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'Déjense ayudar': Comité de la ONU pide a México cooperación internacional ante desapariciones

El presidente del organismo, Juan Pablo Albán, insistió en que el procedimiento del artículo 34 busca fortalecer la cooperación internacional y apoyar a México ante la crisis de desapariciones

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, afirmó que el procedimiento activado por el organismo respecto de la situación de México busca impulsar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones y no determinar responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las razones por las que en abril de 2025 activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dijo que el procedimiento se sustentó en información recabada durante años, incluida la proporcionada por el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, así como en el análisis de la evolución de la situación desde la visita que el comité realizó a México en noviembre de 2021.

“Analizó toda la información recibida de México desde el año 2014, porque México se convirtió en estado parte de la convención en el año 2012, analizó la evolución de la situación desde que hicimos la visita en el año 2021, y llegó a la conclusión de que en varias zonas del territorio hay elementos para determinar que se cometen crímenes de lesa humanidad”, señaló.

Albán precisó que, de acuerdo con el análisis del comité, el principal perpetrador de las desapariciones es el crimen organizado, aunque también existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios públicos de los niveles municipal y estatal.

“Como el propio secretario Arturo Medina reconoció ayer en la sala, hay muchos casos en los que se puede confirmar la participación de funcionarios del nivel municipal y del nivel estatal”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que el comité no encontró elementos para sostener que exista una política del gobierno federal para cometer desapariciones.

“Nosotros en nuestro informe sí habíamos concluido ya anteriormente que no tenemos elementos para afirmar que hay una política desde el estado federal, desde el gobierno nacional para cometer estos crímenes”, dijo.


El comité espera cooperación de México

El presidente del comité sostuvo que México ha rechazado desde el inicio la activación del procedimiento y posteriormente ha cuestionado el análisis realizado por el organismo, pero aclaró que Naciones Unidas no espera que el Estado mexicano necesariamente comparta su interpretación del artículo 34.

“Nosotros no esperamos que el Estado mexicano acepte o no acepte nuestra interpretación. Lo que sí esperaríamos es que el Estado mexicano acepte la cooperación internacional porque el propósito del mecanismo es preventivo”, sostuvo.

Explicó que la propuesta del comité a la comunidad internacional consiste en respaldar a México en áreas como la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, la identificación humana y la protección de quienes participan en labores de búsqueda.

De acuerdo con Albán, la necesidad de fortalecer esas áreas se desprende también de la evolución de las cifras oficiales.  Cuando el comité realizó su visita a México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 96 mil registros. Para el momento en que el organismo tomó la decisión de activar el procedimiento, la cifra había superado las 134 mil personas.

En cuanto a los cuerpos humanos pendientes de identificación, señaló que durante la visita del comité había 52 mil en poder de los servicios forenses mexicanos, mientras que para el momento de la decisión la cifra había aumentado a 72 mil.

A ello se suman los reportes sobre personas que han sido hostigadas, intimidadas o atacadas por participar en labores de búsqueda e investigación, además de las altas tasas de impunidad frente al delito de desaparición.

“En consecuencia, frente a la continuidad del fenómeno, frente al hecho de que nosotros hemos seguido recibiendo solicitudes de acciones urgentes respecto de personas que han desaparecido posteriormente a nuestra toma de decisión de apertura del procedimiento, es decir, seguimos constatando que las personas de México desaparecen todos los días, el comité tenía que tomar una decisión”, afirmó.

Albán explicó que la activación del artículo 34 fue el resultado de un proceso gradual previsto en la propia Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El comité comenzó con la revisión del cumplimiento de las obligaciones de México mediante informes y diálogos; posteriormente revisó las acciones urgentes, un mecanismo mediante el cual México se convirtió en el país con más casos registrados; continuó con comunicaciones individuales y después realizó la visita de noviembre de 2021.

