Durante su duodécima protesta, vecinos y organizaciones cuestionaron que el gobierno de Alejandro Armenta reporte haber gastado más de 44% del presupuesto del proyecto
Por doceava ocasión, habitantes de esta ciudad se manifestaron en contra del proyecto de construir un sistema de transporte por cable y reclamaron que el gobierno de Alejandro Armenta Mier reporte haber gastado ya 3 mil millones de pesos –más de 44% del costo total de la obra- cuando la construcción no tiene ni un 3% de avance.
Luego de marchar desde el parque Ecológico, los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el zócalo en el que recalcaron que este proyecto, en el que se pretende invertir 6 mil 752 millones de pesos, a la fecha no tiene un sustento real, ni se ha consultado a los ciudadanos, aunque afectará no sólo a las y los habitantes actuales, sino a las generaciones futuras.
Aseguraron que, para validar socialmente el cablebús, el gobierno de Armenta Mier ha recurrido a simular la realización de asambleas informativas que son organizadas por operadores políticos y a las cuales asisten personas que realmente no viven en las colonias que serán afectadas por el trazo. En tanto que los auténticos vecinos y la prensa, son amedrentados por funcionarios.
Además, agregaron que, ante los reclamos de transparencia, el gobierno habilitó un micrositio con supuesta información del proyecto que está plagado de “contradicciones e inconsistencias”.
“Más bien parecen marketing y publicidad”, acusaron los activistas y organizaciones, “parece un trabajo escolar mal hecho”.
“Alejandro Armenta Mier déjenos hacerle ver que el proyecto que usted quiere imponer no tiene un sustento real y afectará negativamente no sólo a las y los habitantes de hoy sino a las generaciones futuras”, recalcaron.
Este sistema de transporte, de acuerdo a los propios datos del gobierno, daría servicio a 20 mil 615 pasajeros en 2030, mientras que el sistema de transporte del metrobús mueve actualmente a casi 16 veces más de usuarios.
Agregaron que la capacidad máxima del cablebús, que sería de 90 mil pasajeros, se alcanzaría hasta el año 2154, pero su vida útil de este transporte sólo se estima hasta el año 2065, de acuerdo al propio gobierno.
También cuestionaron que la administración estatal haya colocado los recursos para esa obra en un fideicomiso con Banca MIfel y que a la fecha ya informa que se gastó 3 mil millones de los 6, 752 millones que costará totalmente cuando reconoce que la construcción sólo ha avanzado 2.7 %.
Aparte, al tener contemplada la construcción de estaciones en áreas verdes de Puebla, indicaron que se afectará a especies residentes y usuarias de esos lugares, algunas en peligro de extinción, además de que acabará con árboles adultos.
Señalaron que con esos recursos se podrían resolver necesidades realmente urgentes para Puebla, entre ellos la atención del desastre ambiental en la cuenca del Atoyac o pagar por la revocación de la privatización del servicio del agua que sufre la ciudadanía.
“Le exigimos que detenga su imposición”, expusieron al señalar que de “empeñarse” en construir el cablebús, ese gasto millonario “pasará a la lista de megafraudes, elefantes blancos y obras de relumbrón”, e incluso superará el "despilfarro" que hizo el gobierno del panista Rafael Moreno Valle en el Museo Barroco Internacional y que es criticado por Armenta Mier.
Esta movilización se suma a otras registradas en Puebla y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales
Pobladores de San Lorenzo Ometepec, en el municipio de Tochtepec, bloquearon el 12 de noviembre la carretera estatal Tepeyahualco-La Colorada, en protesta por el proyecto de construir Viviendas del Bienestar en un área comunitaria que actualmente sirve de campo de béisbol.
Esta movilización se suma a otras registradas en esta entidad y en Tlaxcala, ya que los habitantes aseguran no haber sido tomados en cuenta para destinar predios de su localidad para proyectos federales.
Apenas la semana pasada, vecinos de Cuautlancingo se manifestaron en contra de que se construya una sede de la Universidad Rosario Castellanos en donde actualmente hay un parque recreativo llamado Xelhua.
Igual, habitantes de San José Chiapa mantienen un movimiento de resistencia en contra de la construcción de un llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular del Bienestar (Podecibi) en terrenos de ese municipio.
Una lucha similar emprendieron los habitantes de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, contra un parque similar de reciclaje de basura, pero este mes de octubre se anunció la cancelación del proyecto.
En esa misma entidad, vecinos de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, se oponen a la construcción de un complejo de salud IMSS en terrenos donde actualmente funcionan campos deportivos de esa comunidad.
Cabe señalar que, en todos los casos, los pobladores reclaman que no fueron consultados para decidir la procedencia de esos proyectos de inversión federal en los predios que forman parte de uso cotidiano de sus comunidades o que, como ocurre con los Podecibi, generarían contaminación en zonas cercanas a sus viviendas.
En la protesta de este jueves, los habitantes de Ometepec acusaron que no se les tomó en cuenta para decidir el uso de los campos de béisbol para construir las viviendas del Bienestar, pese a que ese predio forma parte del patrimonio de la comunidad.
Desde la mañana de ese día, los pobladores colocaron piedras y prendieron fuego a llantas para impedir el paso de la carretera estatal en demanda de que las autoridades municipales atiendan sus reclamos.
Por: Draco Draculon viernes, noviembre 13, 2026/Comentarios: 0Nacional,
Puebla
Y aunque el Gobierno de Puebla informó que ese viaje en la aeronave oficial costó siete mil 500 pesos, mantiene reservada hasta 2031 la información sobre las bitácoras de vuelo y los gastos de operación de sus helicópteros
El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y su Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, asistieron a una reunión con la Gerencia de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex) el 8 de noviembre en la Ciudad de México. Para trasladarse a la capital del país utilizaron uno de los cuatro helicópteros del Gobierno estatal, en un viaje cuyo gasto en combustible fue de siete mil 500 pesos, según lo informado por las propias autoridades.
El traslado en helicóptero fue justificado por García Parra durante la conferencia matutina del 9 de noviembre con el argumento de ahorrar tiempo que el mandatario estatal puede utilizar para otros asuntos, en lugar de viajar en carretera: “Entre la ida, el tiempo de la reunión y el regreso por tierra, aproximadamente se llevaría el Gobernador ocho horas para atender una reunión. En ocho horas el Gobernador puede atender de 14 a 15 reuniones para tomar decisiones”, afirmó.
