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La UIF congela cuentas a otro exdirectivo del INE vinculado al escándalo de Taddei

La autoridad financiera identificó operaciones en efectivo, movimientos bancarios sospechosos y posibles prácticas de simulación en contrataciones electorales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes que bloqueó las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado al escándalo de contrataciones que involucra al entorno de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, la identificación de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
"Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema", señaló la dependencia en una nota informativa.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría participado en acuerdos con empresas dedicadas al suministro de materiales y servicios para los comicios, mediante posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos. La autoridad también detectó vínculos comerciales con algunas de estas compañías, en las que presuntamente figuró como apoderado legal.


¿Qué implica el bloqueo de cuentas del exdirectivo del INE?

La Secretaría de Hacienda precisó que Juan Carlos Cuervo Escalona permanece sujeto a restricciones financieras, conforme al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla la suspensión de actos, operaciones y servicios bancarios para quienes figuran en el registro de personas señaladas por posibles actividades ilícitas.

Sin embargo, la institución aclaró que esta disposición tiene un carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad del antiguo funcionario electoral. Asimismo, recordó que los afectados pueden recurrir a los mecanismos legales de defensa y ejercer su derecho de audiencia para impugnar la medida.

La dependencia federal reiteró que continuará con las acciones encaminadas a prevenir y combatir el lavado de dinero, así como a identificar estructuras económicas que pudieran comprometer la integridad del sistema financiero mexicano.

¿Qué papel tuvo Cuervo Escalona en la presunta red de corrupción del INE?

La presunta participación de Juan Carlos Cuervo Escalona en el esquema de contrataciones relacionado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas tendría sus antecedentes en una trayectoria de casi dos décadas dentro del INE, iniciada mucho antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del organismo, en abril de 2023.

De acuerdo con una investigación publicada este lunes por El Universal, Cuervo Escalona ingresó a finales de 2003 al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), durante la administración de Luis Carlos Ugalde, como personal de confianza. Su permanencia en la institución le permitió desempeñar distintas responsabilidades bajo las gestiones de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

En 2011 fue nombrado Director de Análisis y, para 2014, asumió funciones relacionadas con el área de Proyectos, donde habría intervenido en la elaboración de condiciones técnicas para las licitaciones. Aunque no tenía facultades para firmar contratos, su participación en el diseño de los requisitos presuntamente permitió beneficiar a determinadas compañías y limitar la competencia.

Durante la presidencia de Córdova, el servidor público llegó a la Dirección de Coordinación y Análisis, desde donde participó en la estandarización del Reglamento de Elecciones y en la validación de prototipos utilizados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Según testimonios recabados para la investigación del rotativo, las características exigidas para urnas, canceles y paquetes electorales habrían sido modificadas progresivamente para ajustarse a los productos ofrecidos por las empresas de los Hernández Casillas, una práctica que presuntamente restringió la participación de otros proveedores en 13 entidades federativas.

En diciembre de 2015 fueron constituidas Corporativo ZEG y Cajas Graf ante la Notaría 181 de la Ciudad de México. Entre 2016 y 2023, ambas firmas habrían simulado competir entre sí para obtener adjudicaciones millonarias en distintos estados, entre ellas:
  • Veracruz: 302.9 millones de pesos.
  • Hidalgo: 203.6 millones de pesos.
  • Coahuila: 69.5 millones de pesos.
Cuervo Escalona dejó su cargo en el organismo electoral en 2023 y ese mismo año se convirtió en representante legal de Corporativo ZEG, una de las compañías relacionadas con los empresarios investigados.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Morena designa a Carlos Castillo, cercano a Montiel, como representante ante el INE

Según ha detallado la propia Ariadna Montiel, Carlos Castillo es su mejor amigo desde que fueron parte de las movilizaciones estudiantiles en la huelga de la UNAM del 2000

El diputado federal Carlos Castillo será el nuevo representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), un movimiento estratégico de la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, pues Castillo es un personaje cercano y leal a su persona.  

Morena anunció el nombramiento a través de un comunicado, en el que detalló que Castillo Pérez “se apegará a los principios vectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y la consolidación del sistema democrático del país, bajo los principios del Partido-Movimiento Morena”. 

Según ha detallado la propia Ariadna Montiel, Castillo es su mejor amigo desde que fueron parte de las movilizaciones estudiantiles en la huelga de la UNAM del 2000. Este diputado también tenía aspiraciones para la alcaldía de Coyoacán en la CDMX, aunque no era el favorito de las encuestas.  

Carlos Castillo será el enlace principal de Morena ante el INE, donde defenderá los intereses del partido en el marco del inicio del proceso electoral de 2027, el más grande de la historia del país.

Las renuncias continúan en el INE: 3 funcionarios más dejan su cargo por caso Taddei

Blanca Cruz confirmó que Alejandro Sosa, Yessica Alarcón y Jorge Egren Moreno serán separados de sus puestos en los próximos días

Alejandro Sosa Durán, Director del Registro Federal de Electores (DERFE); Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); y Jorge Egren Moreno Troncoso, responsable del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), dejarán sus cargos en el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días, informó este viernes la consejera presidenta interina, Blanca Cruz García.

La funcionaria confirmó que la decisión forma parte de una revisión de las áreas estratégicas del organismo, en medio de la polémica por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
"Hemos empezado ya con algunas áreas que consideramos deben renovarse para mejorar el funcionamiento de la propia área de cara al proceso electoral… ¿Cuáles son? SPEN, UTCE y DERFE", declaró Cruz García, quien precisó que las separaciones se concretarán una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes.
La presidenta provisional explicó que los cambios fueron acordados con las consejerías electorales como parte de una evaluación del desempeño institucional. De concretarse las tres salidas, se sumarían a las 30 renuncias que el INE confirmó el pasado 3 de noviembre, con lo que el número de bajas ascendería a 33.

¿Quiénes son los tres directivos que dejaron el INE?

De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, Jorge Egren Moreno Troncoso es el único de los tres funcionarios señalado por su cercanía con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con los cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo electoral.

El diario reveló que desde el pasado 31 de octubre se había solicitado la renuncia del titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, quien presuntamente asistía con frecuencia a reuniones organizadas por el empresario y realizaba viajes con Juan Carlos Cuervo, exasesor de la Secretaría Ejecutiva.

Sin embargo, su separación se habría pospuesto debido a compromisos laborales pendientes. Por su pertenencia al SPEN, Egren Moreno conserva el derecho de continuar dentro de la institución en un puesto distinto.

En el caso de Alejandro Sosa Durán, su salida se produce en medio de críticas por la licitación de la credencial para votar y las condiciones laborales en los módulos de atención ciudadana, cuyos trabajadores realizaron un paro nacional el pasado lunes. No obstante, el funcionario no ha sido identificado como parte del círculo cercano a Guadalupe Taddei Zavala.

