consulta específica. En los meses y años que siguieron a la asamblea de diciembre 2019, el acercamiento del gobierno a las comunidades fue más bien enfocado a tomar acuerdos conforme las necesidades que se iban dando. Entre ellos, el convenio que Fonatur firmó con el ejido de Felipe Carrillo Puerto el 18 de junio de 2024, tras los problemas que surgieron a raíz de la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya.

Promesas incumplidas

Desde el puente vehicular que cruza las vías del Tren Maya, la base de mantenimiento del ferrocarril se ve como una mancha gris en un gran lienzo verde, formado por las milpas y cultivos de cítricos.

Justo debajo del puente, donde empieza el camino de terracería que lleva a las parcelas y que corre al lado de la base de mantenimiento, hay unas vallas con púas. Carlos Koyoc Pacab dice que las puso Fonatur para bloquear parcialmente el paso.

“Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, dice el agricultor. “El gobierno no cumplió sus promesas: no sólo no construyó las rampas de acceso a las parcelas, tampoco el puente para sacar nuestras cosechas y los pozos para el riego que habíamos pactado. Y falta que pague los daños que hizo durante las obras, cuando destruyó nuestras plantas de cítricos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Denuncian al Estado mexicano ante la Corte IDH por violaciones del Tren Maya

Activistas y defensores mayas interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Costa Rica, por las violaciones a sus derechos cometidas por la imposición del megaproyecto federal del Tren Maya, iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los defensores, que integran el Centro Comunitario Maya U kúuchil ch’i’ibalo’on de la Península de Yucatán, entregaron al director jurídico de la Corte IDH la resolución de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre los impactos del Tren Maya, así como la Sentencia del Décimo Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza, documentos en los que se reconoce el “ecocidio” y “etnocidio” cometidos con la imposición del megaproyecto y se ordena a las autoridades mexicanas su suspensión.

En el veredicto, el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza “reconoce de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de los pueblos mayas peninsulares, que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de

su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio”.

Asimismo, en la resolución emitida el pasado 23 de septiembre el Tribunal Internacional reitera la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza, así como insiste en su condena a las autoridades mexicanas “a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya, a la desmilitarización de los territorios indígenas y al cese del despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el cese de la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación a las personas defensoras de la naturaleza”.

En la entrega de los documentos a la Corte IDH también participaron defensores de la Red Regional Latinoamérica y Caribe, Permanecer en la Tierra y de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, quienes junto a los activistas mayas manifestaron su “confianza en el compromiso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la justicia hacia los pueblos”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Koldo en México: Una trama de corrupción, sobornos y la conexión venezolana en el Tren Maya

La trama de corrupción que sacude al gobierno español extendió sus raíces a México. Una red de empresas fantasma y un agente de inteligencia venezolano tejen la conexión que culmina con sobornos para favorecer a constructoras ibéricas con contratos en el megaproyecto del Tren Maya.

El caso Koldo, la trama de corrupción española que ha puesto contra la pared al presidente izquierdista Pedro Sánchez, extendió sus raíces a México mediante una maraña de cuando menos 47 empresas. Una de sus extensas ramificaciones conecta con un agente de inteligencia venezolano, Jorge Luis Brizuela Guevara, cuyas actividades como un hombre de negocios en la Riviera Maya ya han sido seguidas de cerca por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El caso Koldo ha tenido resonancia en México a partir de que uno de sus personajes principales, Víctor de Aldama, empresario confeso de haber pagado sobornos a funcionarios de alta jerarquía españoles, reveló que puso sus contactos políticos enquistados en Morena al servicio del exministro de Fomento, José Luis Ávalos, para que constructoras ibéricas ganaran contratos en el megaproyecto del Tren Maya.

En su testimonio ante la justicia española no mencionó los nombres de sus contactos políticos, aunque asumió la responsabilidad de haber organizado la logística para que José Luis Ávalos visitara México en febrero de 2019 acompañado de Koldo García, su asesor personal y brazo derecho, quien ha sido otro de los acusados en la trama de corrupción española. 

