Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Jueces y magistrados rechazan la destitución y persecución penal del juzgador Sergio Sigales

Más de un centenar de juzgadoras y juzgadores respaldaron el desplegado fechado este 11 de noviembre de 2026

Juezas, jueces y magistrados de carrera judicial rechazaron la destitución, inhabilitación y activación de la vía penal contra el juez de control Sergio Sigales Obrador Garrido.

Los integrantes de la judicatura cesados por la reforma, en activo y en retiro forzado calificaron la determinación de la Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial como una medida de represión contraria a los estándares internacionales de independencia.

La Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial sancionó al impartidor de justicia por las resoluciones que dictó en su calidad de juez de control. El pronunciamiento advirtió que sancionar e iniciar acciones penales por la sola interpretación y aplicación de la norma constituye una forma de persecución para controlar las decisiones judiciales, tal como ocurrió en los casos internacionales López Lone y otros vs. Honduras y Apitz Barbera y otros vs. Venezuela.


Los juzgadores subrayaron que el orden jurídico dispone de recursos procesales claros para que las partes o autoridades combatan los fallos judiciales sin intimidar a quienes juzgan.

El castigo a criterios jurídicos razonablemente fundados, señalaron los firmantes, infunde temor en la función jurisdiccional y menoscaba el derecho de la ciudadanía a obtener una justicia libre e imparcial.

El posicionamiento dirigió un llamado a los sectores empresarial, académico, colegios de abogados y a la sociedad en general a defender el Estado de derecho frente a estos actos.

Más de un centenar de juzgadoras y juzgadores respaldaron el desplegado fechado este 11 de noviembre de 2026.

Transcripción íntegra del comunicado

JUEZAS, JUECES, MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE CARRERA JUDICIAL CESADOS POR LA REFORMA, RECHAZAMOS LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DEL JUEZ SERGIO SIGALES OBRADOR GARRIDO, ASÍ COMO EL USO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y PENALES, COMO VÍA DE REPRESIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

La determinación de la Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial de destituir, inhabilitar y activar la vía penal, en contra del Juez Sergio Sigales Obrador Garrido por las decisiones tomadas como juez de control, no es acorde a los estándares internacionales que protegen la independencia judicial de un país.

La reforma judicial dio origen a un Tribunal de Disciplina Judicial, que desde antes de su creación se advertía la inconvencionalidad de su diseño y funcionamiento. El caso López Lone y otros vs. Honduras explica la gravedad de su creación y el objetivo de sus sanciones.

Cuando se cuestiona una resolución judicial, la ley establece las vías para impugnarla, pero atribuir una falta disciplinaria y considerarla como una posible conducta penal, por el solo hecho de interpretar y aplicar la ley, podría considerarse como una forma de presión, incluso persecución, para tomar el control judicial, como se muestra en Apitz Barbera y otros vs. Venezuela.

No basta sostener la bandera de protección de una justicia independiente si no se aplican sus estándares, no basta reconocer principios constitucionales si no guían la función del Tribunal de Disciplina Judicial.

Ningún Juez o Jueza debe ser sancionado disciplinariamente ni penalmente por hacer su trabajo. En un Estado de derecho, las vías para que las autoridades del país se inconformen con las decisiones tomadas por los Jueces y Juezas en su quehacer judicial no son caprichosas, se encuentran en la ley y van dirigidas a combatir el acto.

Sancionar una interpretación jurídica razonablemente fundada, puede condicionar la forma en que otras personas juzgadoras resuelven. La ciudadanía tiene derecho a que su caso se decida conforme a la ley, sin que pese sobre quien juzga el temor a una sanción por el sentido de su resolución. Un juez que teme ser sancionado por el sentido de sus decisiones deja de juzgar con libertad.

Hacemos un llamado al sector empresarial, a las comunidades académica y universitaria, al gremio de la abogacía y a la sociedad en su conjunto a no pasar por alto lo ocurrido y a alzar la voz en defensa de la independencia judicial.

Por el derecho de todas las personas a contar con una justicia independiente.

Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados de carrera judicial cesados por la reforma, en activo y en retiro forzado.

11 de Noviembre de 2026.

Firmantes

Jueza Martha Eugenia Magaña López | Juez Eduardo Alberto Osorio Rosado | Jueza Mónica Montes Manrique | Magistrada Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez | Jueza Nancy Juárez Salas | Magistrado Martín Ángel Rubio Padilla | Juez José Álvaro Vargas Ornelas | Jueza Claudia Elena Hurtado Mendoza Godínez | Juez Luis Fernando Arreola | Jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio | Magistrado Gelacio Villalobos Ovalle | Juez José Jesús Rodríguez Hernández | Juez Gerardo Genaro Alarcón López | Juez Roberto Posan Tornero | Jueza Edna Claudia Rueda Ávalos | Magistrado Juan José Olvera | Magistrada Taissia Cruz Parcero | Jueza Lucía del Carmen Flores Gaytán | Magistrada Lilia Mónica López Benítez | Magistrada Julia María del Carmen García González | Magistrada Estela Berenice Vargas Bravo Piedras | Jueza Ana Livia Sánchez Campos | Jueza Mar D. Padilla | Juez Rubén García Mateos | Magistrada Isabel Iliana Reyes Muñiz | Magistrado Francisco Javier Silva Anda | Magistrado Luis Vega Ramírez | Magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza | Magistrada Marcela Elizabeth García Cante | Magistrada Emilia Molina de la Puente | Juez Getsemaní Hernández Xolio | Magistrado Héctor Guillermo Maldonado Maldonado | Magistrado Alejandro de Jesús Baltazar Robles | Jueza Roxana León Sánchez | Jueza Paulina Cisneros Nájar | Juez Arturo Medel Casquera | Magistrado Pablo V. Monroy Gomez | Magistrada Edwigis Olivia Rotunno de Santiago | Magistrada Margarita Nahuatt Javier | Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez | Magistrada Sara Olimpia Reyes García | Magistrada Ema Margarita Guerrero Osio | Magistrado Víctor Pedro Navarro Zarate | Magistrado José Manuel Torres Ángel | Jueza Claudia Luz Hernández Sánchez | Magistrada Nancy De Los Santos Alvarez | Jueza Martha Claudia Monroy Flores | Magistrado Omar Liévanos Ruiz | Magistrado Enrique Torres Segura | Juez José Luis Hernández Hernández | Magistrado Jorge Luis Mejia Perea | Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa | Magistrado Victorino Rojas Rivera | Juez Oscar Herrera Perea | Juez Faustino Gutiérrez Pérez | Magistrado Juan Ramón Barreto López | Magistrado José Manuel Vélez Barajas | Magistrada Edna Lorena Hernández Granados | Magistrado Luis Eduardo Jiménez Martínez | Magistrado Juan Manuel García Arreguin | Jueza Lucero De Alba Peña | Juez Miguel León Bio | Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado | Juez Francisco Javier Calderón Rodríguez | Juez Agustín Buenrostro Massieu | Jueza Santa Flor de María Avendaño López | Jueza Gloria García Reyes | Jueza Elizabeth González Mota | Magistrada María de Jesús Paola Castro Nava | Magistrado Gerardo Martínez Carrillo | Magistrado Eligio Nicolás Lerma Moreno | Magistrada Araceli Trinidad Delgado | Magistrado Fernando Rochin García | Magistrado José Daniel Nogueira Ruiz | Jueza Maribel Castillo Moreno | Jueza Minerva H. Mendoza Cruz | Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández | Jueza Hilda Elizabeth Plascencia Carrasco | Jueza María Catalina de la Rosa Ortega | Jueza Alejandra Domínguez Santos | Jueza Blanca Patricia Pérez Pérez | Jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo | Jueza Olga Borja Cárdenas | Jueza Sonia Lilia Rodríguez Zetina | Juez César René Ávila Saldaña | Magistrada Gabriela Capetillo Piña | Magistrado Mauricio Javier Espinosa Jiménez | Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela | Magistrado Guillermo Cuautle Vargas | Juez Rodolfo Meza Esparza | Magistrada Leticia Morales García | Jueza Reyna López Rodríguez | Magistrado Eduardo Antonio Loredo Moreleón | Juez Raúl López Pedraza | Juez Oscar Molina Zavala | Magistrado Armando Díaz López | Juez Raymundo Serrano Nolasco | Jueza Isaura Romero Mena | Magistrada María Patricia Aguilar Alvarado | Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo | Juez Carlos Arturo Cano Reed | Magistrado José Luis Monroy Cortes | Magistrado Christian Omar González Segovia | Magistrado Manuel Augusto Castro López | Juez Jorge Alberto Camacho Pérez | Magistrado Alejandro Sánchez López | Jueza Yazmín Angélica Murillo Badilla | Magistrado José Javier Martínez Vega | Jueza Ana Cecilia Morales Ahumada | Jueza Dinorah Hernández Jiménez | Jueza Yeimi Medina Fuerte | Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo | Magistrado Francisco García Sandoval | Juez Oscar Mendoza Altamirano | Jueza Marcela Guadalupe Castro Núñez | Magistrado Octavio Chávez López | Magistrada Renata Suárez Tellez

