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“Aviadores” de 300 mil: ASF encuentra en Puebla 15 plazas sin documentación

En total no se acreditó el destino de 4.5 millones de pesos por concepto de la falta documental de los requisitos establecidos para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría revisada por EMEEQUIS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 15 plazas laborales pagadas por el gobierno del estado de Puebla con recursos federales, sin que la entidad acreditara la documentación requerida por los presuntos trabajadores para el desempeño de las funciones remuneradas.

Se trata de puestos laborales del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) del gobierno de Puebla, sufragados con  recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) otorgados a esa entidad en 2025 por la federación. En total “no se acreditó el destino de 4,528,800.11 pesos por concepto de la falta documental del cumplimiento de los requisitos establecidos” para cubrir las plazas indicadas, concluye la auditoría, revisada por EMEEQUIS.

Dividida entre las 15 plazas no documentadas, se habría destinado alrededor de 300 mil pesos durante el ejercicio. La falta de comprobación documental podría apuntar a plazas fantasma para la ordeña de recursos o destinadas a “aviadores”, como ha ocurrido en otros casos.  

El gobierno del morenista Alejandro Armenta tuvo que reintegrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más del 70% por ciento del monto señalado antes de que concluyera la revisión financiera practicada por la ASF.

En total, “previo a la conclusión de esta auditoría la Entidad Fiscalizada reintegró 2,920,146.75 pesos a la Tesorería de la Federación”.

EL CASO CONCRETO

De acuerdo con el reporte de la ASF sobre la auditoría 1627 practicada sobre recurso del FAETA transferidos al gobierno de Puebla, “se determinaron 4,528,800.11 pesos pendientes de aclarar del FAETA por el pago de remuneraciones a 15 trabajadores del IEEA Puebla, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas”.

Debido a ello, la entidad fiscalizadora determinó el Pliego de Observaciones 2025-A-21000-19-1627-06-001 en el que “ se presume un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado.

Reitera que no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos académicos y profesionales establecidos para las plazas desempeñadas, en incumplimiento del artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los artículos 42 y 49, párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y de las Cédulas de valuación de puestos de base del IEEA Puebla vigentes durante el ejercicio fiscal 2025.

Dicho de otro modo podría tratarse de “aviadores”, como se conoce a personas que ostentan un puesto nominal y cobran un salario por un trabajo que no realizan en realidad o para el que no están calificados. El vocablo proviene de mediados del siglo XX, cuando el personal que participó en la Segunda Guerra Mundial regresó al país y fue integrado a distintas dependencias con posiciones para las que no cubrían el perfil.


“DOCUMENTARON” SOBRE LA MARCHA

Originalmente había más casos, pero el gobierno de Puebla apresuró a  hacer los ajustes necesarios para solventar las inconsistencias. 

La ASF había encontrado en total 25 trabajadores que el IEEA Puebla “no acreditó documentalmente” respecto del cumplimiento de los requisitos para ocupar las plazas.

 • En los expedientes de 8 trabajadores, cuyas remuneraciones ascendieron a 2,470,479.59 pesos, no se localizó documentación que acreditara el grado de estudios requerido para las plazas desempeñadas.

 • En los expedientes de 17 trabajadores, cuyas remuneraciones sumaron 5,103,824.70 pesos, la documentación proporcionada resultó insuficiente para acreditar el perfil académico o la experiencia requerida.

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Puebla sacó documentación para justificar las inconsistencias;

“Proporcionó los oficios número SABG/OS/SCA/6855/2026 y SABG/OS/SCA/CGAEGP/7124/2026, de fechas 29 de septiembre y 7 de octubre de 2026, respectivamente, a través de los cuales remitió Cédula de Valuación de Puestos para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos del 2001, oficio, base de datos, expedientes de personal”, entre otros, con los que justificó las plazas.

Pero “subsiste un monto por aclarar de 4,528,800.11 pesos, correspondiente a las remuneraciones pagadas a los 15 trabajadores restantes, respecto de los cuales no se acreditó documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para las plazas desempeñadas, con lo que se solventa parcialmente lo observado”.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

De acuerdo con el reporte de la auditoría practicada, “la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SPFA) recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2025, por 437,149,080.14 pesos de los cuales 244,707,898.61 pesos correspondieron al componente de Educación Tecnológica y 192,441,181.53 pesos al componente de Educación para Adultos”. 