En febrero de 2019 el todavía ministro de Transportes español y Koldo García se reunieron con Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, así como con los actuales legisladores de Morena Ricardo Monreal, Pedro Haces y Alejandro Murat. 

Un año después, las constructoras Acciona, Azvi e Ineco obtuvieron contratos para participar en el levantamiento de estaciones y en la colocación de rieles del Tren Maya, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DANIEL LIZARRAGA.

Falla en señalización provocó incidente en vagones del Tren Maya.-Lozano

Una falla en el sistema de señalización provocó el desvío de aguja que afectó a dos vagones del tramo 3 en la estación Izamal el pasado 19 de agosto, informó Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que, pese al percance, los trenes afectados 304 y 307 continuaron operando con un retraso de 45 minutos. Los 261 pasajeros abordo llegaron a sus destinos: 67 fueron trasladados en el tren especial 303, 83 en autobuses hacia el centro de Izamal, 110 en autobuses a Mérida y una mujer fue llevada al aeropuerto de Cancún.

El origen a detalle del incidente aún se desconoce; la Fiscalía General de la República (FGR) y la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios iniciaron las investigaciones desde la noche del incidente, afirmó Lozano.

El último descarrilamiento del Tren Maya ocurrió el 30 de enero de 2025 en la estación Limones, Quintana Roo; con el incidente en Izamal suman dos percances en lo que va del año.

La estación Izamal, ubicada en un corredor turístico que conecta Chichén Itzá con Cancún.

Un nuevo se descarriló el Tren Maya durante la tarde del martes 19 de agosto. Uno de sus vagones se descarriló en la estación de Izamal, en el tramo que conecta Mérida con Cancún. El tren número 304, que ingresaba a baja velocidad a los andenes, sufrió un “percance de vía” según el comunicado oficial.

Los pasajeros resultaron ilesos, pero se mostraron conmocionados en los videos que se publicaron en redes sociales. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, varios pasajeros sufrieron crisis nerviosas y algunos golpes menores, como relató un usuario que afirmó que su hija “salió volando” de su asiento. Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil acudieron de inmediato para evacuar a los pasajeros, incluyendo personas en silla de ruedas que fueron trasladadas con apoyo especializado.

Las alternativas de transporte tras el accidente fueron determinados por la empresa operadora activó protocolos de emergencia y ofreció transporte terrestre gratuito en autobuses hacia las estaciones restantes. Además, se anunció el reembolso de boletos, aunque sin precisar fechas. Horas después, el servicio ferroviario se reanudó en otros tramos.

Este descarrilamiento ha reavivado las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la construcción del Tren Maya, particularmente en el suministro del balastro, que es la piedra que da estabilidad a las vías. De acuerdo con reportajes de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, una red conocida como “El Clan”, integrada por amigos y primos de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría entregado balastro sin certificaciones de calidad.

En audios filtrados, Pedro Salazar Beltrán y Amílcar Olán, identificado como uno de los operadores del grupo, admiten haber sobornado laboratorios para aprobar material defectuoso: “Cada tres mil metros cúbicos, pa’ su mochadita, pa’ que den el palomazo de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo”. Esta frase, ahora viral, ha sido citada por legisladores que exigen suspender operaciones del tren hasta garantizar su seguridad.

Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó conocer los negocios de sus hijos, es específico de Andrés López Beltrán, múltiples grabaciones vinculan directamente a Gonzalo “Bobby” López Beltrán como intermediario en contratos millonarios para el suministro de balastro. Amílcar Olán, amigo íntimo de la familia, habría ganado más de 250 millones de pesos en seis meses, operando con empresas fachada y controlando el transporte del material.

El Tren Maya fue inaugurado parcialmente en diciembre de 2023, ha acumulado más de 45 fallas técnicas, incluyendo tres descarrilamientos graves. A pesar de las promesas de desarrollo regional, el proyecto enfrenta críticas por sobrecostos, daños ambientales y baja afluencia de pasajeros.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

CFE electrifica el Tren Maya en comunidades de la Península de Yucatán sin luz y sin indemnizar a ejidatarios afectados

La Comisión Federal de Electricidad instaló postes de luz en la ruta que va de la subestación de Polyuc a la estación del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, sin consultar ni indemnizar a los ejidatarios afectados, y sin proveerles acceso al servicio eléctrico.

