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Familiares de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevan reclamos al Congreso Internacional Minero

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto", piden familiares de mineros desaparecidos en Concordia

Familiares de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, llevaron sus demandas de justicia y verdad al XVI Congreso Internacional Minero 2026, celebrado en Hermosillo, Sonora, donde solicitaron a las autoridades continuar con las investigaciones y reactivar las labores de búsqueda del único trabajador que permanece sin ser localizado.

A casi diez meses de los hechos, los afectados también hicieron un llamado a la empresa Vizsla Silver Corp. para establecer un diálogo formal con las víctimas y atender sus exigencias relacionadas con el caso.

Alán Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien continúa desaparecido, participó en el encuentro con la conferencia “La seguridad de los trabajadores como responsabilidad de la industria minera”, donde expuso la situación que enfrentan las familias desde enero de este año.

“Mensaje para la empresa, a Vizsla, que estamos con los brazos abiertos, amigablemente pedirles que dejen de jugar, queremos un trato serio y de respeto, que nuestra disposición a establecer una mesa de diálogo y avanzar en esto como víctimas”, acotó.

Por su parte, el representante legal de las víctimas, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, informó que ya presentaron una solicitud formal para que las autoridades realicen una nueva jornada de búsqueda en el sur de Sinaloa, la cual podría concretarse dentro de aproximadamente un mes.

“Estamos esperando que en los próximos meses vamos a tener toda esa información, esperemos tener una verdad, tener algo más claro en eso. A su vez, estamos pidiendo que podamos hacer otra búsqueda en vida del ingeniero Esparza, porque recordemos, hay 9 asesinados y una persona en particular que está desaparecida. Estamos esperando que la Fiscalía, seguramente en un mes más tenemos otra búsqueda”, anotó.

Asimismo, Alán Esparza reconoció que las investigaciones han registrado avances, aunque sostuvo que todavía existen interrogantes pendientes por esclarecer, por lo que las familias continuarán insistiendo en que se conozca lo ocurrido con los trabajadores.

Fue el 23 de enero de 2026 cuando se reportó la desaparición de 10 empleados vinculados al proyecto minero “Pánuco”, de la compañía Vizsla Silver Corp., ubicado en Concordia, Sinaloa.

Posteriormente, el 1 de febrero, las autoridades federales reforzaron la presencia militar en la región como parte de los operativos de localización y, días después, confirmaron los primeros hallazgos de restos humanos.

Hasta el momento, nueve trabajadores han sido encontrados sin vida, mientras que el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

De acuerdo con la versión difundida por el Gobierno federal, los mineros presuntamente fueron confundidos con integrantes de una organización criminal rival, en medio de la disputa que mantienen las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en distintas regiones de Sinaloa.

Juez dicta prisión preventiva a “El Talibán” por caso de mineros en Sinaloa

Un juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa dictó, el 20 de octubre de 2026, prisión preventiva oficiosa contra Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, presunto integrante de la facción criminal Los Chapitos, relacionada con el secuestro y la muerte de 10 mineros en La Concordia, Sinaloa. El imputado permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 8 de Guasave, Sinaloa.

En la audiencia, el juzgador declaró legal la detención y los fiscales federales imputaron al detenido por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

El juez de control consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el riesgo de fuga del presunto integrante del Cártel de Sinaloa (CDS).

“Luego de presentarlo ante un juez de control, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús ‘N’, quien fue asegurado en el estado de Sinaloa, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, informó la FGR.

La captura ocurrió el 17 de octubre del mismo año, en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas federales y autoridades estatales en el que se le aseguraron un fusil, cargadores y diversos cartuchos. Entre sus características particulares, García Perales tiene un tatuaje con la leyenda “Talibán” en la mano derecha y una estrella en el lado derecho del cuello.

Según autoridades federales, el detenido sería uno de los hombres de confianza de Juan Benito, alias “El Beny 17”, presunto jefe regional de Los Chapitos.

A esa célula delictiva se le vincula con el secuestro y el homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., hechos registrados el 23 de enero de 2026, en La Concordia, Sinaloa, y con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, ocurrido el 3 de febrero del mismo año, en Mazatlán.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENALCE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-dicta-prision-preventiva-a-el-taliban-por-caso-de-mineros-en-sinaloa/

Detienen en Sinaloa a “Talibán” y otros cuatro sujetos ligados al caso de los mineros de Concordia

Las autoridades relacionan a los detenidos con el secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, quienes posteriormente fueron hallados muertos en fosas clandestinas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre la detención de Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y otras cuatro personas en Sinaloa, presuntamente relacionadas con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas del Estado de México en Mazatlán.

