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La 4T consuma el Presupuesto 2027 y deja en 6 mil millones de pesos el tijeretazo al INE

PAN y PRI reprochan al oficialismo su apoyo al proyecto de gasto federal aprobado en lo general y lo particular sin cambios durante una maratónica sesión en la Cámara de Diputados

Los diputados oficialistas aprobaron en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos 2027 sin ninguna modificación, pese a los amagos de los morenistas de hacerle más recortes al gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Merilyn Gómez Pozos, había informado que presentaría una reserva para hacer otro recorte al organismo de 500 millones. Al final, la propuesta no fue aprobada.

En una sesión de más de 19 horas en la que se presentaron más de mil reservas, los diputados aprobaron en lo particular por 352 votos a favor y 130 en contra el Presupuesto de Egresos que prevé un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para 2027.

En el Presupuesto de Egresos 2027 se destinarán más de un billón 25 mil millones de pesos a los programas del bienestar; en materia de salud se destinarán más de un billón 105 mil millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 11 % respecto del presupuesto aprobado en 2026.

También fija un billón 256 mil millones de pesos para los servicios educativos; para seguridad designan 75 mil 671.1 millones de pesos.

Para el gasto federalizado, los recursos transferidos a entidades y municipios serán de 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

Arremeten contra MC

Entre pancartas con leyendas como “Migajero Nacional”, la discusión se centró en las acusaciones de las bancadas del PRI y del PAN contra la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que apoyó en lo general el Presupuesto de Egresos 2027, luego de que se destinaron 6 mil 500 millones de pesos para el gobierno de Jalisco para atender la crisis hídrica y para Nuevo León para proyectos de movilidad, entidades gobernadas por emecistas.

Esto provocó manifestaciones simbólicas como la del diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, que recriminó al partido emecista el apoyo del presupuesto para el próximo año con unos tenis ‘fosfo-guinda’, que simulan los ‘tenis fosfo fosfo’ del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, también hubo pancartas contra el partido oficialista con la leyenda: “Con Morena, México está abandonado” y “Morena es Taddei”.

Por su parte, los legisladores guindas también se manifestaron con los mismos métodos, pero con distintas leyendas como: “Presupuesto para el Bienestar” y “Presupuesto para programas sociales, derechos conquistados”.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, explicó por la tarde que no entendió las críticas, ya que su partido buscó solucionar los problemas de esas entidades y negó que el apoyo para el Presupuesto de Egresos 2027 en la votación en lo general fuera para evitar el juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, como afirmó el PAN.

Reducción al presupuesto del INE

Los legisladores oficialistas aprobaron una reducción del presupuesto al INE de seis mil millones de pesos, quedando en 36 mil 274.5 millones de pesos, ya que en la propuesta inicial se estimaba un presupuesto de 42 mil 274.5 millones de pesos.

Se reasignarán 3 mil millones a educación, mil millones a medio ambiente, 700 millones a infraestructura, comunicaciones y transportes, y 300 millones a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Además, se reasignaron para educación inicial 618 millones de pesos; a programas para el bienestar de las mujeres, 362 millones y para promoción turística, 20 millones.

La reasignación para educación inicial causó polémica debido a que se refiere a centros de desarrollo infantil supuestamente vinculados al Partido del Trabajo.

Senado aprueba paquete fiscal de 2027; autoriza deuda por 1.7 billones de pesos

El paquete fiscal fue aprobado entre críticas opositoras por el nivel de deuda y respaldo de Morena, PVEM y PT a las medidas de recaudación

El Senado de la República aprobó este martes los proyectos que integran el paquete fiscal para 2027, que incluyen la Ley de Ingresos de la Federación, reformas a la Ley Federal de Derechos y modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La Ley de Ingresos estima recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y autoriza al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos. El dictamen fue aprobado en lo general con 75 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 73 votos a favor y 33 en contra.