Hace días que Fray Colli Colli no tiene luz en su casa. El comisariado ejidal de X-Yatil, una comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, conformada por viviendas de construcción tradicional maya, con techos de palma y paredes de bajareque, cuenta lo curioso que es vivir sin electricidad a pesar de estar cerca de unos postes de luz de alta tensión.

Estas torres han causado un conflicto entre el ejido de X-Yatil y las autoridades mexicanas, que llevaron a los pobladores a interponer dos demandas: una en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT), la otra en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

Los ejidatarios acusan a las dependencias federales de haber ocupado ilegalmente su tierra para construir la línea eléctrica que va de la subestación de Polyuc a la estación del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto. La primera audiencia del juicio en contra de Fonatur se celebrará este 5 de agosto.

Electricidad para el Tren Maya

Los postes de esta línea eléctrica, con una altura aproximada al doble de los de baja tensión, no están destinados a atender los problemas de acceso al servicio eléctrico que enfrentan con frecuencia los habitantes de la península de Yucatán, sino para alimentar el Tren Maya.

De la ruta total, 690 kilómetros —el 44 %— operan con electricidad, mientras que el 56 % restante utiliza diésel. Para electrificar el Tren Maya se construyó una red que cruza 40 municipios del sureste mexicano, 43 subestaciones y 10 líneas de transmisión. 

“Este proyecto nos dio la oportunidad de construir subestaciones importantes que no solo van a beneficiar al Tren Maya y las zonas aledañas a su recorrido, sino que ya están mejorando la calidad del servicio eléctrico en una gran área tanto de Yucatán como de Quintana Roo”, afirmó Rafael Antonio Ramírez Ríos, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

Sin embargo, hasta ahora, el sistema eléctrico no ha logrado cubrir la demanda de toda la población. En la región, caracterizada por un crecimiento demográfico y turístico acelerado, los apagones son frecuentes. El 24 de marzo pasado, 1.3 millones de personas, alrededor de la tercera parte de los habitantes de la Península de Yucatán, fueron afectadas por un apagón.

CFE coloca postes sin pedir permiso a la asamblea ejidal

A mediados de octubre de 2023, los pobladores de X-Yatil se dieron cuenta de que la CFE estaba plantando unos postes gigantes en sus terrenos en la orilla de la carretera federal 184. La ley prevé que antes de construir una obra en tierras ejidales, la asamblea tiene que autorizar la ocupación previa, que es el trámite que da inicio al proceso de expropiación y al consiguiente pago de indemnización. Sin embargo, esto no ocurrió.

Al ver a los trabajadores de la CFE realizar las obras, el excomisariado ejidal acudió al sitio con algunos vecinos para detenerlas. “¿A ustedes quién les dio permiso para entrar acá? Nadie nos lo pidió”, dijo a los trabajadores. Ante ello, la comisión les aseguró que pronto se iba a reunir con la comunidad para aclarar la situación, pero la asamblea nunca se realizó y las obras siguieron. 

Los pobladores de X-Yatil tomaron entonces la decisión de cerrar la carretera. Se sumaron también los ejidatarios de las comunidades colindantes: Dzula, X-Pichil, Betania y Chunhuas, también afectadas por el tendido eléctrico que en este tramo corre por unos 53 kilómetros. 

“Es un despojo descarado”

Tras la movilización, los pobladores lograron realizar una asamblea con dependencias gubernamentales, donde se les advirtió que, de continuar con los bloqueos, podrían enfrentar consecuencias legales. Luego, la CFE demandó al excomisariado ejidal por haber impedido las obras y fueron enviados unos convoyes del Ejército a X-Yatil: entraron, dieron unas vueltas y se estacionaron en la esquina del parque central. 

“Fue un acoso, un acto intimidatorio”, dice Fray Colli Colli. “Es una falta de respeto que el gobierno entre como un bandido en nuestras tierras y agarre lo que quiere, como si fuera dueño de todo. Somos un ejido desde 1942, son nuestras tierras y las están invadiendo. Tenían que expropiar legalmente, no entrar así. Eso es un despojo descarado”. 

