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La UIF congela cuentas a otro exdirectivo del INE vinculado al escándalo de Taddei

La autoridad financiera identificó operaciones en efectivo, movimientos bancarios sospechosos y posibles prácticas de simulación en contrataciones electorales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este lunes que bloqueó las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado al escándalo de contrataciones que involucra al entorno de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, la identificación de posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
"Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema", señaló la dependencia en una nota informativa.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría participado en acuerdos con empresas dedicadas al suministro de materiales y servicios para los comicios, mediante posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos. La autoridad también detectó vínculos comerciales con algunas de estas compañías, en las que presuntamente figuró como apoderado legal.


¿Qué implica el bloqueo de cuentas del exdirectivo del INE?

La Secretaría de Hacienda precisó que Juan Carlos Cuervo Escalona permanece sujeto a restricciones financieras, conforme al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla la suspensión de actos, operaciones y servicios bancarios para quienes figuran en el registro de personas señaladas por posibles actividades ilícitas.

Sin embargo, la institución aclaró que esta disposición tiene un carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad del antiguo funcionario electoral. Asimismo, recordó que los afectados pueden recurrir a los mecanismos legales de defensa y ejercer su derecho de audiencia para impugnar la medida.

La dependencia federal reiteró que continuará con las acciones encaminadas a prevenir y combatir el lavado de dinero, así como a identificar estructuras económicas que pudieran comprometer la integridad del sistema financiero mexicano.

¿Qué papel tuvo Cuervo Escalona en la presunta red de corrupción del INE?

La presunta participación de Juan Carlos Cuervo Escalona en el esquema de contrataciones relacionado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas tendría sus antecedentes en una trayectoria de casi dos décadas dentro del INE, iniciada mucho antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del organismo, en abril de 2023.

De acuerdo con una investigación publicada este lunes por El Universal, Cuervo Escalona ingresó a finales de 2003 al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), durante la administración de Luis Carlos Ugalde, como personal de confianza. Su permanencia en la institución le permitió desempeñar distintas responsabilidades bajo las gestiones de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

En 2011 fue nombrado Director de Análisis y, para 2014, asumió funciones relacionadas con el área de Proyectos, donde habría intervenido en la elaboración de condiciones técnicas para las licitaciones. Aunque no tenía facultades para firmar contratos, su participación en el diseño de los requisitos presuntamente permitió beneficiar a determinadas compañías y limitar la competencia.

Durante la presidencia de Córdova, el servidor público llegó a la Dirección de Coordinación y Análisis, desde donde participó en la estandarización del Reglamento de Elecciones y en la validación de prototipos utilizados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Según testimonios recabados para la investigación del rotativo, las características exigidas para urnas, canceles y paquetes electorales habrían sido modificadas progresivamente para ajustarse a los productos ofrecidos por las empresas de los Hernández Casillas, una práctica que presuntamente restringió la participación de otros proveedores en 13 entidades federativas.

En diciembre de 2015 fueron constituidas Corporativo ZEG y Cajas Graf ante la Notaría 181 de la Ciudad de México. Entre 2016 y 2023, ambas firmas habrían simulado competir entre sí para obtener adjudicaciones millonarias en distintos estados, entre ellas:
  • Veracruz: 302.9 millones de pesos.
  • Hidalgo: 203.6 millones de pesos.
  • Coahuila: 69.5 millones de pesos.
Cuervo Escalona dejó su cargo en el organismo electoral en 2023 y ese mismo año se convirtió en representante legal de Corporativo ZEG, una de las compañías relacionadas con los empresarios investigados.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Ni Guadalupe Taddei ni los hermanos Casillas han salido del país, afirma Sheinbaum

La mandataria informó que el Instituto Nacional de Migración respondió a una consulta sobre la ubicación de la exconsejera

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que no hay datos de que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ni los hermanos Hernández Casillas, empresarios involucrados en el escándalo de corrupción en el organismo, hayan salido del país. La mandataria confió en que las investigaciones sobre esta trama lleguen a fondo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la Jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre si el Gobierno federal tenía información acerca de la ubicación de Taddei y de los empresarios involucrados, así como de una posible salida del país.

Al respecto, explicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con esa información y que ya respondió a una consulta realizada por la querella. Sin embargo, indicó que los datos no pueden hacerse públicos, por lo que se limitó a señalar que no hay información sobre una salida del país.
“No, no tenemos información de que haya salido del país, ni el empresario”, respondió.


Por otra parte, al ser cuestionada sobre la propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, la Presidenta puntualizó que uno de los principales objetivos es ampliar la integración de su Consejo de Gobierno.

Para ello, dijo, se invitó a instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey para que formen parte de dicho órgano.

Taddei entrega oficina del INE fuera del plazo establecido

El 22 de octubre fue la última ocasión en que Guadalupe Taddei encabezó de manera presencial una sesión del Consejo General del INE. Durante ese encuentro, representantes de partidos políticos exigieron su renuncia ante los señalamientos de corrupción en su contra y sus presuntos vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Un día después, la entonces Consejera presidenta sostuvo una reunión virtual con sus colegas, a quienes reiteró que no dejaría el cargo, pese a la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantenía en curso por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y otros posibles delitos.

Sin embargo, el lunes 26 de octubre presentó su renuncia al frente del organismo electoral. Aunque tenía cinco días hábiles para realizar la entrega formal de las actas físicas ante el Órgano Interno de Control (OIC), el procedimiento no se concretó dentro de ese periodo.

Fue hasta el martes 10 de noviembre cuando la exfuncionaria presentó por escrito la documentación correspondiente a la entrega-recepción del organismo, aunque lo hizo a través de un representante. La Consejera presidenta interina del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó lo anterior durante una conferencia de prensa realizada ayer, y explicó que el procedimiento había concluido en cuanto a la entrega física de las actas.

Cabe destacar que, el pasado viernes, Sheinbaum evitó adelantar una postura sobre una posible detención de la exfuncionaria y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para proceder, una vez que concluyan las investigaciones.
"No se adelanten, han salido temas públicos, pero tiene que haber su investigación de la Auditoría, de la Fiscalía, y si consideran que procede, se procede", expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Grábelos, oiga

El gobierno, sea federal, estatal o municipal, protege a los suyos. Así sean denunciados por ciudadanos de actos de corrupción, exhibidos en medios de comunicación, e incluso denunciados en narcomantas por criminales a los que burlaron, extorsionaron o robaron.

Lo mismo hacen funcionarios con los ciudadanos, con los hombres y las mujeres de bien que tienen un negocio, un emprendimiento, una propiedad o una empresa. Los supuestos servidores públicos los extorsionan por cualquier tema. Si es municipal, por la oficina de Reglamentos, de Desarrollo Urbano, desde cualquier oficina; si es estatal, lo mismo; y en el Gobierno de la República tampoco quedan a salvo, especialmente en áreas como las Aduanas, las Relaciones Exteriores, las que regulan la naturaleza y la fauna, o cualquier permiso.

En los dos últimos años, como nunca antes, se han escuchado voces de inconformidad, particularmente en Tijuana, pero no privativo a esa ciudad de Baja California: los funcionarios públicos están extorsionando a los ciudadanos que acuden a realizar un trámite. A veces hasta los envían a una oficina externa donde, ya sea un empleado de confianza o un empresario externo, le cobrarán la cuota extraoficial para que el Ayuntamiento les conceda el trámite solicitado. No es una bicoca, las exigencias llegan a los miles y a los cientos de miles de dólares.