Juez destituido acusa que Tribunal de Disciplina lo denunció ante la FGR un día después de dichos de Sheinbaum

El juez Sergio Alberto Sigales señaló en 'Aristegui en Vivo' que el Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República un día después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jueces que liberaban a personas detenidas en Colima

El juez de control Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Colima, acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de vulnerar su presunción de inocencia y actuar de manera arbitraria en el procedimiento que derivó en su inhabilitación por un año y destitución, al considerar que la resolución respondió a presiones políticas y no a una evaluación jurídica de sus decisiones.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, acompañado por su abogado defensor, Arturo Guerrero Zazueta, el juzgador sostuvo que el procedimiento disciplinario se originó por su criterio al revisar nueve procedimientos abreviados en los que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no respetó los términos de sus propios acuerdos con las personas imputadas para reducir sus penas.

Sigales señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial difundió un comunicado el 2 de noviembre en el que consideró que anticipó una condena al referirse a presuntas irregularidades como hechos acreditados: “Donde hace afirmaciones, donde viola mi presunción de inocencia”.

El juez cuestionó que el tribunal señalara que había incurrido en faltas graves sin utilizar el carácter de presuntas, por lo que consideró que la institución ya había fijado una postura sobre su responsabilidad antes de que concluyera el procedimiento.

La resolución de la comisión fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de la magistrada Celia Maya, decisión que Sigales dijo reconocer, debido a que consideró que su experiencia como juzgadora le permitió valorar los argumentos jurídicos del caso.

“Me sorprende gratamente el voto de la magistrada Celia Maya, la presidenta votó en contra”, señaló.


El origen del procedimiento: nueve procedimientos abreviados

Arturo Guerrero Zazueta explicó que el caso se relaciona con el criterio del juez para revisar las penas propuestas por la Fiscalía en procedimientos abreviados, una modalidad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permite resolver asuntos penales sin llegar a un juicio oral, mediante un acuerdo entre la representación ministerial y la defensa.

De acuerdo con el abogado, Sigales había resuelto alrededor de 240 procedimientos abreviados, pero únicamente en nueve la defensa solicitó la intervención judicial para revisar si la Fiscalía estaba respetando sus propios acuerdos.

En esos asuntos, las personas imputadas argumentaron que no tenían antecedentes penales y que enfrentaban por primera vez un proceso por delitos como posesión de drogas y portación de armas. También señalaron que la Fiscalía les ofrecía penas superiores a las que correspondían conforme a los criterios de reducción establecidos en sus acuerdos.

De los nueve procedimientos, en cinco las decisiones de Sigales fueron confirmadas después de que la Fiscalía las impugnó. En los cuatro restantes, un mismo tribunal de alzada en Colima revocó las resoluciones del juez, lo que posteriormente dio origen a las denuncias en su contra.

El abogado precisó que las penas que inicialmente ofrecía la Fiscalía eran de cuatro años y dos meses de prisión, mientras que el juez las redujo a tres años y cuatro meses, con base en el acuerdo ministerial y los parámetros legales que consideró aplicables.

“El juez correctamente redujo las penas en concurso de delitos”, fue uno de los criterios que, según Sigales, respaldó una resolución posterior del Tribunal Colegiado Auxiliar en Los Mochis.

El juzgador rechazó que las revocaciones de sus decisiones hubieran provenido de distintos tribunales, como daba a entender el comunicado del Tribunal de Disciplina Judicial.

Explicó que las cuatro resoluciones contrarias a su criterio fueron emitidas por un mismo magistrado unitario de Colima, mientras que otras determinaciones de diferentes tribunales le dieron la razón, entre ellas algunas en Jalisco.

Por ello, cuestionó que el comunicado institucional destacara únicamente las resoluciones que revocaron sus decisiones y omitiera las que las confirmaron. “Por eso es arbitrario, por eso hay un efecto corruptor”, afirmó.

Los fundamentos jurídicos de las resoluciones

Sigales defendió que sus decisiones se sustentaron en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un límite máximo de reducción de un tercio de la pena en delitos dolosos.

Explicó que, en los cuatro asuntos en los que sus resoluciones fueron revocadas, tomó como referencia una pena de cinco años y aplicó la reducción máxima permitida por la legislación, con lo que llegó a una condena de tres años y cuatro meses.

Además, aseguró que tomó en cuenta estándares internacionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y referencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la prisión preventiva. “Entonces, era mi obligación, así lo hice”, afirmó.

El juzgador sostuvo que su función consistía precisamente en revisar la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía y garantizar los derechos tanto de las personas imputadas como de las víctimas.

También recordó que los procedimientos abreviados representan una de las principales vías para resolver asuntos penales sin saturar los tribunales con juicios prolongados, por lo que consideró que la revisión judicial de los acuerdos ministeriales forma parte de las atribuciones de los jueces de control.

Por su parte, el abogado Guerrero Zazueta aclaró que el asunto disciplinario no se relaciona con acusaciones de haber recibido dinero o cometido actos de corrupción, sino con la interpretación jurídica que hizo Sigales sobre la posibilidad de revisar y reducir las penas propuestas por la Fiscalía en esos nueve procedimientos.

El abogado defensor también cuestionó los tiempos en que se integró la comisión que resolvió la suspensión del juez y posteriormente impulsó el procedimiento que derivó en su destitución.

Explicó que dicha comisión se creó apenas 24 horas antes de que discutiera el caso de Sigales, mientras que la comisión de disciplina, que a su juicio era la competente para conocer del asunto, se constituyó hasta el 4 de noviembre.

En tanto, el juez sostuvo que la instancia que intervino inicialmente carecía de competencia conforme a la normativa del propio tribunal. “Me suspende rápido, expeditamente, una comisión incompetente, la competente se crea unos días después”, afirmó.

Guerrero Zazueta agregó que la rapidez con la que se resolvió el asunto también quedó reflejada en la convocatoria de sesiones extraordinarias, en las que los asuntos se circulaban prácticamente al momento y sin cumplir con los plazos internos habituales.

Consideró que esa forma de proceder podía impedir que los integrantes del tribunal contaran con todos los elementos necesarios para analizar los expedientes.

El abogado destacó además que el comunicado sobre la resolución se difundió un domingo y cuestionó que una institución emitiera información de esa naturaleza en un día no habitual, particularmente por la relevancia del caso.