Los recursos fueron recibidos en las fechas establecidas en el calendario de ministración y, en los casos aplicables, de conformidad con las adecuaciones presupuestarias autorizadas. 

Asimismo, se verificó que la SPFA transfirió al CONALEP Puebla recursos del fondo por 244,707,898.61 pesos y rendimientos financieros por 14,992.71 pesos, para un total de 244,722,891.32 pesos; y al IEEA Puebla recursos por 192,441,181.53 pesos; los recursos y rendimientos transferidos a los organismos ejecutores ascendieron a 437,164,072.85 pesos”. 

Adicionalmente, se verificó el reintegro a la TESOFE por 9,871,692.09 pesos; integrado por 28,030.00 pesos reintegrados por la SPFA, 6,807,427.34 pesos por el CONALEP Puebla, y 3,036,234.75 pesos por el IEEA Puebla. Al 31 de marzo de 2026 se identificó en las cuentas bancarias del fondo un saldo de 1,160.06 pesos, que no se reintegró a la TESOFE

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES)
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/investigaciones/aviadores-de-300-mil-asf-encuentra-en-puebla-15-plazas-sin-documentacion/

Escándalo en Colima: ASF detecta pagos a maestros fallecidos y comisionados del SNTE con fondos educativos

La Auditoría Superior detalló que las autoridades de la Secretaría de Educación en Colima realizaron pagos por 19 millones 317 mil 474 pesos a 32 maestros que desempeñaron actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con cargo al FONE, lo que está prohibido desde la reforma educativa de Enrique Peña Nieto

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 25 millones de pesos en el uso del gasto educativo por parte de las autoridades del estado de Colima durante el ejercicio 2025, al pagar un salario indebido a personal comisionado al SNTE, trabajadores con un cargo de elección popular e incluso a maestros fallecidos. 

Así lo establecen los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, en una segunda entrega que fue recientemente difundida por el máximo órgano fiscalizador del país, documento que también encontró irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por parte del gobierno local. 

Dicho informe considera que las autoridades educativas de Colima realizaron un probable uso irregular de 25 millones 143 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), uno de los más robustos que entrega la Federación a los estados.    

La Auditoría Superior detalló que las autoridades de la Secretaría de Educación en Colima realizaron pagos por 19 millones 317 mil 474 pesos a 32 maestros que desempeñaron actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con cargo al FONE, lo que está prohibido desde la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

También se observaron pagos por un millón 771 mil 536 pesos a cinco trabajadores de la educación que ocuparon cargos de elección popular, debido a que no se acreditó que tales representantes realizaran funciones vinculadas con la educación.

Además, las autoridades educativas de la entidad realizaron pagos a 20 trabajadores fallecidos, por un monto de un millón 450 mil pesos y con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa. 

También se detectaron pagos por un millón 235 mil 847 pesos entregados a seis trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas resultaron incompatibles entre sí. 

Igualmente se pagó un millón 229 mil 419 pesos a 10 trabajadores de la educación que habían solicitado licencia sin goce de sueldo. Además de 138 mil 159 pesos se entregaron a nueve trabajadores luego de su fecha de baja de la Coordinación de los Servicios Educativos en Colima. 

La Auditoría Superior de la Federación también detectó posibles anomalías en el uso de los recursos proveniente del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), toda vez que se realizaron pagos por 186 mil 972 pesos a tres trabajadores del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) que no acreditaron el perfil o la preparación académica requerida para su puesto. 

También en el FAM hay observaciones 

El órgano fiscalizador señaló que el gobierno de Colima debe aclarar el uso de un millón 307 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), “por no aplicar penas convencionales por atraso” en la ejecución de obras en la Universidad Intercultural, en el municipio de Comala.