Lo mismo han denunciado restauranteros y propietarios de bares. Ya incluso consideran la cuota a los extorsionadores del Ayuntamiento en su presupuesto de operación del negocio. Es paradigmático el caso de los yonqueros. Primero denunciaron el cobro de piso por parte del Cártel Arellano Félix, 650 dólares mensuales, y posteriormente el de los funcionarios del Ayuntamiento, que empezaron cobrándoles la extorsión en pesos, unos cuatro mil al mes, para cambiar a dólares y llegar casi a los 800. En una tercera denuncia, los yonqueros revelaron que había cambiado el método de pago: ya no serían dos extorsionadores los que acudirían mensualmente, sino una sola persona que se encargaría del cobro de piso para el cártel, y la cuota para el Ayuntamiento.

Todo esto es público, y a pesar que la extorsión es un delito que se investiga de oficio, es decir, que no necesariamente debe presentarse una denuncia por parte de las víctimas, la Fiscalía General del Estado de Baja California no está investigando con fines de solicitar órdenes de aprehensión, ni a los narcos que les cobran piso a los yonqueros, ni a los del Ayuntamiento de Tijuana que los extorsionan mensualmente; los primeros amenazan con consecuencias fatales si no les pagan, los segundos con clausurar el negocio con cualquier pretexto.

En las semanas recientes, nos ha tocado, a los reporteros que trabajamos en ZETA, escuchar más historias de corrupción, extorsión y cobro de piso por parte no sólo de cárteles, sino de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, y, por supuesto, por parte de policías y elementos de las Fuerzas Armadas.

Otra constante es el anonimato de las denuncias. Aunque las personas nos lo digan directo, invariablemente nos solicitan no publicar sus nombres, ni el de sus negocios o empresas, por claro temor a represalias. Los narcos, dicen, los pueden matar; los funcionarios, llevarlos a la quiebra con la negativa a entregar permisos o la fiscalización extrema de sus negocios.

La recomendación ha sido que los graben. Que capturen el momento en que están solicitando dinero a nombre del Ayuntamiento en video o en audio, que los graben para exhibirlos. En los últimos días los mexicanos nos hemos dado cuenta de que eso, al final, sí funcionó. El medio Latinus ha exhibido videos diversos que documentaron actos de corrupción protagonizados por la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, varios de sus colaboradores y sus hijos.

Los videos del caso Taddei, que demuestran la podredumbre de la corrupción en la que se sumió al órgano electoral nacional, fueron evidentemente tomados por el corruptor, por el proveedor con el cual la ex consejera presidente del INE estaba cometiendo los actos ilícitos; delitos de corrupción que, de hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador los clasificó como graves, es decir, que son de prisión preventiva oficiosa.

Alfredo Hernández, el empresario del que se trata, no sólo grabó a Guadalupe Taddei mientras la elogiaba o la mimaba; también grabó a sus hijos y los privilegios que les concedió. Ya la frase de “París a tus pies, chamaquito” es tan popular para referir un acto de corrupción como aquella de “cooperas o cuello”, y se la dijo Hernández al hijo de Taddei, cuando lo hospedó y mimó, en la capital de Francia, en un lujoso hotel con una privilegiada vista de la ciudad de la luz.

En otro video, el más fulminante, se escucha a Alfredo Hernández repartirse el botín producto de los contratos “ganados” en el INE, teniendo a la mismísima Taddei sentada en la mesa. En el video, aparentemente grabado con un celular y sin que la exconsejera tuviera conocimiento, en bruscos movimientos del aparato se alcanza a ver la imagen de ella, recargada sobre la mesa, sosteniendo su cara con una mano en el mentón, mientras él le dice cuántos millones le corresponden a ella y cuántos a él.

A raíz de la liberación de los videos, y de la publicación de investigaciones periodísticas en Latinus y Reforma, sobre los contratos entregados por el INE a Alfredo Hernández, y las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, Guadalupe Taddei Zavala renunció. Finalmente la grabación de un acto, bueno, en este caso, varios— de corrupción, funcionó. Hubo una renuncia, hubo un deslinde oficial y se han anunciado investigaciones ministeriales y de la Auditoría.

Aunque el costo ha sido alto, en estos momentos el Instituto Nacional Electoral ha sido manchado desde el oficialismo, en una medida que se podría tomar como estrategia para alegar, en el futuro, un fraude inexistente pero atribuible a una institución corrompida.

La cuestión, por el momento, es que videograbar a los corruptos y corruptores sí está funcionando. No ha sido exitoso, aun, en el caso de los hijos del expresidente, el Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, quienes han sido mencionados en audios grabados y liberados por Latinus, como quienes sostuvieron a un contratista, amigo de ellos y tabasqueño también, quien durante la administración de su padre se enriqueció, y hoy vive en el auto exilio en el extranjero, la última vez en Suiza, donde un periodista de TV Azteca lo localizó, y el empresario, Jorge Olán Amílcar, cambió de país y de residencia.

Así que, a los hombres y a las mujeres empresarios de Baja California, a los desarrolladores de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tecate, San Quintín, San Felipe, cuando los extorsionadores del Ayuntamiento lleguen a pedirles dinero por cualquier pretexto, grábelos, oiga.

Si con el cinismo que caracteriza a la clase política y a los servidores públicos, le dicen que la reunión es sin celular, recuerde que la tecnología ha avanzado tanto, que existen en el mercado adminículos habilitados como sistemas de grabación de audio e imagen que pueden resultar imperceptibles. No los deje ir corruptos, exhíbalos como lo que son.

Por lo menos en el caso Taddei ya hubo consecuencias, y legales. Ahora estamos a la espera del destino de los hijos del expresidente.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/grabelos-oiga/

Migración incumple orden de Sheinbaum sobre caso Taddei

Sheinbaum dio una orden al INM dirigido por Sergio Salomón Céspedes: aclarar si Guadalupe Taddei ha salido del país. Veinticuatro horas después esa instrucción sigue sin cumplirse

Un día después de la que la presidenta Sheinbaum instruyera al Instituto Nacional de Migración que informara sobre si Guadalupe Taddei había salido del país, la dependencia encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina aún no ha emitido comunicado alguno al respecto.

El viernes justo cuando estaba por abandonar la conferencia matutina le preguntaron a la mandataria si los hermanos Hernández Casillas (contratistas involucrados en el escándalo del INE) y la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, seguían en México.

A lo que Sheinbaum contestó: “Sí, parece que sí”. 

Le comentaron que había versiones que ubicaban a los empresarios en Sudamérica y a Taddei en Estados Unidos, a lo que Sheinbaum contestó: “Que informe el Instituto Nacional de Migración”. Y salió del Salón Tesorería de Palacio Nacional.


Veinticuatro horas después, la dependencia encabezada desde mayo de 2025 por Sergio Salomón Céspedes no ha emitido comunicado público alguno para aclarar la situación.

De acuerdo con el medio La Silla Rota Guadalupe Taddei estaría en Palominas, pequeña población en el condado Cochise, Arizona, en Estados Unidos y cerca de la frontera con México.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina es un político morenista que fue gobernador de Puebla, en calidad de sustituto, entre 2022 y 2024, debido al fallecimiento del mandatario constitucional Miguel Barbosa Huerta.

LAS ACUSACIONES Y DENUNCIAS

Sobre Guadalupe Taddei pesan acusaciones ante la FGR anunciadas anoche por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), dirigido de manera provisional por Blanca Cruz. Aunque no se especificaron qué tipo de acusaciones son el máximo órgano electoral señaló en comunicado: 

“El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que presentó formalmente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes.


“El INE subraya que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión. 

“En ese sentido, el Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”.