Sin embargo, en su libro “Vías de luz: historia de la electrificación del Tren Maya”, la CFE afirma tener un “respeto profundo” hacia la población maya local y presume su participación en una Ceremonia Primicia, para pedir a las deidades que cuidan los montes la protección y el permiso de adentrarse a su territorio y construir el proyecto. El ritual, conocido como Wahil Kóol o Hanli Kóol, se llevó a cabo el 14 de enero de 2023 cerca de la subestación eléctrica de Polyuc.

Una acción planeada para ahorrar tiempo

Durante la asamblea, las autoridades no entablaron una negociación con los ejidatarios, sino que resolvieron el asunto de otra forma. “Si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, demándenos”, dijeron a los pobladores. 

“El gobierno primero ocupó la tierra, taló, construyó y ya luego intenta resolver el tema de los pagos. Que yo sepa ocurrió lo mismo en por lo menos 12 ejidos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, puede haber más”, dice Flavio Ayuso, abogado del ejido X-Yatil. 

“La parte demandada podría contraargumentar y negar las acusaciones, pero no lo hizo y creemos que está aceptando que va a perder el juicio. Pareciera una acción planeada para ahorrar tiempo y adelantarse en las construcciones, en lugar de hacer el proceso de expropiación correspondiente”. 

Desgastar a las comunidades

Fray Colli Colli teme que se pueda suspender la audiencia de este 5 de agosto. “Ya se suspendió cinco veces. El Juzgado de Chetumal está lejos y para nosotros que somos gente de campo es mucha inversión”, dice el comisariado ejidal de X-Yatil.

De acuerdo con el abogado Flavio Ayuso, las comunidades en muchos casos no tienen presupuesto para pagar a un abogado particular y por ello deciden no demandar, perdiendo así el acceso a la indemnización que, según la ley, les corresponde.

“Algunos ejidos acaban buscando a la Procuraduría Agraria, que a veces ha perdido casos a todas luces ganables”, dice Pedro Ayuso.

“Además, el pago de la indemnización se hace tras el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que en algunos casos establece precios que los beneficiarios no consideran justos y tienen que emprender otro proceso extralegal, que puede llevar hasta un par de años de negociación”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Caso Koldo: empresas acusadas de corrupción en España obtuvieron contratos en Trolebús, Interoceánico y Tren Maya, por 58 mil mdp

Empresas filiales de Grupo Azvi, que forma parte de la presunta trama de corrupción en España llamada caso Koldo, duplicaron sus ganancias en el país durante el sexenio de AMLO, luego de que los implicados viajaron a México en 2019 para obtener contratos del Tren Maya.

Empresas filiales a Grupo Azvi, acusada de entregar sobornos en España a cambio de contratos de obra pública en la trama conocida como caso Koldo, consiguieron 58 mil millones de pesos en total por contratos en México, tras la reunión de intermediarios   con el entonces secretario de Infraestructura, Javier Jiménez Espriú, y el expresidente del Senado, Ricardo Monreal, en febrero de 2019. 

Se trató de ocho contratos realizados entre 2019 y 2023 en las construcciones emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum –como jefa de gobierno de la Ciudad de México– como el Tren Maya, el Trolebús elevado de Iztapalapa y el Tren Interoceánico, como demuestran documentos oficiales obtenidos por Animal Político. 

Gracias a estos contratos, Grupo Azvi aumentó en 262 % sus ganancias en México. Sólo de estos contratos consiguió 58 mil 390 millones de pesos. En contraste, con los ocho proyectos de infraestructura que hizo en México desde 2011, como parques eólicos y carreteras en Michoacán, obtuvo 809 millones de euros, alrededor de 16 mil millones de pesos, según informó en su página oficial. Es decir, su mayor bonanza vino con el gobierno de la autonombrada “cuarta transformación”.

En 2019, Construcciones Urales –perteneciente a Grupo Azvi– recibió el primer contrato del sexenio por 1 mil 100 millones de pesos. Fue entregado por la Secretaría de Marina (Semar) por la reparación de vías para el Tren Interoceánico, la obra de infraestructura más ambiciosa para el transporte de mercancías y desarrollo económico iniciada por el expresidente López Obrador. Esto, en participación conjunta con Consorcio Ferroviario FIT, S. A de C. V. y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C.V. 