El Senado también aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos, sin modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, y cambios a la Ley del ISR, en este último caso con modificaciones que obligaron a devolver el proyecto a la colegisladora para sus efectos constitucionales.

Ley de Ingresos: 10.6 billones de pesos

La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 proyecta una recaudación de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos por impuestos; 702 mil 564.7 millones por cuotas y aportaciones de seguridad social; 20.5 millones por contribuciones de mejoras; y 177 mil 185.9 millones por derechos.

También estima 15 mil 77.3 millones de pesos por productos, 329 mil 479.8 millones por aprovechamientos y un billón 457 mil 539.9 millones por la venta de bienes, la prestación de servicios y otros ingresos.

A estos recursos se suman 210 mil 774 millones de pesos por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, así como un billón 479 mil 959.2 millones de pesos derivados de financiamientos.

Con base en los ingresos fiscales proyectados para 2027, la recaudación federal participable se calcula en 5 billones 722 mil 752 millones de pesos.

El Senado autorizó además al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Deuda Pública, para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.

Para Petróleos Mexicanos (Pemex), se autorizó un endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el límite autorizado es de hasta 16 mil 742 millones de pesos de endeudamiento neto interno y 725 millones de dólares de endeudamiento neto externo.

La Ciudad de México podrá contratar deuda por hasta 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras previstas en su Presupuesto de Egresos de 2027.

Durante la discusión, el Pleno rechazó las propuestas de modificación presentadas por senadores del PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Cambios al ISR

El Senado aprobó también reformas a la Ley del ISR con 78 votos a favor y 34 en contra. El proyecto busca establecer mecanismos para limitar el uso de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales en determinados casos, con el argumento de evitar que se reduzca artificialmente la base gravable y combatir prácticas de evasión y elusión fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria informó que de 737 mil empresas que declararon ISR, únicamente 524 mil reportaron ingresos positivos. De ese universo, 60.1%, equivalente a 318 mil empresas, no pagó el impuesto al argumentar pérdidas fiscales.

El proyecto establece límites y condiciones para la aplicación de deducciones y pérdidas fiscales, además de medidas dirigidas a combatir la elusión y evasión fiscal, el contrabando, la subvaluación y la facturación falsa.

También amplía los beneficios del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Para personas físicas con ingresos anuales de hasta 5 millones de pesos, se establece un pago de 125 mil pesos por concepto de ISR, mientras que para personas morales el límite de ingresos para tributar bajo este régimen aumentaría de 35 a 50 millones de pesos anuales.

Asimismo, se propone elevar de 900 mil a un millón de pesos el límite de ingresos exentos de ISR para quienes se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una propuesta del presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, para modificar el artículo 78-E.

El cambio establece que las empresas de la industria automotriz que operan bajo autorización de establecimiento de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos no queden sujetas al mecanismo de control de las deducciones autorizadas y pérdidas fiscales establecido en el Capítulo X.

Reyes Carmona argumentó que esas empresas ya están sujetas a un régimen aduanero especializado y a controles y obligaciones específicas, y comparó su operación con la de las empresas maquiladoras, que ya están exentas.

El senador también planteó una excepción para empresas dedicadas al expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente previsto en la legislación del sector de hidrocarburos.

“Esta medida guarda congruencia con la estrategia para estabilizar el precio de hidrocarburos, renovada en agosto de 2026 como un acuerdo orientado a dar estabilidad a los combustibles esenciales para la movilidad y la economía de las familias mexicanas”, afirmó Reyes Carmona.

Senadores del PAN, PRI y PVEM presentaron reservas a distintas disposiciones, pero fueron rechazadas. Los artículos reservados fueron aprobados junto con la modificación propuesta por Reyes Carmona, con 77 votos a favor y 34 en contra.

El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento constitucional.

Ley Federal de Derechos

El Senado aprobó, con 79 votos a favor y 34 en contra, la minuta de reformas a la Ley Federal de Derechos enviada por la Cámara de Diputados. En la discusión en lo particular, las propuestas de modificación presentadas por senadores de Morena, PRI, PAN y PVEM fueron rechazadas.