Las capturas ocurrieron el 16 y 17 de octubre en dos operativos realizados en los municipios de El Rosario y Mazatlán, con participación de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Detienen a presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

De acuerdo con la Sedena, el 16 de octubre fueron detenidas cuatro personas en El Rosario, entre ellas una de nacionalidad colombiana. Las autoridades señalaron que formarían parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o “81”, identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos, del Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa.

Al día siguiente, como resultado de los trabajos de inteligencia derivados de esa primera detención, las fuerzas federales capturaron en Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”. Según la dependencia, el detenido es una persona de confianza de Juan Benito “N”, conocido como “Beny 17”, a quien identifican como jefe regional de la misma facción criminal.

Durante las dos acciones, las autoridades aseguraron armamento y equipo táctico, y en el caso de “Talibán”, también reportaron el aseguramiento de un vehículo. Las cinco personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Detenidos están relacionado con el caso de los 10 trabajadores mineros

La Sedena y el Gabinete de Seguridad federal señalaron que los detenidos estarían vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero de 2026 en La Concordia. También los relacionaron con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

El caso de los trabajadores mineros ha sido objeto de señalamientos por parte de sus familiares y representantes legales. En una conferencia de prensa a finales de septiembre, denunciaron presuntas omisiones de Vizsla Silver Corp. en la entrega de información que consideran relevante para esclarecer los hechos.

El abogado de las familias, Odrasir Ricardo Espinoza Valdés, afirmó que la empresa no habría entregado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada videos de vigilancia, registros GPS y otros datos que, según la representación legal, podrían contribuir a la investigación. Sostuvo que la compañía únicamente realizó un reporte telefónico al 911 y pidió que la Fiscalía requiera formalmente esos elementos.

Los familiares también señalaron que antes de la desaparición se habían registrado al menos 12 incidentes de seguridad en la zona del proyecto minero Pánuco. Además, solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para conocer los resultados de las inspecciones laborales y verificar las condiciones de seguridad de la mina.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/seguridad/sinaloa-taliban-caso-mineros-concordia

Familias de mineros de Concordia critican distintivo otorgado a Vizsla Silver

Cuestionan que la minera canadiense reciba el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (ESR) mientras nueve trabajadores fueron localizados sin vida, uno continúa desaparecido y persisten señalamientos sobre posibles omisiones de seguridad

Las familias de los trabajadores privados de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, expresaron rechazo y profunda inconformidad ante la noticia de que Vizsla Silver recibió nuevamente el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), reconocimiento asociado al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Consideraaron que el otorgamiento de esta distinción resulta difícil de comprender mientras nueve de los 10 trabajadores privados de la libertad fueron posteriormente localizados sin vida, Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido, y permanecen sin respuesta preguntas fundamentales sobre las condiciones de seguridad en las que la compañía mantuvo sus operaciones.

“No cuestionamos la importancia de promover la responsabilidad social empresarial. Cuestionamos que una compañía pueda ostentar públicamente ese reconocimiento sin que cumpla con los criterios básicos para recibirlo y que no se haya esclarecido suficientemente su actuación frente a una tragedia de esta magnitud”, expresaron en carta.


Recordaron que la propia Vizsla Silver reconoció condiciones de inseguridad que motivaron la suspensión de trabajos de campo en abril de 2025 y anunció su reanudación en mayo del mismo año. “Las familias hemos solicitado conocer qué evaluaciones permitieron determinar que existían condiciones para regresar y quién asumió la responsabilidad de esa decisión”.

También han solicitado aclarar qué información fue entregada a las autoridades mexicanas, si se preservaron videos, registros de GPS, comunicaciones internas, bitácoras y evaluaciones de riesgo, así como las acciones concretas que mantiene la empresa para contribuir a la localización del trabajador que continúa desaparecido.

Estas preguntas fueron planteadas formalmente al Consejo de Administración de Vizsla Silver con motivo de su Asamblea Anual y Especial de Accionistas del 8 de octubre de 2026.

“Ante el anuncio del distintivo, preguntamos públicamente al CEMEFI: ¿qué evaluación realizó sobre la protección de los trabajadores de Vizsla Silver? ¿Tuvo conocimiento de los acontecimientos de Concordia y de los antecedentes de inseguridad reconocidos por la propia empresa? ¿Consideró los señalamientos de las familias antes de otorgar o mantener esta distinción?”.

