Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Dos búsquedas metropolitanas simultáneas: más de 40 fragmentos humanos en la triple frontera

La zona donde convergen las entidades del centro del país ya es medular para la búsqueda de personas desaparecidas. Las jornadas simultáneas de esta semana evidenciaron que el territorio irregular de un bosque frondoso ha sido propicio para el ocultamiento, pero también que la coordinación efectiva entre autoridades sigue siendo un pendiente

La frontera de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos es un punto clave para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que quedó en evidencia a lo largo de esta semana, incluso mediante dos búsquedas simultáneas: en conjunto, reportaron más de 40 fragmentos de huesos humanos, hallados casi todos los días.

Las búsquedas metropolitanas —una a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otra organizada por su homóloga de la capital— coincidieron en terrenos de las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, punto muy cercano a la triple frontera. Si bien por un lado puede tratarse de una ampliación de esfuerzos, por otro se evidenció que persiste la falta de coordinación entre autoridades. 

A los dos puntos de búsqueda los separaron seis kilómetros sobre la carretera Tres Marías (Morelos) – Santa Martha (Estado de México), cuyas sinuosas curvas dejan al descubierto zonas solitarias donde la vialidad da directamente a la profundidad del bosque, propicias para el ocultamiento.

Una de las dos fue convocada como la primera búsqueda metropolitana por patrones, por la comisión de búsqueda de la Ciudad de México, solo un par de días antes de su inicio; la otra, coordinada por la CNB, correspondió a la cuarta jornada programada en la búsqueda individualizada de Sergio Gerardo Jiménez, desaparecido el 20 de octubre de 2023 en la alcaldía Álvaro Obregón, y otra víctima.

A la mitad de ambos puntos, sobre la carretera se encuentra la reja de entrada al Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que aún funciona pero luce semi abandonado. Creado por decreto federal el 27 de noviembre de 1936, el parque abarca 4 mil 790 hectáreas entre Ocuilan, Estado de México y Huitzilac, Morelos. De acuerdo con su propia página de internet, solo abre en fines de semana y días festivos.  

El punto específico donde se inició la búsqueda metropolitana —que, anunciada como tal, el jueves prácticamente no contaba con personal del Estado de México y de Morelos— es un bosque frondoso en el que alguna vez se comerciaron truchas. Tras la muerte de su dueño, fue abandonado y dejó tras de sí un paraje solitario de gran atractivo natural, pero que hoy solo alberga rastros de muerte.

“Está bien loco que esté tan chingón, y haya tanta muerte”, comenta una de las familiares mientras camina por las veredas estrechas, y en muchos puntos irregulares o accidentadas, del bosque. Desde el inicio de la búsqueda metropolitana, en las primeras horas del día —después de alrededor de hora y media de trayecto desde el centro de la Ciudad de México—, se había puesto de relieve que el lugar es de interés por ser abierto, sin rejas, accesos o seguridad. 

Dado el fallecimiento del dueño, hay una facilidad de poder ocuparlo y ocultar, además de ser un territorio sin señal telefónica, luminarias o presencia cotidiana de autoridades —a diferencia de los días de búsqueda, a los que incluso se suman la Guardia Nacional y el Ejército—.

“Por eso queremos descartar que esta parte haya sido utilizada para ocultar personas. Se hizo el desplazamiento del personal previo, de todo lo que es Corena y obras del parque de Zempoala, que son la fuerza más grande que nos ayuda a la remoción de vegetación, tierra y demás, porque ellos tienen que salir pie tierra por la cantidad de personas, por el recorrido y por las condiciones climáticas”, informó el personal de la comisión de búsqueda capitalina al comienzo de la jornada. 

La amenaza de lluvia era perceptible desde las primeras horas de la mañana. El esfuerzo de la dependencia capitalina no se reflejaba de la misma manera en el otro punto, a 6 kilómetros de distancia, donde la búsqueda individualizada de Sergio no se ha detenido en cuatro fases a lo largo del año. Eso quiere decir que no es la primera vez que autoridades federales y comisiones locales de los tres estados colindantes exploran el punto.

El desequilibrio era evidente al pasar de una a otra. En la llamada búsqueda metropolitana por patrones estaba prácticamente todo el personal de la comisión capitalina y otras dependencias desplegado, pero casi no había presencia de servidores públicos del Estado de México o de Morelos. En la individualizada, en cambio, había solo una persona en representación de la comisión de la Ciudad de México, que argumenta tener un papel secundario dada la coordinación de la CNB.