Los artículos reservados fueron aprobados con 75 votos a favor y 34 en contra, por lo que el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.

Las reformas actualizan cuotas por servicios migratorios y consulares, servicios relacionados con el artículo 27 constitucional, servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificaciones zoosanitarias y fitosanitarias, sanidad acuícola y servicios relacionados con agua, salud y medio ambiente.

También modifican derechos por el uso, goce o aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y de bienes regulados por la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Entre los cambios se incluyen disposiciones relacionadas con la protección y preservación del patrimonio ambiental, documental, paleontológico, arqueológico, histórico y artístico, así como una actualización de cuotas y de los costos asociados con los servicios prestados por la Administración Pública Federal y sus órganos administrativos desconcentrados.

En materia migratoria, aumenta la cuota correspondiente a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Los recursos obtenidos por servicios migratorios se distribuirán en 15% para el Instituto Nacional de Migración, destinado a infraestructura tecnológica para seguridad fronteriza y control migratorio; 57% para la Secretaría de la Defensa Nacional; y 28% para la Tesorería de la Federación.

Para servicios consulares y los relacionados con el artículo 27 constitucional, se establece una cuota de mil 639.80 pesos para la expedición de visas ordinarias y de visitantes.

La reforma mantiene la autorización para el uso secundario de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para actividades comerciales o industriales y eventos específicos.

En áreas naturales protegidas, establece una exención del pago de derechos para mexicanos y extranjeros residentes en México que ingresen los domingos a zonas donde existan museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas referidos en la ley.

Respecto de las concesiones ferroviarias, mantiene durante los primeros 15 años el tratamiento vigente y dirige los ajustes a concesiones que hayan alcanzado una etapa de mayor madurez.

En cuanto al Espacio Aéreo Mexicano, el dictamen señala que las cuotas permanecieron sin una actualización sustancial durante un periodo prolongado, pese al aumento de los costos de operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura de navegación aérea.

Morena, PVEM y PT defienden el paquete; oposición cuestiona deuda y carga fiscal

Durante la discusión, el senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo que las medidas permitirán contar con recursos para programas y servicios públicos, como pensiones para adultos mayores, educación, atención médica, seguridad e infraestructura.

Desde el PVEM, Juanita Guerra Mena señaló que los proyectos buscan garantizar recursos para salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura, y sostuvo que una recaudación eficaz es necesaria para atender las responsabilidades del Estado.

La senadora del PT Lizeth Sánchez García afirmó que su grupo parlamentario respaldó los tres dictámenes porque, según dijo, mantienen el objetivo de administrar los recursos públicos con responsabilidad y promover oportunidades para jóvenes, adultos mayores y empleo.

En contraste, el panista José Máximo García López cuestionó las proyecciones económicas del gobierno y afirmó que la deuda pública aumenta mientras el crecimiento económico es insuficiente. Sostuvo que los ciudadanos terminarían pagando “las cuentas que al gobierno no le salgan”.

La priista Carolina Viggiano también cuestionó el nivel de endeudamiento. “La Ley de Ingresos autoriza deuda por un billón 700 mil millones de pesos y aclaramos que no estamos en contra de la deuda, pero cuando se destina al crecimiento”, afirmó.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales anunció el voto en contra de los tres dictámenes. Consideró que implican una mayor carga fiscal y endeudamiento, y cuestionó los aumentos en diversos servicios.

“Se trata de tres leyes que se sustentan en cifras falsas; además, hay aumento en diversos servicios, y aunque no lo dicen de manera clara, eso afectará el bolsillo de la ciudadanía”, señaló.

Posteriormente, el priista Gabriel Elizondo Pérez y las panistas Mayuli Latifa Martínez Simón y Gina Gerardina Campuzano González presentaron un voto particular en contra de los dictámenes. Entre sus argumentos señalaron que el aumento de la deuda y de las tarifas de las visas para extranjeros afectará a las familias mexicanas.