Esto sin contar con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en días pasados señaló que indagará irregularidades no sólo de la gestión de Taddei (de 2023 a la fecha), sino aproximadamente desde el año 2000, en sintonía con la presidenta, que en sus mañaneras ha mencionado que el escándalo de contratos irregulares tiene su origen incluso desde los años ochenta y noventa.

El órgano autónomo de fiscalización adscrito a la Cámara de Diputados señaló en comunicado que hará un “estudio histórico” de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLES, de 2000 a 2025, “para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos”.

En otro frente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda informó que hizo un bloqueo de cuentas de 40 personas públicas y morales, entre quienes estarían Taddei y los hermanos Hernández Casillas, aunque el titular Omar Reyes Colmenares dijo el jueves en la mañanera que estaba impedido por ley de dar nombres. 

Mientras tanto, el paradero de Guadalupe Taddei sigue siendo una incógnita desde su salida del INE que se realizó sin cumplir con el protocolo administrativo de entrega-recepción con la consejera provisional Blanca Cruz, paso que sigue sin cumplirse.

“El problema es que Taddei es Morena”; secretario de Somos ante señalamientos de CSP

El líder partidista, quien estuvo en Tijuana este viernes, calificó de “cortinas de humo” acusaciones contra integrantes del partido formuladas por la presidente de la república

El secretario de Organización y Desarrollo Institucional de Somos, Leobardo Alcalá Padilla, cuestionó que la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, haya vinculado al partido de reciente creación con un esquema de supuestas contrataciones irregulares celebradas entre organismos electorales y empresas proveedoras operadas por José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes, a decir de la mandataria, fueron formados en su calidad de empresarios por un integrante de esa fuerza política.

En su conferencia matutina del 5 de noviembre, Sheinbaum aseguró que durante el período de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (2014-2023) “nunca se revisaron lineamientos de contratación” con empresas operadas por los hermanos Hernández Casillas, proveedoras con las que, de acuerdo con la presidente, Organismos Públicos Locales Electorales “hicieron contrataciones que tendrían que revisarse”.

Sheinbaum aludió al consabido esquema de contrataciones en un afán de establecer que la corrupción que se le atribuyó al Instituto Nacional Electoral bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala como presidente del Consejo General del INE, no se originó en ese período.

Guadalupe Taddei arribó a la presidencia del Consejo General con el visto bueno del gobierno federal, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, partido con el que Sheinbaum Pardo se identifica.

“Es una mujer profesional, íntegra, honesta”, describió López Obrador a propósito de la elección de Taddei Zavala como consejera presidente, efectuada el 31 de marzo de 2023.

A Guadalupe Taddei se le atribuyeron lazos personales con José Alfredo Hernández Casillas, en cuyo caso figura como operador de empresas con las que el INE celebró contratos durante el período al frente del Consejo General de la sonorense, quien renunció al cargo a finales de octubre, una vez que la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones celebradas por el Instituto, así como por posibles conflictos de interés, colusiones, triangulación de recursos.

“¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo (dirigente nacional). ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE”, manifestó la presidente de la república.

“Y resulta que quien crea a los hermanos Hernández Casillas es miembro de su partido político acabado de crear. Bueno, por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei”, agregó. En cuanto al supuesto mentor de los proveedores, se trata de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien, de acuerdo con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, fue superior de José Alfredo en la década de los ochenta, en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

“Ahora resulta que uno de los 300 mil afiliados que Somos tiene fue amigo de uno de los proveedores. No. El problema es que Tadei es Morena. Es parte del esquema de los morenistas. El tema de que Tadei involucró familia, hay videos, ¿quién los filtró? Habrá que preguntarle al Gobierno Federal”, refirió el secretario de Organización y Desarrollo Institucional del nuevo partido político, en entrevista con ZETA.

“Acusaban incluso a Lorenzo Córdova, ¿no? Bueno, lo acusan incluso de ser el fabricante supuestamente de la señora Taddei porque estuvo en el estado de Sonora (fungiendo como consejera presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de 2014 a 2021)”, manifestó.

Calificó como “cortinas de humo” los señalamientos de Sheinbaum Pardo en contra de Córdova Vianello y Padilla Aguilar.

Del expresidente del Consejo General confirmó que se desempeña como integrante del Consejo Ciudadano de Somos a nivel nacional.

“Si tiene las pruebas, pues que metan a la cárcel a quien tenga que meter. El problema es que este gobierno no mete a la cárcel a quienes sabe que han delinquido. En este gobierno, los delincuentes no se preocupan porque el gobierno los cuida”, agregó.

Leobardo Alcalá Padilla estuvo en Tijuana este viernes 6 de noviembre, donde encabezó una reunión de trabajo planaria en conjunto con el presidente del Comité Directivo Estatal de Somos, Raúl Vera Rodríguez, la presidente del Comité Directivo Municipal Alma Yadira Zazueta y demás integrantes de Somos.

A pregunta expresa, el secretario refirió que el 22 de octubre se abrió la fase de registro de aspirantes de ese instituto político a los cargos a disputarse en la contienda política de 2027, período que, según expuso, fenecerá el 20 de noviembre.

Añadió que la precampaña interna tendrá lugar del 24 de enero al 11 de febrero, en tanto que la contienda al interior del partido, del 12 al 14 de febrero.


FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/el-problema-es-que-taddei-es-morena-secretario-de-somos-ante-senalamientos-de-csp/

"Parece" que Taddei y Hernández Casillas siguen en México: Sheinbaum

La mandataria no pudo decir con absoluta certeza si ambos personajes señalados permanecen en territorio nacional y señaló que el INM deberá informar al respecto

Pese a las filtraciones de audios y videos que exhibieron a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el contratista millonario Alfredo Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum no pudo decir con absoluta certeza si ambos personajes señalados siguen en México. 

“Sí, parece que sí”, respondió la mandataria federal brevemente al final de la conferencia, pero no confirmó la información. 

Se le planteó que existen “rumores” de que Taddei estaría en Estados Unidos y los hermanos Hernádez Casillas en otro país.  

La presidenta solo respondió que deberá informar el Instituto Nacional de Migración (INM).

Esto lo comentó de manera muy rápida antes de salir del Salón Tesorería pese a que todas las conferencias de las últimas dos semanas han sido dedicadas a hablar, casi en su totalidad, de los presuntos actos de corrupción de Taddei y de su relación con los contratistas, aunque en todo momento con la insistencia de buscar deslindarse de la sonorense.

Taddei, como anillo al dedo para Morena

El escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei no es una crisis para el oficialismo, sino su nuevo "anillo al dedo": la excusa perfecta para que Claudia Sheinbaum y Morena afiancen el control del sistema electoral. Tal como ocurrió con la pandemia en 2020 para apalancar megaproyectos y militarización, hoy el gobierno culpa a administraciones pasadas por una designación que su propio partido impulsó, usando el colapso del INE para colocar a un relevo a modo con superpoderes, subordinar la fabricación de materiales a la Secretaría de Gobernación y pavimentar la extinción del árbitro independiente antes de 2027

En abril de 2020, López Obrador soltó una barbaridad sobre la pandemia. Dijo que la crisis le venía “como anillo al dedo” para afianzar su transformación. Y lo cumplió. 

En plena emergencia sanitaria, su gobierno concentró los recursos de fideicomisos públicos, los cuales terminaron financiando sus megaproyectos. También aprovechó para consolidar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Solo por mencionar algunos casos. 

Ahora la renuncia de Guadalupe Taddei le cae como anillo al dedo a Sheinbaum. El Instituto Nacional Electoral enfrenta la peor crisis de su historia y Morena ya encontró cómo aprovecharla. 