Respecto a Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, quien se desempeñó como asesora de una consejera electoral entre septiembre de 2017 y marzo de 2023, la funcionaria argumentó razones personales para dejar su puesto. En su carta de renuncia, aseguró que desde meses atrás había comunicado su intención de separarse de la institución.

Pese a los cambios anunciados, siete de los 12 integrantes de la Junta General Ejecutiva han sido identificados como personas cercanas a la exconsejera presidenta. Algunos colaboraron con ella durante su trayectoria en Sonora, mientras que otros ocuparon puestos dentro del Gobierno estatal encabezado por Morena.

INE mantiene evaluación de otras áreas; prevén más cambios

Durante la misma conferencia de prensa, Blanca Cruz García aclaró que las modificaciones anunciadas deberán pasar por los procedimientos administrativos correspondientes, luego de que las consejerías electorales alcanzaran un acuerdo sobre la renovación de las tres direcciones.
"¿Qué vamos a hacer? Los trámites administrativos que corresponden para hacer las renovaciones. ¿Cuándo van a estar separados de su función? En estos días, en breve. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que tuvimos ayer en la mesa", señaló.
Asimismo, explicó que la revisión también abarca otras áreas de la Junta General Ejecutiva, por lo que podrían registrarse nuevos movimientos conforme avancen las evaluaciones. Precisó que las decisiones se adoptan de manera colegiada, mediante reuniones de trabajo en las que participan las distintas consejerías.
"Eso se dijo desde el día uno, es un acuerdo que se tiene en colegiado, así lo hemos venido haciendo. Por supuesto que no es algo que podamos determinar de un día para otro, como ustedes han visto, hemos tenido varias mesas de trabajo en las consejerías, hemos ido avanzando en ciertas tomas de decisiones importantes, y podemos hacer algunas renovaciones", expresó.
En ese sentido, detalló que el análisis no se limita a la permanencia de los titulares, sino que contempla el funcionamiento de cada departamento, la calidad de sus resultados y las oportunidades de mejora, particularmente ante las responsabilidades que enfrentará el organismo durante el próximo proceso electoral.

"Hay áreas de oportunidad que estamos determinando, ¿cuál fue el funcionamiento que tuvo el funcionariado que está? Es un tema de desempeño, de calidad, de mejorar las áreas, insisto, son áreas técnicas, son áreas que hacen un trabajo muy importante de cara al proceso", puntualizó.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

La FGR investiga denuncias por corrupción en el INE; aún no hay información, dice CSP

La mandataria explicó que la FGR tiene que hacer sus investigaciones para identificar los posibles delitos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no cuenta con información sobre alguna investigación para aclarar los presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), derivados de la renuncia de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
"Hoy le pregunté a la Fiscal y todavía no tenía información. Como todos saben, han habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito se estaría persiguiendo", explicó la mandataria federal en la conferencia matutina del 10 de noviembre.
La Presidenta mencionó que suele mantener comunicación con el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, Héctor Elizalde Mora, y que la Fiscal General, Ernestina Godoy Cruz, asiste a las reuniones de seguridad una vez por semana o cada 15 días dependiendo de su agenda de trabajo.


FGR investiga irregularidades en uso de recursos del INE
El pasado 6 de noviembre, el INE dio a conocer que interpuso una denuncia formal ante la FGR, con el propósito de que se investiguen posibles irregularidades que pudieran constituir delitos en el manejo de recursos públicos.

El organismo autónomo precisó que corresponderá a la Fiscalía analizar los hechos denunciados y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades de carácter penal, conforme a sus facultades legales.

Asimismo, el INE puntualizó que esta acción forma parte de su compromiso institucional con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos, principios que, subrayó, deben prevalecer sin importar las personas involucradas, los cargos que ocupen o hayan ocupado, ni los periodos de administración.
"El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión", se lee en el comunicado oficial.
La ASF accede a información clave para sus investigaciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que accedió a información confidencial mediante la colaboración directa de informantes y empresas proveedoras que se acogieron al Programa de Reducción de Sanciones. Este esquema de cooperación le permitió al órgano fiscalizador obtener testimonios de personas con conocimiento directo sobre cómo operaba la corrupción en los procesos de contratación pública del INE.

Entre el material y la evidencia a los que tuvo acceso la ASF destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp. Además, los colaboradores aportaron nombres, alias y confesiones de personas e intermediarios presuntamente implicados, lo que facilitó la reconstrucción de las comunicaciones y el seguimiento de los flujos financieros relacionados con los contratos revisados.

En cuanto a las irregularidades, la ASF identificó indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas intervenían en la selección de proveedores y en la confección de los requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

Asimismo, se descubrió una red con 89 conexiones entre empresas y personas vinculadas (socios, apoderados y representantes legales compartidos) que participaban simulando competir de forma independiente en las mismas licitaciones del INE.

INE de Taddei rechazó propuestas de empresa y 15 días después le adjudicó materiales por hasta 9.2 millones para la elección judicial

El INE redujo de cinco a tres los contratos exigidos para acreditar experiencia y afirmó que la empresa cumplía los requisitos técnicos y económicos, pero los documentos revisados no permiten establecer cómo subsanó cada incumplimiento previo

El Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, adjudicó directamente a GRUMMEC (Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales) la fabricación de materiales para la elección judicial de 2025 por hasta 9 millones 212 mil 989 pesos, 15 después de rechazar sus propuestas por incumplimientos técnicos y documentales.

La contratación ocurre en un contexto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en las adjudicaciones del INE. Estos señalamientos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a abrir una investigación de oficio y antecedieron a la renuncia de Guadalupe Taddei, el pasado 26 de octubre. Parte de las investigaciones se han centrado en empresas proveedoras de materiales electorales vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre ellas Comercializadora JVLY.

GRUMMEC también aparece en una auditoría de la ASF relacionada con una de esas empresas. En esa revisión, que corresponde a un contrato por 63.2 millones de pesos adjudicado por el INE a Comercializadora JVLY, la ASF identificó que JVLY transfirió recursos a Plásticos y Metales MYC, que posteriormente realizó dos transferencias a GRUMMEC por un total de 2 millones 325 mil pesos. La auditoría también documentó que varias inspecciones relacionadas con el contrato de JVLY se llevaron a cabo en un domicilio de Formas Finas y Materiales, otra empresa señalada en las investigaciones sobre las contrataciones del INE durante la gestión de Taddei.

En la contratación de 2025, GRUMMEC recibió el encargo de fabricar forros de cartulina para cubrir las urnas electorales, cintas adhesivas de seguridad utilizadas para sellar las urnas y las cajas de paquetes electorales, así como etiquetas para estas últimas. Aunque el INE había rechazado sus propuestas en la licitación declarada desierta el 24 de marzo, el 8 de abril le adjudicó directamente esos materiales. Para la nueva contratación, el instituto redujo de cinco a tres los contratos exigidos para acreditar experiencia y afirmó que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y económicos, pero los documentos revisados no permiten establecer cómo subsanó cada incumplimiento previo.