Señaló que tras esa visita, el comité mantuvo nuevos diálogos con el Estado mexicano y recibió información complementaria antes de activar el procedimiento del artículo 34. “Lo único que ha hecho el comité es aplicar una disposición que está en el tratado y que los propios estados incluyeron en el tratado y por ende debe tener efecto”, sostuvo.

Procedimiento es preventivo, no sancionatorio

Albán insistió en que el procedimiento no constituye una sanción contra México ni una determinación de responsabilidad internacional.

“En su resolución, el comité hizo unas propuestas y son solamente esas propuestas quiero insistir en que el comité entiende que la naturaleza del procedimiento del artículo 34 es preventiva, no sancionatoria, por ende, no se trata de una determinación de responsabilidad internacional del estado”, explicó.

“No pretendemos que la Asamblea reproche a México, no pretendemos que la Asamblea reclame a México, ni pretendemos que la Asamblea le haga imposiciones a México”, afirmó.

Por el contrario, señaló que las propuestas buscan una movilización internacional para ayudar a México a enfrentar un problema que ya trascendió sus fronteras debido a la dimensión regional de la delincuencia organizada.

“Yo creo que estamos perdidos en la traducción, porque la intención del comité no es atacar a México ni a su gobierno. La intención del comité es que México cuente con el respaldo de la comunidad internacional, con todo el apoyo necesario, con los recursos adicionales que fuera del caso para poder atender una crisis y por lo menos ralentizarla, por lo menos reducir la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno”, sostuvo.

El presidente del comité consideró que erradicar el fenómeno en este momento resulta complejo y subrayó la dimensión humana de la crisis.

“Dar respuestas a 136 mil familias, porque al final yo creo que cuando la asamblea tome una decisión tendrá que tener en cuenta que lo que está detrás son las historias de al menos 136 mil familias, de al menos 136 mil personas que merecen verdad, que merecen justicia, que merecen la atención de la comunidad internacional, ya no solamente del Estado mexicano”, señaló.

Atribuye parte de las medidas de México a la activación del procedimiento

El presidente del comité afirmó que la activación del artículo 34 ya tuvo efectos en las medidas adoptadas por el Estado mexicano durante el último año.

“Yo creo que de hecho la decisión ya ha tenido un primer efecto, porque es claro que estas diez medidas que ha anunciado el Estado mexicano que viene tomando desde hace un año son consecuencia directa de que nosotros activamos el procedimiento, y de otras cosas también, pero nuestra decisión también influyó en eso”, aseguró.

En particular, se refirió a la cifra de 16 mil personas que, según lo informado por el Estado mexicano, fueron localizadas durante el último año.

“Se ha dicho que han encontrado en el curso del último año a 16 mil personas, pues qué bueno si así es y ojalá se presente la evidencia de que efectivamente estas personas fueron encontradas, y que sus familias han sido informadas debidamente sobre su situación y paradero”, dijo.

“Pero aún así quedarían 120 mil, y 16 mil es un primer avance”, sostuvo.

Albán agregó que el procedimiento también puede establecer un precedente para futuros casos en otros países donde las desapariciones forzadas alcancen características de masividad y generalidad.

“En el mundo en el que vivimos es un mundo muy violento, hay otros escenarios en que la desaparición forzada llega a cifras alarmantes, pero además tiene características de masividad y de generalidad, y por ende pudiera ser necesario que el comité acuda otra vez a este procedimiento, y será necesario un precedente sobre qué se hacen estos casos”, señaló.

La activación del artículo 34 respecto de México es la primera en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada. Albán dijo que el organismo espera que sea también la última, aunque reconoció que las condiciones internacionales hacen difícil anticiparlo.

“La primera, y quisiéramos que sea la última, pero con la realidad del mundo actual pensamos que tal vez no será la última”, afirmó.

México mantiene cooperación internacional

Respecto de la posibilidad de que México rechace también cualquier colaboración internacional derivada del procedimiento, Albán consideró que el escenario más probable es que el país mantenga la cooperación con otros Estados y organismos.