Después de tres años, la búsqueda de Sergio no ha parado gracias a la insistencia de su familia, que escaló sus peticiones hasta la instancia nacional. La convocatoria fue atendida a lo largo de la semana por familias y decenas de solidarios, algunos muy jóvenes, estudiantes universitarios que incluso asistían a su primera búsqueda. Personal del estado de Morelos también colaboraba, así como las instancias de seguridad, aunque con menos presencia que en el otro punto.

La convocatoria intempestiva de la comisión de búsqueda capitalina a la llamada primera búsqueda metropolitana, solo un par de días antes de que sucediera, a sabiendas de que la cuarta fase de la búsqueda de Sergio estaba programada para los mismos días, terminó mermando y diluyendo la concentración de las autoridades, a juicio de las familias involucradas en la segunda. Incluso, desde el punto de partida en Ciudad de México, donde camiones escolares transportaron a quienes se unieron a las brigadas, muchos asistentes se encontraron ante la confusión de cuál debían abordar.

“No queremos entrar en polémicas con las autoridades, ni entrar en sus dinámicas de egos, de no coordinarse, de no comunicarse, de debilitarnos, de desgastarnos. Lo único que queremos es encontrarles a ellos, porque si ya una vez el Estado nos falló y les falló a ellos, nosotros no podemos fallarles, y por eso los empujamos, y por eso estamos atrás de las autoridades”, subraya en entrevista Carolina, hermana de Sergio, quien desde el principio expresó su desacuerdo con el empalme de las búsquedas, ante la posibilidad de que se generaran desequilibrios en los recursos y el personal.

La dificultad del clima y del territorio también se hicieron evidentes en el penúltimo día de la búsqueda. La lluvia apresuró el cierre, pero Gabriela Alonso Villarruel, integrante del colectivo Luciérnagas, no dejó de hacer énfasis —en el punto a cargo de la CNB— en el tema de la coordinación y presencia de las autoridades. Incluso el miércoles, durante la búsqueda individualizada, dos personas servidoras públicas y un familiar se lesionaron con piedras, y la ambulancia tardó una hora en llegar.

“Pésima (la coordinación), nosotros tenemos cuatro semanas entrando aquí, y en esas cuatro semanas hemos coordinado entre Ciudad de México y Morelos, pero la realidad es que falta mucho por hacer con las coordinaciones interestatales, ya que han tenido muchas deficiencias, desde no traer la seguridad perimetral, que llegue tarde o que no llegue, no tener herramientas suficientes, y la realidad es que todos estos esfuerzos han salido nada más de las familias y los colectivos, y ha sido con mucha insistencia, todos los días hemos tenido que pelear”, apunta.

Detalla que la zona se volvió del interés de las autoridades también a partir de la insistencia de las familias y de los hallazgos que se han dado; todos han sido fragmentos de huesos humanos, ninguno cuerpo completo, lo que mantiene el interés en la triple frontera, donde la coordinación debería ser vital. “Sabemos que cualquier indicio que se haya encontrado en el área puede estar en cualquiera de los tres estados”, añade.

“Las tres comisiones hacen búsquedas separadamente en la misma zona, entonces eso nos mete en una dinámica de que forzosamente tienen que cooperar. Nuestra solicitud a las comisiones y a la fiscalía es que todas las comisiones y todos los servicios periciales puedan compartirse las bases de los perfiles genéticos de los indicios, tanto como las de los perfiles genéticos que tienen de las víctimas indirectas en los tres estados”, puntualiza.

Tras la jornada de esta semana, se espera la confirmación de la Comisión Nacional de Búsqueda para otro periodo de trabajos en la búsqueda individualizada de Sergio y otra víctima. A la búsqueda metropolitana le queda una semana más. Separadas por 6 kilómetros sobre la carretera, ambas se enfrentan a un terreno accidentado que requiere más tiempo para ser explorado, además de volverse riesgoso con la lluvia. 

Ante ello, la presencia de todas las autoridades involucradas y de los servicios de emergencia de manera equilibrada en ambas búsquedas habría sido fundamental en las jornadas simultáneas, que prácticamente todos los días sacaron a la luz que la triple frontera es un terreno donde la belleza natural salta a la vista, pero la muerte violenta se esconde.  