¿Por qué fueron rechazadas las propuestas de GRUMMEC?

El instituto exigía que las empresas presentaran al menos cinco contratos completos, formalizados con organismos electorales en los cinco años anteriores, para demostrar experiencia en la fabricación de materiales de la misma naturaleza. En la evaluación de GRUMMEC, el área técnica determinó que la documentación proporcionada no cumplía esa condición.

De acuerdo con los anexos del fallo del 24 de marzo, los contratos presentados por la empresa estaban incompletos, no contenían todos los anexos, apéndices o firmas requeridas, o superaban la antigüedad permitida. El incumplimiento fue identificado en las tres partidas para las que GRUMMEC presentó propuestas. Además, la empresa incumplió otros requisitos específicos en la partida correspondiente a las cintas de seguridad.

En primer lugar, presentó un archivo con el diseño de la caja de empaque de las cintas, pero no incluyó el diseño técnico acotado de las propias cintas, como lo establecía la convocatoria. Estas cintas adhesivas, identificadas con el emblema del INE, se utilizaban para sellar las urnas una vez llenas y proteger las boletas electorales de posibles manipulaciones. En segundo lugar, el INE determinó que las muestras físicas tenían un espesor inferior al solicitado. El reporte técnico elaborado con acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México registró un calibre de 0.020 milímetros, frente a la especificación de 0.025 milímetros, con una tolerancia de ±0.002 milímetros.

La evaluación de los requisitos administrativos estuvo a cargo de Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, y fue avalada por Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios. La evaluación técnica correspondió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, encabezada por Daniel Eduardo Flores Góngora.

El documento también señala que, al momento de emitir el fallo, GRUMMEC y Avar Foam no aparecían como empresas inhabilitadas o sancionadas en los registros consultados por el INE. Su exclusión del procedimiento obedeció a incumplimientos de las propuestas técnicas, no a una prohibición general para contratar con instituciones públicas.

¿Por cuánto y bajo qué condiciones fue contratada después?

El contrato INE/019/2025 fija un monto mínimo de 7 millones 677 mil 476 pesos y un máximo de 9 millones 212 mil 989 pesos, para adquirir cintas, forros y los dos tipos de etiquetas. Su vigencia va del 8 de abril al 31 de diciembre de 2025, con precios unitarios fijos y sin anticipos.

La cantidad mínima contratada coincide con las 688 mil 532 piezas registradas en el informe de producción de abril. El máximo es de 826 mil 240 piezas. El contrato establece el pago a la entrega de la totalidad de los bienes, previa validación del administrador, y exige una garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto máximo sin IVA.

La excepción a la licitación fue aprobada mediante el acuerdo 1 de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, celebrada el 7 y 8 de abril, según la declaración I.2 del contrato. La adjudicación se notificó a GRUMMEC el 8 de abril.

El INE fundamentó la contratación en las fracciones II y IV del artículo 50 de su Reglamento de Adquisiciones, relativas a supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten sus actividades o impidan obtener los bienes mediante licitación en el tiempo requerido. La fracción VI, específica para licitaciones desiertas y que exige conservar los requisitos cuyo incumplimiento afectó la solvencia de las propuestas, no figura entre las invocadas.

Por el INE suscribieron el contrato Amaranta Arroyo Ortiz, como apoderada legal; Edgardo Amaya Robles, director de Recursos Materiales y Servicios; Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de Organización Electoral y del área requirente, y Daniel Eduardo Flores Góngora, director de Estadística y Documentación Electoral y administrador del contrato. Este último quedó encargado de vigilar el cumplimiento, evaluar al proveedor y validar los pagos.

Qué cambió en los requisitos y qué explicación existe

La comparación de los documentos muestra un cambio en la acreditación de experiencia. Mientras la licitación exigía al menos cinco contratos completos, los anexos técnicos de la adjudicación directa pidieron tres para forros, cintas y etiquetas. Se mantuvo la exigencia de que estuvieran completos, tuvieran una antigüedad no mayor a cinco años y acreditaran la fabricación de materiales de la misma naturaleza.

Para las cintas se mantuvo la obligación de presentar el diseño conceptual acotado y el calibre de 25 micras, equivalente a 0.025 milímetros, con tolerancia de dos micras. El anexo fijó el 28 de marzo para entregar tres muestras de cinta y una de su caja de empaque, y contempló pruebas de espesor, adherencia, diseño e impresión. También exigió nuevas muestras después de la adjudicación, sujetas al visto bueno del personal designado por el administrador antes de iniciar la producción.

El contrato incorpora la propuesta técnica de GRUMMEC fechada el 28 de marzo, con las especificaciones y cartas compromiso sobre contenido nacional, pruebas de laboratorio, plazos, calidad e infraestructura. Su inclusión permite conocer lo que la empresa ofreció, pero no demuestra por sí misma qué contratos completos entregó para acreditar experiencia, si presentó las muestras requeridas ni los resultados de las mediciones de su espesor.

La notificación de adjudicación, suscrita por Luis Armando Martínez Reyes, subdirector de Adquisiciones, afirma que GRUMMEC cumplía los requerimientos técnicos y económicos de Organización Electoral. A su vez, el contrato atribuye la evaluación de la cotización técnica al área requirente y su Anexo Único está firmado por Flores Góngora y el representante de la empresa, Agustín Báez Ortega. 

Los documentos revisados permiten identificar el monto, el fundamento citado, la aprobación del comité y los responsables contractuales, pero no reconstruir cómo se subsanó cada deficiencia. 

Animal Político consultó al INE y a GRUMMEC para conocer su postura sobre la adjudicación directa del contrato. Al cierre de esta edición, GRUMMEC no había respondido, mientras que el INE indicó que la información solicitada debía requerirse mediante una solicitud de transparencia, sin ofrecer una respuesta a los cuestionamientos planteados.

Las observaciones de la ASF

El 7 de marzo de 2024, el INE formalizó con Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., el contrato INE/011/2024, por 63 millones 241 mil 392 pesos, IVA incluido. El objeto del contrato era imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro para la capacitación electoral del proceso federal 2023-2024, con vigencia del 21 de febrero al 30 de junio.

La ASF identificó que Comercializadora JVLY había celebrado un contrato de asociación en participación mercantil con Plásticos y Metales MYC, el 5 de diciembre de 2023. Según esa documentación, Plásticos y Metales MYC realizaría trabajos de producción de materiales electorales. 