También señaló que los dos magistrados que votaron a favor de la resolución contra Sigales eran los mismos que habían participado en la comisión de investigación, mientras que Celia Maya, quien votó en contra, no había formado parte de esa instancia y analizó el asunto posteriormente.

A juicio de Guerrero Zazueta, esa circunstancia pudo influir en la decisión de los magistrados que intervinieron desde el inicio del procedimiento, pues consideró que pudieron quedar comprometidos con sus propios criterios iniciales.

Advierten posibles presiones políticas

Tanto el juez como su abogado relacionaron la rapidez del procedimiento con las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en una de sus conferencias matutinas, en la que habló sobre la liberación de personas detenidas en Colima y señaló que algunos jueces incidían en los resultados de las estrategias de seguridad.

A partir de esas declaraciones, la Presidencia de la República envió una comunicación al Poder Judicial para expresar su inconformidad con actuaciones judiciales relacionadas con la liberación de personas acusadas de cometer delitos.

Guerrero Zazueta consideró que la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial fue una respuesta inmediata a esos hechos y sostuvo que los magistrados que participaron en las primeras decisiones pudieron quedar comprometidos con una postura institucional.

Sigales, por su parte, dijo percibir que existe la intención de perjudicarlo y consideró que el procedimiento podía convertirse en un precedente para sancionar a otros juzgadores por sus criterios jurídicos.

“Hay alguien ahí que está viendo todo esto para perjudicarme, eso, como ya, así lo percibo yo”, declaró al referirse al comunicado del tribunal.

El juez dijo que todavía espera conocer cómo votará el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que deberá resolver sobre la determinación de la comisión.

Identificó a los magistrados Bernardo Bátiz y a Rufino León Tovar como los integrantes que votaron en su contra desde la comisión de investigación. También mencionó a la magistrada Verónica de Gyvés, quien participó en esa primera instancia y votó a favor de su suspensión, aunque consideró que todavía podría revisar su postura.

Sigales señaló que espera que la magistrada analice nuevamente el expediente a partir de su experiencia como jueza penal durante 15 años y alrededor de una década como magistrada penal.

“Necesito dos votos para revertir esta injusticia, esta destitución, esta inhabilitación”, dijo al referirse a la posibilidad de modificar la resolución en el pleno.

Aunque reconoció complicado revertir la decisión, sostuvo que el tribunal y el gobierno enfrentarán un costo político si se consolida la percepción de que el nuevo órgano disciplinario fue creado para “perseguir a jueces incómodos por criterios judiciales”.

La denuncia ante la FGR

Sigales señaló otra irregularidad en el procedimiento: el Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que todavía no había concluido el proceso disciplinario en su contra.

Explicó que el secretario ejecutivo de la Comisión de Disciplina presentó formalmente la denuncia mediante un oficio fechado el 3 de noviembre, un día después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jueces que liberaban a personas detenidas en Colima.

El juez consideró que esa actuación vulneró su presunción de inocencia y el principio de imparcialidad, pues el mismo tribunal que lo investiga y debe resolver sobre su destitución también promovió una denuncia penal en su contra.

Mencionó precedentes de la Suprema Corte relacionados con un caso de Colima, en el que se analizó la actuación del Tribunal Superior de Justicia estatal por haber denunciado a una jueza. Dijo que en esa resolución se determinó que esa actuación vulneraba el principio de imparcialidad. “Claro, eres juez y parte”, señaló.

En ese sentido, dirigió un mensaje a las autoridades que participan en los procedimientos en su contra y, en particular, a la jueza que deberá conocer la causa penal derivada de la denuncia presentada por el Tribunal de Disciplina.

“Imagínense la presión que tiene ella cuando me ha denunciado el tribunal de disciplina, cuando en una primera instancia ya ha resuelto inhabilitarme y suspenderme de mi cargo, entonces, no hay condiciones de imparcialidad, de independencia, en este momento”, afirmó.

El juez también reveló que tres juzgadores declinaron conocer su proceso antes de que se designara a la jueza que finalmente quedó a cargo. Explicó que dos de ellos habían sido sus compañeros en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima y mantenían una relación de amistad con él, mientras que el tercero llegó posteriormente a ese órgano jurisdiccional.

Consideró correcto que los tres se excusaran por esas circunstancias. Añadió que, debido a que los juzgadores disponibles en ese circuito estaban impedidos para intervenir, se determinó que la jueza fuera designada desde Nayarit.

Juez advierte consecuencias para otros juzgadores

Sigales consideró que su caso no solamente afecta su trayectoria profesional, sino que también puede tener consecuencias para la independencia de los jueces y para las personas que recurren al sistema de justicia.

“Yo soy un juez que tengo herramientas, tengo conocimientos y me defiendo. ¿Qué pasa con la ciudadanía que no tiene ese conocimiento?, ¿que incluso no tiene los recursos? Que acude a la defensa pública, a la asesoría pública federal. ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?”, cuestionó.

El juzgador aseguró que acumula 28 años de carrera judicial sin ninguna queja fundada ni escándalos relacionados con su desempeño. También afirmó que su abogado no ha recibido dinero de su parte por la defensa del caso y agradeció el respaldo recibido de integrantes de la comunidad judicial.

El juez sostuvo que su situación podía convertirse en un precedente para otros integrantes del Poder Judicial que buscaran aplicar criterios distintos a los de las fiscalías en la resolución de asuntos penales.

Sobre las consecuencias personales y laborales de la resolución, dijo que actualmente dejó de percibir el ingreso que recibía como juez de control. Indicó que tiene la posibilidad de ejercer la abogacía o trabajar en otro ámbito, aunque reconoció que su trayectoria profesional se desarrolló principalmente dentro de la carrera judicial.

“Hoy estoy en la calle, no sé qué hacer”, expresó.

Asimismo, reveló que había considerado participar en la elección judicial, pero que después de hablarlo con su esposa y ante las condiciones que observa actualmente en el Poder Judicial, decidió que ya no buscará esa vía. “No hay condiciones, entonces no quiero seguir aquí”, afirmó.

Su principal petición es que el Tribunal de Disciplina Judicial revoque la determinación y le permita concluir el periodo para el que fue designado. También señaló que la destitución le impide acceder a las prestaciones que le corresponderían, incluida una indemnización.

Precisó que ingresó a la carrera judicial el 16 de noviembre de 1997 y que cumpliría 29 años de servicio el 16 de noviembre de 2026.

Antes de desempeñarse como juez de control en Colima, también trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde fue secretario proyectista y sustituyó al entonces magistrado Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del tribunal capitalino.

El juez reiteró que continuará con los recursos legales para intentar revertir su destitución e inhabilitación, mientras permanece pendiente la resolución definitiva del pleno del Tribunal de Disciplina Judicial.

Corte y Sindicato del Poder Judicial acuerdan cambios en evaluación; eliminarán posibles sanciones

La Corte acordó con el Sindicato del Poder Judicial de la Federación modificar el nuevo esquema de evaluación del desempeño de los trabajadores; se eliminará cualquier referencia a posibles sanciones, como la separación del cargo, derivadas de estas pruebas

Tras las protestas realizadas por trabajadores del Poder Judicial para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron eliminar las posibles sanciones relacionadas con la evaluación.

Luego de sostener una mesa de diálogo con el sindicato, la Corte indicó que se acordó  la eliminación de posibles sanciones, como la separación del cargo, derivadas de estos exámenes. También se eliminarán las evaluaciones extraordinarias y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.

“Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo. Además, se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad”, explicó el máximo tribunal en un comunicado.

Asimismo, se acordó que estas modificaciones al “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026” se publicarán lo antes posible en el Diario Oficial de la Federación.

Trabajadores del Poder Judicial levantan paro

La Corte también informó que todos los órganos jurisdiccionales del PJF retomarán actividades y trabajaran con normalidad este lunes 9 de noviembre.