La responsabilidad social de una empresa no puede evaluarse únicamente por sus programas comunitarios, sus políticas declaradas o sus compromisos institucionales, agregaron. “Como los principios de este reconocimiento lo establecen, también debe examinar las decisiones que establece en materia de seguridad frente a riesgos conocidos y de la manera en que responde cuando sus trabajadores y sus familias enfrentan una tragedia”.

Solicitaron al CEMEFI una explicación pública de los criterios aplicados en este caso, así como una revisión del reconocimiento otorgado a Vizsla Silver a la luz de los hechos y cuestionamientos que continúan pendientes.

“No pedimos que se anticipe una responsabilidad penal que corresponde determinar a las autoridades. Pedimos que un distintivo de responsabilidad social no sea utilizado como aval general de la conducta de una empresa cuando existen asuntos graves que requieren esclarecimiento. Para nuestras familias, la responsabilidad social comienza por la protección de la vida y la dignidad de los trabajadores”.

Caso Concordia: las preguntas que Vizsla debe responder

La tragedia de los trabajadores de Vizsla Silver en Concordia evidencia una grave negligencia compartida. Es inadmisible que una empresa transnacional priorice sus proyectos sobre la vida de su personal ignorando alertas de riesgo, y que un Estado omiso permita operar en zonas dominadas por el crimen. A ocho meses de un secuestro que dejó nueve muertos y al ingeniero Antonio Esparza Yáñez desaparecido, la opacidad y la falta de rendición de cuentas de la empresa y las autoridades reflejan un abandono imperdonable a las familias

Conocí a Alan y a Priscila hace unos días. Platiqué con ellos durante varias horas. Alan todavía busca a su padre, el ingeniero Antonio Esparza Yáñez. Priscila ya tuvo que enfrentar la noticia de que su esposo estaba entre los trabajadores localizados sin vida.

Después me puse a revisar el caso como periodista. Y encontré una historia en la que las fechas, los antecedentes y las decisiones tomadas obligan a hacer preguntas mucho más precisas.

Recordemos: 10 trabajadores vinculados al proyecto Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026. Nueve fueron posteriormente localizados sin vida. Antonio continúa desaparecido.

Pero la historia no empezó ese 23 de enero.

En abril de 2025, nueve meses antes del secuestro, la propia Vizsla suspendió parcialmente sus actividades de campo debido a las condiciones de inseguridad en la región. Poco más de un mes después reanudó sus operaciones.

Si Vizsla sabía que las condiciones de inseguridad eran suficientemente graves como para suspender actividades, ¿qué ocurrió para que semanas después decidiera que sus trabajadores podían regresar?

Si el riesgo no había desaparecido, ¿por qué regresaron?

¿Qué pesó más en esa decisión: la seguridad de los trabajadores o la necesidad de continuar con el proyecto?

Si durante los meses siguientes hubo nuevos incidentes de inseguridad, como sostienen las familias y su representación jurídica, ¿por qué la operación continuó?

Si trabajadores habían manifestado miedo, ¿por qué siguieron siendo enviados a esa zona?

Y si Vizsla asegura que sus decisiones operativas se sustentan en monitoreo e información de inteligencia, ¿qué decía esa inteligencia antes del secuestro?; ¿advertía riesgos?; ¿quién recibió esos informes?; ¿quién decidió continuar?

Hay otro asunto todavía más delicado.

Concordia no era una burbuja. La región se encontraba inmersa en la disputa criminal que desde 2024 ha golpeado distintas zonas de Sinaloa. El propio secretario de Seguridad federal reconoció después del secuestro que en esa área operaba una célula de Los Chapitos.

¿Cómo opera durante meses una compañía minera internacional en un territorio con presencia criminal sin conocer quién controla los caminos y accesos por los que diariamente se desplazan sus trabajadores?

¿Qué información tenía Vizsla sobre los grupos criminales presentes en la región?

¿Qué mecanismos utilizaba para garantizar el tránsito de personal, vehículos, contratistas y maquinaria?

¿Existía algún tipo de interlocución, directa o indirecta, con personas vinculadas a esos grupos?

¿Puede Vizsla afirmar categóricamente que nunca existió?

¿Algún empleado, contratista, proveedor, responsable de seguridad o intermediario sostuvo comunicaciones con integrantes del crimen organizado?

¿Alguna autoridad ha investigado esa posibilidad?

Vizsla ha declarado públicamente que mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción y la extorsión.

Entonces vale preguntar: ¿alguna persona relacionada con el proyecto recibió antes del 23 de enero solicitudes de dinero, amenazas, advertencias o exigencias provenientes de grupos criminales?