La ASF también señaló que Plásticos y Metales MYC había reportado una operación comercial por 4.1 millones de pesos, IVA incluido, con una empresa identificada como GRUMMEC Grupo Manufacturero de Materiales Electorales y Comerciales, S.A. de C.V., por la producción de blísteres para canceles electorales. Además, también rastreó los movimientos bancarios relacionados con el contrato de Comercializadora JVLY, utilizando información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El informe documenta que el INE depositó a JVLY los 63.2 millones de pesos el 31 de diciembre de 2024, mediante dos transferencias bancarias. Posteriormente, entre el 31 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, la compañía transfirió los recursos a nueve personas morales y una persona física. Entre las receptoras estaba Plásticos y Metales MYC, que recibió 6 millones 393 mil 900 pesos.

Al seguir los movimientos bancarios de Plásticos y Metales MYC, la ASF identificó dos transferencias a GRUMMEC: una por 2 millones de pesos y otra por 325 mil pesos. En conjunto, los movimientos expresamente identificados hacia GRUMMEC suman 2 millones 325 mil pesos.

La revisión de la ASF identificó problemas en la documentación del servicio contratado a Comercializadora JVLY. Entre ellos, diferencias entre las cantidades de materiales reportadas como entregadas a las juntas locales y distritales del INE, documentación incompleta sobre su distribución y falta de elementos para acreditar los costos, gastos y personal utilizados por el proveedor.

También encontró discrepancias en la documentación de Plásticos y Metales MYC, incluidos comprobantes fiscales que no describían los productos suministrados y remisiones de entrega cuyas cantidades no coincidían con las establecidas en los documentos contractuales. Asimismo, la ASF determinó que los recursos depositados a Comercializadora JVLY fueron transferidos a terceros sin que pudiera verificar la relación de diversas operaciones con la prestación de los servicios pagados por el INE.

Por esos motivos, la auditoría emitió el Pliego de Observaciones 2024-0-22100-23-0230-06-001, en el que estableció un probable daño o perjuicio al patrimonio público por 63 millones 241 mil 392.14 pesos, sujeto al procedimiento de aclaración y seguimiento correspondiente.

Las observaciones preliminares fueron notificadas al INE en noviembre de 2025 y la institución presentó documentación y argumentos para intentar aclararlas. Sin embargo, la ASF consideró que distintas observaciones permanecían sin solventar después de analizar la respuesta.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRASUA ESQUERRA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/ine-taddei-adjudicacion-empresa-grummec

PRI va en contra de la convocatoria para designar nueva presidencia del INE; exige revisar sistema electoral

Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas en la Cámara de Diputados, sostuvo que su partido votará en contra del proceso de selección porque considera que las irregularidades denunciadas en el instituto no se resuelven únicamente con el relevo de su presidencia

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) irá en contra de la convocatoria para elegir a la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideran que el proceso no ofrece garantías suficientes mientras no se revisen las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus señalamientos, comprometen la confianza en el sistema electoral mexicano.

En entrevista con medios, Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que cambiar a la actual presidenta del organismo no resolverá los problemas que enfrenta la institución.

“Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza”, indicó.

En ese contexto, el legislador señaló que la discusión no debe limitarse al nombramiento de quien ocupará la presidencia del INE, sino que debe incluir una revisión de los procedimientos internos, el padrón electoral, el Registro Nacional de Electores y la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Moreira pide auditoría al padrón electoral y revisión de los OPLE

Moreira indicó que las grabaciones difundidas sobre presuntas irregularidades en el instituto sobre el manejo de la información electoral, credenciales para votar y datos biométricos de la ciudadanía.

En ese sentido, esos elementos son fundamentales para la confianza en el organismo, debido a que la credencial del INE también funciona como documento de identificación en diversos trámites.

“No solamente es una auditoría para ver quién tiene credenciales y cómo las tiene, sino se vulneraron los sistemas de seguridad, ¿quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?”, cuestionó.

Entre las medidas que propuso el coordinador priista se encuentran una auditoría externa al padrón electoral y al Registro Nacional de Electores, revisar los procedimientos de designación de integrantes de los OPLE y llamar a cuentas a las personas que aparecen en los videos relacionados con las presuntas anomalías.

También planteó que se revise la integración del Consejo General del INE, particularmente de los consejeros que llegaron durante los gobiernos de Morena, así como las facultades que actualmente tiene la presidencia del organismo para tomar decisiones.

“Lo más conveniente es que se revise todo el INE y que se le dé a la sociedad y a la oposición las garantías de que no va a volver a pasar esto”.

PRI plantea acuerdo nacional antes de las elecciones de 2027

Moreira consideró que la revisión del organismo debe realizarse mediante un acuerdo nacional que involucre no solamente a los partidos políticos, sino también a académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil.

El legislador advirtió que la falta de garantías sobre el funcionamiento del árbitro electoral podría afectar la credibilidad de los resultados de las elecciones de 2027, independientemente de qué fuerza política resulte ganadora.

“Hoy no hay garantías para la democracia mexicana y entonces no es nunca tarde para tratar de arreglar lo que hoy estamos viendo”.

El coordinador parlamentario también descartó que el PRI acompañe la convocatoria en los términos actuales y sostuvo que su bancada mantendrá una postura de oposición mientras no exista una revisión de fondo.

“Nosotros no vamos a acompañar jamás a Morena en esto que estamos viendo”, afirmó.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/pri-contra-convocatoria-presidencia-ine

INE denuncia ante FGR presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos

El organismo electoral informó sobre la denuncia después de que se se revelaran casos de presunta corrupción y de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos públicos a compañías del empresario José Alfredo Hernández Casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.

Este sábado el organismo electoral informó sobre la denuncia después de que se se revelaran casos de presunta corrupción y de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos públicos a compañías del empresario José Alfredo Hernández Casillas.
"El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión", explicó el órgano en su comunicado sobre la denuncia.

El escándalo derivó en la renuncia de la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei; el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas —incluida la exfuncionaria de acuerdo con fuentes federales y del INE— y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, y se abrieron investigaciones en el Órgano Interno de Control del INE y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Previamente, cuando la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que se presentaría la denuncia, señaló que la decisión de presentar una denuncia ante la FGR fue producto de un acuerdo entre los diez consejeros que permanecen en el Consejo General después de la renuncia de Taddei, y subrayó que el escrito no estará dirigido hacia una persona en particular, y pidió que "no nada más se investigue a una persona sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades".

Por su parte, el OIC presentó, ante la FGR, seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, informó el titular de esa instancia, Víctor Hugo Carvente, ante la Cámara de diputados, el viernes 6 del presente.

“Tengo pruebas de todo lo que digo”: Sheinbaum defiende señalamientos contra Somos

La presidenta afirmó que tiene pruebas para sostener los señalamientos contra el partido Somos y sus integrantes, luego de que la organización anunció que la demandará por daño moral y difamación, junto con la secretaria Raquel Buenrostro, por vincularla con una red de corrupción en contratos electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sostendrá los señalamientos que hizo contra el partido Somos y sus integrantes, luego de que esa organización anunció que presentará una demanda por daño moral y difamación contra ella y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por presuntamente vincularla con una red de corrupción en contratos electorales.