Como parte de los acuerdos, también se realizarán mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre demandas específicas de los trabajadores “a fin de lograr el normal funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación“, indicó la SCJN.

El viernes 6 de noviembre trabajadores del Poder Judicial protestaron en al menos 17 estados del país, con reportes de suspensiones de actividades, concentraciones de trabajadores, cierres de accesos y bloqueos en vialidades.

En la Ciudad de México se reportaron movilizaciones y suspensiones de labores en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. También hubo protestas en vialidades como Insurgentes Sur.

¿Por qué protestaban los trabajadores del Poder Judicial?

El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026”; los trabajadores del Poder Judicial advirtieron que el mecanismo de evaluación podría utilizarse para remover personal o justificar despidos, mientras que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó las movilizaciones y expresó su preocupación por las posibles consecuencias del acuerdo.

En un comunicado difundido este viernes, la JUFED advirtió que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, mediante el cual el Pleno del OAJ regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, representa una amenaza para la estabilidad laboral de quienes integran la estructura jurisdiccional.

La asociación, cuya directiva nacional corresponde al periodo 2026-2027, sostuvo que el mecanismo presentado como un procedimiento diagnóstico podría convertirse en una herramienta para separar del cargo a trabajadores en evaluaciones posteriores.

“El Acuerdo de Evaluación del Desempeño Judicial busca desmantelar lo que queda de Carrera Judicial”, señaló la organización en el encabezado de su pronunciamiento.

La JUFED cuestionó particularmente los criterios de valoración establecidos en el nuevo esquema. De acuerdo con su interpretación, 30% de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, mientras que 60% estará bajo control de la Escuela Judicial.

La organización consideró que esa distribución resta importancia a la experiencia adquirida en el trabajo cotidiano y a los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, al dar mayor peso a las apreciaciones de otras personas.

A su juicio, los criterios pueden generar condiciones para que las evaluaciones posteriores se utilicen como mecanismos de presión contra trabajadores o para remover a quienes resulten incómodos dentro de la institución.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/corte-evaluacion-sindicato-poder-judicial-acuerdos

Detienen a profesora de criminalística acusada de vender supuestas plazas en la PDI

De acuerdo con la investigación, la imputada utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ingresar a la corporación, para lo que debían entregar documentación personal y cubrir un pago de 40 mil pesos, dividido en tres depósitos bancarios: uno inicial de 6 mil pesos y dos posteriores de 17 mil pesos cada uno

Una profesora de Criminalística de una universidad del Estado de México fue detenida por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de plazas en la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por las que solicitaba 40 mil pesos a sus estudiantes. 

La mujer, identificada como Ana Karen “N”, de 31 años, fue aprehendida el jueves 5 de noviembre en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, luego de que una de sus alumnas la denunció por haberle cobrado 6 mil pesos como primer pago para obtener un supuesto puesto en la corporación capitalina. 

De acuerdo con la investigación de la FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde, la imputada impartía clases de Criminalística en una universidad de Naucalpan y, en julio de 2026, utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de ingresar a la PDI a cambio de dinero. 

Para acceder a las supuestas plazas, las personas interesadas debían entregar documentación personal y cubrir un pago de 40 mil pesos, dividido en tres depósitos bancarios: uno inicial de 6 mil pesos y dos posteriores de 17 mil pesos cada uno.

La cuenta bancaria a la que debían transferirse los recursos era proporcionada por la propia profesora, según la investigación ministerial. 

El 9 de agosto de 2026, una de sus alumnas realizó el primer depósito, pero sospechó que se trataba de un fraude y acudió a la Fiscalía capitalina el 9 de septiembre para presentar una denuncia. 

A partir de ese señalamiento, el Ministerio Público inició una investigación por el delito de fraude específico, en la que se indagaron tanto el ofrecimiento de las plazas como el pago realizado por la estudiante. 

Con los resultados de las diligencias y los dictámenes periciales, la Fiscalía obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ana Karen “N”. 

El mandamiento judicial fue ejecutado el 5 de noviembre por agentes de la PDI, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Naucalpan de Juárez. 

Tras su captura, la profesora fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que deberá resolver su situación jurídica. 

Ante la posibilidad de que existan más personas afectadas, la Fiscalía capitalina llamó a quienes hayan recibido ofertas de ingreso a la PDI por parte de Ana Karen “N” a presentar sus denuncias ante el Ministerio Público.

Nuevo paro en el Poder Judicial: 32 mil trabajadores protestan en 17 estados contra esquema de evaluación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en al menos 17 estados iniciaron un paro de labores para rechazar el nuevo sistema de evaluación del desempeño del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La inconformidad exige congelar el Acuerdo AG-POAJ-025/2026, argumentando que el examen de conocimientos solo representa el 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de criterios subjetivos que ponen en riesgo la carrera judicial y la permanencia de 32 mil empleados. Por su parte, el OAJ aseguró que la prueba programada para diciembre de 2026 será meramente diagnóstica y descartó que implique despidos o pérdida de plazas

El Poder Judicial se vuelve a ir a paro, esta vez por el examen al que están obligados a realizar, sin embargo, el problema no es el ejercicio de evaluación sino el bajo valor que tiene comparado con criterios más arbitrarios que abarcan el 60% de la evaluación final. 

 Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas sedes del país para exigir que se deje sin efectos el nuevo sistema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.


La protesta comenzó durante la madrugada en instalaciones de la Ciudad de México y se extendió a al menos 22 sedes de 17 entidades. Entre los inmuebles donde se reportaron suspensiones de actividades están los de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, en la capital del país, así como instalaciones judiciales en Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

En Monterrey, los trabajadores bloquearon de manera intermitente los carriles de la avenida Constitución, a la altura de Cuauhtémoc. En Cancún, cerraron con candado el acceso a las instalaciones. En Morelos, más de mil empleados cerraron desde el jueves las sedes de Cuernavaca y Xochitepec.


La inconformidad se dirige al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que establece un esquema de evaluación para secretarios proyectistas, actuarios, oficiales judiciales y demás personal de carrera judicial. La medida comprende alrededor de 32 mil trabajadores adscritos a más de 900 juzgados y tribunales federales.

EVALUACIÓN: 40% EXAMEN Y 60% OTROS CRITERIOS

El nuevo mecanismo contempla evaluaciones periódicas que combinan un examen de conocimientos y competencias, equivalente a 40% de la calificación, con otros criterios que representan el 60% restante.

En esta segunda parte se consideran aspectos como capacitación, productividad, calidad del trabajo, trabajo en equipo, ética, atención a la ciudadanía y valoraciones de superiores y compañeros.


Los trabajadores cuestionan que el examen tenga un peso menor frente a criterios que, consideran, pueden prestarse a valoraciones subjetivas. También advierten que el esquema no reconoce suficientemente la antigüedad y la experiencia, y temen que los resultados puedan utilizarse para determinar la permanencia en el puesto, cambios de adscripción o separación del cargo.

La vocera Patricia Aguayo ha señalado que los trabajadores condicionan el regreso a sus actividades a que se retire el acuerdo. Entre las demandas también está establecer un mecanismo de evaluación orientado a la capacitación y no a posibles despidos o reubicaciones.


La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también cuestionó el nuevo esquema. En un comunicado, acusó que busca desmantelar lo que queda de la carrera judicial y pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, al establecer mecanismos que considera discrecionales.

OAJ NIEGA RIESGO DE DESPIDOS

Ante la convocatoria al paro, el Órgano de Administración Judicial rechazó que las evaluaciones previstas para diciembre puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.


El organismo precisó que la primera aplicación, programada entre el 4 y el 15 de diciembre de 2026, tendrá exclusivamente carácter diagnóstico. Por ello, no habrá aprobados ni reprobados y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

“El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, sostuvo.