LA CULPA ES DEL PASADO

Hace un par de semanas se abrió la cloaca taddeísta. En Reforma documentaron la obscena cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor electoral. Por otro lado, Latinus difundió una serie de videos. En uno vemos al empresario con uno de los hijos de Taddei en París. En otro, lo vemos hablar con la expresidenta del INE de repartirse millones de dólares por el negocio de las credenciales para votar. 

En respuesta a los escándalos, Sheinbaum buscó separar a Taddei de Morena. Tarea titánica, porque ella fue seleccionada como presidenta del INE en un proceso controlado por el partido, además de que el clan familiar tiene más de 15 integrantes que participan en gobiernos de Morena. 

Aun así, esta semana la mandataria llevó la discusión hasta Carlos Salinas de Gortari y los años ochenta. Antes vinculó al proveedor con Juan Carlos Padilla, exfuncionario y hoy en Somos, porque trabajó con él… ¡hace 30 años! También sostuvo que Taddei llegó por el Consejo General de la época de Lorenzo Córdova.

Sheinbaum no paró ahí. Dijo que quienes defendieron al INE frente a la reforma de López Obrador protegían a una mafia. Así mete en el mismo saco a contratistas y a ciudadanos que defendieron la autonomía electoral. Vaya, qué raro que no culparon a Hernán Cortés. 

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, se sumó a la campaña de deslinde con un video en el que presenta a Taddei como parte del viejo régimen del PRI y el PAN. Legisladores, gobernadores y otros actores del partido también se sumaron a la difusión. 

UN NUEVO INE

Recordemos que Morena y sus aliados tienen los votos para alcanzar dos tercios de los diputados presentes y nombrar a alguien de su confianza. Y con menos cola larga que les traiga dolores de cabeza. 

Pero no olvidemos que quien sustituya a Taddei heredará la facultad que el oficialismo le dio en 2024 para nombrar directores ejecutivos sin aval del Consejo General. El PAN pidió eliminar ese poder y Morena rechazó la condición, aunque dejó abierta la opción de avalar el cambio una vez terminada la elección intermedia. 

Pero también existe la posibilidad de que no haya relevo inmediato. Ricardo Monreal anunció que el proceso iniciaría hace unos días, pero la convocatoria ya se aplazó. Culpan a la oposición diciendo que necesitan “consensos”. Sí, se necesitan. Pero no nos engañemos: este aplazamiento no es normal. 

Y la verdad es que Morena también tiene la opción de alargar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz hasta después de las elecciones. Esa ruta le compra tiempo a Sheinbaum para impulsar una nueva reforma electoral. 

No olvidemos que es un viejo sueño del obradorismo extinguir el INE y crear una nueva institución alineada a “la transformación”. López Obrador ya propuso en 2022 reemplazar al INE y elegir por voto popular a los consejeros del organismo que lo sustituiría. 

INJERENCIA EN EL SISTEMA ELECTORAL

El caso Taddei también le ofrece a Morena la oportunidad de ganar mayor control sobre todo el sistema nacional electoral. Sheinbaum ya mandó una primera señal al anunciar un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, la imprenta pública que depende de la Secretaría de Gobernación. 

Esa imprenta ya fabrica las boletas, pero la presidenta quiere que produzca la mayor parte del material electoral que ahora fabrican proveedores privados. Sheinbaum ofreció incorporar universidades al consejo de administración, pero su propuesta amplía la dependencia del INE respecto al gobierno del partido que va a competir en las elecciones. 

De cualquier manera, algo es innegable. El escándalo Taddei ha debilitado aún más al INE y su credibilidad ha quedado por los suelos. Ya están plantadas las semillas para desconocer cualquier resultado electoral en 2027.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/taddei-como-anillo-al-dedo-para-morena/

INE aún no presenta denuncia por irregularidades en gestión de Taddei; prevén más renuncias

Blanca Cruz aseguró que el documento está prácticamente listo, mientras las consejerías revisan la estructura del instituto y valoran nuevos cambios, además de las 30 salidas confirmadas

La denuncia por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei todavía no llega a la Fiscalía General de la República (FGR), aunque está prácticamente lista, aseguró la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, quien también anticipó que podrían aumentar las bajas de funcionarios.

En entrevista antes de la sesión del Consejo General, explicó que los equipos jurídicos afinan el documento, por lo que evitó comprometer una fecha para entregarlo.

“Les insisto, dependerá de los equipos jurídicos. Miren, ya están los primeros borradores”, respondió ante las preguntas sobre si presentarían la denuncia este jueves o el viernes.

El 3 de noviembre, Cruz anunció que las diez consejerías habían acordado acudir a la FGR para que investigara las posibles responsabilidades de Taddei y otros funcionarios señalados por irregularidades; entonces anticipó que darían vista a más tardar el pasado miércoles.

La denuncia se prepara después de la renuncia de Taddei, presentada el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre sus vínculos con un proveedor beneficiado con contratos del organismo electoral.

Podrían aumentar las renuncias

Tras la salida de Taddei, el INE mantiene en revisión su estructura directiva, incluidas las personas cercanas a la expresidenta que continúan en la Junta General Ejecutiva, explicó Cruz al ser cuestionada sobre su permanencia.

“Lo hemos dicho y se lo reitero, es que estamos revisando las consejerías, toda la estructura empezando por quien encabeza la Junta General Ejecutiva para poder hacer las valoraciones con criterios objetivos y de desempeño y si en su momento se tienen que hacer renovaciones se van a hacer las renovaciones”.

Por ahora se mantienen las 30 salidas confirmadas por el instituto, aunque la cifra podría aumentar conforme se formalicen otras renuncias.

Explicó que las renuncias pueden entregarse al superior jerárquico, por Oficialía de Partes o a través de la Secretaría Ejecutiva, dependiendo del nivel del personal, por lo que el área de Administación debe concentrarlas antes de actualizar la cifra.

“La autonomía no es sinónimo de opacidad”

Cruz evitó pronunciarse sobre las actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Hacienda informara del bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, una medida preventiva que no implica una determinación definitiva de responsabilidad.

“No tendría una opinión en el caso de la UIF, porque es una instancia distinta. En su competencia, pues ellos pueden determinar lo conducente”, respondió.

También fue consultada sobre los antecedentes de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, mencionados en reportes sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales, pero sostuvo que investigar esos señalamientos no corresponde al instituto.

“Lo que sí podemos decir es que la información pues es muy relevante, la que se ha venido comunicando y que nosotros reiteramos que estamos en plena colaboración y haremos todos los procedimientos con plena transparencia para ir también avanzando en lo que a nosotros nos compete, que es organizar elecciones”, expresó.

La presidenta provisional reiteró que el INE facilitará la información requerida por las autoridades responsables de las investigaciones.

“Entendemos que esta autonomía que tiene el instituto no es sinónimo de opacidad. Esta autonomía que tenemos es una autonomía que debemos ejercer con total transparencia”, afirmó.

Añadió que revisan todas las contrataciones y pueden solicitar información a otras instancias, además de atender los hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación les comunique y que tengan consecuencias para el organismo.

Sobre la reunión prevista para este viernes con autoridades de la Fiscalía y la UIF, aclaró que busca formalizar convenios para verificar la integridad de las candidaturas, por lo que no se trata de un encuentro para abordar las investigaciones relacionadas con Taddei.

“Recordarán que tenemos una comisión que está integrada por tres consejerías, esta comisión para la revisión de la integridad o la verificación de la integridad de las candidaturas y en el marco de todos los trabajos que seguimos realizando para el proceso electoral; este es uno de ellos, hay que formalizar los convenios con estas instancias competentes para poder avanzar en el plan de trabajo que tiene la comisión”, explicó.