“Nosotros solo dijimos los hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, respondió este viernes durante su conferencia matutina.

La mandataria sostuvo que la información sobre las presuntas irregularidades fue presentada públicamente y rechazó que los señalamientos constituyan acusaciones sin sustento.

La controversia surgió después de que Buenrostro identificara a Juan Carlos Padilla Aguilar, militante de Somos, como el funcionario que incorporó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas a la administración pública, quienes posteriormente se convirtieron en empresarios y obtuvieron contratos millonarios de organismos electorales.

Ayer, Somos anunció que interpondrá una demanda contra Sheinbaum y Buenrostro, al acusarlas de vincular sin sustento a la organización con una trama de corrupción. En un comunicado, el partido sostuvo que el gobierno busca encontrar “chivos expiatorios” ante la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

La organización también acusó a la presidenta de desviar la atención sobre las irregularidades atribuidas a la administración de Guadalupe Taddei al involucrarla en una supuesta trama de corrupción. Además, consideró que la mandataria había elegido el camino de la confrontación en lugar de gobernar para todos.

En su posicionamiento, Somos atribuyó la descomposición del INE a la actuación de Taddei y de sus socios, y señaló que la crisis del organismo está relacionada con presuntos actos de enriquecimiento ilícito, colusión y conflictos de interés entre antiguos funcionarios.

Los vínculos de Padilla Aguilar con los exintegrantes del INE

Los señalamientos del gobierno federal contra Somos surgieron durante la presentación que realizó Buenrostro el jueves, cuando identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como el funcionario que incorporó a los hermanos Hernández Casillas al servicio público durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con la información expuesta por la secretaria, Padilla Aguilar fue superior jerárquico de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de que ambos abandonaran el servicio público y comenzaran a participar en el sector empresarial.

La funcionaria señaló que Padilla Aguilar encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México y actualmente milita en Somos, organización en la que también participan los exintegrantes del INE Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.

Según lo expuesto por Buenrostro, Córdova forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos; Baños es representante suplente de la organización ante el INE, y Jacobo Molina dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.

Sheinbaum también cuestionó la coincidencia entre Padilla Aguilar y los antiguos funcionarios electorales dentro de esa organización política, al recordar que el primero fue quien incorporó a los hermanos Hernández Casillas a la administración pública y posteriormente ocupó cargos en gobiernos priistas.

Las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) entre 2014 y 2023, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ese periodo coincide con la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General del INE y con la reforma electoral de 2014, que otorgó a ese órgano la facultad de designar a los consejeros electorales de las 32 entidades.

La investigación presentada por Buenrostro también identificó contratos por 646 millones de pesos entre 2024 y 2025 en 15 organismos electorales locales. Las cifras, explicó, fueron obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema Compranet histórico, por lo que podrían aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las compañías mencionadas por la funcionaria se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.

Buenrostro expuso que las empresas presuntamente participaban en los mismos procedimientos de licitación para simular competencia y que, aunque aparecían distintas compañías, los beneficiarios finales eran los mismos empresarios.

También señaló que algunas de las compañías compartían domicilios, teléfonos, representantes legales y proveedores, además de que se detectaron operaciones financieras mediante las cuales los recursos recibidos de organismos electorales eran transferidos a otras empresas.

La secretaria indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones relacionadas con esas compañías, algunas de las cuales habían sido identificadas anteriormente como posibles empresas factureras.

INE deberá transparentar contrataciones para 2027

Sheinbaum señaló que uno de los principales pendientes del INE es garantizar la transparencia de las próximas licitaciones y contrataciones relacionadas con la organización de las elecciones de 2027.

Explicó que el organismo electoral deberá establecer nuevos lineamientos para regular sus adquisiciones, mientras que el gobierno federal buscará fortalecer los mecanismos de vigilancia y transparencia en Talleres Gráficos de México, encargado de producir principalmente las boletas electorales federales.

La mandataria recordó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer ese organismo, mediante cambios en su estructura de gobierno y mecanismos de supervisión de sus contrataciones. Entre las medidas planteadas está ampliar la integración de su Consejo de Administración e incorporar a instituciones académicas y a la Auditoría Superior de la Federación como observadora.

Sheinbaum también consideró necesario reducir la participación de intermediarios en la adquisición de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas, para que puedan comprarse directamente a fabricantes mexicanos mediante procedimientos abiertos.

En ese contexto, pidió al INE establecer criterios claros de contratación, rangos de precios y mecanismos que permitan evitar la concentración de adquisiciones en un grupo reducido de proveedores.

La presidenta señaló que el presupuesto del organismo electoral para este año se ubicaba en alrededor de 37 mil millones de pesos, aunque precisó que la Cámara de Diputados todavía debía determinar el monto definitivo.

Consultada sobre el posible recorte de 5 mil millones de pesos que preparan los legisladores, Sheinbaum manifestó estar de acuerdo, al considerar que el presupuesto enviado por el organismo estaba inflado. No obstante, señaló que deberá garantizarse la realización de las elecciones.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/sheinbaum-defiende-senalamientos-somos

Taddei, como anillo al dedo para Morena

El escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei no es una crisis para el oficialismo, sino su nuevo "anillo al dedo": la excusa perfecta para que Claudia Sheinbaum y Morena afiancen el control del sistema electoral. Tal como ocurrió con la pandemia en 2020 para apalancar megaproyectos y militarización, hoy el gobierno culpa a administraciones pasadas por una designación que su propio partido impulsó, usando el colapso del INE para colocar a un relevo a modo con superpoderes, subordinar la fabricación de materiales a la Secretaría de Gobernación y pavimentar la extinción del árbitro independiente antes de 2027

En abril de 2020, López Obrador soltó una barbaridad sobre la pandemia. Dijo que la crisis le venía “como anillo al dedo” para afianzar su transformación. Y lo cumplió. 

En plena emergencia sanitaria, su gobierno concentró los recursos de fideicomisos públicos, los cuales terminaron financiando sus megaproyectos. También aprovechó para consolidar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Solo por mencionar algunos casos. 

Ahora la renuncia de Guadalupe Taddei le cae como anillo al dedo a Sheinbaum. El Instituto Nacional Electoral enfrenta la peor crisis de su historia y Morena ya encontró cómo aprovecharla. 

LA CULPA ES DEL PASADO

Hace un par de semanas se abrió la cloaca taddeísta. En Reforma documentaron la obscena cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor electoral. Por otro lado, Latinus difundió una serie de videos. En uno vemos al empresario con uno de los hijos de Taddei en París. En otro, lo vemos hablar con la expresidenta del INE de repartirse millones de dólares por el negocio de las credenciales para votar. 