El OAJ explicó que el objetivo es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia. Añadió que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes.

La institución defendió que cuenta con atribuciones para aplicar estas evaluaciones, conforme al artículo 100 de la Constitución y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También reconoció el derecho de los trabajadores a manifestar sus inconformidades y ejercer su libertad sindical, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal.

“La evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador”, indicó.

El organismo manifestó su disposición al diálogo para explicar el procedimiento y proporcionar herramientas de capacitación, pero insistió en que debe cumplirse el mandato constitucional.

Tribunal de Disciplina ya investiga al Juez detenido por presuntos sobornos del narco

Luis Benítez Alcántara es acusado por EU de presuntamente aceptar una suma millonaria a cambio de liberar a un socio del Cártel de Sinaloa.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dio a conocer que abrió una investigación de oficio relacionada con el caso del Juez Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido en Colombia y es acusado por las autoridades de Estados Unidos (EU) de recibir sobornos millonarios para ayudar al narcotráfico.

La autoridad judicial dio a conocer en una tarjeta informativa que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) actualmente tiene cuatro indagatorias en curso, derivadas de quejas recibidas en contra del juzgador por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como Juez de Distrito.

El Tribunal aclaró que ninguna de las carpetas mencionadas está relacionada con los hechos que se le atribuyen al Juez Luis Benítez y que derivaron en su detención en Colombia.

En su comunicado, el TDJ afirmó que no tenía conocimiento de que el juzgador está acusado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir un soborno millonario a cambio de liberar al segundo al mando de una organización criminal liderada por un exatleta canadiense y dedicada al tráfico de drogas para el Cártel de Sinaloa.

Luego de que se difundió en medios de comunicación la noticia del arresto del juzgador mexicano, la autoridad judicial inició una investigación de oficio relacionada con las acusaciones en su contra.

El Tribunal de Disciplina Judicial explicó que tiene la facultad de ordenar al OIRA que inicie una indagatoria en los casos en los que se pueda constituir alguna falta administrativa de personas juzgadoras.

Luís Benítez Alcántara se ha desempeñado como Juez de Distrito desde hace ocho, cargo que actualmente ocupa en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México (CdMx), con sede en el Reclusorio Sur.

Juez Luis Benítez es acusado por EU de recibir sobornos del narco

El Juez Luis Benítez Alcántara fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, tras lo cual la justicia de Estados Unidos presentó una solicitud de extradición para ser juzgado por presuntamente haber recibido un soborno de más de dos millones de dólares a cambio de liberar uno de los líderes de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

En 2024 el juzgador asumió el caso de Andrew Clark, hombre de origen canadiense que es considerado como el segundo al mando del grupo delictivo liderado por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, el cual se dedicaba a traficar cocaína para el Cártel de Sinaloa.

Según las acusaciones de las autoridades estadounidenses, en dicha ocasión el juzgador mexicano habría aceptado un pago de más de dos millones de dólares a cambio de liberar a dicho sujeto, quien enfrentaba un proceso para ser extraditado a Estados Unidos.

A raíz de esta situación, el Departamento de Justicia de EU consideró al Juez Benítez como un cómplice de Clark en los delitos por los que se le acusa, entre los que se incluye narcotráfico, homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada.

Unión Internacional de Magistrados expulsa a representación de México por su respaldo a la reforma judicial

La UIM concluyó que el respaldo de la organización mexicana a la elección popular de jueces era contrario a los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes de esa organización internacional, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados

La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre durante la 68 reunión anual de la UIM, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. Debido a que las abstenciones no se contabilizan, la exclusión obtuvo 53 de los 66 votos emitidos, cerca de 80 por ciento. 

La UIM, fundada en 1953, agrupa asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos o tribunales. Entre sus objetivos está la protección de la independencia judicial, que considera una condición esencial de la función jurisdiccional y una garantía de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las asociaciones integrantes deben ser apolíticas e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, además de promover la independencia judicial.

Durante la asamblea de la UIM, la CONATRIB estuvo representada por su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas. La CONATRIB agrupa a las y los titulares de los 32 poderes judiciales de los estados.

La revisión de la membresía de la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la organización se pronunciara a favor de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese posicionamiento respaldó la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, aunque planteó que su implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de ese año.

En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM cuestionó la reforma mexicana al advertir que dejar en manos del voto popular la decisión final sobre el nombramiento de jueces contradecía el principio de designación por mérito y criterios objetivos. También señaló posibles afectaciones a la inamovilidad judicial y pidió a López Obrador reconsiderar la reforma.

Por tanto, la UIM abrió un procedimiento para revisar la membresía de la CONATRIB y solicitó a la organización mexicana un informe, que fue entregado el 30 de junio de 2025. En su respuesta, la CONATRIB sostuvo que la reforma era resultado del ejercicio de la soberanía popular y que estaba obligada constitucionalmente a acatarla. También defendió su carácter estrictamente apolítico y afirmó que su interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo permitió que la reforma se aplicara de manera gradual.

La CONATRIB agregó que había defendido la independencia judicial mediante pronunciamientos, gestiones presupuestales y otras acciones.

Los dos relatores designados por la UIM, provenientes de Argentina y España, concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no atendió la preocupación central planteada durante la revisión. En su informe señalaron que, al respaldar la elección popular de jueces, la organización mexicana avaló un mecanismo que consideraron contrario a los principios de independencia y apoliticidad establecidos en los estatutos de la UIM.

Los relatores determinaron que la CONATRIB ya no reunía las condiciones bajo las cuales había sido admitida como integrante y recomendaron al Consejo Central someter a votación su exclusión.

Durante la discusión previa a la votación, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica cuestionaron al presidente de la CONATRIB sobre las acciones emprendidas por la organización durante la aprobación de la reforma para defender la independencia judicial.

El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, quien presidía la Federación Latinoamericana de Magistrados cuando se aprobó la reforma judicial mexicana, cuestionó la actuación de la CONATRIB y sostuvo que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.

También afirmó que la CONATRIB debió rechazar la destitución de jueces y actuar de manera enérgica, en lugar de emitir un comunicado que “acompañaba” la modificación constitucional y posteriormente presentar ese respaldo como parte de una negociación.

Gallo Tagle concluyó que “no hay posibilidades intermedias” y que “la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”. 

En un video difundido antes de la asamblea, el presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, sostuvo que la reforma judicial no se originó por la actuación de los jueces locales ni por una animadversión del Ejecutivo contra la judicatura, sino por un conflicto presupuestario provocado por jueces federales. También afirmó que el impacto sobre los jueces locales había sido limitado y que solo disponía de cifras sobre jueces federales cesados, pero no sobre los correspondientes a las entidades federativas.

Ante ese argumento, la presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, la jueza costarricense Adriana Orocú, citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE), según las cuáles fueron destituidos 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales, incluidos integrantes de la Suprema Corte, y mil 800 jueces, magistrados y titulares de otros cargos judiciales locales en 19 estados.

De acuerdo con esas cifras, el total de personas juzgadoras destituidas ascendió a 2 mil 681. La intervención contradijo la afirmación del presidente de la CONATRIB de que la judicatura local había sido afectada de manera limitada por la reforma.

Después de las intervenciones de las delegaciones, el Consejo Central de la UIM sometió a votación la permanencia de la CONATRIB y resolvió que la asociación mexicana había dejado de cumplir las condiciones de membresía y debía ser expulsada.

JUFED respalda expulsión

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la decisión de la UIM y consideró congruente la expulsión de la CONATRIB.

En un comunicado difundido el lunes, la JUFED señaló que el Consejo Central de la UIM concluyó que la organización mexicana había vulnerado los estándares internacionales en materia de independencia judicial y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

La JUFED sostuvo que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, “vulnera la esencia de la función jurisdiccional, que debe basarse estrictamente en el mérito, la capacidad y la carrera judicial”.