Y aunque el Gobierno de Puebla informó que ese viaje en la aeronave oficial costó siete mil 500 pesos, mantiene reservada hasta 2031 la información sobre las bitácoras de vuelo y los gastos de operación de sus helicópteros, misma que fue solicitada por este medio digital a través de la solicitud con folio 761200526000102. Esta decisión impide conocer cuánto dinero público ha sido destinado a los viajes aéreos del mandatario, cuáles han sido sus destinos y quiénes lo han acompañado.
La reserva fue impugnada por la Unidad de Datos de SinEmbargo mediante un recurso de revisión, pero el procedimiento no ha avanzado debido a la suspensión de plazos decretada por Transparencia para Puebla y sus Municipios, el organismo encargado de revisar las respuestas del Poder Ejecutivo estatal.
Además, la opacidad no comenzó con este vuelo. En una investigación previa, este medio digital documentó que Armenta realizó 101 comisiones oficiales fuera de Puebla entre diciembre de 2024 y octubre de 2025. Según una actualización hasta marzo de 2026 otorgada por medio de la solicitud con folio 761200126000039 indica que el total llegó a 142 comisiones oficiales. De acuerdo con esa relación, el Gobernador ha visitado la Ciudad de México en 85 ocasiones, y algunas veces ha tenido más de una actividad por día. Aunque el Gobierno entregó la relación de actividades, aseguró que no podía identificar el costo de cada traslado.
No obstante, si esos 85 traslados fueron hechos en helicóptero y costaron aproximadamente lo mismo que el del 8 de noviembre, el Gobierno poblano habría gastado un aproximado de 637 mil 500 pesos en traslados aéreos a la capital del país, según la información entregada. El resto de los viajes del Gobernador (los que ha hecho desde marzo de este año) no ha sido transparentado por el Gobierno estatal, a pesar de tratarse de una obligación que debe estar disponible para su consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El vuelo de siete mil 500 pesos de Armenta
El traslado hecho por el Gobernador y el Coordinador de Gabinete poblanos el 8 de noviembre se hizo público después de que circularan fotografías de ambos funcionarios descendiendo de la aeronave. A partir de esas imágenes surgieron versiones sobre una supuesta reunión con integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, algo que García Parra rechazó durante la conferencia matutina del 9 de noviembre.
El funcionario también negó que el traslado hubiera costado 290 mil pesos, como había sido señalado en medios de comunicación. Para desmentir esa cifra, presentó un cálculo del costo combustible utilizado por el helicóptero en el recorrido de ida y vuelta entre Puebla y la Ciudad de México: “Fíjense, el recorrido de Puebla a Ciudad de México (y) Ciudad de México a Puebla son sobre 260 kilómetros, de ahí tenemos el consumo de combustible, está sobre 350 litros. El precio por litro está sobre 17.65 pesos por litro y hay un costo adicional, que es el despacho, que ronda los 274 pesos”, explicó García Parra.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Coordinador de Gabinete, los 350 litros de combustible representan un gasto de seis mil 177 pesos con 50 centavos. Al agregar el despacho y los impuestos, el funcionario estimó que el traslado redondo tuvo un costo aproximado de siete mil 500 pesos.
El coordinador de Gabinete también defendió el uso del helicóptero por el tiempo que permitió ahorrar al Gobernador. Según su explicación, realizar el viaje por carretera habría significado destinar aproximadamente ocho horas a una sola reunión, incluido el tiempo de traslado.“En ocho horas el Gobernador puede atender de 14 a 15 reuniones para tomar decisiones”, afirmó.
No obstante, la reunión del 8 de noviembre no fue el primer encuentro de Armenta con funcionarios de Pemex en la Ciudad de México. De acuerdo con la relación de comisiones oficiales entregada por la Oficina del Gobernador a la Unidad de Datos de SinEmbargo, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026, el mandatario reportó siete reuniones con representantes de la empresa pública.
La primera ocurrió el 19 de diciembre de 2024, cuando se reunió con Israel Benítez López, director general de Logística de Pemex. Posteriormente, el 4 de marzo, el 8 de mayo y el 23 de julio de 2025 sostuvo encuentros con Víctor Rodríguez Padilla, director general de la petrolera.
Además, el Gobierno de Puebla reportó una reunión con Ramón Díaz de León, coordinador ejecutivo de la dirección de Pemex, el 23 de abril de 2025, y otras dos con Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social, el 12 de agosto y el 1 de octubre de ese año.
Aunque la Oficina del Gobernador identificó a los funcionarios de Pemex con quienes se reunió el Gobernador Armenta, las fechas y las alcaldías donde se realizaron los encuentros, no precisó los asuntos abordados ni los acuerdos alcanzados. Los siete registros fueron clasificados únicamente como “reuniones de trabajo”. Además, la información proporcionada por el Gobierno estatal no permite conocer cuánto costó cada traslado ni establecer si el Gobernador utilizó un helicóptero, un automóvil u otro medio de transporte.
Los cuatro helicópteros poblanos
El Gobierno de Puebla tiene tres helicópteros adquiridos durante las administraciones de los exgobernadores Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas. Las aeronaves han sido utilizadas para trasladar funcionarios públicos, atender emergencias médicas, realizar labores de protección civil y combatir incendios forestales. Además, en julio de 2026, el Gobierno de Armenta adquirió mediante adjudicación directa un cuarto helicóptero, modelo Leonardo AW109 GrandNew 2020, por seis millones 256 mil 403 dólares, equivalentes a aproximadamente 115 millones 700 mil pesos, según informó García Parrael 19 de octubre. La aeronave, comprada en Reino Unido, fue destinada a tareas de seguridad pública y atención de emergencias.
Los tres helicópteros originales son un Agusta A109S, modelo 2010, con matrícula XC-LMO; un Agusta AW119MKII, modelo 2012, con matrícula XC-LNA; y un Bell 407, modelo 2007, con matrícula XC-HPZ. De acuerdo con los valores reportados en una licitación para contratar sus seguros durante 2026, las aeronaves estaban valuadas en conjunto en aproximadamente siete millones 300 mil dólares.