Sheinbaum propone recortar recursos para buscar desaparecidos y aumentar 29% el presupuesto de la Guardia Nacional

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla una reducción de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, principalmente en los subsidios destinados a las comisiones estatales. En contraste, la Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones adicionales, de acuerdo con un análisis de Fundar, que advierte inconsistencias en la distribución de recursos para atender la crisis de desapariciones y de identificación forense

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la atención a las desapariciones como una prioridad de su gobierno, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un recorte de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mientras propone incrementar en siete mil 54 millones los recursos de la Guardia Nacional.

La reducción presupuestal para la búsqueda de personas se plantea en un país que supera las 135 mil víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y enfrenta una crisis forense de al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de las fiscalías, según estimaciones de organizaciones civiles ante la falta de información oficial consolidada.

De acuerdo con el análisis Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas), elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la CNB dispondría de mil 223 millones de pesos en 2027, una disminución de 3.2% respecto de 2026, mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentaría 28.9%, hasta alcanzar 31 mil 487 millones de pesos.

La mayor parte del recorte a la CNB, aproximadamente 36 millones de pesos, corresponde a los subsidios destinados a las comisiones locales de búsqueda, responsables de realizar acciones de localización de personas e identificación forense en las entidades federativas.

Fundar advierte que la distribución de recursos revela contradicciones entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales para enfrentar las crisis de desaparición, justicia y atención a víctimas.
“Por un lado, existe un cambio positivo en las tendencias históricas de la asignación presupuestal para la investigación penal en materia de violaciones graves a derechos humanos, mientras que por otro persisten inercias y se agravan retrocesos presupuestales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, crisis forense y atención a las víctimas, al tiempo que se consolida una política centralizada con un enfoque altamente militarizado”, señala el documento.
Menos recursos para las comisiones de búsqueda

La Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tendría en 2027 una asignación de mil 223 millones de pesos, 39 millones menos que en el ejercicio anterior.

Según Fundar, la disminución prolonga una tendencia de reducción de recursos que únicamente se interrumpió en dos ocasiones: en 2020, cuando el presupuesto aumentó 71.8% respecto de 2019, después de la creación de la Comisión, y en 2023, cuando creció 40.2% tras una reforma relevante a la Ley General.

Del recorte proyectado para 2027, aproximadamente 36 millones de pesos corresponden a la partida de Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda, que tendría una disminución de 3.8%, para quedar en 889 millones de pesos.

La reducción afectaría los recursos federales que reciben las comisiones estatales para desarrollar sus tareas de búsqueda de personas con vida, localización de restos humanos, identificación forense y notificación a las familias.

La otra parte del ajuste corresponde a las actividades de búsqueda en casos federales a cargo de la CNB, que perderían alrededor de cuatro millones de pesos. En 2026, esta partida contó con 339 millones.
“Estos descensos presupuestarios son preocupantes por varias razones. Por un lado, porque contrasta con la narrativa de la asociación de las desapariciones a fenómenos criminales locales. Por otro lado, porque las Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con base a esos subsidios, con los cuales deben operar la búsqueda en vida y forense, así como estrategias de identificación y notificación digna”, advierte Fundar.
La crisis forense y los recursos para identificar cuerpos

La reducción de los subsidios para las comisiones locales también tendría consecuencias en las actividades de identificación forense, en un contexto en el que organizaciones como Fundar y Documenta han estimado que existen al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías.

Parte de los recursos destinados a esas tareas proviene de los subsidios para las comisiones locales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), cuyo presupuesto para 2027 tendría un incremento de apenas 1%, equivalente a poco más de 99 millones de pesos.

Fundar considera que ese aumento resulta insuficiente para sostener una política nacional de identificación, debido a que el fondo financia distintas actividades de seguridad pública y no exclusivamente acciones forenses.