Para la asociación de juzgadores federales, la resolución de la UIM confirma los señalamientos que había realizado desde el inicio del proceso de reforma judicial. Afirmó que las organizaciones y liderazgos que respaldaron la reforma dejaron de defender los principios de independencia judicial.

Recordó que en su momento denunció a actores y agrupaciones que frente a la “cooptación del Estado”, optaron por validar un mecanismo de sometimiento “disfrazado de transición gradual”. Según la asociación, la sanción de la comunidad internacional de jueces evidencia “la gravedad de haber entregado los principios de la autonomía judicial”.

La JUFED reiteró que “la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única garantía efectiva para que las y los ciudadanos cuenten con tribunales imparciales y libres de consignas del poder”.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez suspendido ve ‘caso ejemplarizante’ en primera denuncia penal del Tribunal de Disciplina Judicial

Sergio Alberto Sigales sostuvo que el proceso en su contra busca “generar temor en los juzgadores” y cuestionó que una diferencia de criterio derive en una acusación penal

El juez de control federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, suspendido de sus funciones y adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, afirmó que enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por decisiones judiciales que tomó en 2022, como la reducción de penas propuestas por el Ministerio Público en cuatro procedimientos abreviados.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el juez explicó que entre julio y octubre de 2022 intervino en cuatro procedimientos abreviados en los que las personas procesadas no tenían antecedentes penales. Señaló que las defensas solicitaron que realizara un control judicial sobre las penas propuestas por la FGR, debido a que el Ministerio Público no había considerado esa circunstancia.

El procedimiento abreviado permite que una persona acusada acepte su responsabilidad a cambio de una pena reducida. Sigales señaló que, de acuerdo con un acuerdo general de la propia FGR, las personas sin antecedentes penales deben recibir una mayor reducción.

“En estos cuatro casos siempre lo hice a petición de la defensa, por el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, entre otros principios”, explicó.

El juez sostuvo que preguntó a los fiscales si habían tomado en cuenta que los procesados no tenían antecedentes penales y que la respuesta fue negativa, por lo que determinó ajustar las penas dentro de los límites mínimos establecidos por la legislación. “Entonces digo, ah bueno, entonces aquí entro yo, es mi cancha, el juez conforme a la Constitución es el único facultado para imponer penas”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, las penas propuestas inicialmente eran de cuatro años y dos meses de prisión, pero fueron reducidas a tres años y cuatro meses. Esa modificación permitió que los procesados pudieran acceder a beneficios relacionados con la condena condicional.

Sigales sostuvo que posteriormente las decisiones fueron impugnadas por la Fiscalía. En cuatro de esas causas, el mismo tribunal unitario de apelación en Colima revocó sus determinaciones y ordenó regresar a las penas originales.


Sin embargo, dijo que otras decisiones similares fueron revisadas por tribunales de Jalisco y posteriormente por un tribunal colegiado, que avalaron su criterio en distintos asuntos. “Cuatro veces el mismo tribunal unitario en Colima me revocó mi determinación”, señaló. En contraste, “otros tribunales de Jalisco aproximadamente tres y uno de Amparo me dieron la razón. Cuatro, digamos cuatro contra cuatro”.

El juez sostuvo que el desacuerdo entre los órganos jurisdiccionales correspondía a una diferencia de criterio que debía resolverse mediante los mecanismos de impugnación previstos en el sistema judicial y no mediante un procedimiento disciplinario o penal. “Es un criterio judicial que no tendría por qué estar en la mesa de la disciplina judicial en un procedimiento disciplinario”, afirmó.

Al ser cuestionado por la coincidencia de su apellido con el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sigales confirmó que tiene un parentesco lejano con éste. Explicó que su abuelo y la madre del exmandatario, Manuela Obrador González, eran primos hermanos. Dijo que solo ha visto a López Obrador en dos ocasiones y que nunca ha estado en su casa ni el expresidente en la suya.

Procedimiento disciplinario

El abogado defensor Arturo Guerrero Zazueta explicó que el procedimiento contra el juez comenzó en 2023 y que el entonces Consejo de la Judicatura Federal emitió en agosto de 2025 un informe de presunta responsabilidad.

Con la entrada en funciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el expediente fue heredado por ese órgano. Guerrero señaló que la comisión de investigación de ese tribunal fue creada el 29 de octubre de 2025 y que al día siguiente sesionó para abordar el caso de Sigales Obrador Garrido.

El abogado cuestionó que esa comisión hubiera actuado como lo hizo y sostuvo que la comisión de investigación no era la facultada para dictar la suspensión provisional del juez. Según Guerrero, la comisión de disciplina, que sí tendría atribuciones para adoptar esa medida, fue creada hasta el 4 de noviembre de 2025, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera públicamente al caso.

El defensor también cuestionó los tiempos utilizados para resolver el incidente relacionado con la suspensión. Explicó que al juez se le concedieron cinco días para formular manifestaciones y ofrecer pruebas, pero la resolución no habría sido emitida dentro de ese plazo.

“Entonces, primero es una comisión incompetente”, sostuvo el abogado, quien añadió que posteriormente la suspensión habría sido regularizada mediante la actuación de la comisión de disciplina. Apuntó que la suspensión se prolongó durante varios meses y el expediente presentó inconsistencias respecto de la fecha en que se habría resuelto el incidente.

Guerrero explicó que el 12 de febrero de 2026, durante una audiencia sobre el fondo del procedimiento disciplinario, la defensa pidió que se levantara la medida cautelar. El 17 de febrero presentó nuevamente un escrito con esa solicitud.

Sin embargo, el 2 de marzo recibió una notificación en la que se indicaba que el incidente seguía pendiente de resolución. Posteriormente, el 19 de marzo se notificó a la defensa que el incidente había sido resuelto desde el 10 de febrero y que la suspensión definitiva había sido decretada en esa fecha.

El abogado señaló que las firmas del acuerdo aparecían fechadas el 13 de marzo, pese a que se les informó que la resolución había sido adoptada el 10 de febrero.

“Entonces no nos queda más que creerles, porque hemos pedido los documentos de las sesiones extraordinarias desde el 30 de octubre del 25, el acta de la sesión, el orden del día, les volvimos a pedir otra vez los documentos en marzo y en abril y no nos han dado nada”, afirmó.

Guerrero sostuvo que el juez permaneció suspendido durante cuatro meses por una comisión que, según su interpretación, no tenía atribuciones para imponer esa medida y posteriormente continuó suspendido sin que se resolviera oportunamente la situación cautelar.

Denuncia ante la FGR

Sigales Obrador Garrido dijo que se enteró recientemente de que el propio Tribunal de Disciplina Judicial, que lleva el procedimiento administrativo en su contra, presentó una denuncia penal ante la FGR. Según el juez, el oficio fue fechado el 3 de noviembre de 2025 y recibido por la Fiscalía el 4 de noviembre, mientras que el procedimiento disciplinario todavía no había sido resuelto.

“La denuncia en mi contra fue hecha por quien hoy me tiene en un procedimiento disciplinario”, afirmó, al tiempo que consideró relevante que la denuncia penal hubiera sido presentada mientras continuaba abierto el procedimiento administrativo relacionado con los mismos hechos.

Explicó que la acusación penal está relacionada con el delito contra la administración de justicia previsto en el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal. Según su explicación, la Fiscalía sostiene que incurrió en ese delito al dictar una resolución contraria a un precepto legal.