“Parecería que estamos más cerca del escenario dos, de hecho, porque el propio secretario Arturo Medina durante su intervención dio cuenta de que se han celebrado acuerdos de cooperación recientemente”, señaló.

Mencionó acuerdos recientes con países como España, Guatemala y Países Bajos, además de cooperación con Alemania y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Para Albán, la cooperación internacional no implica desconocer las acciones que México ha emprendido para atender la desaparición de personas. En ese sentido, reconoció la existencia de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, una Ley General de Víctimas, una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales de búsqueda y fiscalías especializadas.

“Que son pasos positivos, pero es claro que no fueron suficientes. Entonces, el reconocer los avances no nos impide a nosotros decir, todavía hay que hacer más”, afirmó.

El presidente del comité sostuvo que la petición de recibir apoyo internacional no debería ser interpretada como un enfrentamiento entre México y el organismo de Naciones Unidas. “Y el que nosotros le digamos a México, habría que hacer más, déjense ayudar, no debería significar que México considere que el comité es su enemigo”, dijo.

Añadió que el Comité contra la Desaparición Forzada seguirá monitoreando la situación mexicana debido a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Convención.

“Nosotros tenemos la obligación de continuar monitoreando a México, y vamos a tener que seguir pidiendo la información, y vamos a tener que seguir convocándolo a diálogos, y vamos a tener que seguir registrando acciones urgentes mientras persista la situación de los desaparecidos en México”, sostuvo.

Tercera Comisión de la ONU analizará el caso

Albán explicó que el procedimiento ya se encuentra formalmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La secuencia comenzó con la apertura del procedimiento y la decisión del comité basada en la evidencia recabada. Posteriormente, el organismo remitió el asunto a la Asamblea General a través del secretario general de la ONU.

“Esto ya ocurrió en el mes de mayo del presente año. En el mes de junio del presente año, el secretario ya lo llevó a la atención de la Asamblea, es decir, lo puso en conocimiento de todos los estados miembros de la ONU”, explicó.

La Asamblea General trabaja a través de seis comisiones y la Tercera Comisión es la encargada de los asuntos relacionados con derechos humanos. La presentación realizada por Albán ocurrió ante esa comisión, pero el proceso de análisis ya estaba en marcha.

“Entonces lo que seguiría es que esa tercera comisión analice la cuestión a los efectos de determinar si corresponde dictar una resolución, si corresponde convocar a una mesa de diálogo, si corresponde remitir el asunto a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que continúe trabajando el tema, si corresponde pedir aclaraciones adicionales al comité, o qué es lo que corresponde”, señaló.

La Tercera Comisión deberá adoptar sus proyectos de resolución antes de que termine el año, por lo que el comité dará seguimiento al proceso durante los próximos meses.

“Nosotros estaremos monitoreando de cerca e insisto, continuaremos trabajando con México en la medida en que México esté dispuesto a trabajar con nosotros porque tenemos la obligación de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado”, afirmó.

Países expresan disposición a cooperar

Sobre las intervenciones de otros Estados durante la sesión de la Tercera Comisión, Albán explicó que varios países solicitaron la palabra y abordaron cuestiones relacionadas con cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo a las labores de búsqueda e investigación.

Ningún país, salvo México, se refirió de manera específica al artículo 34, según el presidente del comité. Sin embargo, consideró que el contenido de varias intervenciones apuntó a dar seguimiento a la decisión adoptada por el organismo.

“Por eso mismo nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que habrá estados que se ofrecerán como facilitadores de un diálogo, de una conversación, y de una canalización de procesos de cooperación con México”, dijo.

Destacó además que entre los países que intervinieron con una postura que calificó de positiva hubo Estados latinoamericanos. Sostuvo que el comité espera que el proceso produzca mayores resultados, particularmente en beneficio de las familias de personas desaparecidas.