Sheinbaum vincula red de contratos del INE con Somos; no sabe dónde está Taddei

El 5 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el esquema de presunta corrupción en contrataciones electorales con Somos, partido nacional encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, al señalar que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participa en esa organización junto con el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.

La mandataria nacional sostuvo que Padilla Aguilar incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno Federal. Afirmó que esa red se fortaleció cuando Córdova presidía el Consejo General del INE, órgano facultado para designar a los consejeros electorales estatales.

“Entonces, ¿de dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sheinbaum Pardo cuestionó que Córdova se deslinde de las contrataciones hechas por los organismos públicos locales electorales (OPLE), pues a partir de la reforma de 2014 el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a sus consejeros. “Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, reprochó.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales estatales, y que entre 2024 y 2025 consiguieron otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos locales. Señaló que las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en las licitaciones, utilizaban prestanombres y, en algunos casos, carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa. La funcionaria también expuso posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras.

Según los antecedentes presentados por Buenrostro, la relación entre Padilla Aguilar y los Hernández Casillas se remonta a los años ochenta, cuando José Alfredo Hernández Casillas trabajó como secretario particular del funcionario en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 1989, Padilla Aguilar fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y llevó consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al área de investigaciones. Después ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.

La presentación gubernamental refiere que los hermanos dejaron el servicio público y desarrollaron negocios de producción y comercialización de materiales electorales. En 1999, Cartonera Plástica, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México, y en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral estatal; las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en la adjudicación derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

En abril de 2017, el entonces titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Padilla Aguilar delegado regional de esa dependencia para seis entidades. Cinco años después encabezó en el Estado de México las actividades del Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, a la que la investigación identifica como antecedente de Somos, partido que obtuvo su registro en junio de 2026. En esa organización también participan Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños, representante suplente ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, responsable del Centro de Formación y Profesionalización Política.

La presidenta de la República sostuvo que el esquema no comenzó con Guadalupe Taddei, quien preside el INE, y recordó que en 2014 fue designada titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Córdova, y que en 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría requerida.

“Por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero? Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.

Sheinbaum Pardo indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar las responsabilidades por las contrataciones, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las operaciones de las empresas involucradas.

Por separado, la mandataria nacional reconoció que el Gabinete de Seguridad no le ha informado si Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México. “No lo han comentado”, respondió al ser consultada respecto a si las autoridades migratorias o los integrantes de ese gabinete habían proporcionado información sobre su ubicación. Señaló que se presume que siguen en territorio nacional, aunque no ofreció datos que permitieran confirmarlo.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/sheinbaum-vincula-red-de-contratos-del-ine-con-somos-no-sabe-donde-esta-taddei/

UIF aún desconoce cuentas y montos de los bloqueados por caso Taddei

Según el titular de la UIF, su antecesor Pablo Gómez ya había bloqueado a integrantes de la red electoral y presentado una denuncia ante la FGR

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informó que todavía no conoce cuántas cuentas bancarias fueron inmovilizadas ni el monto de los recursos involucrados en el bloqueo de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales; tampoco reveló sus nombres, al argumentar que la ley le impide hacer pública esa información.

Durante la conferencia matutina presidencial de este jueves, explicó que la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, pero que el número de cuentas y los saldos se conocerán hasta que las instituciones bancarias respondan a las solicitudes de información.
Nosotros inmovilizamos personas físicas o morales y la banca mexicana nos informa posteriormente, en varios días, cuántas cuentas son las que tiene cada una de estas personas enlistadas.
Añadió que los montos también podrán darse a conocer cuando los bancos entreguen esos datos.

Reyes fue cuestionado sobre la identidad de las personas incluidas en la lista, entre ellas la posibilidad de que se encuentre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no proporcionó nombres.

Argumentó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la lista de personas bloqueadas es secreta y que la UIF únicamente puede entregarla a las instituciones financieras y no financieras encargadas de ejecutar la inmovilización de recursos.

Agregó que, al estar la información relacionada con una carpeta de investigación, tampoco puede divulgarla.

Sobre los elementos que llevaron a la unidad a solicitar los bloqueos, el funcionario explicó que sus análisis parten de reportes de operaciones inusuales o sospechosas enviados por los sectores bancario y no bancario, así como por otros sujetos obligados.

Detalló que, después de recibir esos reportes, la UIF consulta sus bases de datos, compila información y analiza posibles irregularidades para determinar si existen elementos que justifiquen solicitar la inmovilización de recursos.

Entre los indicadores de riesgo que describió están las operaciones en las que el dinero permanece poco tiempo en una cuenta y después es transferido a otras, así como movimientos hacia personas con las que no existe una relación comercial aparente.

Como ejemplos mencionó transferencias a cuentas de estudiantes y personas adultas mayores cuando no se identifica una actividad económica que explique esos movimientos.

Aclaró que no se trata necesariamente de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que pueden advertir posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la UIF también confirmó que la dependencia compartió información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante un acuerdo de intercambio de datos firmado en septiembre; esta colaboración, explicó, forma parte de las acciones de análisis relacionadas con los proveedores electorales.

Reyes señaló que la UIF trabaja con información desde su creación, en 2004, y sostuvo que las investigaciones sobre esta red no comenzaron recientemente.

Recordó que en administraciones anteriores también se realizaron bloqueos y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En particular, hizo referencia a Pablo Gómez, quien, dijo, realizó los primeros bloqueos relacionados con esta red y presentó una denuncia ante la Fiscalía.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La UIF bloquea cuentas de Taddei y del “coyote electoral”. En total, de 40 personas

En un comunicado, la UIF precisó que se trata de una medida precautoria y que las personas involucradas "cuentan con los mecanismos de defensa" previstos en la Ley

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó hoy que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

La expresidenta Consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, está entre las personas físicas a las que se les bloquearon las cuentas, confirmó a SinEmbargo una fuente oficial.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF], informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales", indicó la dependencia federal a través de un comunicado.
La misma fuente dijo a este medio que José Alfredo Hernández Casillas, el empresario calificado como “coyote electoral” porque presuntamente organizó el saqueo de recursos públicos por medio de contratos en el INE y desde antes, también fue incorporado en la Lista de Personas Bloqueadas.


Hacienda precisó que la incorporación a dicha lista constituye "una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo", por lo que no implica una determinación definitiva de responsabilidad en torno al caso.

Asimismo, apuntó que las personas y empresas afectadas por esta incorporación "cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia" establecidos en la legislación vigente.

La UIF también presunta denuncia ante la FGR

En su comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que, como parte del mismo proceso, también presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es que esta autoridad investigue los hechos y "determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse".
"La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas", concluyó la UIF.
En días previos, el INE informó que daría visto a la FGR por los presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei, así como por posibles conductas de otros funcionarios del organismo, informó este martes la presidenta provisional del Consejo General, Blanca Yassahara Cruz García.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, señaló en conferencia de prensa.

Renuncias por el caso Taddei llegan a 30

Por otra parte, el mismo INE informó ayer que, a la fecha, suman 30 funcionarios del órgano electoral que han presentado su renuncia luego de que se destapó el escándalo de corrupción en el que está involucrada de la exconsejera presidenta. En tanto, la revisión a la estructura interna de la institución continuará para detectar otros posibles casos de conflicto de interés.

En un comunicado, el INE detalló que entre el personal que decidió renunciar se incluye a casi dos decenas de personas que formaban parte de la oficina de la expresidenta, además de tres directores de área, así como jefes y personal adscrito a diversas unidades.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Hasta 30 años de cárcel por “cochinero” en el INE

Las investigaciones tras la renuncia de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se centran en el otorgamiento sistemático de contratos públicos a un conglomerado de empresas vinculadas al contratista José Alfredo Hernández Casillas, en un esquema de presuntas adjudicaciones directas, sobreprecios y conflicto de intereses. De ser encontrados responsables en la comisión de diversos delitos, los involucrados, funcionarios y particulares podrían alcanzar penas de hasta 30 años de prisión en el terreno penal, independientemente de las sanciones en materia administrativa.