“Nosotros vemos la búsqueda metropolitana solamente como una cuestión política y mediática; nosotros no vemos que las búsquedas metropolitanas realmente estén conduciendo a algo. Qué bueno que se están encontrando, pero no puedes tener una búsqueda metropolitana y una individualizada abandonándolas sin ninguna ambulancia, y eso quiere decir que no hay una planeación, que no están coordinados, y que lo que están haciendo lo están haciendo solamente para justificar y para posicionar tanto al gobierno de la ciudad de México, como al comisionado”, reclama Gabriela.

A los trabajos de búsqueda del jueves, que la lluvia detuvo apenas poco antes de la hora ordinaria de cierre, seguirá una larga tarea de identificación, en la que será vital la participación de todas las autoridades que comparten la triple frontera. 

La búsqueda metropolitana se extenderá cuatro días más, mientras la familia de Sergio no cejará en seguir exigiendo la exploración del territorio que haga falta hasta encontrarlo. Y hasta obtener justicia, pues en su caso, las detenciones por los delitos de los que fue víctima han dado pie a procesos penales desgastantes, que también se recargan en la familia, sin resultados contundentes hasta ahora. 

“Detrás de ese húmero, detrás de ese fragmento de cráneo, esa costilla, ese cúbito derecho, estuvieron en algún momento, con vida, en sus familias, en sus comunidades, personas que fueron, y son, y seguirán siendo, una parte fundamental de la vida de sus familias, de sus comunidades, y que es importante denunciar la violencia de la que fueron víctimas”, recuerda Carolina.

Sheinbaum propone recortar recursos para buscar desaparecidos y aumentar 29% el presupuesto de la Guardia Nacional

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla una reducción de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, principalmente en los subsidios destinados a las comisiones estatales. En contraste, la Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones adicionales, de acuerdo con un análisis de Fundar, que advierte inconsistencias en la distribución de recursos para atender la crisis de desapariciones y de identificación forense

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la atención a las desapariciones como una prioridad de su gobierno, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un recorte de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mientras propone incrementar en siete mil 54 millones los recursos de la Guardia Nacional.

La reducción presupuestal para la búsqueda de personas se plantea en un país que supera las 135 mil víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y enfrenta una crisis forense de al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de las fiscalías, según estimaciones de organizaciones civiles ante la falta de información oficial consolidada.

De acuerdo con el análisis Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas), elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la CNB dispondría de mil 223 millones de pesos en 2027, una disminución de 3.2% respecto de 2026, mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentaría 28.9%, hasta alcanzar 31 mil 487 millones de pesos.

La mayor parte del recorte a la CNB, aproximadamente 36 millones de pesos, corresponde a los subsidios destinados a las comisiones locales de búsqueda, responsables de realizar acciones de localización de personas e identificación forense en las entidades federativas.

Fundar advierte que la distribución de recursos revela contradicciones entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales para enfrentar las crisis de desaparición, justicia y atención a víctimas.
“Por un lado, existe un cambio positivo en las tendencias históricas de la asignación presupuestal para la investigación penal en materia de violaciones graves a derechos humanos, mientras que por otro persisten inercias y se agravan retrocesos presupuestales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, crisis forense y atención a las víctimas, al tiempo que se consolida una política centralizada con un enfoque altamente militarizado”, señala el documento.
Menos recursos para las comisiones de búsqueda

La Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tendría en 2027 una asignación de mil 223 millones de pesos, 39 millones menos que en el ejercicio anterior.

Según Fundar, la disminución prolonga una tendencia de reducción de recursos que únicamente se interrumpió en dos ocasiones: en 2020, cuando el presupuesto aumentó 71.8% respecto de 2019, después de la creación de la Comisión, y en 2023, cuando creció 40.2% tras una reforma relevante a la Ley General.

Del recorte proyectado para 2027, aproximadamente 36 millones de pesos corresponden a la partida de Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda, que tendría una disminución de 3.8%, para quedar en 889 millones de pesos.

La reducción afectaría los recursos federales que reciben las comisiones estatales para desarrollar sus tareas de búsqueda de personas con vida, localización de restos humanos, identificación forense y notificación a las familias.