“Así que yo creo que debemos mantener la esperanza de que esto, más allá de los frutos que ya dio, porque insisto, creo que ya ha dado frutos, es claro que las medidas tomadas tienen en buena en buena parte que ver con lo que nosotros resolvimos de más frutos, sobre todo para que haya mejores respuestas para las familias”, concluyó.

Posteriormente, en sus redes sociales Albán reconoció que los esfuerzos oficiales han permitido localizar a 16 mil personas desaparecidas en el último año, aunque falta conocer quiénes son y si sus familiares ya fueron notificados:
Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar, pero, primero es importante saber quiénes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias o al menos sus familias han sido debidamente informadas; segundo, si se ha localizado a 16000 quedan más de 120000 por localizar y hay que continuar los esfuerzos en tal sentido; y tercero, si esto es verdad, claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del art. 34 por parte del #CED que no exonera a la #UNGA81 de analizar la situación y de ser el caso tomar acciones frente a la remisión de la situación a su conocimiento, que realizamos en abril del presente año.

Desalojan de sesión de la ONU a familiares de desaparecidos mientras México rechazaba asistencia internacional

Familiares de personas desaparecidas fueron retirados de la sala de Naciones Unidas cuando mostraron fotografías de sus seres queridos durante la intervención del subsecretario Arturo Medina. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada calificó el incidente como “profundamente lamentable” y pidió evitar que la crisis mexicana se diluya entre cálculos políticos

Mientras el gobierno mexicano rechazaba ante Naciones Unidas la propuesta de establecer un mecanismo de asistencia internacional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, familiares de personas desaparecidas fueron desalojados de la sala donde se desarrollaba la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General por mostrar fotografías de sus seres queridos.

El incidente ocurrió este martes durante la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, quien respondía al posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, sobre la necesidad de instrumentar un mecanismo internacional de asistencia ante la magnitud de las desapariciones en México.

Mientras el funcionario mexicano exponía el rechazo del gobierno a la decisión adoptada por el CED desde abril pasado, familiares ubicados en la parte posterior de la sala se levantaron y mostraron carteles con los rostros de sus seres queridos desaparecidos.

La protesta silenciosa provocó la intervención del personal de seguridad de Naciones Unidas, que retiró a los familiares del recinto y los condujo a una sala más pequeña, donde permanecieron retenidos hasta que concluyó la sesión, de acuerdo con la información recabada.

Consultados por Proceso para conocer las circunstancias del incidente, familiares y representantes de organizaciones presentes en la sesión solicitaron dar a conocer el siguiente posicionamiento:
“Durante la sesión se produjo un acto de protesta silenciosa y se solicitó a las personas involucradas que se retiraran de la sala. Estamos dando seguimiento a lo ocurrido por los canales correspondientes, por lo que no haremos más comentarios por el momento”.
El desalojo fue cuestionado públicamente por el propio presidente del CED, quien consideró “profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos”.

A través de su cuenta de X, Albán Alencastro sostuvo que la presencia de las víctimas en la sesión “merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo”.


El llamado a evitar los cálculos políticos
El incidente ocurrió en una sesión en la que el presidente del CED expuso ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas la gravedad de la crisis de desapariciones en México, cuya dimensión, según destacó, alcanza niveles de “crímenes de lesa humanidad”.

En su pronunciamiento posterior, el experto ecuatoriano expresó su confianza en que la resolución sobre México “no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”.
“Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación”, señaló.
Albán recordó que, durante la elaboración de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Estados incluyeron el artículo 34 como un mecanismo excepcional para atender situaciones de especial gravedad mediante la intervención de los órganos competentes de Naciones Unidas.

El presidente del CED confió en que los mismos Estados que establecieron ese procedimiento “ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico”.

La propuesta de activar ese mecanismo para México, impulsada por el Comité desde abril, ha encontrado la oposición del gobierno mexicano, que durante la sesión reiteró su rechazo a la intervención internacional planteada por el organismo.