¿Fueron reportadas? ¿A quién? ¿Hay mensajes, correos o informes que lo documenten?

Familiares y compañeros de los trabajadores han coincidido en que hubo renuncias y temor previo a ese día de enero; esa versión contradijo la información inicial de autoridades federales de que no existía peligro.

Si esos testimonios son ciertos, ¿quién recibió esas advertencias dentro de la empresa?

¿Quién decidió que no ameritaban detener las operaciones?

¿Se informó a Canadá, a las autoridades y a los propios trabajadores?

Y llegamos al 23 de enero.

Si diez trabajadores de una empresa son privados de la libertad mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral, ¿por qué las familias sostienen ocho meses después que Vizsla nunca presentó una denuncia formal?

Si había cámaras en los lugares donde se hospedaban o transitaban los trabajadores, ¿dónde están las grabaciones?

Si los vehículos tenían GPS, ¿dónde están esos registros?

Si existían bitácoras, teléfonos corporativos, correos, reportes internos de seguridad y evaluaciones de riesgo, ¿la FGR tiene absolutamente todo?

Y la Secretaría del Trabajo tampoco puede quedar fuera.

Si una empresa suspendió actividades por inseguridad en abril de 2025, ¿la Secretaría lo supo?

¿Inspeccionó las condiciones en las que laboraban los trabajadores cuando las actividades se reanudaron?

Si sabía que estaban trabajando en una región afectada por violencia criminal, ¿qué medidas extraordinarias exigió?

¿Cuándo fue la última inspección anterior al secuestro y qué encontró?

¿Verificó dónde dormían los trabajadores, cómo se trasladaban y bajo qué condiciones de seguridad recorrían diariamente la zona?

¿O para las autoridades laborales mexicanas la obligación de proteger a un trabajador termina en el casco, las botas y las condiciones físicas de una mina?

Después del secuestro, ¿la Secretaría del Trabajo abrió una investigación?; ¿determinó posibles omisiones?; ¿sancionó a alguien?

¿O nueve trabajadores pueden aparecer muertos y uno permanecer desaparecido sin que hasta ahora sepamos si la autoridad laboral encontró alguna responsabilidad empresarial?

Hay finalmente preguntas que no caben en un protocolo corporativo.

Si Vizsla sabía que Concordia era peligrosa, ¿por qué sus trabajadores estaban ahí?

Si sabía que había antecedentes, ¿por qué siguió operando?

Si hubo amenazas, ¿quién decidió que no eran suficientes para detenerse?

Si tenía protocolos suficientes, ¿por qué tuvo que reforzarlos después?

Si acompañó a las familias, ¿por qué ellas dicen haberse sentido abandonadas?

Las preguntas importan porque no conocemos esas respuestas. Lo que sí conocemos es el resultado: diez hombres fueron privados de la libertad cuando estaban ahí por su trabajo; nueve fueron encontrados sin vida y Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

Y cuando una empresa conocía desde meses antes que operaba en condiciones de inseguridad, preguntar qué sabía, qué decidió, qué hizo y qué dejó de hacer no es anticipar una sentencia; es empezar a establecer responsabilidades.

Los mineros de Concordia: cuando producir pudo más que proteger

Mineros de Concordia: Producir nunca puede valer más que proteger; ninguna tonelada extraída, ningún proyecto, ninguna inversión ni expectativa financiera puede justificar mantener personas trabajando cuando existen señales concretas de que su integridad puede estar en riesgo

Soy sonorense y durante más de 30 años de carrera periodística he seguido de cerca a una industria que forma parte de nuestra historia, nuestra economía y hasta de nuestra identidad; la minería no es un asunto periférico en Sonora; somos el principal estado minero del país y producimos alrededor de una tercera parte de la producción minera nacional; de acuerdo con el INEGI, la minería representó directamente 8.9 por ciento del PIB estatal en 2024, mientras que estimaciones del propio gobierno de Sonora elevan considerablemente su impacto cuando se incorpora toda la cadena de proveeduría, bienes y servicios vinculados al sector.

He cubierto minas, inversiones, conflictos laborales, accidentes, derrames, historias de prosperidad y también tragedias; conozco el peso económico de esta industria y precisamente por eso pocas historias relacionadas con la minería han golpeado tanto mi capacidad de sorpresa, de asombro y de indignación periodística como la ocurrida en Concordia, Sinaloa con trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver; una historia que además nos toca especialmente a los sonorenses porque entre las víctimas había trabajadores de nuestro estado.