El artículo que la FGR consideraría transgredido es el 206, relativo a la imposibilidad del juez de variar la pena en un procedimiento abreviado. “Pero los jueces interpretamos, es lo que se le olvida”, afirmó. El juzgador sostuvo que la conducta que se le atribuye no configura un delito porque se trata de una cuestión de interpretación jurídica que podía ser revisada mediante los recursos correspondientes.

“No hay, es un es una conducta atípica que no configuraría un delito porque es una cuestión de criterio”, dijo.

También señaló que existen criterios del entonces Consejo de la Judicatura Federal según los cuales los juzgadores no deben ser responsabilizados por cuestiones de criterio cuando sus decisiones pueden ser revisadas mediante apelación o amparo.

La Fiscalía dejó de solicitar controles judiciales

El juez relató que dejó de realizar ese tipo de controles a partir de enero de 2023. Según dijo, la decisión ocurrió después de que defensores públicos y privados recibieron indicaciones de fiscales para no solicitar ese procedimiento ante él. “Les dijeron ‘cuidadito le solicitan control judicial al juez Sigales’, porque como es una facultad de la fiscalía ofrecer el abreviado no es un derecho del acusado”, afirmó.

Sostuvo que era el único juez que realizaba ese tipo de revisión en Colima y que, después de que las defensas dejaron de solicitarla, dejó de intervenir de esa manera. Calculó que durante el periodo comprendido entre julio de 2022 y enero de 2023 redujo penas en aproximadamente nueve ocasiones.

Añadió que el criterio fue revisado posteriormente por distintos órganos jurisdiccionales. Mencionó que en agosto de 2025 un tribunal colegiado confirmó que era correcta una reducción de penas realizada por él en un caso de concurso de delitos.

La prisión preventiva oficiosa

Además del asunto relacionado con los procedimientos abreviados, Sigales Obrador Garrido señaló que durante su trayectoria como juez también ha inaplicado la prisión preventiva oficiosa con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.

Dijo que solicitó al Centro de Justicia Penal Federal una estadística sobre sus resoluciones y que ésta arrojó alrededor de 180 causas en las que inaplicó esa medida. 

El juez consideró que esa actuación también puede estar relacionada con el procedimiento que enfrenta. Como antecedente, mencionó que en 2023 la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, declaró al diario Milenio que un juez liberaba delincuentes al inaplicar la prisión preventiva oficiosa.

También dijo que recibió una queja firmada por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, relacionada con decisiones de ese tipo y que el entonces delegado de la FGR en Colima presentó otras dos quejas por la misma cuestión. Señaló que las tres quejas fueron acumuladas y posteriormente el entonces Consejo de la Judicatura Federal lo exoneró.

La resolución de octubre de 2025 y el caso de Gabriela Mejía

El juez también relacionó su situación con una resolución adoptada durante su última guardia, el 19 de octubre de 2025, cuando decidió no imponer prisión preventiva oficiosa a una persona que había sido presentada ante él por delitos relacionados con drogas y armas.

Explicó que la persona fue vinculada a proceso y quedó sujeta a otras medidas cautelares debido a que se acreditó su arraigo en el estado de Colima. “Le pongo dos medidas cautelares, porque él es originario de Cuauhtémoc, se dijo que era vulcanizador, se acreditó su arraigo y lo dejó para que vaya a firmar cada 15 días y la prohibición de salir del Estado”, relató.

Sigales Obrador Garrido dijo que posteriormente tuvo conocimiento de que esa persona había sido relacionada públicamente con el homicidio de Gabriela ‘Gaby’ Mejía, expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima.

Sin embargo, aseguró que cuando resolvió el caso no tenía conocimiento de esa presunta relación porque el detenido fue presentado ante él por un asunto federal de drogas y armas, no por el homicidio. “Yo no lo sabía porque a mí me llegó por armas y droga”, afirmó.

Agregó que posteriormente conoció por medios de comunicación que otra persona, con un nombre distinto, había sido detenida en relación con el homicidio de la exalcaldesa. “Esta persona que yo tuve es José Alfredo ‘N’, y la persona que detuvieron, vinculada aparentemente, presuntamente, con el homicidio de la expresidenta municipal, tiene otro nombre”, dijo.

Narró que un fiscal federal le mostró un audio en el que una mujer reclamaba que Sigales había dejado libre a esa persona. El juez dijo desconocer quién era la mujer y señaló que, hasta donde sabía, la persona a la que se refería el audio no era la misma que posteriormente fue detenida por el homicidio.

Sin embargo, dijo que las acusaciones públicas relacionadas con esta liberación no forman parte de la causa penal que actualmente enfrenta. “No hay ninguna”, respondió al ser cuestionado sobre si existe una acusación formal en su contra por esos hechos.

Por su parte, el abogado Guerrero Zazueta sostuvo que se trata de dos procedimientos distintos: uno federal por armas y drogas y otro del ámbito local por el homicidio: “Además a esta persona le siguen un proceso federal, que es por armas y drogas, y un proceso local, que es por homicidio”. Añadió que la persona cumplía con las medidas cautelares impuestas por el juez y acudía a firmar cada dos semanas.

La referencia de la presidenta Sheinbaum

El juez y su defensa también se refirieron a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, cuando habló del incremento de homicidios en Colima y mencionó que le habían explicado que un juez había dejado en libertad a un presunto delincuente.

Guerrero consideró que esa referencia pudo estar relacionada con la decisión adoptada por Sigales durante su última guardia, en octubre de 2025, y no necesariamente con los cuatro procedimientos abreviados de 2022 que actualmente forman parte del proceso penal.

El propio Sigales Obrador Garrido señaló que las fechas permiten distinguir ambos asuntos. “Desde luego que no. Hay mucho tiempo entre esas causas, entre las causas del 22”, respondió al ser cuestionado sobre si las declaraciones de la presidenta podían referirse a las resoluciones de 2022.

Caso “ejemplarizante”

Al referirse al significado que atribuye al proceso que enfrenta, el juez sostuvo que su caso puede tener un efecto sobre otros juzgadores. “Mi caso es, desde mi punto de vista, generar temor en los juzgadores”, afirmó.

Guerrero Zazueta, por su parte, sostuvo que los magistrados de apelación pueden mantener criterios distintos y que una decisión de un tribunal unitario no genera por sí misma un criterio obligatorio para los jueces.

“Entonces aquí hay un tema importante formal que es tú puedes discrepar con tu revisor. Para eso está el sistema de recursos, pero tú no puedes tenerle miedo a tu revisor”, afirmó.

El abogado añadió que la independencia judicial implica que un juzgador pueda resolver conforme a su interpretación jurídica sin actuar condicionado por la posibilidad de que su decisión sea revocada o genere una investigación disciplinaria o penal. “De hecho, la jurisprudencia interamericana es muy clara en eso. Tú no puedes resolver con temor a que te revoquen o a que te investiguen disciplinario penalmente”, concluyó.

Guerrero advirtió sobre el impacto que esto puede tener en otros juzgadores. “El hecho de que tengamos a titulares del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos locales y altas autoridades, opinando en tiempo real de investigaciones y procesos abiertos, es preocupante”, sostuvo.

Señaló que el procedimiento administrativo contra Sigales fue discutido en cuatro ocasiones durante septiembre y que la última sesión ocurrió el 29 de septiembre, sin que la defensa haya recibido información sobre su resultado. Según Guerrero, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez propuso destituir o inhabilitar al juez. “No conocemos la lista de asuntos, y no se informa que se resolvió. Lo hemos solicitado por correo, por teléfono, y en el expediente, y seguimos sin tener noticia”, afirmó.

Sostuvo que esta situación deja al juez en una condición que la defensa no puede determinar: “Entonces, por eso digo, él hoy está exonerado, destituido, o en el limbo, y no lo sabemos”. La defensa presentó además una petición en Change.org para solicitar transparencia y rendición de cuentas al Tribunal de Disciplina Judicial.