En ese contexto, la protesta de los familiares y su posterior desalojo evidenciaron la tensión entre la posición del gobierno mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos y las exigencias de las víctimas, que reclaman medidas efectivas para encontrar a sus seres queridos.
“La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan”, concluyó Albán Alencastro.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.

En manos de la ONU, la petición para dar asistencia a México sobre desaparición forzada

El presidente del CED; Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”

Sin avances mayores se desenvolvió la esperada sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas en la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) expuso ante los representantes de los Estados miembros de la ONU, la petición para instrumentar un mecanismo de asistencia internacional para detener las desapariciones en México y acabar con la impunidad.

Durante la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, dejó en manos de los Estados miembros de Naciones Unidas decidir la creación de un mecanismo de “cooperación internacional y de apoyo” a México para atender la crisis de desapariciones, sin que ello signifique un señalamiento “de responsabilidad internacional” para el país.

Durante la presentación del informe anual del CED, Albán Alencastro resaltó ante la Asamblea General de la ONU “considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.

Tras recordar que “el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, Albán Alencastro recordó que la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra de las Desapariciones Forzadas para el caso de México se dio “tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil y los antecedentes reunidos desde el año 2012”.

De esa revisión, apuntó el CED, “concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, de ahí que “decidió traer a la atención” de los Estados, “con carácter de urgente”, en apego a lo dispuesto en la Convención y que los integrantes del órgano se han “limitado a aplicar”.

“Esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano. Tampoco encontró el Comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión”, puntualizó Albán Alencastro.

En su breve discurso, el presidente del CED resaltó que en la resolución se reconoció “los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”.

Tras recordar que el artículo 34 “es un mecanismo preventivo excepcional de alerta, que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”, Albán Alencastro dejó en claro que en el caso de México el CED sólo “ejerció una competencia que los propios Estados le han asignado”, de acuerdo al tratado internacional.

“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias, en la decisión, el Comité ya formuló unas propuestas concretas para orientar esa cooperación”, insistió.

El experto independiente confirmó el compromiso del CED de “continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo con México, con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil”.

Flagelo persistente

En su informe anual, Albán Alencastro alertó sobre la persistencia del flagelo de desapariciones forzadas en el mundo, lo que se refleja en la recepción de 336 casos nuevos, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de los cuales se documentaron ampliamente 251.

“Desde la creación del procedimiento se ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida. No obstante, persisten dificultades relacionadas con la falta de comparación de algunos estados, deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación y actos de intimidación y represalias contra las víctimas y quienes las acompañan”, sostuvo el experto.

Durante la sesión, en la que también participó la presidenta del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) Grazyna Baranowska, la crisis de desapariciones en México prácticamente pasó por alto para los representantes de los países que asistieron al encuentro, a excepción de México.

La postura de México

En nombre del Estado mexicano tomó la palabra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien repudió el informe de Juan Pablo Albán, al sostener que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum “no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea la posibilidad”.

Luego de hacer un recuento de avances en la localización de 16 mil personas, así como de la creación de instrumentos para la búsqueda de personas y la colaboración con instancias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Arturo Medina negó que en México ocurran desapariciones forzadas como en el pasado.

“Hoy contamos con una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad. En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político.

“Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar. Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana”, afirmó el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).


“México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional”, abundó Medina, flanqueado del subsecretario de Asuntos Multilaterales, Enrique Ochoa, y la representante alterna de la Misión Permanente de México en la ONU, Jennifer Feller.

Destacó la creación de “un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente nuestro registro nacional” de personas desaparecidas, con la colaboración del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de contar con el apoyo de Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, “entre otros miembros de esta Asamblea”.

Medina resaltó la colaboración del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “para fortalecer nuestras capacidades de búsqueda, identificación e investigación”.

“Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos. Nuestro compromiso es claro, encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”, concluyó Arturo Medina en respuesta.