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., ambas de Azvi, obtuvieron cinco contratos por 1 mil 219 millones de pesos por la construcción de un tramo en el Trolebús elevado de Iztapalapa; dos de ellos por adjudicación directa y uno más por invitación a tres participantes. 

Esta es una de las obras estrella en materia de movilidad para Sheinbaum. En 2022 se inauguró el primer tramo, cuando ella era aún Jefa de Gobierno de CDMX, y el segundo tramo se estrenó en mayo de 2025, ya como presidenta de México. Aunque la construcción del primer tramo arrancó con un retraso de dos años. “Es una obra innovadora, no hay ninguna obra como esa en ningún lugar del mundo; es un segundo piso donde no van vehículos, van trolebuses. Además es muy rápida, porque en vez de hora y media, el recorrido va a ser de 40 minutos”, dijo la presidenta. 

Sin embargo, la obra no ha mejorado del todo el traslado para los habitantes del oriente del Estado de México, porque las unidades deben salirse de la zona confinada y circular por calles de Valle de Chalco y Chalco.

El periódico Reforma reveló que una de las obras involucradas en el caso Koldo fue el Tren Maya, mediante un contrato adjudicado a Construcciones Urales por 10 mil millones de pesos para el Tramo 3, cuyo costo final se duplicó.

Sin embargo, no fue el único. Animal Político revela ahora que en 2021, las dos empresas filiales de Azvi ganaron otro contrato por 36 mil millones de pesos, en consorcio con las empresas Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones. 

El contrato PTM-12/2021, del 25 de mayo de 2020, detalla que se trató de la adquisición de material rodante (vagones) para el Tren Maya. Los servicios incluyeron “sistemas ferroviarios, material rodante, talleres, cocheras y puestos de control”. 

Justamente en este tramo, construido por el consorcio, se registró el primer incidente al poco tiempo de que el Tren Maya inició operaciones. Hubo un descarrilamiento del cuarto vagón del tren D006 en la cercanía de la estación Tixkokob, Yucatán, en marzo de 2024.

De acuerdo con declaraciones judiciales de uno de los implicados, intermediarios y representantes del gobierno español, a través de su empresa estatal INDECO, habrían preparado el camino desde 2019 para beneficiar a compañías españolas en el Tren Maya, obra emblemática de López Obrador. Esta es la trama.

La presunta trama de corrupción

Azvi forma parte de la presunta trama de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, y por el que hay una investigación judicial en marcha. En ella están involucrados José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor y presunto operador del mandatario español, Koldo García, y el empresario Víctor Aldama. 

Durante el desahogo del caso, el empresario Aldama ha hecho declaraciones judiciales en las que reconoció haber recibido sobornos a cambio de su intermediación para conseguir contratos de obra pública en España, y aseguró haber mediado para conseguir contratos del Tren Maya en México.

En su declaración de noviembre de 2024, Aldama explicó que él, Ábalos y García viajaron a México en febrero de 2019 para buscar contratos del Tren Maya. “Era un contrato muy importante y había muchas empresas españolas interesadas en entrar. Él (Koldo García) sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contratos que tenía en México y me pide que le pueda echar una mano”. 

En el video de la declaración completa publicada por el medio El Español, Aldama narra que Ábalos, el ministro de Transporte, tuvo reuniones con su homólogo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal.

Tras ese encuentro, vinieron otros que derivaron en acuerdos oficiales, incluso. “Luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudios de lo que pudiera ser del Tren Maya, hubiera un convenio de colaboración bilateral, e INECO (empresa estatal española) de alguna manera se lo proporcionara a México. (…) Estábamos hablando de 22 millones de euros”. 

Efectivamente, INECO informó el 18 de diciembre de 2020 haber recibido un contrato por adjudicación directa para ser el ‘operador sombra’ de FONATUR durante tres años. Las actividades consistieron en “revisar la implementación del proyecto, prestando apoyo durante el periodo de construcción y como responsable de la definición de los requisitos de la operación y de las labores de mantenimiento”.