El Agusta A109S, con matrícula XC-LMO, ha sido utilizado para los traslados del Gobernador. El AW119MKII, identificado como XC-LNA, se ha empleado en actividades de protección civil y traslados médicos, mientras que el Bell 407, matrícula XC-HPZ, ha participado en el combate de incendios forestales y otras operaciones de emergencia. Pero estos helicópteros ya habían intentado ser vendidos por un Gobernador anterior.
En abril de 2020, Luis Miguel Gerónimo anunció que pondría a la venta las tres aeronaves. La operación no se concretó y durante la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina se retomó su utilización. Armenta continuó empleándolas para actividades oficiales desde el inicio de su gobierno y el uso de estos helicópteros generó cuestionamientos en septiembre de 2025, después de que los medios e-consulta y El CEO documentaran los movimientos del Agusta A109S, utilizado por el mandatario estatal.
De acuerdo con los registros disponibles entonces en la plataforma FlightAware, durante agosto de 2025 esa aeronave realizó 72 movimientos aéreos. Entre sus destinos estuvieron distintos puntos de Puebla, el Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México, a donde se dirigió en 15 ocasiones.
El 15 de septiembre de ese año, Armenta defendió el uso de los helicópteros. El Gobernador explicó que las aeronaves le permitían trasladarse a zonas alejadas del estado y responder con mayor rapidez ante contingencias o situaciones que requerían su presencia. Sin embargo, los registros conocidos hasta entonces mostraban que la mayor parte de los vuelos había sido realizada hacia la Ciudad de México para cumplir con actividades oficiales.
Después de las publicaciones de esos medios de comunicación, los movimientos del helicóptero XC-LMO dejaron de estar disponibles para consulta pública en las plataformas de seguimiento aéreo. Esta medida dificultó que periodistas y ciudadanos pudieran conocer sus recorridos y contrastarlos con las actividades reportadas por el Gobernador.
Además de los gastos de operación de las aeronaves, la administración de Armenta destinó recursos a su infraestructura. En julio de 2025, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración adjudicó un contrato por cuatro millones 328 mil pesos para rehabilitar el hangar y las oficinas del helipuerto estatal, ubicados junto al Estadio Cuauhtémoc.
La flota se amplió en octubre de 2026, cuando el Gobierno estatal anunció la incorporación de un helicóptero Leonardo AW109 Grand New, modelo 2020, con matrícula XC-TEG, que había sido adquirido tres meses antes. La nueva aeronave fue presentada como parte del equipamiento para fortalecer las labores de vigilancia aérea y seguridad pública.
El 14 de octubre pasado, Armenta también defendió el uso de los helicópteros oficiales al asegurar que estaba dispuesto a arriesgar su vida para cumplir con sus responsabilidades. “Si me tengo que subir mil veces al helicóptero para cumplir una misión y tengo que hacerme 40, 50 minutos en helicóptero arriesgando mi vida, lo voy a hacer”, declaró durante una conferencia de prensa. El mandatario argumentó que las aeronaves permiten reducir traslados de hasta seis horas por carretera a comunidades alejadas de Puebla, particularmente en zonas cercanas a los límites con Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Pero el traslado del 8 de noviembre no tuvo como destino ninguno de esos lugares.
Durante el operativo también fueron localizados cuatro reactores de destilación, sustancias químicas y equipo especializado
Dos personas fueron detenidas y un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de drogas sintéticas fue desmantelado en Puebla, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en el que las autoridades aseguraron 650 kilogramos de metanfetamina en proceso de elaboración, informó este domingo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
A través de sus redes sociales, el organismo federal detalló que la intervención se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales y municipales, como parte de las acciones contra la producción de sustancias ilícitas.
Durante la inspección del inmueble, los agentes también localizaron diversas sustancias químicas, cuatro reactores de destilación y equipo especializado utilizado para procesar estupefacientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los detenidos ni la ubicación exacta de las instalaciones.
En Puebla, como resultado de un operativo encabezado por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales y municipales, fueron detenidas dos personas y se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron 650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, diversas sustancias químicas, cuatro reactores de destilación y equipo especializado para la fabricación de esta droga.
Este aseguramiento representa una afectación a las capacidades de producción de drogas sintéticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud de la población, especialmente de las y los jóvenes.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026
Autoridades destruyen precursores químicos en otro laboratorio de Puebla
En una operación distinta, el Gabinete de Seguridad informó a través de un comunicado sobre la localización de otro centro clandestino para la elaboración de metanfetamina en el municipio de Tlachichuca, Puebla, cuya inhabilitación representó una afectación económica estimada en cuatro mil 132 millones de pesos para grupos de la delincuencia organizada.
El hallazgo ocurrió en un paraje de la localidad de Agua Escondida el Salitrero, donde las fuerzas federales identificaron instalaciones divididas en 11 zonas que presuntamente eran utilizadas para procesar sustancias ilícitas.
Durante la inspección, los agentes encontraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos empleados en la fabricación de narcóticos sintéticos. Tanto los materiales como los instrumentos fueron destruidos o inutilizados en el sitio para impedir su reutilización.
El despliegue fue resultado de labores de inteligencia e investigación en las que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.
Tres civiles armados mueren durante enfrentamiento con militares en Sinaloa
En otra acción de seguridad, tres presuntos agresores murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa en el municipio de Navolato, Sinaloa, luego de que personal militar fuera atacado a balazos mientras realizaba recorridos de reconocimiento y vigilancia.
De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, los hechos ocurrieron en la localidad de Las Trancas, donde un grupo de civiles armados que viajaba a bordo de un vehículo abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión para proteger su integridad física.
Las autoridades señalaron que los efectivos actuaron conforme a los protocolos establecidos y que, como resultado del intercambio de disparos, tres de los atacantes perdieron la vida. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades.
Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno, los cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.
El Ministerio Público fue notificado de lo ocurrido para llevar a cabo las diligencias legales y determinar las circunstancias en las que se desarrolló el enfrentamiento.
Omar García Harfuch informó que, en lo que va del sexenio actual, se han desmantelado dos mil 700 narcolaboratorios
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, en dos acciones distintas, un narcolaboratorio clandestino de producción de metanfetamina fue desmantelado en Puebla, mientras que en Sinaloa fueron abatidos tres presuntos narcotraficantes.