La otra parte del ajuste corresponde a las actividades de búsqueda en casos federales a cargo de la CNB, que perderían alrededor de cuatro millones de pesos. En 2026, esta partida contó con 339 millones.
“Estos descensos presupuestarios son preocupantes por varias razones. Por un lado, porque contrasta con la narrativa de la asociación de las desapariciones a fenómenos criminales locales. Por otro lado, porque las Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con base a esos subsidios, con los cuales deben operar la búsqueda en vida y forense, así como estrategias de identificación y notificación digna”, advierte Fundar.
La crisis forense y los recursos para identificar cuerpos

La reducción de los subsidios para las comisiones locales también tendría consecuencias en las actividades de identificación forense, en un contexto en el que organizaciones como Fundar y Documenta han estimado que existen al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías.

Parte de los recursos destinados a esas tareas proviene de los subsidios para las comisiones locales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), cuyo presupuesto para 2027 tendría un incremento de apenas 1%, equivalente a poco más de 99 millones de pesos.

Fundar considera que ese aumento resulta insuficiente para sostener una política nacional de identificación, debido a que el fondo financia distintas actividades de seguridad pública y no exclusivamente acciones forenses.

Los recursos programados “son claramente insuficientes para hablar de una apuesta por una política forense sostenida, puesto que dicho fondo no sólo atiende la materia forense y no es posible afirmar que la totalidad de esos recursos redundarán en estrategias de identificación”, sostiene el análisis.

En el ámbito federal, el documento identifica diferencias presupuestales entre las instituciones que participan en las tareas periciales.

El Centro Federal Pericial Forense (CFPF), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tendría un incremento de 13.2% en sus recursos para 2027.

En contraste, la Unidad Médico-Forense (UMF), también adscrita a la FGR, enfrentaría una disminución presupuestal y contaría con ocho millones de pesos para operar, de acuerdo con las cifras presentadas por Fundar.

El análisis también señala falta de claridad sobre los recursos que se destinarán a la Plataforma Única de Identidad (PUI), una herramienta contemplada dentro de la política gubernamental para la búsqueda de personas.

La plataforma depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, cuyo presupuesto aumentaría 322 millones de pesos en 2027, equivalentes a 8% respecto del año anterior.

Sin embargo, Fundar advierte que las asignaciones no permiten identificar cuánto dinero será utilizado específicamente para el funcionamiento de la plataforma.

Los recursos, señala la organización, “carecen de trazabilidad suficiente de los recursos para saber cuánto de este presupuesto será utilizado para el PUI”.

Aumentan fondos para investigar delitos, pero persisten diferencias

El análisis presupuestal también identifica incrementos para las fiscalías especializadas en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR tendría un aumento de 9%, para alcanzar 546 millones de pesos.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) recibiría un incremento de 64.4%, con una asignación de 45 millones de pesos.

Los recursos para la investigación de delitos de tortura aumentarían 53.6%, hasta alcanzar 34 millones de pesos.

No obstante, Fundar señala que esos incrementos deben analizarse frente a las asignaciones de otras áreas de investigación penal.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tendría un presupuesto de 761.9 millones de pesos, tras recibir un aumento de 12.6%, equivalente a 85.3 millones.

De esta manera, los 45 millones de pesos destinados a la fiscalía especializada en desaparición forzada representarían únicamente 5.9% del presupuesto de la FEMDO.

Para Fundar, esta diferencia refleja inconsistencias con el carácter prioritario que debería tener la investigación de las desapariciones, particularmente cuando el propio gobierno federal ha vinculado estos delitos con la actuación de organizaciones criminales.

En esas condiciones, sostiene el organismo, las capacidades y los recursos destinados a investigar desapariciones y delincuencia organizada deberían guardar una mayor correspondencia.

Atención a víctimas, con un incremento limitado

Las diferencias entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales también se observan en los recursos previstos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para 2027, la institución contaría con mil 230 millones de pesos, apenas 12 millones más que en 2026.

Del presupuesto total, 726 millones de pesos estarían destinados a medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, un incremento de 8% respecto del ejercicio anterior.

Fundar contrasta este crecimiento con las últimas mediciones disponibles sobre el número de víctimas en México, que en noviembre de 2025 registraban un aumento anual de 22%.

La organización considera que la diferencia entre el crecimiento de la población que requiere atención y los recursos previstos para las instituciones encargadas de asistirla constituye otro de los problemas del proyecto presupuestal.

Guardia Nacional recibirá siete mil millones adicionales

Mientras las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la atención a víctimas enfrentarían reducciones o incrementos limitados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla aumentos para las dependencias federales de seguridad.

La Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones de pesos adicionales, equivalentes a un incremento de 28.9% respecto de 2026, para alcanzar un presupuesto total de 31 mil 487 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, también registraría un aumento presupuestal de mil 972 millones de pesos, equivalente a 3.2%.

Según Fundar, este incremento revertiría la tendencia de reducción de recursos que la dependencia había registrado desde 2023.

En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados tendría un aumento de apenas 99 millones de pesos, equivalente a 1% respecto de 2026.

Para la organización, esta distribución consolida una política de seguridad centralizada y con un importante componente militar, al mismo tiempo que mantiene limitados los recursos para fortalecer las capacidades estatales de búsqueda e investigación.

El presupuesto, ante el escrutinio internacional

La revisión de los recursos destinados a enfrentar la crisis de desapariciones ocurre en vísperas del informe anual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas presentará el martes 20 de octubre en Nueva York.

En ese contexto se encuentra la solicitud del Comité al secretario general de la ONU, António Guterres, para que se examine la posibilidad de establecer mecanismos internacionales de asistencia frente a la situación de desapariciones en México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado que en el país exista una política estatal de desapariciones forzadas y ha manifestado su oposición a una intervención internacional en los términos planteados por el Comité.

La posición del gobierno mexicano se desarrolla mientras el organismo internacional mantiene bajo examen la magnitud de la crisis y las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentarla.

En su análisis del proyecto presupuestal, Fundar sostiene que las asignaciones previstas para 2027 deben evaluarse a partir de las necesidades de las instituciones responsables de investigar desapariciones, localizar personas, identificar cuerpos y atender a sus familiares.
“Una apuesta decidida por la verdad, la justicia y reparación sólo puede existir si la política pública en materia de seguridad, acceso a la justicia, búsqueda y crisis forense, así como la atención victimal son coherentes política y presupuestariamente”, señala la organización.
“El Paquete Económico 2027 muestra un divorcio entre la investigación en materia de derechos humanos, búsqueda de personas, crisis forense y políticas de seguridad local”, concluye Fundar.

¿Certificar a las buscadoras?

"Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan 'técnicas certificadas' puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado"

El 7 de octubre pasado Ceci Patricia Flores Armenta y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicaron en X que obtuvieron del Gobierno mexicano un documento oficial que avala su labor para la búsqueda de personas desaparecidas. En su tweet, que comienza anunciando que “hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, y se muestran dos constancias que las acreditan como personas con las competencias necesarias para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México. Los certificados fueron expeditos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual reconoce y otorga validez oficial a una serie de habilidades y competencias, destrezas y conocimientos tras la aprobación de cursos y procesos de capacitación.

En redes sociales las buscadoras explicaron lo siguiente: “Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542. Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente”.

La mencionada certificación incluye los protocolos de búsqueda inmediata, búsqueda individualizada y búsqueda generalizada en campo y vida. Según la página oficial garantiza “el respeto a la dignidad humana y el Protocolo Homologado de Búsqueda” y va dirigida a funcionarios de comisiones de búsqueda de personas, a personas buscadoras independientes e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también a personas en general, peritos, criminólogos, policías y personal de fiscalías del país.

El curso y certificado acreditan conocimientos sobre temáticas como el análisis de contexto y la integración inicial de carpetas, fichas de búsqueda, la prospección de terreno, la seguridad y búsqueda en campo y en vida, búsqueda administrativa, el manejo de hallazgos forenses y el acompañamiento a víctimas con apego a los principios de no revictimización. Fue el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del estado de Guanajuato la institución encargada de la capacitación y evaluación en materia de búsqueda, y también capacitó y acreditó a ocho buscadoras de tres colectivos de Guanajuato.

Aunque esta formación, como varias otras, desde luego, aporta herramientas técnicas útiles para las familias y mayor conciencia acerca de leyes, protocolos y estándares, considero importante hacer hincapié en el trasfondo político y las críticas de un proceso en el que, sin querer estar en el lugar de víctimas indirectas de la desaparición, a lo largo de los años, han sido las personas buscadoras y los colectivos quienes, por inoperancia de las instituciones estatales, han tenido que salir a buscar y desarrollar conocimientos y habilidades desde su comunidad en búsqueda.

Han tenido que protestar y sufrir el peso de amenazas, represión policiaca y criminal, y hasta asesinatos, para ser reconocidas y escuchadas, para que comenzaran a moverse tantito del escritorio y trabajar los ministerios públicos, las policías y las fiscalías, las comisiones y mecanismos extraordinarios de búsqueda ante más de 130 mil desaparecidos.