Ayer entrevisté en mi programa de Radio Fórmula Sonora a Alan Esparza y a Odracir Espinoza, vocero de las familias y representante legal, respectivamente; horas antes habían ofrecido una conferencia de prensa en la que expusieron una serie de elementos que obligan a mirar este caso no solamente desde la brutalidad criminal que terminó con nueve trabajadores encontrados sin vida y uno todavía desaparecido, sino desde otra vertiente igualmente necesaria: las condiciones en las que una empresa mantuvo trabajando a su personal en una zona donde, de acuerdo con los testimonios y documentos expuestos por las familias y sus abogados, existían antecedentes de inseguridad.

Ese trabajador que continúa desaparecido es el ingeniero Antonio Esparza Yáñez; su hijo Alan lleva más de ocho meses buscándolo; nueve familias ya enfrentaron la noticia más dolorosa, mientras la suya continúa viviendo en esa incertidumbre que no permite siquiera cerrar una historia.

Y hay algo que me resulta especialmente difícil de procesar después de escuchar los testimonios: según la representación jurídica de las familias, existían antecedentes de inseguridad antes del 23 de enero, hubo incidentes previos y la propia empresa había retirado trabajadores de la zona en abril de 2025 para después reactivar las labores en mayo; las familias aseguran además que existen audios en los que se escuchan balaceras mientras trabajadores hablaban con sus esposas e hijos; el miedo, según esos testimonios, estaba ahí mucho antes de que diez hombres fueran privados de la libertad.

Por eso hay una frase pronunciada durante la conferencia que resume de manera contundente el caso: las condiciones de seguridad no estaban dadas para seguir laborando en ese sector, sostuvo Odracir Espinoza; será la investigación la que determine responsabilidades jurídicas, pero periodísticamente resulta inevitable observar el desarrollo de hechos y preguntarse cómo pudo llegar una operación minera hasta el 23 de enero sin que la protección de sus trabajadores estuviera por encima de cualquier consideración productiva.

Porque producir nunca puede valer más que proteger; ninguna tonelada extraída, ningún proyecto, ninguna inversión ni expectativa financiera puede justificar mantener personas trabajando cuando existen señales concretas de que su integridad puede estar en riesgo; una empresa que opera en una región atravesada por la violencia no controla al crimen organizado, por supuesto, pero sí controla una decisión fundamental que es sobre bajo qué condiciones manda a trabajar a su gente y cuándo decide que esas condiciones dejaron de ser aceptables.

Hay además otro elemento difícil de entender; de acuerdo con lo expuesto por los representantes de las familias, Vizsla Silver no presentó una denuncia formal por la privación de la libertad de sus diez trabajadores; habría existido una llamada al 911, pero, según explicó el abogado, eso no equivale a una denuncia formal; tampoco, señalaron, se ha incorporado a la investigación información empresarial que consideran fundamental, como cámaras, GPS, correos, teléfonos corporativos, protocolos, reportes y evaluaciones de riesgo.

Y después viene el abandono que describen las familias. Alan reconoció que recibieron apoyo para algunos viáticos, pero fue contundente al explicar que eso resulta mínimo frente a lo que tuvieron que enfrentar; buscar, acudir a diligencias, tratar con fiscalías, intentar comprender investigaciones criminales y vivir pendientes de una llamada; Priscila (cuyo esposo desapareció y después fueron encontrados sus restos) contó algo todavía más doloroso: cuando llegó el momento de viajar para reconocer los cuerpos, fueron la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las que proporcionaron traslados, vuelos y acompañamiento psicológico. La empresa estuvo ausente.

He escuchado muchas historias dolorosas durante más de tres décadas detrás de un micrófono; algunas se quedan conmigo más tiempo que otras; ésta lo hará porque detrás de toda la discusión sobre responsabilidades existe una realidad sencilla: diez hombres salieron a trabajar y no regresaron; nueve fueron encontrados sin vida y el ingeniero Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido.

En Sonora sabemos muy bien lo que significa la minería; sabemos cuánto produce, cuántos empleos genera y cuánto representa para comunidades enteras; precisamente por eso también debemos saber algo elemental: ninguna industria puede medir su éxito únicamente por lo que extrae del suelo, también debe medirse por la manera en que protege a quienes bajan a la mina, recorren sus caminos, habitan sus campamentos y hacen posible que esa riqueza exista.

Porque antes que mineros eran personas; eran esposos, padres, hijos; y fueron a trabajar, no a jugarse la vida.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO (ESPECIAL).
AUTOR: SOLEDAD DURAZO.
ENLACE: 
https://emeequis.com/analisis/los-mineros-de-concordia-cuando-producir-pudo-mas-que-proteger/