De acuerdo con lo dado a conocer por la SSPC en un comunicado, el narcolaboratorio fue ubicado en el municipio de Tlachichuca, en la localidad de Agua Escondida el Salitrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación que llevaron a cabo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la propia SSPC.
"En el lugar se aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, los cuales fueron destruidos e inhabilitados en el sitio para evitar su reutilización", indicó la dependencia federal.
Asimismo, informó que esta acción representó un golpe estimado de cuatro mil 132 millones de pesos para el crimen organizado.
En Puebla, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y @SSPCMexico, localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, distribuido en 11 zonas. Se aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas. Personal del Ejército Mexicano inhabilitó y destruyó las instalaciones.
En otra acción, en Navolato, Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue agredido con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de reconocimiento. Al repeler la agresión, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida. Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.
Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.
Continuamos trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas.
Por otra parte, en Sinaloa, elementos de la Defensa que realizaban recorridos de reconocimiento y vigilancia fueron agredidos por civiles armados que iban a bordo de un vehículo, por lo que los uniformados procedieron a repeler el ataque.
"El personal militar repelió la agresión para salvaguardar su integridad física y actuó conforme a los protocolos establecidos, derivado de esto, tres agresores perdieron la vida. Además, se aseguraron tres armas de fuego largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno", explicó la SSPC.
La Secretaría añadió que se dio cuenta de lo sucedido al agente del Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de que puedan realizarse las diligencias correspondientes.
"Continuamos trabajando de manera coordinada para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas", señaló por su parte el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.
Los pobladores han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua iniciaron el miércoles 4 de noviembre un plantón permanente para exigir que se cumpla con el cierre definitivo y las acciones de remediación del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula que fueron acordadas desde marzo.
Los pueblos cholultecas han mantenido una lucha por dos años y ocho meses para lograr la clausura definitiva de este relleno sanitario —que se presume es propiedad del senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández— y para que se realicen obras de remediación de la contaminación que generó por operar fuera de la norma y cuando su capacidad ya estaba rebasada.
Desde abril se iniciaron algunas de las obras para el plan de cierre definitivo, pero los pobladores señalaron que hasta la fecha no se ha cumplido con lo acordado por lo que desde este miércoles decidieron bloquear la carretera que va de Cholula a Huejotzingo y declararse en plantón permanente.
Entre las demandas que plantean está el detener la filtración de lixiviados y reparar la geomembrana de una laguna existente para evitar que los contaminantes continúen representando un riesgo para los pozos y mantos acuíferos de la región.
También, reclaman que se reinicien los trabajos de relleno de una excavación que había hecho la empresa de manera ilegal para ampliar el basurero, además de desmantelar la maquinaria e infraestructura de reciclado que sigue en ese lugar.
En apoyo a esta protesta, Amnistía Internacional emitió en sus redes sociales un pronunciamiento en el que expresó su “preocupación por las persistentes respuestas deficientes y las omisiones del Gobierno de Puebla y de la PROFEPA ante las denuncias de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua”.
“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos al agua y a un medio ambiente sano. Por ello, reiteramos el llamado que hicimos desde 2024 al Gobierno de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA, para mantener abierto el diálogo, atender a las comunidades y dar respuesta a sus demandas”, señaló.
En un comunicado, el ayuntamiento de San Pedro Cholula aseguró que, luego de iniciada esta protesta, el gobierno estatal decidió intervenir con maquinaria para realizar las labores que dejó pendientes la empresa Pro-Faj-Hidrolimpieza, cuya propiedad se ha adjudicado a Ochoa Fernández.
La administración municipal señalo que la empresa deberá asumir las consecuencias de haber incumplido los compromisos establecidos desde marzo ante la Secretaría de Gobernación, por lo que se aplicarían las sanciones (sin precisar montos), además de que tendrá que pagar los recursos públicos que el gobierno estatal utilice para esos trabajos.
En total no se acreditó el destino de 4.5 millones de pesos por concepto de la falta documental de los requisitos establecidos para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría revisada por EMEEQUIS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 15 plazas laborales pagadas por el gobierno del estado de Puebla con recursos federales, sin que la entidad acreditara la documentación requerida por los presuntos trabajadores para el desempeño de las funciones remuneradas.
Se trata de puestos laborales del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) del gobierno de Puebla, sufragados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) otorgados a esa entidad en 2025 por la federación. En total “no se acreditó el destino de 4,528,800.11 pesos por concepto de la falta documental del cumplimiento de los requisitos establecidos” para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría, revisada por EMEEQUIS.
Dividida entre las 15 plazas no documentadas, se habría destinado alrededor de 300 mil pesos durante el ejercicio. La falta de comprobación documental podría apuntar a plazas fantasma para la ordeña de recursos o destinadas a “aviadores”, como ha ocurrido en otros casos.
El gobierno del morenista Alejandro Armenta tuvo que reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más del 70% por ciento del monto señalado antes de que concluyera la revisión financiera practicada por la ASF.
En total, “previo a la conclusión de esta auditoría la Entidad Fiscalizada reintegró 2,920,146.75 pesos a la Tesorería de la Federación”.
EL CASO CONCRETO
De acuerdo con el reporte de la ASF sobre la auditoría 1627 practicada sobre recurso del FAETA transferidos al gobierno de Puebla, “se determinaron 4,528,800.11 pesos pendientes de aclarar del FAETA por el pago de remuneraciones a 15 trabajadores del IEEA Puebla, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas”.
Debido a ello, la entidad fiscalizadora determinó el Pliego de Observaciones 2025-A-21000-19-1627-06-001 en el que “ se presume un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado.
Reitera que no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas, en incumplimiento del artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los artículos 42 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y de las Cédulas de valuación de puestos de base del IEEA Puebla vigentes durante el ejercicio fiscal 2025.
Dicho de otro modo podría tratarse de “aviadores”, como se conoce a personas que ostentan un puesto nominal y cobran un salario por un trabajo que no realizan en realidad o para el que no están calificados. El vocablo proviene de mediados del siglo XX, cuando el personal que participó en la Segunda Guerra Mundial regresó al país y fue integrado a distintas dependencias con posiciones para las que no cubrían el perfil.
“DOCUMENTARON” SOBRE LA MARCHA
Originalmente había más casos, pero el gobierno de Puebla apresuró a hacer los ajustes necesarios para solventar las inconsistencias.