En respuesta a los escándalos, Sheinbaum buscó separar a Taddei de Morena. Tarea titánica, porque ella fue seleccionada como presidenta del INE en un proceso controlado por el partido, además de que el clan familiar tiene más de 15 integrantes que participan en gobiernos de Morena. 

Aun así, esta semana la mandataria llevó la discusión hasta Carlos Salinas de Gortari y los años ochenta. Antes vinculó al proveedor con Juan Carlos Padilla, exfuncionario y hoy en Somos, porque trabajó con él… ¡hace 30 años! También sostuvo que Taddei llegó por el Consejo General de la época de Lorenzo Córdova.

Sheinbaum no paró ahí. Dijo que quienes defendieron al INE frente a la reforma de López Obrador protegían a una mafia. Así mete en el mismo saco a contratistas y a ciudadanos que defendieron la autonomía electoral. Vaya, qué raro que no culparon a Hernán Cortés. 

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, se sumó a la campaña de deslinde con un video en el que presenta a Taddei como parte del viejo régimen del PRI y el PAN. Legisladores, gobernadores y otros actores del partido también se sumaron a la difusión. 

UN NUEVO INE

Recordemos que Morena y sus aliados tienen los votos para alcanzar dos tercios de los diputados presentes y nombrar a alguien de su confianza. Y con menos cola larga que les traiga dolores de cabeza. 

Pero no olvidemos que quien sustituya a Taddei heredará la facultad que el oficialismo le dio en 2024 para nombrar directores ejecutivos sin aval del Consejo General. El PAN pidió eliminar ese poder y Morena rechazó la condición, aunque dejó abierta la opción de avalar el cambio una vez terminada la elección intermedia. 

Pero también existe la posibilidad de que no haya relevo inmediato. Ricardo Monreal anunció que el proceso iniciaría hace unos días, pero la convocatoria ya se aplazó. Culpan a la oposición diciendo que necesitan “consensos”. Sí, se necesitan. Pero no nos engañemos: este aplazamiento no es normal. 

Y la verdad es que Morena también tiene la opción de alargar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz hasta después de las elecciones. Esa ruta le compra tiempo a Sheinbaum para impulsar una nueva reforma electoral. 

No olvidemos que es un viejo sueño del obradorismo extinguir el INE y crear una nueva institución alineada a “la transformación”. López Obrador ya propuso en 2022 reemplazar al INE y elegir por voto popular a los consejeros del organismo que lo sustituiría. 

INJERENCIA EN EL SISTEMA ELECTORAL

El caso Taddei también le ofrece a Morena la oportunidad de ganar mayor control sobre todo el sistema nacional electoral. Sheinbaum ya mandó una primera señal al anunciar un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, la imprenta pública que depende de la Secretaría de Gobernación. 

Esa imprenta ya fabrica las boletas, pero la presidenta quiere que produzca la mayor parte del material electoral que ahora fabrican proveedores privados. Sheinbaum ofreció incorporar universidades al consejo de administración, pero su propuesta amplía la dependencia del INE respecto al gobierno del partido que va a competir en las elecciones. 

De cualquier manera, algo es innegable. El escándalo Taddei ha debilitado aún más al INE y su credibilidad ha quedado por los suelos. Ya están plantadas las semillas para desconocer cualquier resultado electoral en 2027.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/taddei-como-anillo-al-dedo-para-morena/

Sheinbaum podría provocar la anulación de la elección: Figueroa

El exconsejero del extinto IFE señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar la actuación de la presidenta y determinar si intervino ilegalmente en la competencia política

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el partido Somos podrían afectar la equidad de la competencia electoral e incluso provocar la anulación de una elección, advirtió Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

En entrevista para Aristegui en Vivo, Figueroa sostuvo que Sheinbaum está utilizando el aparato del gobierno y recursos públicos para favorecer a Morena y desacreditar a una fuerza política que considera adversaria.

Lo que estamos viendo en realidad es que se están utilizando recursos públicos y el aparato del gobierno de México para afectar la equidad de la competencia política.

El exconsejero advirtió que las consecuencias podrían ser mayores porque el país se encuentra a unas semanas del inicio de los periodos de precampaña.


Estas intervenciones sí pueden traer como consecuencia material que la elección pueda ser incluso, “en un extremo, anulada”.

Por esa razón, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar la actuación de la presidenta y determinar si intervino ilegalmente en la competencia política.

Figueroa consideró que Sheinbaum incumple el principio constitucional de imparcialidad que obliga a las autoridades a no utilizar sus cargos ni los recursos públicos para favorecer o perjudicar a partidos políticos.

Asimismo, señaló como posibles disposiciones vulneradas el artículo 134 de la Constitución y el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

El exconsejero también cuestionó que Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presenten como una investigación los presuntos vínculos entre Somos, uno de sus militantes, empresarios y antiguos funcionarios electorales.

Afirmó que ninguna de las dos tiene facultades para investigar al INE y explicó que esa tarea corresponde a la Contraloría del propio instituto y a la Auditoría Superior de la Federación.

Sobre la explicación presentada por el gobierno federal, Figueroa la calificó como una “historieta” porque, dijo, pretende relacionar a un partido de reciente creación con presuntos actos de corrupción a partir de los antecedentes laborales de uno de sus militantes y de personas que trabajaron como pasantes décadas atrás.
Es verdaderamente una historieta que no se sostiene desde el punto de vista de la evidencia y de la lógica con la que se tendría que conducir la Presidencia de la República.
Para Figueroa, el propósito de esos señalamientos es defender a Morena y atacar a Somos, al que el gobierno identifica como adversario político.

También advirtió que la respuesta del INE será una prueba de su autonomía; si el organismo no investiga, consideró, podría confirmarse que perdió independencia y se convirtió en “una correa de transmisión de los intereses del gobierno”, particularmente de Morena.

Finalmente, sostuvo que la presidenta debería gobernar para todas las personas mexicanas y propiciar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para elegir a quien encabece el INE, con garantías de independencia frente al gobierno y los partidos.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE aún no presenta denuncia por irregularidades en gestión de Taddei; prevén más renuncias

Blanca Cruz aseguró que el documento está prácticamente listo, mientras las consejerías revisan la estructura del instituto y valoran nuevos cambios, además de las 30 salidas confirmadas

La denuncia por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei todavía no llega a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque está prácticamente lista, aseguró la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, quien también anticipó que podrían aumentar las bajas de funcionarios.

En entrevista antes de la sesión del Consejo General, explicó que los equipos jurídicos afinan el documento, por lo que evitó comprometer una fecha para entregarlo.

“Les insisto, dependerá de los equipos jurídicos. Miren, ya están los primeros borradores”, respondió ante las preguntas sobre si presentarían la denuncia este jueves o el viernes.