Por su parte, Sigales afirmó que sus decisiones sobre prisión preventiva no implicaron liberar automáticamente a las personas procesadas. Explicó que en numerosos casos sustituyó la prisión preventiva oficiosa por prisión preventiva justificada y que también impuso otras medidas cautelares. “El inaplicar la prisión preventiva oficiosa no quiere decir dejarlos en libertad”, señaló.

Como ejemplo, relató el caso de una mujer de 21 años a quien no vinculó a proceso después de considerar que la Fiscalía había utilizado un estereotipo de género para sostener que, por ser pareja de un integrante de un cártel, necesariamente debía conocer la existencia de armas que estaban en una camioneta. La decisión fue posteriormente revocada, pero la mujer obtuvo un amparo y finalmente no fue vinculada a proceso. “Hay personas inocentes que no deben de estar en prisión, como esta”, afirmó.

También rechazó las acusaciones de corrupción que han sido formuladas públicamente en torno a su caso. “Nunca en la vida, yo soy una persona de principios, de valores, vivo con mi salario, toda la vida, tengo veintiocho años de funcionario, nunca en la vida”, respondió al ser cuestionado sobre si alguna persona liberada le había entregado dinero.

El juez expresó preocupación por el hecho de que el asunto relacionado con las decisiones de 2022 sea juzgado por una jueza que llegó al cargo mediante la elección judicial. Dijo que le preocupa quién la propuso y cómo llegó al cargo, así como la posibilidad de que pudiera tener compromisos o favores pendientes. Ante ello, señaló que espera que se respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. “Espero que lea bien el código de ética del Poder Judicial de la Federación, que actúe con independencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad”, concluyó.

Exjueza reprocha que la busquen sancionar por fallo contra la reforma judicial

En su comparecencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la exjueza Martha Magaña señala que el procedimiento abierto en su contra vulnera la independencia judicial

La exjueza de Distrito, Martha Magaña afirmó ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el procedimiento iniciado en su contra por conceder la primera suspensión contra la reforma judicial, vulnera la independencia judicial.

Esta mañana la exjuzgadora federal compareció por videoconferencia desde Madrid, España, ante el TDJ que la investiga por la concesión de dicha suspensión.

Durante la diligencia, leyó un posicionamiento en el que reprochó que se le busca sancionar por haber tomado una decisión que incomodó al poder y que no fue combatida por las vías legales.

“La suspensión se fundó en derecho. La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y, con ello, quebrantó el Estado de derecho. Las descalificaciones desde la tribuna presidencial y el rechazo de la mayoría parlamentaria no sustituían los medios legales para controvertirla”, dijo.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

Afirmó que con el procedimiento en su contra, se busca sancionarla por su actuación y por haber levantado la voz debido a que ella formó parte activa de las protestas que el Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizó en 2024 contra la reforma judicial.

“Antes de que se determine si mi actuación es motivo de sanción, quiero dejar constancia de que honrar a nuestra patria no consiste solamente en pronunciar discursos sobre la Constitución, sino en tener el valor de respetarla y defenderla cuando hacerlo resulta difícil y en congruencia con ello dicté una medida fundada en derecho para proteger su identidad, antes de que el daño fuera irreparable. Eso me correspondía como jueza. La inconformidad del poder no me relevaba de ese deber”, agregó.

Colapsa sistema de videoconferencias en juzgados federales por retraso en renovación de contratos

La administración de justicia federal en México enfrenta una parálisis tecnológica sin precedentes recientes. Desde el primer día de esta semana, juzgados y tribunales de todo el país se vieron obligados a operar utilizando la versión de libre acceso de la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings.

Esta medida de emergencia responde a un vacío operativo generado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia que omitió gestionar y concretar a tiempo la renovación de las licencias institucionales de pago, necesarias para desahogar juicios en línea de manera ininterrumpida.

El contratiempo pone de manifiesto las vulnerabilidades logísticas en la transición de facultades administrativas dentro del sistema federal de impartición de justicia. Mientras las cargas de trabajo se acumulan en las distintas materias —penal, civil, administrativa y laboral—, los operadores jurídicos deben lidiar con restricciones técnicas básicas que afectan directamente el principio de celeridad y el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, completa y expedita consagrado en la Constitución.

CORTES DE QUINCE MINUTOS Y EL RETORNO FORZADO A LAS SALAS FÍSICAS

Las consecuencias operativas de esta omisión administrativa impactan directamente en las salas de audiencia virtuales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmaron que la limitante técnica más grave del software gratuito es la interrupción obligatoria de las transmisiones cada 15 minutos, lo que corta abruptamente declaraciones, desahogos de pruebas y alegatos de las partes.

Ante la imposibilidad de desarrollar litigios complejos bajo estas condiciones y sin una fecha clara para la reinstalación del servicio institucional de alta gama, diversos juzgadores han determinado cancelar las sesiones telemáticas y convocar a audiencias presenciales. Esta decisión trastoca la logística de abogados litigantes, peritos y justiciables foráneos, además de contradecir los protocolos de optimización digital implementados durante los últimos años para agilizar los procesos judiciales.

CRÍTICAS Y VACÍOS DE SEGURIDAD: EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUFED

La situación provocó reacciones severas en los gremios de impartidores de justicia. Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), recriminó duramente la falta de previsión institucional a través de sus redes sociales, ironizando sobre la burocracia y exigiendo respuestas claras sobre la protección de la información oficial.

“Lo que ha pasado hoy en los órganos jurisdiccionales del PJF, donde audiencias y sesiones se llevaron a cabo en la versión gratuita de la plataforma digital que se tiene contratada, al parecer porque alguien no está haciendo su trabajo @OAJ_Mex me recuerda las ‘Instrucciones para vivir en México’ de Ibargüengoitia… Sería útil que el @OAJ_Mex garantice recursos mínimos para administrar justicia con dignidad. Por cierto, estaría bien que alguien nos explique si la versión gratuita garantiza la seguridad, privacidad, confidencialidad y tratamiento de datos que se requieren para estas actuaciones”, expresó la magistrada en retiro.

La preocupación por la seguridad informática no es menor. Al utilizar infraestructuras abiertas y gratuitas, se corre el riesgo de vulnerar datos personales sensibles, documentos reservados y secretos industriales o fiscales que forman parte de los expedientes electrónicos en litigio, abriendo la puerta a posibles impugnaciones por parte de los justiciables.

LA RUTA CRÍTICA DEL CONTRATO: ENTRE EL VENCIMIENTO Y LOS PLAZOS BUROCRÁTICOS

El origen de esta crisis se remonta a la conclusión del contrato original adjudicado el 12 de septiembre de 2023 por el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Aquel convenio, por un monto de 15.4 millones de pesos con IVA, otorgó el licenciamiento integral de la plataforma por un periodo de 36 meses a la empresa Uninet, filial de Telmex, el cual expiró formalmente el pasado 17 de septiembre.

No obstante, en lugar de prever la renovación con meses de anticipación, el OAJ —órgano sucesor en las atribuciones administrativas— emitió hasta el 18 de septiembre una invitación restringida a tres proveedores para contratar el servicio por un año más. Aunque la vía de invitación directa suele implementarse para acelerar trámites, la Dirección General de Recursos Materiales fijó la fecha límite para emitir el fallo hasta el próximo 23 de octubre.

Aunque se analiza adelantar el fallo ante la presión operativa, las autoridades enfrentan un desafío logístico adicional: configurar y habilitar las cuentas institucionales para un padrón de 1,086 usuarios —cifra que supera en 187 cuentas a las operadas en 2023—, lo que retrasará el restablecimiento total de la normalidad en los tribunales del país.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/colapsa-sistema-de-videoconferencias-en-juzgados-federales-por-retraso-en-renovacion-de-contratos/