Taddei Zavala presentó formalmente su renuncia al cargo de consejera presidenta del INE el 25 de octubre mediante una comunicación oficial dirigida a la Cámara de Diputados. La separación del cargo institucional ocurrió tras la apertura de investigaciones conducidas de manera simultánea por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Órgano Interno de Control del organismo electoral (OIC-INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas pesquisas abarcan preceptos de la Ley de Servidores Públicos, el Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación.

Entre las conductas objeto de revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras y ministeriales se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, el ejercicio abusivo de funciones, el cohecho, el peculado, la coalición de servidores públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la asociación delictuosa. Las autoridades pretenderían en primer lugar, la restitución del daño patrimonial causado al erario y de acreditarse la responsabilidad de los involucrados, además de la sanción penal, se aplicarían multas económicas, la destitución de cargos públicos y la inhabilitación para ejercer la función pública.

Dentro de la estructura operativa investigada destaca la figura del empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado por las autoridades gubernamentales como la cabeza visible de una red de al menos siete empresas proveedoras de insumos electorales con razones sociales diversas. Antecedentes financieros investigados por ZETA señalan que el sujeto fue objeto de procedimientos administrativos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en años anteriores, imponiéndosele medidas cautelares preventivas, de las que salió bien librado.

La Unidad de Inteligencia Financiera emitió en su momento (2023), un acuerdo administrativo para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) del sistema financiero nacional y decretar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Sin embargo, mediante la interposición de un juicio de amparo indirecto ante juzgados federales en materia administrativa, confirmado posteriormente por un Tribunal Colegiado de Circuito, el empresario logró obtener la protección de la Justicia de la Unión para revertir el bloqueo de sus activos financieros plenamente en 2025.

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN

Las investigaciones a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera documentan un patrón de contratación pública estructurado en torno a un conglomerado de siete empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas. La red societaria abarca las razones sociales Cajas Graf Corporativo, Corporativo Zeg, SEG Formas Finas y Materiales, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati, Seriplast de México y CIPLast Diseño Reconstrucción y Comunicación. Este grupo empresarial obtuvo asignaciones contractuales por un monto superior a los mil millones de pesos en el INE y en al menos 14 organismos públicos locales electorales.

Los registros de fiscalización establecen que la relación contractual de este grupo de proveedores con Taddei Zavala inició en 2014, fecha en la que se desempeñaba como titular del organismo electoral del estado de Sonora. El expediente integrado por las autoridades administrativas detalla la existencia de vínculos personales y operativos entre la alta dirección del Instituto Nacional Electoral y el contratista. Difusiones periodísticas exhibieron registros audiovisuales en los que Hernández Casillas aparece en instalaciones hoteleras de París, Francia, acompañado por Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la ex consejera presidenta.

De la misma forma, se incorporaron a las indagatorias grabaciones de audio en las que el empresario daba instrucciones directas a funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE respecto a la emisión de fallos en licitaciones públicas, específicamente en la producción de materiales para credenciales de elector y empaques de seguridad. El esquema de operación interna contó con la participación de excolaboradores del grupo privado incrustados en la estructura burocrática del órgano electoral.

Es el caso de Octavio García González, quien se desempeñó como representante legal de las empresas Cajas Graf en procedimientos estatales y posteriormente asumió cargos directivos dentro de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, posición desde la cual participaba en la supervisión de las licitaciones otorgadas al mismo grupo corporativo. Adicionalmente, reportes de fiscalización señalan que asesores cercanos a la presidencia del instituto mantuvieron nexos familiares con administradores de firmas proveedoras, como el caso de la asesora Lourdes Piña Soria, cuya hija figuraba en la representación legal de empresas contratistas.

Hernández Casillas también tuvo como apoderado legal de una de sus empresas en un contrato firmado con el órgano electoral de Nayarit, al actor de televisión César Rodríguez Ureña, conocido en el medio artístico como César Ureña; mientras que como apoderado de Corporativo Zeg, figuró Jonathan Navarrete Torres, misma compañía en la que también apareció con el mismo cargo el exdirector de Coordinación y Análisis del INE, Juan Carlos Cuervo.

Las auditorías practicadas a los procesos de compra revelaron la adjudicación de contratos con costos elevados e irregularidades técnicas en insumos electorales. Entre los materiales fiscalizados se encuentran boletas electorales impresas en papel de seguridad con sobreprecio, mamparas plegables y urnas de plástico adjudicadas bajo simulaciones de competencia entre las propias compañías del conglomerado, así como cajas contenedoras de paquetes electorales. El Órgano Interno de Control detectó la presencia de 57 personas físicas que recibieron pagos por contratos del instituto mientras ejercían simultáneamente funciones como servidores públicos, además de triangulaciones financieras ejecutadas a través de empresas de facturación de operaciones simuladas.

DELITOS QUE SE INVESTIGAN

La FGR, la ASF y el Órgano Interno de Control del INE desarrollan carpetas de investigación y procedimientos de fiscalización encuadrados en diversos tipos penales del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación. En el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que se configura por la adjudicación indebida de contratos y compras públicas con fondos del erario, para los servidores públicos, las penas oscilan entre seis meses y 12 años de prisión, de 30 a 150 días multa, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos; para los particulares que participan en la obtención del beneficio sabiendo la falta de requisitos legales, la sanción privativa de libertad es de tres meses a nueve años de prisión.

El delito de ejercicio abusivo de funciones ocurre cuando un servidor público otorga contratos o compras que generen un beneficio económico directo o indirecto para sí, sus parientes o terceros con vínculos afectivos o profesionales. Debido a que las cuantías contractuales investigadas superan el equivalente a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias, la pena legal fijada es de dos a 12 años de prisión y de 100 a 150 días multa.

En cuanto al delito de cohecho, este representa la solicitud o recepción indebida de dinero, dádivas o viajes por parte de los funcionarios, así como la entrega de beneficios por parte de particulares a cambio de asignaciones contractuales. Al exceder las 500 UMAs, la pena corporal se establece de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa, disponiéndose el decomiso de los bienes objeto del ilícito.

El delito de peculado, castiga a los servidores públicos que distraigan de su objeto caudales pertenecientes al Estado. Las penas por desvíos superiores a 500 UMAs son de dos a 14 años de prisión, de 100 a 150 días multa y la obligación de restituir la totalidad del daño patrimonial al erario.

Por su parte, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, se produce al transferir o administrar recursos dentro del sistema financiero con conocimiento de su origen ilícito con el fin de ocultarlo. La penalidad básica es de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa, previéndose un incremento de hasta una mitad adicional en la pena cuando el delito es cometido por servidores públicos encargados de la administración institucional.

La legislación contempla además el delito de asociación delictuosa, aplicable a la conformación de una estructura organizada de tres o más personas con el propósito de delinquir, sancionado con cinco a diez años de prisión y de 100 a 300 días multa. De igual forma, el Código Fiscal de la Federación tipifica la expedición o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, con penas de dos a nueve años de cárcel. La acumulación de estos delitos mediante concurso real (figura jurídica) permite la imposición de condenas sumatorias que sobrepasan los 30 años de prisión.

CONOCIDO DE LA UIF

La trayectoria administrativa y financiera de José Alfredo Hernández Casillas registra un litigio judicial previo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió un acuerdo administrativo, mediante el cual ordenó la inclusión del empresario en la Lista de Personas Bloqueadas en 2023. La medida cautelar se fundamentó en las facultades otorgadas por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para investigar su enorme poder económico y su origen.