La ASF había encontrado en total 25 trabajadores que el IEEA Puebla “no acreditó documentalmente” respecto del cumplimiento de los requisitos para ocupar las plazas.
• En los expedientes de 8 trabajadores, cuyas remuneraciones ascendieron a 2,470,479.59 pesos, no se localizó documentación que acreditara el grado de estudios requerido para las plazas desempeñadas.
• En los expedientes de 17 trabajadores, cuyas remuneraciones sumaron 5,103,824.70 pesos, la documentación proporcionada resultó insuficiente para acreditar el perfil académico o la experiencia requerida.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Puebla sacó documentación para justificar las inconsistencias;
“Proporcionó los oficios número SABG/OS/SCA/6855/2026 y SABG/OS/SCA/CGAEGP/7124/2026, de fechas 29 de septiembre y 7 de octubre de 2026, respectivamente, a través de los cuales remitió Cédula de Valuación de Puestos para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos del 2001, oficio, base de datos, expedientes de personal”, entre otros, con los que justificó las plazas.
Pero “subsiste un monto por aclarar de 4,528,800.11 pesos, correspondiente a las remuneraciones pagadas a los 15 trabajadores restantes, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para las plazas desempeñadas, con lo que se solventa parcialmente lo observado”.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
De acuerdo con el reporte de la auditoría practicada, “la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SPFA) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2025, por 437,149,080.14 pesos de los cuales 244,707,898.61 pesos correspondieron al componente de Educación Tecnológica y 192,441,181.53 pesos al componente de Educación para Adultos”.
Los recursos fueron recibidos en las fechas establecidas en el calendario de ministración y, en los casos aplicables, de conformidad con las adecuaciones presupuestarias autorizadas.
Asimismo, se verificó que la SPFA transfirió al CONALEP Puebla recursos del fondo por 244,707,898.61 pesos y rendimientos financieros por 14,992.71 pesos, para un total de 244,722,891.32 pesos; y al IEEA Puebla recursos por 192,441,181.53 pesos; los recursos y rendimientos transferidos a los organismos ejecutores ascendieron a 437,164,072.85 pesos”.
Adicionalmente, se verificó el reintegro a la TESOFE por 9,871,692.09 pesos; integrado por 28,030.00 pesos reintegrados por la SPFA, 6,807,427.34 pesos por el CONALEP Puebla, y 3,036,234.75 pesos por el IEEA Puebla. Al 31 de marzo de 2026 se identificó en las cuentas bancarias del fondo un saldo de 1,160.06 pesos, que no se reintegró a la TESOFE
Pobladores de Xoxtla, Puebla, impidieron que avanzara la perforación de un pozo profundo en el parque Pavigi, retiraron la maquinaria del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y rellenaron las zanjas abiertas sin el consentimiento de la comunidad, luego de que desde la madrugada del miércoles fueran desplegados granaderos y policías municipales y estatales «para imponer la perforación» que canalizaría el agua del pueblo a la capital del estado.
A pesar de la presencia policial y al grito de «¡fuera!», los defensores de Xoxtla lograron que operadores se llevaran una de las dos máquinas perforadoras con las que el Ayuntamiento pretendía extraer agua de la Unidad Pavigi.
«Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm. Seguimos atentos hasta el retiro total y definitivo de la misma», señaló el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) en un comunicado.
Las organizaciones indígenas recordaron que este «asalto a la comunidad» se enmarca en los proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias «que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla, hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla».
Para iniciar la perforación del pozo, decenas de granaderos y policías llegaron al predio desde las tres de la mañana del miércoles. Horas después los pobladores rompieron el cerco policiaco y los elementos «arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque Pavigi, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad», agregó el CNI y la Anavi. Pasadas 16 horas, los pobladores lograron impedir el avance de la perforación.
El CNI y la Asamblea alertaron sobre el riesgo de criminalización y arresto de los defensores de Xoxtla a quienes previamente se les fabricaron carpetas de investigación por oponerse al saqueo del agua, las cuales siguen abiertas. Las organizaciones responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la criminalización y de los actos de «despojo y violencia» en la región cholulteca.
COMUNICADO:
A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
El día de hoy, 7 de octubre del 2026, a partir de las 3:30 am arribaron a la comunidad de Xoxtla, Puebla, decenas de granaderos para proteger a la maquinaria de perforación de pozos con la que se pretende imponer el despojo de agua en la comunidad, tras el cierre de calles por parte de la policía, la comunidad se organizó para detener las obras y exigir el retiro inmediato y definitivo de la maquinaria y de los elementos policiacos.
Este asalto a la comunidad se da en el marco de proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla.
Los pobladores rompieron el cerco policiaco y se encuentran en proceso de organización para hacer valer su autonomía y su decisión colectiva que desde hace más de un año emitieron en asamblea: NO A LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN XOXTLA, NO AL DESPOJO DEL AGUA.
Los elementos de la policía arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque PAVIGI, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad.
Cabe mencionar que en el marco de la defensa del agua en Xoxtla, han sido criminalizados compañeros, cuyas carpetas fabricadas continúan abiertas, alertamos sobre el riesgo de criminalización y arresto de los mismos y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno por estos actos de despojo y violencia.
Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm, seguimos antentos hasta el retiro total y definitivo de la misma.
Desde el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos pronunciamos enérgicamente en contra de la violencia del Estado en contra del digno pueblo de Xoxtla y nos sumamos a sus firmes exigencias:
RETIRO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA MAQUINARIA DE PERFORACIÓN
ALTO AL DESPOJO DEL AGUA EN XOXTLA
RESPETO A LA DECISIÓN DEL PUEBLO
QUE DEFIENDE SU AGUA
Llamamos a los pueblos y organizaciones solidarias a continuar atentos a la lucha por el agua en Xoxtla y seguir exigiendo el cierre de carpetas de investigación fabricadas contra habitantes del pueblo que defienden el agua.
¡EL AGUA ES DE LOS PUEBLOS NO DE LAS EMPRESAS NI DEL MAL GOBIERNO!
ATENTAMENTE
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) alertó por la presencia de granaderos y policías municipales y estatales desde la madrugada de este miércoles en Xoxtla, Puebla, «para imponer la perforación de un pozo profundo y el despojo de agua en la región cholulteca».