Los recursos programados “son claramente insuficientes para hablar de una apuesta por una política forense sostenida, puesto que dicho fondo no sólo atiende la materia forense y no es posible afirmar que la totalidad de esos recursos redundarán en estrategias de identificación”, sostiene el análisis.

En el ámbito federal, el documento identifica diferencias presupuestales entre las instituciones que participan en las tareas periciales.

El Centro Federal Pericial Forense (CFPF), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tendría un incremento de 13.2% en sus recursos para 2027.

En contraste, la Unidad Médico-Forense (UMF), también adscrita a la FGR, enfrentaría una disminución presupuestal y contaría con ocho millones de pesos para operar, de acuerdo con las cifras presentadas por Fundar.

El análisis también señala falta de claridad sobre los recursos que se destinarán a la Plataforma Única de Identidad (PUI), una herramienta contemplada dentro de la política gubernamental para la búsqueda de personas.

La plataforma depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, cuyo presupuesto aumentaría 322 millones de pesos en 2027, equivalentes a 8% respecto del año anterior.

Sin embargo, Fundar advierte que las asignaciones no permiten identificar cuánto dinero será utilizado específicamente para el funcionamiento de la plataforma.

Los recursos, señala la organización, “carecen de trazabilidad suficiente de los recursos para saber cuánto de este presupuesto será utilizado para el PUI”.

Aumentan fondos para investigar delitos, pero persisten diferencias

El análisis presupuestal también identifica incrementos para las fiscalías especializadas en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR tendría un aumento de 9%, para alcanzar 546 millones de pesos.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) recibiría un incremento de 64.4%, con una asignación de 45 millones de pesos.

Los recursos para la investigación de delitos de tortura aumentarían 53.6%, hasta alcanzar 34 millones de pesos.

No obstante, Fundar señala que esos incrementos deben analizarse frente a las asignaciones de otras áreas de investigación penal.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tendría un presupuesto de 761.9 millones de pesos, tras recibir un aumento de 12.6%, equivalente a 85.3 millones.

De esta manera, los 45 millones de pesos destinados a la fiscalía especializada en desaparición forzada representarían únicamente 5.9% del presupuesto de la FEMDO.

Para Fundar, esta diferencia refleja inconsistencias con el carácter prioritario que debería tener la investigación de las desapariciones, particularmente cuando el propio gobierno federal ha vinculado estos delitos con la actuación de organizaciones criminales.

En esas condiciones, sostiene el organismo, las capacidades y los recursos destinados a investigar desapariciones y delincuencia organizada deberían guardar una mayor correspondencia.

Atención a víctimas, con un incremento limitado

Las diferencias entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales también se observan en los recursos previstos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para 2027, la institución contaría con mil 230 millones de pesos, apenas 12 millones más que en 2026.

Del presupuesto total, 726 millones de pesos estarían destinados a medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, un incremento de 8% respecto del ejercicio anterior.

Fundar contrasta este crecimiento con las últimas mediciones disponibles sobre el número de víctimas en México, que en noviembre de 2025 registraban un aumento anual de 22%.

La organización considera que la diferencia entre el crecimiento de la población que requiere atención y los recursos previstos para las instituciones encargadas de asistirla constituye otro de los problemas del proyecto presupuestal.

Guardia Nacional recibirá siete mil millones adicionales

Mientras las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la atención a víctimas enfrentarían reducciones o incrementos limitados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla aumentos para las dependencias federales de seguridad.

La Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones de pesos adicionales, equivalentes a un incremento de 28.9% respecto de 2026, para alcanzar un presupuesto total de 31 mil 487 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, también registraría un aumento presupuestal de mil 972 millones de pesos, equivalente a 3.2%.

Según Fundar, este incremento revertiría la tendencia de reducción de recursos que la dependencia había registrado desde 2023.

En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados tendría un aumento de apenas 99 millones de pesos, equivalente a 1% respecto de 2026.