Como consecuencia de la emisión del acuerdo 401/2023, la UIF instruyó a las instituciones bancarias Banco Santander México, Scotiabank Inverlat y Banco Nacional de México (Citibanamex) la suspensión inmediata de operaciones financieras y el congelamiento de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y fondos en los que Hernández Casillas figuraba como titular, firmante o beneficiario. En respuesta al acto de autoridad, el 30 de noviembre de 2023, Hernández Casillas promovió un juicio de amparo indirecto en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Tras desahogarse las etapas procesales correspondientes, la jueza de distrito dictó sentencia el 8 de marzo de 2024, resolviendo conceder la protección de la Justicia Federal al quejoso. La juzgadora determinó que la autoridad administrativa no acreditó que la medida de bloqueo derivara de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera o por un organismo internacional en cumplimiento de tratados bilaterales o multilaterales suscritos por el Estado mexicano.

Inconforme con el fallo de primera instancia, el director general de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso un recurso de revisión. El medio de impugnación fue turnado para su conocimiento a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El 16 de mayo de 2024, el Pleno de dicho tribunal emitió resolución unánime y confirmó la sentencia dictada por el juzgado inicial otorgando el amparo definitivo al quejoso.

La fundamentación jurídica dictaminada por el Tribunal Colegiado se sustentó en una jurisprudencia obligatoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Actos, operaciones o servicios bancarios. “Su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales” (interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito). Los magistrados ratificaron que la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias con base en dicho numeral de la ley referida es inconstitucional por regla general cuando responde a procedimientos estrictamente nacionales, siendo constitucionalmente válida únicamente cuando existe una petición expresa y sustentada documentalmente por agencias internacionales o gobiernos extranjeros.

En consecuencia, se requirió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que dejara sin efectos el acuerdo 401/2023 respecto del quejoso y ordenara a los bancos la liberación de sus recursos financieros, sentencia que —ZETA corroboró— se tuvo por cumplida el 13 de enero de 2025. Todo esto ocurrió cuando Pablo Gómez Álvarez fue titular de la UIF (2021 – 2025) y abarcó los periodos del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes debieron haber conocido de las investigaciones que se realizaban a José Alfredo Hernández Casillas, o al menos era obligación de Pablo Gómez informarles.

OTRAS RENUNCIAS

Tras la dimisión de Guadalupe Taddei Zavala, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó de manera provisional a la consejera Blanca Yassahara Cruz García para asumir la titularidad del organismo en tanto la Cámara de Diputados concluye el procedimiento de selección definitiva. En la misma sesión de transición, se ratificaron las renuncias de funcionarios clave de la administración saliente, entre ellos el director de Recursos Materiales y Servicios, Mario Alfonso Burciaga Esparza; el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Achar; y la responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género, Iliana Araceli Hernández Gómez.

En el ámbito legislativo, las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia de la Cámara de Diputados citaron a comparecer al titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, a fin de que rinda un informe sobre los hallazgos en las auditorías administrativas practicadas al grupo de proveedores investigado. Paralelamente, la Presidencia de la República solicitó a la Auditoría Superior de la Federación la extensión de las revisiones de contratos a periodos institucionales previos e instruyó evaluar la asignación de la totalidad de la producción de papelería electoral a la empresa estatal Talleres Gráficos de México para eliminar esquemas de intermediación privada.

Las carpetas de investigación tramitadas ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de seis delitos federales, una de ellas por denuncia del Partido Acción Nacional (PAN), continúan su curso procesal para la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/hasta-30-anos-de-carcel-por-cochinero-en-el-ine/

Contratista favorito de Taddei libró bloqueo bancario por lavado y terrorismo

José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado de tráfico de influencias al haber supuestamente sostenido una relación sentimental con la exconsejera presidenta del órgano electoral, logró evadir, junto con su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y la empresa Cajas Graf, el bloqueo sistemático de cuentas bancarias al verse favorecido por amparos otorgados por juzgados federales de la Ciudad de México y luego ratificados por Tribunales Colegiados de Circuito

José Alfredo Hernández Casillas, favorecido con contratos por Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), logró anular hace dos años un bloqueo de cuentas bancarias por lavado y terrorismo, solicitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  

El órgano, dirigido entonces por Pablo Gómez, en 2023 justificó el congelamiento de los recursos monetarios por acuerdos internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo al detectar movimientos inusuales del contratista, argumento que desecharon instancias judiciales.  

El empresario señalado de tráfico de influencias al haber supuestamente sostenido una relación sentimental con la exconsejera presidenta del órgano electoral, logró evadir, junto con su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y la empresa Cajas Graf, el bloqueo sistemático de cuentas bancarias al verse favorecido por amparos otorgados por juzgados federales de la Ciudad de México y luego ratificados por Tribunales Colegiados de Circuito.  

La solicitud de bloqueo de cuentas bancarias se efectuó mediante el acuerdo 401/2023 de la UIF por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. El órgano detectó movimientos de Hernández Casillas en el sistema financiero nacional que supuestamente no procedían de actividades comerciales lícitas e íntimamente relacionadas con lavado, según los expedientes judiciales consultados por Proceso.


Las cuentas bloqueadas se ubicaban en los bancos Santander, Scotiabank Invertal y Citibanamex. Tras la petición de desbloqueo, los juzgados federales ordenaron levantar el aseguramiento a favor de los empresarios.  

La UIF apeló estas determinaciones al insistir que el bloqueo se produjo motivado por acuerdos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, magistrados federales desecharon estos argumentos al considerar que “no se advierte que el bloqueo de cuentas del quejoso haya recibido una solicitud internacional para ese efecto, sino que únicamente se alude a la posible existencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. 

El fallo quedó inapelable en 2024 por el Sexto, Noveno y Décimo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, todos de la Ciudad de México. Al año siguiente, en 2025, Taddei Zavala entregó un contrato por 198.7 millones de pesos a Cajas Graf, cuyo representante es José Alfredo Hernández Casillas, para surtir de material para la elección judicial, según Latinus.  

El escándalo escaló en los últimos días, al darse a conocer videos en los que aparece la expresidenta del INE acompañada del contratista. En uno de los materiales se aprecia también al hijo de ella.



FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Sheinbaum deslinda a Morena de Taddei y apunta a Córdova

Atribuyó a Lorenzo Córdova el inicio de la carrera electoral de Taddei en 2014 y afirmó que Morena aún no tenía registro, aunque lo obtuvo en Julio

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Guadalupe Taddei haya llegado a los organismos electorales por Morena y señaló que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, aprobó su nombramiento como presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014.

La mandataria sostuvo durante su conferencia matutina que el origen de su trayectoria institucional es anterior al registro de Morena como partido.

Además, aprovechó para pedir investigar las contrataciones de material electoral durante más de dos décadas, incluidas las adjudicaciones a empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena, no, ella entró al instituto electoral en el 2014.


La presidenta recordó que Taddei permaneció al frente del organismo electoral de Sonora (OPLE) hasta 2021 y después pasó por el Instituto Estatal de Transparencia.