Auditoria Superior reporta más de 9 mil mdp por aclarar del gasto de 2025; municipios concentran más de 5 mil 200 mdp

La segunda entrega incluye 374 auditorías a instituciones federales, estados y municipios. El auditor también informó de 40 denuncias penales durante su gestión y de una investigación por posibles irregularidades en la plataforma del examen de admisión de la UNAM

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025, de los cuales más de 5 mil 200 millones corresponden a recursos federales cuyo destino no acreditaron 42 municipios.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales, integrada por 374 auditorías, de las cuales 286 corresponden a entidades federativas, 46 a instituciones federales y 42 a municipios.

“Porque la fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos”, sostuvo.

Los montos reportados permanecen pendientes de aclaración dentro del proceso de fiscalización, por lo que no equivalen, por sí mismos, a desvíos comprobados.

Municipios no acreditaron el destino de recursos federales

Hernández Palacios informó que la Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de los recursos federales otorgados a los 42 municipios incluidos en esta entrega, sin que sus gobiernos acreditaran documentalmente su destino.

Actualmente, la institución fiscaliza directamente a más de mil 200 municipios y alcaldías, cuyos resultados se presentarán, en su mayoría, en febrero de 2027.

Ante la falta de documentación relacionada con cambios de administración, propuso una plataforma para que los gobiernos salientes depositen en servidores de la ASF la información de las cuentas públicas pendientes de revisión, y advirtió que procederá legalmente cuando se niegue información para obstaculizar las auditorías.

En el ámbito federal, la ASF reportó 2 mil 327 millones de pesos observados entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, recursos cuyo ejercicio deberán acreditar las instituciones.

En el Fondo identificó movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, mientras que la autoridad educativa tampoco acreditó el correcto ejercicio de los recursos observados.

Las revisiones a entidades federativas arrojaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en educación y salud.

El auditor también informó que los gobiernos estatales reintegraron más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, de los cuales más de 553 millones correspondieron al sector salud.

Entre las entidades que realizaron reintegros mencionó a Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California, sin presentar en esas láminas un desglose de cantidades por estado.

Obras sin ejecutar y equipo médico no localizado

Hernández Palacios reportó que, durante los primeros seis meses de su gestión, la ASF presentó 40 denuncias penales, tres de ellas relacionadas con auditorías que todavía estaban en desarrollo.

Entre los hechos denunciados mencionó obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentos presuntamente apócrifos utilizados para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social.

La institución también promovió 60 acciones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores contratados con dinero público.

El auditor pidió a las instituciones verificar esas obligaciones desde el inicio y durante la vigencia de los contratos, y señaló que las revisiones abarcarán tanto a las empresas como a los servidores públicos que pudieran resultar responsables por acción u omisión.

Además, informó de nueve denuncias penales por prácticas de “coyotaje” y advirtió que la ASF no tiene gestores, representantes particulares ni despachos intermediarios, aunque no precisó si esas denuncias forman parte de las 40 reportadas durante su gestión.

Investigan contratación de plataforma para examen de la UNAM

La ASF también presentó una investigación por posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las láminas aparecen un secretario y un coordinador como servidores públicos involucrados, sin revelar sus nombres ni las áreas a las que pertenecen.

Durante la conferencia de prensa posterior a la entrega, Hernández Palacios afirmó que el rector solicitó la intervención de la ASF y que la universidad ha colaborado con las investigaciones. El auditor anunció que canalizará al tribunal administrativo las responsabilidades que determine la investigación.

La institución informó que aseguró de manera precautoria repositorios de información y servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, con el propósito de conservar pruebas.

“Utilizamos un mecanismo nuevo para que no nos borraran la información de los servidores por parte de la empresa”, explicó el auditor.

Busca facultades para sancionar directamente

Hernández Palacios informó de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información, identificar operaciones de riesgo y posibles conflictos de interés, además de colaborar en un padrón de personas políticamente expuestas.

También anunció un registro con información de servidores públicos relacionados con el manejo de recursos y un convenio con la Comisión Nacional Antimonopolio para identificar posibles acuerdos indebidos y colusión entre proveedores.

El auditor señaló que trabajan en propuestas de reforma constitucional para que la ASF pueda sancionar directamente y recuperar con mayor rapidez los recursos ejercidos de manera indebida.

“Hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano”, sostuvo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/auditoria-superior-aclarar-gasto-2025-municipios

ASF detecta triangulación de recursos en Sinaloa y Nuevo León hacia empresas y familiares de funcionarios

En Nuevo León, la Auditoría identificó transferencias hacia un despacho fundado por un funcionario y un familiar, mientras que en Sinaloa detectó pagos de una constructora a sus antiguos integrantes, quienes enviaron dinero a un exfuncionario de Finanzas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Sinaloa y Nuevo León, mediante transferencias de proveedores hacia empresas y personas vinculadas con funcionarios, aunque todavía calcula el posible daño al erario y mantiene reservados los nombres de los involucrados.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, y posteriormente amplió la información en una conferencia de prensa.

“Sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, sostuvo.

El auditor explicó que, después de esos pagos, el dinero pasa por cadenas de transferencias cuyos patrones apuntan a posibles actos ilegales, con recursos que terminan en manos de personas cercanas o familiares de servidores públicos.

Nuevo León, transferencias hacia un despacho e inmuebles

La presentación de la ASF muestra cuatro rutas de recursos que parten del gobierno de Nuevo León hacia proveedores y pasan por otras compañías antes de llegar a un despacho jurídico, identificado como una firma fundada por un funcionario y un familiar.

En una de ellas, el gobierno estatal entregó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos, desde la cual se enviaron 202.9 millones al despacho.

Otra ruta parte de una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que a su vez canalizó 385.3 millones al mismo despacho.

Las dos cadenas restantes muestran pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a proveedores, seguidos de transferencias mediante una empresa de equipamiento y una consultoría, desde las cuales llegaron al despacho 77.03 millones y 62.9 millones, respectivamente.

El esquema también vincula al despacho con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos y con una persona identificada únicamente como “Funcionario 1”, sin precisar públicamente su nombre ni detallar las operaciones inmobiliarias.

Estos montos corresponden a distintas etapas del recorrido del dinero, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes ni equivalen a un daño al erario determinado por la ASF.

Cuestionado sobre si la investigación involucra al gobernador Samuel García o a despachos vinculados con él, Hernández Palacios no confirmó responsabilidades individuales y argumentó que debía preservar el debido proceso.

Sinaloa, constructora familiar y pagos a un exfuncionario

En Sinaloa, la ASF identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, que recibió contratos de obra pública de instituciones estatales y municipales.

De acuerdo con la presentación, una de esas personas era accionista y administrador único, mientras que la otra fungía como apoderado legal; ambas aparecen identificadas mediante claves, sin sus nombres.

La Auditoría señaló que la constructora concentraba depósitos muy superiores a los correspondientes a su obra pública y triangulaba dinero entre cuentas propias, además de transferir recursos a esas dos personas después de que habían salido de la empresa.

A su vez, ambas realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, según el esquema presentado ante los diputados, que no precisa las cantidades ni identifica al beneficiario.

Durante la conferencia, el auditor también fue interrogado sobre la posible participación de un exgobernador de Sinaloa, pero no confirmó ni descartó su involucramiento.

“Eso sí es materia de nuestras investigaciones y estaremos presentando los resultados para no violentar nuestro proceso”, respondió.

Aún calculan el posible daño al erario

Al preguntarle cuánto suman los recursos presuntamente triangulados en cada estado, Hernández Palacios explicó que todavía realizan los cálculos, debido a que parte del dinero permanece en distintos puntos de las cadenas de transferencias.

“Los recursos se van transfiriendo con proporciones que se van quedando en el camino”, señaló.

La ASF ha reconstruido movimientos que considera indicios de posibles irregularidades, pero aún debe determinar qué cantidades podrían constituir un daño al erario y establecer las responsabilidades correspondientes.

El auditor aseguró que, conforme documenten los hechos, promoverán procedimientos por faltas administrativas graves ante el tribunal competente o denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin esperar a que termine todo el proceso de fiscalización.

“Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata”, afirmó.

Aunque reportó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de su gestión, no precisó si alguna corresponde a las investigaciones de Sinaloa y Nuevo León, y sostuvo que la institución actuará “independientemente del partido político que gobierne”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/asf-detecta-triangulacion-recursos-sinaloa-nuevo-leon