Para la organización, esta distribución consolida una política de seguridad centralizada y con un importante componente militar, al mismo tiempo que mantiene limitados los recursos para fortalecer las capacidades estatales de búsqueda e investigación.

El presupuesto, ante el escrutinio internacional

La revisión de los recursos destinados a enfrentar la crisis de desapariciones ocurre en vísperas del informe anual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas presentará el martes 20 de octubre en Nueva York.

En ese contexto se encuentra la solicitud del Comité al secretario general de la ONU, António Guterres, para que se examine la posibilidad de establecer mecanismos internacionales de asistencia frente a la situación de desapariciones en México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado que en el país exista una política estatal de desapariciones forzadas y ha manifestado su oposición a una intervención internacional en los términos planteados por el Comité.

La posición del gobierno mexicano se desarrolla mientras el organismo internacional mantiene bajo examen la magnitud de la crisis y las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentarla.

En su análisis del proyecto presupuestal, Fundar sostiene que las asignaciones previstas para 2027 deben evaluarse a partir de las necesidades de las instituciones responsables de investigar desapariciones, localizar personas, identificar cuerpos y atender a sus familiares.
“Una apuesta decidida por la verdad, la justicia y reparación sólo puede existir si la política pública en materia de seguridad, acceso a la justicia, búsqueda y crisis forense, así como la atención victimal son coherentes política y presupuestariamente”, señala la organización.
“El Paquete Económico 2027 muestra un divorcio entre la investigación en materia de derechos humanos, búsqueda de personas, crisis forense y políticas de seguridad local”, concluye Fundar.

Morena aprueba más deuda para 2027 y perdón de multas a grandes contribuyentes

La Ley de Ingresos amplía la regularización fiscal tras un acuerdo de Sheinbaum con empresarios; PAN y PRI acusaron una condonación encubierta, mientras Ricardo Monreal, de Morena, sostuvo que los impuestos deberán pagarse completos

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 con una modificación que permite a grandes contribuyentes acceder al “perdón” de multas, recargos y gastos de cobro por adeudos fiscales, además de autorizar nueva deuda interna para el gobierno federal hasta por 1.7 billones de pesos.

Con 340 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones, el pleno concluyó la aprobación en lo particular y envió el dictamen al Senado, después de haberlo avalado en lo general durante la tarde del miércoles con 331 votos a favor y 118 en contra.

El cambio al programa de regularización fiscal fue presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, quien explicó que respondía al acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial,” reconoció.

El martes 13 de octubre, durante el 50 aniversario del organismo empresarial, Sheinbaum anunció que había propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ampliar las facilidades para pagar adeudos sin multas ni recargos, compromiso que Monreal llevó a la tribuna un día después.

En una intervención de cerca de 32 minutos, el coordinador defendió que la medida permitiría recuperar recursos y reducir controversias fiscales, además de dar cumplimiento al compromiso presidencial con los empresarios.

“A nosotros, la mayoría legislativa, nos corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidido con los empresarios del país”, sostuvo.

Grandes empresas podrán regularizar adeudos sin multas ni recargos

La reserva modifica el artículo vigésimo primero transitorio para eliminar el requisito de que los contribuyentes hubieran obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2025, así como la exclusión de quienes están bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El límite eliminado correspondía a los ingresos anuales, no al monto del adeudo, por lo que las personas y empresas que lo superen podrán acceder al programa si cumplen las demás condiciones, pues la modificación conserva otras restricciones.

El esquema contempla eliminar el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en los casos de regularización previstos, pero mantiene la obligación de cubrir las contribuciones pendientes, es decir, deberán pagar el impuesto que deben para obtener el beneficio sobre esas cargas adicionales.

“El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, afirmó Monreal, quien rechazó que su propuesta implique una condonación y sostuvo que facilitaría tanto la inversión como el cobro de adeudos.

El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que se leyera el artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones de impuestos en los términos establecidos por las leyes, y calificó la modificación como un beneficio para “machuchones”, al cuestionar su congruencia con el discurso presidencial contra los privilegios fiscales.