Las decenas de granaderos llegaron desde las 3:30 horas de este 7 de octubre para postrarse en los alrededores del parque Pavigi, donde «se pretende imponer la perforación» del pozo que trasladaría el agua hacia la ciudad de Puebla. A las 6 de la mañana, los policías comenzaron a cerrar los caminos de acceso al parque y activó la máquina perforadora de pozos.
La población de Xoxtla responsabilizó al gobernador estatal Alejandro Armenta, así como a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y a la presidenta Claudia Sheinbaum, «de cualquier desgracia» en Xoxtla por perforar el territorio «sin informar al pueblo» y sin contar con permisos ni concesiones «para saquear» el agua.
Los defensores de la Anavi acusaron que el despojo de agua en Xoxtla se enmarca «en un proceso de gentrificación», al que se suma la imposición del Cablebús en Puebla y proyectos inmobiliarios «para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias» en la capital del estado.
«Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen», denunció la Anavi en un comunicado.
COMUNICADO:
COMUNICADO URGENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
PRESENCIA DE GRANADEROS Y POLICÍA EN XOXTLA PARA IMPONER LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y EL DESPOJO DE AGUA EN LA REGIÓN CHOLULTECA
Desde la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos la presencia de granaderos, policía estatal y municipal para facilitar el despojo de agua en el municipio de Xoxtla, puebla.
Desde las 3:30 am del día de hoy, 7 de octubre del 2026, decenas de granaderos se postraron en los alrededores del parque PAVIGI, lugar en el que se pretende imponer la perforación de un pozo profundo con la finalidad de llevarse el agua hacia la ciudad de Puebla, en medio de un proceso de gentrificación que incluye la imposición de un cablebús así como proyectos inmobiliarios para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias en la ciudad de Puebla.
La población de Xoxtla, informa que alrededor de las 6:00 am, la policía estatal comenzó a cerrar los caminos de acceso al parque PAVIGI, mientras que la máquina perforadora de pozos profundos comienza a ser activada.
Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen.
Cabe mencionar que en el proceso de defensa del Agua, han sido criminalizados compañeros de Xoxtla y otras comunidades solidarias, ante lo cual nos mantenemos alertas sobre inminentes actos de represión y criminalización.
Desde los distintos pueblos, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, nos mantenemos en alerta, nos pronunciamos en contra de este vil despojo de nuestros hermanos de Xoxtla y exigimos que se detengan de manera definitiva las obras de perforación del pozo, ante el cual la población han manifestado su profundo rechazo.
Hacemos un llamado a difundir ampliamente esta situación y solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas de Xoxtla.
¡El agua es de los pueblos no de los empresarios!
¡El agua es de los pueblos no del mal gobierno!
¡Alto al despojo del agua en Xoxtla!
ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
El 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG, en el que murieron seis personas
Luego de una balacera en la que murieron seis personas y de que el alcalde de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, fue amenazado por la Operativa Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 20 elementos de la policía municipal de esa localidad, ubicada en los límites con Veracruz, renunciaron a sus cargos.
Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad en el Estado, confirmó que el edil pidió la intervención del gobierno estatal ante la crisis de seguridad que vive ese municipio.
Informó que fueron enviados 15 elementos de la policía estatal para hacerse cargo de la vigilancia y además le brindaron seguridad al alcalde.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por “el Bukanas” y “la Marrana”, e integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG.
La persecución y balacera entre ambos grupos se extendió desde la localidad Paso Carretas, de Atzitzintla hasta el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz, con saldo de al menos seis muertos, todos pertenecientes al grupo delincuencial que se hace pasar como autodefensa.
Luego de esto, la Barredora emitió un comunicado escrito en el que se adjudicó este enfrentamiento y acusó que ese grupo delincuencial abatido respondía a las órdenes del alcalde y cometía al menos siete robos diarios de transporte de carga en esa región.
Cabe señalar que esa zona, en los límites de Puebla y Veracruz, es considerada una de las más peligrosas para los transportistas, pues es cercana a la autopista Puebla-Orizaba y a la zona de Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata, donde diariamente se reportan asaltos.
El Ayuntamiento de Atzitzintla emitió un comunicado en el cual el alcalde, quien fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó las acusaciones en su contra.
“De igual manera, el Presidente Municipal Constitucional, C. Eduardo Velázquez Medina, aclara de manera firme que no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo o relación con grupos delictivos, cualquier contenido que intente involucrarlo con actividades delictivas es totalmente falso, irresponsable y de carácter amarillista, promovido por adversarios políticos que buscan confundir y dividir”.
Hieren con arma blanca a alcalde Tianguismanalco
De igual forma, la Secretaría de Seguridad del Estado se hizo cargo de la vigilancia del municipio de Tianguismanalco, luego de que el alcalde Juan Pérez Moral, fue atacado con arma punzocortante la tarde del jueves 20 de noviembre.
Sánchez González dijo que el edil se reporta como estable en un hospital de Puebla capital, luego de que un sujeto, que fue detenido, le causara una herida en el cuello.
Hasta ahora no hay información oficial sobre las causas de este ataque, aunque existen versiones de que el motivo fue político.
Además de Atzitzintla y Tianguismanalco, el gobierno estatal también se tuvo que hacer cargo de la seguridad del municipio de Huixcolotla, luego de que tres policías municipales de esa localidad fueron asesinados igual por el grupo llamado La Barredora del CJNG.
En su huida, los sospechosos dispararon presuntamente contra la fachada del local para evitar que pudieran salir las personas.
Un incendio provocado este martes en un bar en el estado de Puebla dejó cinco muertos, uno de ellos de nacionalidad extranjera, quienes perdieron la vida debido a la inhalación de humo tóxico, informó el secretario estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez.
“Recibimos un reporte alrededor de las 04:00 de la mañana […] Desafortunadamente hay cinco personas fallecidas, una de nacionalidad extranjera. Está por confirmarse nacionalidad”, indicó el funcionario en una comparecencia pública.
Las autoridades ya identificaron a los presuntos responsables del incendio mortal, que aún no están detenidos pero cuya identidad ha sido comunicada a la fiscalía estatal, que investiga el incidente para dar con los responsables.
Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencia pudieron rescatar con vida a nueve personas del local, cuyo incendio provocó la muerte de cinco personas, tres hombres y dos mujeres que, de acuerdo a medios locales, eran trabajadores del bar.