En la sesión de respuestas a los planteamientos de los miembros de la Asamblea General, el presidente del CED celebró la disposición de México a colaborar con la comunidad internacional, y asumió como un primer logro de su resolución de aplicación del artículo 34, la localización de personas presumidas por Medina.

“Ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las 136 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales del propio Estado mexicano. Felicitamos estos avances”, aplaudió Juan Pablo Albán.

Apuntó que el CED tomó nota de la cooperación internacional mencionada en espera de que “se mantengan a través del tiempo”, y que ese mismo ánimo subsista con el Comité, órgano que seguirá realizando su trabajo.

“El Comité tiene la responsabilidad bajo el artículo 29, numeral cuarto de la Convención, de continuar monitoreando la situación en México, continuar solicitando información, continuar invitando a diálogos constructivos a México, así como continuar registrando acciones urgentes” de desapariciones forzadas, concluyó Juan Pablo Albán Alencastro.

Los 14 puntos de la Ley de Seguridad Interior, que preocupan a la ONU

Señala que se favorece "la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley" en México.

La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que está en vías de ser analizada por el Senado, contiene puntos que preocupan a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una carta del representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, señala a los senadores 14 de esos puntos, como la “ambigüedad de conceptos”, la “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.

ONU condena asesinato de reportero; Veracruz continúa como el estado más peligroso para periodistas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del reportero Ricardo Monlui Cabrera en Yanga, Veracruz, y recordó que esa entidad federativa continúa, “lamentablemente”, como la que mayor peligro representa para quienes ejercen el periodismo.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que del año 2000 a la fecha, 20 de 123 asesinatos contra periodistas sucedieron en Veracruz y que la mayoría de ellos “han quedado impunes”.

Luis Videgaray viaja a Nueva York para reunirse con el Secretario General de la ONU

El Canciller se reunirá “con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a fin de abordar las prioridades de México en la ONU y discutir sobre el papel de la organización ante los retos del contexto internacional actual”, indicó este jueves la Cancillería en un boletín.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, realiza hoy un viaje de trabajo a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se reunirá con el Secretario General de la ONU, António Guterres, en medio de la crisis diplomática con el Gobierno de Donald Trump.

El Canciller se reunirá “con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a fin de abordar las prioridades de México en la ONU y discutir sobre el papel de la organización ante los retos del contexto internacional actual”, indicó este jueves la Cancillería en un boletín.

Además, durante su estancia en esa ciudad, Videgaray se reunirá con miembros de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas (AS/COA), con quienes dialogará sobre la relación México-Estados Unidos.

El viaje se produce un día después de la polémica surgida por las versiones de prensa que aseguran que, en una conversación telefónica sostenida el pasado viernes, Trump amenazó supuestamente al Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con enviar tropas a México, desmentidas por las autoridades.

La periodista Dolia Estévez y la agencia de noticias AP informaron el miércoles que tuvieron acceso a parte de la conversación privada entre los dos mandatarios.

Según Estévez, colaboradora de Forbes, “Trump le dijo a Peña Nieto que no necesita a México ni a los mexicanos, en tono amenazante, e incluso se quejó del mal papel que está haciendo el Ejército en el combate al narcotráfico”.

“Incluso le sugirió que si son incapaces de combatirlo (al narcotráfico) quizá tenga que enviar tropas para que asuman esta tarea”, expuso.

A su vez, AP publicó que Trump dijo a Peña Nieto que podría enviar tropas a México para combatir “bad hombres” durante la llamada telefónica, y este jueves indicó que las declaraciones fueron en un tono “coloquial”, según la Casa Blanca.

El Gobierno de México desmintió categóricamente dichos reportes, y la directora de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Algorri, aseguró que estas informaciones carecen de sustento y que el tono de la conversación de los presidentes el 27 de enero fue “constructivo”.


En la misiva a Estévez, la funcionaria aseguró que su información “está basada en absolutas falsedades y con evidente mala intención”.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-02-2017/3143324