Monreal volvió a intervenir para responder al panista e insistió en que la medida no elimina el impuesto principal, sino multas, recargos y gastos de cobro. “No se trata de condonación de impuestos, los impuestos se tienen que pagar”, sostuvo.

El diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a la mayoría de disfrazar una condonación como estímulo fiscal y contrastó la atención a la petición empresarial con el rechazo a propuestas de su bancada, como eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.

“Hoy deciden resolver un bomberazo a petición de empresarios, pero se niegan a ayudar al grueso de la población”, reclamó, antes de cuestionar por qué Morena impulsaba una medida que, a su juicio, contradecía la prohibición constitucional que promovió en 2020.

Desde Morena, la diputada Sandra Anaya Villegas defendió que el programa permite recuperar impuestos que podrían quedarse sin cobrar, al sostener que “es mejor un contribuyente que puede pagar y regularizarse que una deuda que crece, que se vuelve incobrable y que termina sin beneficiar a nadie”.

Cuestionan el alcance y el costo del beneficio

El alcance de la ampliación también generó preguntas, luego de que Monreal mencionara un universo hipotético de cerca de 30 millones de contribuyentes y el diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, le pidiera precisar cuántos tenían créditos fiscales firmes o consentidos, condición señalada en la reserva.

Monreal respondió que calculaba entre 3 millones y 4 millones de contribuyentes en esas condiciones y mencionó también una estimación de entre 200 mil y 300 mil personas morales, sin presentar esas cifras como un padrón definitivo de beneficiarios. Para defender la ampliación, aseguró que la aplicación previa del programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes, por lo que consideró que retirar el límite permitiría aumentar la recaudación.

La reserva escrita no cuantifica el costo recaudatorio de la ampliación ni el número de personas y empresas que se incorporarían, una omisión que cuestionó el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, después de que la mayoría aceptara el cambio en votación económica. “¿Y el mensaje al contribuyente cumplido cuál va a ser?”, preguntó el legislador, al reclamar que se otorgaran beneficios sobre obligaciones fiscales ya determinadas sin definir su impacto en los ingresos públicos.

Baja el límite para pedir prestado, pero la deuda seguirá creciendo

La Ley de Ingresos también permite al gobierno federal contratar endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares, montos que generaron cuestionamientos de la oposición por el destino de los préstamos y el costo de los intereses.

El límite interno es 80 mil millones de pesos menor que los 1.78 billones autorizados para 2026, pero eso no significa que el país vaya a deber menos, pues permite sumar deuda después de descontar los pagos para reducir préstamos anteriores.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la deuda pública, en su medida más amplia, alcanzaría unos 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce México en un año.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que el aumento de la recaudación y del endeudamiento no estuviera acompañado de una estrategia suficiente de inversión y crecimiento. “Cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos, por ejemplo, para la salud, para la educación, para la infraestructura”, señaló.

La presión se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para cubrir intereses, comisiones y otros costos financieros de la deuda pública, una cantidad superior a los recursos previstos para inversión física, pues por cada 100 pesos destinados a infraestructura, obras y equipamiento, el gobierno federal gastaría aproximadamente 150 pesos en el costo financiero de la deuda.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, defendió la reducción del límite de endeudamiento interno y sostuvo que los préstamos permiten financiar proyectos productivos, al mencionar inversiones en infraestructura energética, ferroviaria, carretera, hospitales y vivienda. “La deuda bien aplicada es una herramienta legítima y necesaria para impulsar el crecimiento”, afirmó.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, corresponderá al Senado revisar la Ley de Ingresos y la ampliación del programa de regularización fiscal, mientras la distribución de los recursos entre programas y dependencias se resolverá después en el Presupuesto de Egresos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-deuda-2027-perdon-multas-grandes-contribuyentes

Prevé Monreal maratón legislativo de martes a jueves para discutir Ley de Ingresos y miscelánea fiscal

Frente a la fecha límite del 20 de octubre, Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados, anunció una semana intensa de trabajos legislativos que incluirá la deliberación y aprobación en comisiones y en el Pleno de la Ley de Ingresos, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Derechos, además de contemplar la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el próximo viernes.