Los presuntos autores llegaron al bar La Coss a bordo de una motocicleta y lo rociaron de gasolina para prenderle fuego, según informaron medios locales.
Además, en su huida, los sospechosos dispararon presuntamente contra la fachada del local para evitar que pudieran salir las personas que se encontraban en su interior.
“Obviamente no podemos revelar el nombre (de los responsables), y todo esto ya fue canalizado a la fiscal para que se lleve a cabo la investigación y posteriormente la detención de los que consideramos nosotros como los presuntos responsables”, añadió el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla.
Los hechos ocurren mientras el Gobierno federal presume una disminución del 37% en los homicidios en el país en los primeros trece meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Integrantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunciaron que la noche del 29 de octubre un hombre armado los amenazó en el plantón que mantienen en el parque Pavigi. El ataque ocurrió en presencia de policías estatales y puso en riesgo la vida de Pascual Bermúdez, defensor del agua y miembro activo de la resistencia. Los pobladores exigieron al gobierno municipal, estatal y federal detener la violencia contra quienes defienden el territorio.
De acuerdo con testigos, el agresor llegó al plantón con una pistola desenfundada y apuntó hacia la carpa donde se encontraban los integrantes de la comunidad. Al resguardarse las personas dentro del quiosco central, el hombre huyó por el fondo del parque y se refugió junto a patrullas de la Policía Estatal que lo esperaban frente a la entrada principal. Ocho agentes armados con rifles permanecieron en el sitio sin intervenir.
Los habitantes calificaron el hecho como un intento de homicidio y una táctica de terror destinada a sofocar la defensa pacífica del agua. Señalaron que la presencia de policías junto al agresor muestra una “complicidad abierta” y una posible “responsabilidad estatal” en la agresión. Recordaron que la policía no justificó la portación de armas largas y que la acción podría implicar un uso desproporcionado de la fuerza.
Las y los defensores advirtieron que las autoridades, encabezadas por Guadalupe Ortiz y Alejandro Armenta, están escalando el conflicto en favor de intereses privados ligados a proyectos inmobiliarios. “Si algo ocurre a alguna o alguno de los defensores del agua de Xoxtla serán responsables Guadalupe Ortiz, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum”, señalaron. La comunidad insistió en que el Estado mexicano incumple el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar un entorno seguro para quienes protegen el medio ambiente.
El pueblo de San Miguel Xoxtla, en Puebla, denunció un nuevo intento de saqueo del agua por parte de autoridades municipales y empresas privadas, con la construcción de un pozo en el parque Pavigi, frente al Banco del Bienestar. A pesar de la negativa reiterada de la comunidad, el gobierno local ha impuesto la obra con resguardo policial y militar, lo que, advierten, podría derivar en una represión inminente contra las y los defensores del agua.
El 25 de octubre, habitantes y defensores acudieron al sitio para impedir la extracción del recurso, tras conocer que se reactivaron las operaciones a pesar de los compromisos de detenerlas. Los ingenieros del proyecto prometieron retirar la maquinaria y los materiales en unas horas, pero en lugar de hacerlo, el municipio envió elementos de seguridad para proteger la obra. Para la comunidad, la presencia policial evidencia que el Estado actúa en favor de los intereses empresariales y no del pueblo.
Las y los habitantes señalaron directamente a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, a quien acusan de mentir y traicionar al pueblo que dice gobernar. Denunciaron que mantiene acuerdos con Concesiones Integrales, empresa señalada por su responsabilidad en el despojo del agua en Puebla. Según el comunicado, Ortiz ha optado por criminalizar y reprimir la defensa del territorio mientras negocia con quienes lucran con los bienes comunes.
En el mismo pronunciamiento, la comunidad criticó las declaraciones del senador Alejandro Armenta, quien mantiene una postura ambigua frente a la concesión otorgada a Concesiones Integrales. A pesar de sus declaraciones públicas, señalaron, el partido Morena continúa encubriendo a las empresas extractivas. Con la presencia creciente de policías municipales, estatales y de la Marina, el pueblo de Xoxtla llamó a la solidaridad nacional e internacional para frenar la represión y reafirmar que la defensa del agua y la vida sigue siendo una causa legítima de los pueblos que no se venden.
Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas.
Bolsas con cuerpos humanos desmembrados que podrían corresponder a dos personas fueron abandonados la madrugada de este viernes en el camino a la junta auxiliar La Resurrección, municipio de Puebla.
Sobre dos bolsas negras de basura además fue colocada una lona con un mensaje amenazante firmado por el “Comandante Diablo”.
“Ya llegó la limpia a todos los que andas con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja esto va para los supuestos brazos armados k andan por la zona, ya llegó la gente del Comandante Diablo Cuerpo de Fuerzas Especiales”, decía el texto escrito con tinta roja.
De acuerdo a los reportes policíacos, alrededor de las 2:30 de la madrugada, habitantes de esa junta auxiliar pidieron la presencia de patrullas en el área conocida como el puente de piedra donde fueron abandonadas dos bolsas que tenían manchas de sangre y a un par de metros se encontraba una motocicleta.
Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas.
Este hecho de violencia se suma a otros ocurridos en Puebla en los últimos días. Este mismo día, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta.
El 22 de octubre de un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta por calles de la colonia Barranca Honda fueron baleados desde otro vehículo en marcha y ese mismo día otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita cuando viajaba en una motocicleta.
También, el día 21, fue asesinado un hombre a balazos en el mercado La Fayuca en esta ciudad.
El excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, Puebla, intentó que la SCJN declarara inconstitucional que autoridades estatales investiguen operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que ha sido investigado.
Juan Lira Maldonado, considerado prófugo de la justicia por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), creó este año la empresa Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V., junto con otros dos socios. Entre ellos está Sergio Acacio Ramírez Lazcano, quien también fundó en 2025 Transportes ANY JU, S.A. de C.V. como accionista mayoritario.
Hasta octubre de este año no hay evidencia pública de contratos adjudicados o en ejecución para ninguna de las dos compañías. Juan Lira Maldonado, conocido como el “Moco”, además de ser señalado como presunto huachicolero y narcomenudista, fue candidato del partido Fuerza por México y contendió por la alcaldía de Chignahuapan, Puebla.
En el acta constitutiva de Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. los inversionistas son Juan Lira Maldonado, con 33.4 % de las acciones; Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 33.4 % y Alexis Arroyo Téllez, con 33.2 %.
Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. quedó constituido el 12 de febrero de 2025 e inscrito el 8 de mayo del mismo año ante la corredora pública Nora Mendoza Arrevillaga, de Tlaxcala, Tlaxcala. Lira Maldonado y Sergio Acacio Ramírez Lazcano aportaron 167 mil pesos cada uno, y Arroyo Téllez 166 mil pesos, de acuerdo con información disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal.
La empresa tiene un amplio objeto social: servicios profesionales y técnicos en construcción, restauración, demolición, urbanismo y edificación de vivienda; construcción de carreteras, puentes, presas, canales, acueductos y obras de infraestructura urbana; montajes electromecánicos, instalación de tuberías, tendido eléctrico y telefónico, fibra óptica; fabricación, importación y exportación de herramientas, maquinaria para construcción y materiales pétreos; y participación en licitaciones públicas, servicios de arquitectura e ingeniería; bienes raíces; y licitaciones.
En Transportes ANY JU, S.A. de C.V., el socio mayoritario es Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 60 % de las acciones; y Juan Lira Arroyo, con el 40 % restante, lo que se traduce en que cada uno aportó 240 mil y 160 mil pesos, respectivamente.
Esta compañía se dedica al sector transporte y logística con actividades en explotación del servicio público de autotransporte estatal y federal, transporte de carga general y especializada; talleres mecánicos, alineación y balanceo, reparación de motores, servicios eléctricos; ensamblado y fabricación de remolques, conversión y repotencialización de vehículos; compra, venta, importación y exportación de autobuses, microbuses y vehículos automotores; servicio exprés nacional e internacional, transporte de documentos y paquetería.
Creadas con apenas seis meses de diferencia, ambas son empresas complementarias: una se enfoca en el sector de la construcción e infraestructura; otra, en el sector transporte y logística, lo que les permitiría crear sinergias operativas.
¿Quién es Juan Lira Maldonado?
El ahora empresario constructor comenzó su vida laboral “trabajando en la construcción, aprendiendo el oficio desde cero”. Fue chofer de tractocamiones, etapa que “me permitió conocer diferentes lugares y personas, ampliando mis horizontes y perspectivas”, de acuerdo con la información que él mismo proporcionó al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) en las elecciones de 2024.
Fundó invernaderos que producen vegetales y estableció una purificadora de agua. “La transición de ser un obrero a un empresario requirió sacrificios, aprendizaje constante y, sobre todo, la convicción de que el trabajo duro siempre da frutos”, afirma en el Sistema de consulta de información proporcionada por los candidatos que participaron en la contienda electoral local de 2024.
En la información que entregó al IEE no menciona tener relación alguna con empresas constructoras o de transportes, como las constituidas este año en el estado de Tlaxcala, pero con domicilio en el Pueblo Mágico de Chignahuapan.
A Juan Lira Maldonado se le ha relacionado con grupos delictivos dedicados al trasiego y la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios de Zacatlán de las Manzanas, Tetela de Ocampo, Huauchinango, Aquixtla y en toda la franja que va hasta Ahuazotepec, en el estado de Puebla.
Emboscados por un grupo de delincuentes ligados a Lira Maldonado, a finales de agosto de 2020 un comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue asesinado y seis más resultaron heridos en la comunidad San Francisco Terrerillos, en la junta auxiliar de Acoculco, en Chignahuapan. Los policías, dijo el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, estaban en la zona para ejecutar órdenes de aprehensión.
El último día de septiembre de 2020, durante la administración de Barbosa Huerta fue detenido por su probable participación en el robo de combustible, tentativa de homicidio y narcomenudeo. Es “el líder más importante de la banda de robo de combustible, narcomenudeo, secuestros, sicariato y cobro de piso en la Sierra Norte”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.
En octubre de ese mismo año fue aprehendido su yerno, Emmanuel Domínguez Galindo, y en julio de 2024 tanto su esposa Margarita como su hija Anallely fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.
A pesar de las acusaciones en su contra salió de la cárcel y pasó de “participar activamente en campañas políticas desde el año 2008, apoyando a todos los candidatos ganadores desde esa fecha”, según señala él mismo en información disponible en el IEE, a entrar abiertamente a la política hasta convertirse en aspirante a la presidencia municipal de Chignahuapan.
Fuerza por México, el partido que lo postuló, fue constituido como asociación civil en 2019 por Pedro Haces Barba, actual dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena, así como por Gerardo Islas Maldonado, quien murió en febrero de 2022 en Madrid, España.
Recientemente, grupos empresariales del estado de Durango denunciaron que “las extorsiones y cobros ilegales hechas a manos de operadores vinculados a la organización sindical Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos del crimen organizado”.
Lira Maldonado perdió la alcaldía de Chignahuapan, pese al apoyo de Pedro Haces Barba, tras la anulación de las elecciones que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se convocó a elecciones extraordinarias en las que él ya no participó como candidato.
En diciembre de 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Lira Maldonado, quien buscaba que se declarara inconstitucional un artículo que otorga facultades a las autoridades de Puebla para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que él ha sido investigado en la entidad.
Presumiblemente de 2014 a 2020 adquirió al contado diversos bienes inmuebles, y vehículos de alta gama, entre los que se encuentran un Ford F150, modelo 2002; GM Venture, modelo 2000; GM Chevrolet Cheyenne, modelo 2018; Honda Odyssey, modelo 2011; GM Buick Enclave, modelo 2019.
En la audiencia de vinculación a proceso que se formuló en su contra en 2020 se señaló que probablemente “dichas adquisiciones se realizaron con recursos que proceden o representan el producto o ganancias de una actividad ilícita, tomando en razón el antecedente de las actividades a que se dedica el imputado, así como el nexo familiar que guarda con los testaferros y que son las personas que figuran como titulares de los mismos, que son sus hijos y su concubina”.
En marzo de 2025, Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dijo que se investiga a Lira Maldonado por supuestos nexos con actos de violencia y el uso de recursos ilícitos. Aseguró que realizaron cuatro cateos en propiedades de Lira Maldonado: tres el jueves 19 de marzo, y uno más el viernes 20.
Consultada para esta investigación, el área de comunicación social de la fiscalía respondió que “no podemos informar sobre mandatos judiciales por el sigilo de las investigaciones”.