El 3 de noviembre, Cruz anunció que las diez consejerías habían acordado acudir a la FGR para que investigara las posibles responsabilidades de Taddei y otros funcionarios señalados por irregularidades; entonces anticipó que darían vista a más tardar el pasado miércoles.

La denuncia se prepara después de la renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre sus vínculos con un proveedor beneficiado con contratos del organismo electoral.

Podrían aumentar las renuncias

Tras la salida de Taddei, el INE mantiene en revisión su estructura directiva, incluidas las personas cercanas a la expresidenta que continúan en la Junta General Ejecutiva, explicó Cruz al ser cuestionada sobre su permanencia.

“Lo hemos dicho y se lo reitero, es que estamos revisando las consejerías, toda la estructura empezando por quien encabeza la Junta General Ejecutiva para poder hacer las valoraciones con criterios objetivos y de desempeño y si en su momento se tienen que hacer renovaciones se van a hacer las renovaciones”.

Por ahora se mantienen las 30 salidas confirmadas por el instituto, aunque la cifra podría aumentar conforme se formalicen otras renuncias.

Explicó que las renuncias pueden entregarse al superior jerárquico, por Oficialía de Partes o a través de la Secretaría Ejecutiva, dependiendo del nivel del personal, por lo que el área de Administación debe concentrarlas antes de actualizar la cifra.

“La autonomía no es sinónimo de opacidad”

Cruz evitó pronunciarse sobre las actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Hacienda informara del bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, una medida preventiva que no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

“No tendría una opinión en el caso de la UIF, porque es una instancia distinta. En su competencia, pues ellos pueden determinar lo conducente”, respondió.

También fue consultada sobre los antecedentes de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, mencionados en reportes sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales, pero sostuvo que investigar esos señalamientos no corresponde al instituto.

“Lo que sí podemos decir es que la información pues es muy relevante, la que se ha venido comunicando y que nosotros reiteramos que estamos en plena colaboración y haremos todos los procedimientos con plena transparencia para ir también avanzando en lo que a nosotros nos compete, que es organizar elecciones”, expresó.

La presidenta provisional reiteró que el INE facilitará la información requerida por las autoridades responsables de las investigaciones.

“Entendemos que esta autonomía que tiene el instituto no es sinónimo de opacidad. Esta autonomía que tenemos es una autonomía que debemos ejercer con total transparencia”, afirmó.

Añadió que revisan todas las contrataciones y pueden solicitar información a otras instancias, además de atender los hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación les comunique y que tengan consecuencias para el organismo.

Sobre la reunión prevista para este viernes con autoridades de la Fiscalía y la UIF, aclaró que busca formalizar convenios para verificar la integridad de las candidaturas, por lo que no se trata de un encuentro para abordar las investigaciones relacionadas con Taddei.

“Recordarán que tenemos una comisión que está integrada por tres consejerías, esta comisión para la revisión de la integridad o la verificación de la integridad de las candidaturas y en el marco de todos los trabajos que seguimos realizando para el proceso electoral; este es uno de ellos, hay que formalizar los convenios con estas instancias competentes para poder avanzar en el plan de trabajo que tiene la comisión”, explicó.

Revelan cómo operaba red de Hermanos Casillas en el INE; 27 años antes de ser contratista favorito de Taddei

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones.

El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió este jueves una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos antecedentes tienen por lo menos 27 años, iniciaron en la década de los ochenta y que, entre 2015 y 2025, obtuvo contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos, con empresas fachada para simular competencia.

La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones. La aclaración se presenta en medio de la crisis por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.

De acuerdo con la documentación gubernamental, entre 2015 y 2023, durante el periodo que comprende la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE y los primeros meses de la administración de Taddei, 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas.

La red empresarial mantuvo sus operaciones durante los años siguientes. Entre 2024 y 2025, otras adjudicaciones realizadas por 15 organismos electorales estatales alcanzaron los 646.3 millones de pesos, según la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema histórico CompraNet.

La presentación del gobierno federal ocurre un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una investigación de oficio para revisar 25 años de adquisiciones del INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales de las entidades federativas, con el propósito de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el manejo de recursos públicos.

A diferencia del anuncio de la ASF, que no identificó a empresas ni funcionarios involucrados, el documento presentado este jueves reconstruye el origen de la presunta red, identifica a sus integrantes y describe un mecanismo mediante el cual distintas compañías relacionadas entre sí habrían participado en las mismas licitaciones para simular competencia y obtener contratos públicos.

Los orígenes en Gobernación y el CISEN

La investigación gubernamental sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, una dependencia que entonces tenía bajo su control la organización de las elecciones federales. 

Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro Nacional de Población y figura vinculada con el priismo del Estado de México.

Su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987. 

En 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica, identificada por el gobierno como uno de los antecedentes empresariales de la red que posteriormente participaría en las contrataciones electorales.

Un año después, en 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde incorporó a José Alfredo Hernández Casillas como su secretario particular, mientras Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones. 

En ese periodo, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios ocupaba la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN.

El documento también reconstruye la trayectoria política posterior de Padilla Aguilar, quien en 1989 fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza.

En abril de 2017, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo designó delegado regional de esa dependencia para Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. 

La presentación señala además que Padilla Aguilar coincidió posteriormente en el partido Somos con exintegrantes del INE, entre ellos Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova, quienes desempeñaron distintas responsabilidades en esa organización política.

Estos antecedentes forman parte de la reconstrucción histórica presentada por el gobierno, aunque no constituyen por sí mismos pruebas de participación de esos exfuncionarios en las contrataciones investigadas.

El primer escándalo electoral

La investigación identifica al Estado de México como uno de los primeros escenarios de las contrataciones electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

En 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, empresa que el gobierno relaciona con Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Para 1999, Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México.

En 2005, esa compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral.

Según la presentación gubernamental, las denuncias por irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación provocaron un escándalo que culminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del organismo.

El episodio constituye uno de los antecedentes que el gobierno utiliza para reconstruir la expansión de las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, cuya participación como proveedoras electorales continuó durante las siguientes dos décadas.

Entre 2012 y 2013, las compañías diversificaron sus operaciones y contratos con organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

La expansión coincidió posteriormente con la transformación institucional del sistema electoral mexicano.

Con la reforma política de 2014, los congresos estatales perdieron la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales locales, responsabilidad que pasó al Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova.

La presentación recuerda que ese Consejo General designó a los consejeros electorales de las 32 entidades federativas y vincula ese proceso con las contrataciones que los organismos estatales adjudicaron posteriormente a las empresas señaladas.

Entre las designaciones de septiembre de 2014 estuvo la de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del organismo electoral de Sonora, aprobada por diez votos a favor y uno en contra, emitido por la consejera Pamela San Martín.