También mencionó que en 2023 llegó a la presidencia del INE mediante insaculación de una tómbola —mecanismo seleccionador de perfiles de Morena— en la Cámara de Diputados, luego de que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para elegir a la persona que encabezaría al instituto.
Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes.
Para sostener que la trayectoria de Taddei no comenzó con Morena, Sheinbaum dirigió la atención al Consejo General que aprobó su primera designación electoral en Sonora.
¿Quién aprueba la entrada de Taddei como presidenta de la de Sonora? El Consejo General del INE, ¿quién era el presidente del Consejo General del INE en aquel momento? Lorenzo Córdova.
La mandataria también mencionó a Ciro Murayama, entonces integrante del Consejo General, y sostuvo que la trayectoria de Taddei provenía de los organismos electorales, no de una incorporación amparada por su partido.
Es muy importante que se sepa por qué ahora parece que llegó Morena al instituto electoral. No.
Además, Sheinbaum sostuvo que la mayoría del personal del INE ya trabajaba en la institución antes de la llegada de Taddei, frente a los señalamientos de la oposición sobre una supuesta presencia de personas vinculadas con Morena dentro del organismo.

La cronología del nombramiento y el registro de Morena

La afirmación de la presidenta Sheinbaum sobre que Morena todavía no existía como partido político previo a la llegada de Taddei a cargos electorales es falsa, ya que el INE otorgó a su registro como partido político nacional el 9 de julio de 2014, con efectos a partir del 1 de agosto de ese año.

El nombramiento de Taddei como presidenta del organismo electoral (Ople) de Sonora se aprobó en septiembre y asumió el cargo el 1 de octubre de 2014.

La trayectoria de Guadalupe Taddei en el ámbito electoral estatal tiene registro hasta 2021, luego ocupó un cargo en el Instituto de Transparencia de Sonora y, el 31 marzo de 2023 fue electa presidencia del INE nacional por insaculación en la Cámara de Diputados, en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Es una mujer experimentada, vean su trayectoria; no la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí, y sí son gente progresistas y demócratas, y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo”, afirmó entonces el expresidente durante su conferencia matutina.

Sheinbaum ubica antecedentes de proveedores del INE desde 1999

La presidenta afirmó que las controversias relacionadas con empresas proveedoras de material electoral no comenzaron durante la presidencia de Taddei en el INE.

Como antecedente, mencionó un caso de 1999 en el Estado de México, relacionado con la adjudicación de un contrato para elaborar material electoral a Cartonera Plástica, cuyo representante legal era José Alfredo Hernández Casillas.

Sheinbaum señaló que aquel conflicto involucró al entonces consejero electoral mexiquense Bernardo Gómez y provocó la renuncia del presidente del organismo, José María Sáinz Gómez.


También hizo referencia a reportes periodísticos de 2005 sobre otra controversia relacionada con la contratación de materiales electorales.

La mandataria cuestionó que las denuncias actuales presenten el problema como si hubiera surgido durante la gestión de Taddei y pidió investigar cómo se formaron las empresas proveedoras, quién promovió su participación y desde cuándo recibieron contratos de organismos electorales.
Se tiene que acabar con ese coyotaje de las empresas, porque hay muy pocas empresas; son como cuatro empresas que se dedican a la papelería electoral.
Sheinbaum propone fortalecer Talleres Gráficos contra contratistas del INE

Sheinbaum planteó que la ASF revise los contratos de las últimas dos décadas y que los resultados sean públicos; si se detectan irregularidades, dijo, deberán establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones que correspondan.

Como alternativa a la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores, Sheinbaum propuso fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa estatal encargada de trabajos de impresión, para que produzca material electoral.

La mandataria planteó ampliar la capacidad de sus imprentas y crear mecanismos de supervisión y transparencia. También dijo que, si participan empresas privadas, debe haber competencia suficiente para evitar que un grupo reducido concentre las adjudicaciones.
Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales.
Además, rechazó, además, que los señalamientos sobre proveedores pongan en duda las elecciones de 2027.
No están en duda las elecciones del 27; de ninguna manera.
La presidenta reiteró que la auditoría debe abarcar las contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei y las administraciones anteriores, para determinar desde cuándo operan las empresas, quiénes las promovieron y si existen responsabilidades que deban sancionarse.

Sheinbaum pide investigar contratos de Taddei y administraciones anteriores

En el segundo tema de su conferencia, Sheinbaum pidió que las auditorías sobre la contratación de material electoral no se limiten al periodo de Taddei, sino que abarquen las administraciones anteriores del INE y los organismos electorales estatales.

La mandataria dijo que revisó los antecedentes de las empresas que producen boletas, urnas y otros materiales utilizados en las elecciones.

Según afirmó, las controversias relacionadas con proveedores vinculados con los hermanos Hernández Casillas se remontan a finales de la década de 1990.
Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces y ellos que deslinden responsabilidades, que sea público.
También planteó que, si las auditorías identifican elementos suficientes, se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes y en su caso, se presenten denuncias penales.

La solicitud la hizo después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara que abrió una investigación por presuntas irregularidades en contratos del INE vinculados con empresas relacionadas con Hernández Casillas.

Los hallazgos de la auditoría cifraron en 514 millones de pesos las irregularidades detectadas en contratos bajo revisión; esa cantidad corresponde a los contratos cuestionados.

Sheinbaum recordó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló en 2023 las cuentas de uno de los proveedores, pero que la medida se revirtió posteriormente mediante un amparo.

“En 2023 a este proveedor se le congelaron las cuentas y el amparo hace que se las tengan que liberar nuevamente”, dijo en una conferencia previa, al referirse al antecedente financiero del caso.

Empresas ligadas a Hernández Casillas recibieron contratos por mil 450 millones de pesos

Una revisión de contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, reportada por La Jornada, identificó al menos 49 contratos adjudicados entre 2018 y 2025 por el INE y organismos públicos locales electorales a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas.

El monto acumulado fue de mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos y los contratos correspondieron a la adquisición de material electoral, como urnas, boletas y mamparas.

De acuerdo con ese recuento, las adjudicaciones comenzaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Córdova encabezaba el Consejo General del INE, y continuaron durante administraciones posteriores.

Entre las empresas identificadas en los registros y reportes periodísticos están Cajas Graf; Corporativo Zeg; Formas Finas y Materiales; Formas Finas Fernando Fernández; Comercializadora Grupo Selati; Seriplast de México.

La revisión reportó que Cajas Graf acumuló contratos por al menos 656 millones 608 mil 465.53 pesos mediante una veintena de convenios; Corporativo Zeg registró contratos por al menos 123 millones 663 mil 850.99 pesos entre 2019 y 2024.

Las cifras corresponden a contratos identificados en registros públicos y no todos esos recursos fueron señalados por la ASF como irregular; por ello, la investigación deberá establecer cuáles operaciones presentan anomalías, si existieron conflictos de interés y qué responsabilidades podrían existir.

Renuncian tres funcionarios del INE ante crisis

En medio de los señalamientos por los contratos y los posibles vínculos entre funcionarios y proveedores, tres integrantes de áreas directivas del INE y presuntamente cercanos a Taddei, presentaron su renuncia.

Se trata de Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Los tres aparecen en reportes periodísticos sobre reuniones con Hernández Casillas, proveedor relacionado con empresas que están bajo investigación.

Las publicaciones también señalaron que algunos funcionarios habrían llegado al instituto mediante recomendaciones vinculadas con el empresario y con la administración de Taddei.

Familiares de Taddei ocupan cargos públicos vinculados con Morena

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, es secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de Morena; el directorio oficial en línea del gobierno estatal registra su ingreso al cargo el 1 de agosto de 2025.

Otros familiares de la exconsejera presidenta también han ocupado cargos públicos vinculados con gobiernos o espacios políticos relacionados con Morena.

Por ejemplo, Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei, fue delegado de los programas federales de Bienestar en Sonora durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pablo Daniel Taddei Arriola dirige Litio para México, empresa estatal creada durante ese sexenio, e Ivana Taddei Arriola ha ocupado una diputación local por Morena.