El Palacio Legislativo de San Lázaro se alista para vivir jornadas de alta tensión política y un ritmo de trabajo implacable. Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, adelantó que los próximos días estarán marcados por una intensa actividad parlamentaria centrada en la revisión, debate y eventual aprobación de los instrumentos fiscales que conforman el núcleo financiero de la nación. 

Con la fecha límite del 20 de octubre respirando en la nuca de los legisladores, el bloque oficialista busca acelerar el paso para turnar a tiempo las minutas correspondientes al Senado.

“Bueno, será una semana intensa como esta”, advirtió el legislador al detallar los compromisos venideros que pondrán a prueba la disciplina parlamentaria. 

En el centro de esta vorágine se encuentra el análisis definitivo de las herramientas tributarias: “Ya se instaló en sesión permanente la Comisión de Hacienda y ya se circularon ayer algunos dictámenes: Ley de Derechos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Ingresos“, detalló Monreal sobre estos proyectos que ya se encuentran en manos de los miembros de la comisión.

COMISIÓN DE HACIENDA EN SESIÓN PERMANENTE Y EL CALENDARIO DE DISCUSIÓN EN EL PLENO

La maquinaria legislativa no se detiene y el trabajo en comisiones marca el ritmo de la agenda. “La idea es que el lunes próximo se reúna la comisión para deliberar, discutir y en su caso aprobar estos instrumentos jurídicos, y lo envíen el lunes por la tarde al Pleno de la Cámara de Diputados“, puntualizó el coordinador parlamentario.

Ante la magnitud de los cambios fiscales y la expectativa de un intenso debate en tribuna, Monreal confirmó que se habilitarán jornadas consecutivas: “Vamos a tener discusión y en su caso aprobación los tres días de la semana: martes y miércoles, y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el paquete económico en materia de ingresos”. 

Esta estrategia busca blindar el proceso ante cualquier contratiempo político para cumplir con la meta establecida: “Ustedes lo saben, tenemos una fecha fatal que concluye el 20. Queremos terminar antes para enviarla al Senado y que el Senado haga lo propio”.

El líder guinda recordó que tras aprobar la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la de Ingresos, “viene el Presupuesto de Egresos, que los dos son los principales instrumentos económicos y financieros que tiene el Estado mexicano”. 

Respecto a la discusión de reservas, confirmó que “están desahogándose en comisiones algunas y otras se van a desahogar en el pleno, seguramente”.

COMPARECENCIA DE MARCELO EBRARD Y LA AGENDA DE FUNCIONARIOS

Además del debate fiscal, la agenda semanal contempla la comparecencia de funcionarios federales de primer nivel para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Destaca de manera sobresaliente la visita del secretario de Economía, de quien Monreal confirmó que se cuenta con “la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el viernes en comisiones”. 

Este ejercicio de interlocución se suma a las comparecencias previamente desahogadas por otros titulares de gabinete en San Lázaro.

PUNTOS CLAVE:
  • Semana intensa: Ricardo Monreal advirtió sobre un ritmo de trabajo legislativo sumamente pesado en San Lázaro debido a la discusión del Paquete Económico.
  • Dictámenes circulados: La Comisión de Hacienda ya cuenta con los proyectos de la Ley de Ingresos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Derechos.
  • Calendario en el Pleno: Se contemplan sesiones ordinarias de martes a jueves para asegurar la aprobación antes de la fecha límite del 20 de octubre.
  • Comparecencia clave: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a San Lázaro el viernes para reunirse con los legisladores en comisiones.
  • Desahogo de reservas: El líder parlamentario confirmó que las reservas a los dictámenes se discutirán tanto en el trabajo de comisiones como directamente en el Pleno.