El objetivo de esta colaboración era que “el gobierno de España le proporcionara al gobierno de México, para darle más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar y que tuvieran mayor puntuación”, agregó Aldama en su declaración. 

El empresario también manifestó que las constructoras españolas le entregaban las ‘comisiones’ por haber mediado en la adjudicación de obras, y que luego las repartía con Ábalos y Koldo García.

En enero pasado, Grupo Azvi envió una carta al juez del caso para que sea considerada como perjudicada en el procedimiento y se le concediera “licencia a los efectos de presentar querella criminal” contra el Aldama. Porque, aseguró, esas declaraciones se refieren a hechos “completamente inciertos”, según dio a conocer  el medio El Periódico. 

La investigación judicial en España comenzó en 2022 por los contratos de adquisición de equipo de protección sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y otorgados de manera directa para beneficiar a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. En la trama habrían participado Ábalos y Koldo García, entre otros.


Los contratos en México y el caso Koldo

Documentos oficiales confirman que las filiales de Grupo Azvi tuvieron mayor bonanza con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de 2019, el año en qué Aldama y la delegación española viajaron a México para encontrarse con funcionarios, comenzaron los multimillonarios contratos. 

El primer contrato fue obtenido en participación conjunta del Consorcio Ferroviario FIT, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S.A de C.V y Regiomontana de Construcciones y Servicios, S.A.P.I de C. V., por 1 mil 103 millones de pesos, para “la correción de 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z”. 

Lo anterior según información publicada por la Semar en sus informes de avance y resultados del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El segundo contrato fue por el Tren Maya, en participación conjunta de Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V., Construcciones Urales, S. A. de C. V. y Azvi, S. A. U., estas dos últimas pertenecientes a Azvi. 

Fue firmado el 25 de mayo de 2020 para la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, por 10 mil 192 millones. Sin embargo, el último registro de pago por este contrato ascendió a 19 mil 503 millones de pesos, según respondió Fonatur-Tren Maya a la solicitud 00027 del medio QRAgenda. 

El tercer contrato fue por la adquisición de vagones para el Tren Maya y fue firmado en junio de 2021. De acuerdo al documento, el pago ascendió a 36 mil 563 millones de pesos. Este fue un proceso que se extendió por seis meses. 

Aunque la licitación se lanzó por primera vez el 24 de noviembre de 2020, las juntas de aclaraciones (donde los posibles participantes exponen sus dudas del concurso) fueron diferidas varias veces, “derivado de la complejidad de las solicitudes de aclaraciones recibidas”. 

Finalmente, las juntas de aclaraciones se cerraron 19 de marzo de 2021, y hasta el 26 de mayo de 2021 se dio el fallo del consorcio ganador, integrado por Construcciones Urales, S. A. de C. V., y Construcciones Urales Procesos Industriales, S. A. de C. V., Bombardier Transportation México, S. A. de C. V., Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones.

Los contratos por el Trolebús elevado comenzaron en octubre de 2020. El  número DGOT-LPN-L-1-016-2020 fue por  la primera fase de la obra. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México pagó 382 millones de pesos a las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales. 

Los siguientes tres contratos, para la misma obra, ocurrieron en 2023. El contrato DGOT-IR-L-1-004-2023 del 4 de enero fue por la instalación de fibra óptica y obras complementarias, por las que el gobierno de la Ciudad de México pagó 10 millones de pesos. 

El 15 de enero de 2023, Construcciones Urales Procesos Industriales ganó la adjudicación directa para las obras de electromecánica, según consta en el contrato número DGOT-AD-L-1-005-2023, por 29 millones de pesos. 

El último contrato ocurrió en octubre de 2023 para la “Continuidad (2da etapa) de la obra electromecánica del proyecto integral para la construcción del sistema de transporte eléctrico (trolebús), sobre calzada Ermita Iztapalapa (eje 8 sur) y obras complementarias”. 

Según el documento número DGOT-AD-L-1-022-2023, el monto ascendió a 97 millones de pesos. 

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.