El documento sostiene que Taddei fue designada pese a que otros aspirantes obtuvieron calificaciones superiores en las evaluaciones del procedimiento. 

Sin embargo, la investigación presentada no acredita que Lorenzo Córdova haya ordenado adjudicaciones a las empresas de los hermanos Hernández Casillas ni establece una relación directa entre su participación en los nombramientos de consejeros y las decisiones de contratación adoptadas posteriormente por los organismos estatales.

Contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó seis compañías vinculadas con la presunta red: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

Según las cifras oficiales, entre 2015 y 2023 estas empresas acumularon contratos por 2 mil 94 millones de pesos.

Formas Finas y Materiales concentró 825.6 millones de pesos; Cajas Graf, 751.2 millones; Seriplast de México, 380.5 millones; Corporativo ZEG, 101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, 35.5 millones. 

Veracruz fue la entidad con el mayor monto de contrataciones durante ese periodo, con 570.4 millones de pesos, seguida de Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones.

En Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral local, las contrataciones atribuidas a la red sumaron 110.7 millones de pesos.

La documentación también registra adjudicaciones en Chiapas, Baja California, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México, Yucatán, Zacatecas y Morelos.

Para el periodo 2024-2025, el gobierno identificó otros 646.3 millones de pesos en contratos, distribuidos principalmente entre Comercializadora JVLY, con 234.7 millones; Cajas Graf, con 181.9 millones; Corporativo ZEG, con 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, con 105.9 millones. 

Durante esos dos años, Puebla encabezó las contrataciones con 129.7 millones de pesos, seguida de Jalisco, con 102.2 millones; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.

El gobierno sostiene que la continuidad de las adjudicaciones durante distintas administraciones electorales permitió a las compañías mantener su presencia en el mercado de suministros para los comicios estatales.

Simulación de competencia y presunto lavado de dinero

Uno de los principales señalamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se refiere al mecanismo mediante el cual las empresas habrían participado en las licitaciones públicas.

De acuerdo con la presentación, distintas compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas concurrían a los mismos procedimientos de contratación y presentaban propuestas económicas aparentemente independientes.

Sin embargo, según la hipótesis gubernamental, las ofertas habrían sido coordinadas para simular competencia, de manera que una de las empresas resultara ganadora mientras las demás presentaban precios destinados a favorecer la adjudicación.

El documento identifica este mecanismo como una presunta simulación de competencia en licitaciones realizadas por el INE y los organismos públicos locales electorales.

La investigación también señala la existencia de vínculos entre proveedores y servidores públicos, así como la utilización de empresas que presuntamente carecían de capacidad operativa, infraestructura y empleados en nómina para cumplir con los contratos obtenidos.

Entre las prácticas denunciadas se encuentra el supuesto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones, incluido el caso de una mujer de 96 años cuya identidad y participación específica no se detallan en la presentación.

Asimismo, el gobierno señala posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras, con información atribuida al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

El esquema societario presentado identifica a socios, representantes legales, apoderados y familiares relacionados con las distintas compañías, a partir de información del Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.

No obstante, la presentación no incluye los expedientes completos de las licitaciones, los movimientos financieros ni las resoluciones judiciales que permitan establecer de manera definitiva la comisión de los delitos señalados.

Investigación alcanza a varias administraciones del INE

Las revelaciones del gobierno federal ocurren después de que la crisis por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés provocara la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.

Su salida desencadenó una revisión de nombramientos y contrataciones dentro del organismo, así como la separación de 30 funcionarios cercanos a su administración. 

Los diez consejeros que permanecieron en el Consejo General designaron a Blanca Cruz García como presidenta provisional y acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con las contrataciones electorales.

En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE confirmó la existencia de 18 expedientes sobre posibles conflictos de interés y contrataciones cuestionadas.

La crisis también provocó un enfrentamiento político entre Morena y el PAN por las responsabilidades de las distintas administraciones del instituto.

La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado que las investigaciones no se limitaran a la gestión de Taddei, sino que comprendieran también las contrataciones realizadas durante la presidencia de Lorenzo Córdova y otros periodos de la autoridad electoral.

Ayer, la ASF anunció una investigación de oficio sobre las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.

Sheinbaum vincula red de contratos del INE con Somos; no sabe dónde está Taddei

El 5 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el esquema de presunta corrupción en contrataciones electorales con Somos, partido nacional encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, al señalar que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participa en esa organización junto con el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.

La mandataria nacional sostuvo que Padilla Aguilar incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno Federal. Afirmó que esa red se fortaleció cuando Córdova presidía el Consejo General del INE, órgano facultado para designar a los consejeros electorales estatales.

“Entonces, ¿de dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo cuestionó que Córdova se deslinde de las contrataciones hechas por los organismos públicos locales electorales (OPLE), pues a partir de la reforma de 2014 el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a sus consejeros. “Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, reprochó.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales estatales, y que entre 2024 y 2025 consiguieron otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos locales. Señaló que las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en las licitaciones, utilizaban prestanombres y, en algunos casos, carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa. La funcionaria también expuso posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras.

Según los antecedentes presentados por Buenrostro, la relación entre Padilla Aguilar y los Hernández Casillas se remonta a los años ochenta, cuando José Alfredo Hernández Casillas trabajó como secretario particular del funcionario en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 1989, Padilla Aguilar fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y llevó consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al área de investigaciones. Después ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.

La presentación gubernamental refiere que los hermanos dejaron el servicio público y desarrollaron negocios de producción y comercialización de materiales electorales. En 1999, Cartonera Plástica, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México, y en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral estatal; las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en la adjudicación derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

En abril de 2017, el entonces titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Padilla Aguilar delegado regional de esa dependencia para seis entidades. Cinco años después encabezó en el Estado de México las actividades del Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, a la que la investigación identifica como antecedente de Somos, partido que obtuvo su registro en junio de 2026. En esa organización también participan Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños, representante suplente ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, responsable del Centro de Formación y Profesionalización Política.

La presidenta de la República sostuvo que el esquema no comenzó con Guadalupe Taddei, quien preside el INE, y recordó que en 2014 fue designada titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Córdova, y que en 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría requerida.

“Por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero? Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.

Sheinbaum Pardo indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar las responsabilidades por las contrataciones, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las operaciones de las empresas involucradas.

Por separado, la mandataria nacional reconoció que el Gabinete de Seguridad no le ha informado si Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México. “No lo han comentado”, respondió al ser consultada respecto a si las autoridades migratorias o los integrantes de ese gabinete habían proporcionado información sobre su ubicación. Señaló que se presume que siguen en territorio nacional, aunque no ofreció datos que permitieran confirmarlo.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/sheinbaum-vincula-red-de-contratos-del-ine-con-somos-no-sabe-donde-esta-taddei/