En mi opinión, no deben de confundirse, entonces, el derecho, duramente conquistado y revindicado, a la participación conjunta y a la coadyuvancia en búsqueda e investigación que tienen las familias, o el hecho de que ya hayan constituido brigadas independientes para prospectar, buscar, exhumar e identificar a personas, con el mantenimiento de la exigencia de búsqueda, verdad y justicia para la no repetición y bajo la consigna de que “el Estado no busca porque se encuentra”.

Las familias se han organizado y movilizado a pesar de las autoridades para llevar a cabo tareas y funciones, labores desgastantes, legales, forenses y técnicas incluso, que deben de estar garantizadas plenamente por el Estado, el cual, al no cumplir, viola derechos humanos continuadamente y se torna cómplice de desapariciones forzadas mediante la ineficiencia burocrática y la falta de voluntad y acción.

Ahora, es un poco paradójico que se fijen estándares y reconocimientos a partir de una certificación estatal, equivalente a una suerte de microcredencial y curso formativo de unas 50 horas, avalada por la Federación y, en este caso, el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato.

No me malentiendan: es positivo que existan formaciones a disposición de cualquiera, y particularmente frente a la realidad tremenda de la desaparición, pero en este caso surgen de una insuficiencia crónica y una complicidad endémica de instituciones públicas que generan las condiciones y la necesidad de su existencia. Este aspecto ha sido borrado de la narrativa dominante en estos días.

Como autoridad estatal no busco, pero te capacito para que lo hagas.

No ofrezco protección adecuada, sin embargo, te paso un número de teléfono de emergencia y delego en ti la responsabilidad.

No quiero encontrar recursos para herramientas de avanzada ni personal suficiente para identificar cuerpos, pero creo un programa municipal para regalar palas, hacer eventos de “sensibilización” y tomar fotografías todas juntas.

En general las familias, de hecho, han tenido que formarse de manera independiente durante años y años, cuentan con muchas más horas, jornadas, semanas y experiencias de capacitación, otorgadas por la práctica y los saberes compartidos de forma comunitaria y solidaria, pero también, y mucho, por universidades, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones educativas de todo tipo, nacionales y foráneas. Muchas de ellas literalmente vienen a darnos clases a las y los “académicos”.

Es decir, ha sido un proceso obligado de capacitación en la marcha para la gran parte de ellas en todos los asuntos y materias posibles: antropología, historia, derecho, criminalística, arqueología, comunicación, informática, tecnología, cartografía, solo por mencionar algunos ejemplos.

Serían, más bien, las buscadoras quienes deberían certificar si las autoridades saben, pueden, quieren y van a hacer su trabajo decentemente. Muchos servidores e instituciones reprobarían.

Cabe distinguir, entonces, entre la formación técnica reconocida por las instituciones y los conocimientos que las familias buscadoras han construido durante años de trabajo en campo, mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas comunitarias, es decir, saberes y prácticas forenses ciudadanas y comunitarias que el Estado típicamente ha encasillado, menospreciado o normalizado para mantener cierto control y dar la ilusión de que se está respondiendo de alguna forma a la problemática.

Todos estos saberes, formados y compartidos por brigadas y colectivos, no siempre están documentados formalmente y menos certificados como tales, pero son los que han sido fundamentales para las labores de búsqueda y en la misma evolución histórica de los movimientos desde abajo contra la desaparición y para la justicia y la paz. En este sentido, si bien tiene su valor formativo como otras capacitaciones, una certificación institucional como la de CONOCER-IECA represente por sí misma un cambio histórico en la búsqueda de personas desaparecidas, al contrario, tiene el riesgo de crear jerarquías artificiales entre buscadoras y colectivos, los puede dividir, si es que el Estado la promueve como discriminante entre personas más o menos competentes.

En efecto, el contar con una certificación de este tipo habilita más un discurso que un cambio substancial: los derechos concretos y prerrogativas legales son las mismas para cualquier persona buscadora, no dependen de un título, pero sí es posible que desde ciertas instituciones se establezca una narrativa sobre quiénes son “las mejores” o “las buenas” buscadoras y su posibilidad e acceso a ciertos espacios. Aunque puede mejorar la capacidad de negociación o la exigibilidad ante autoridades, una certificación de competencia laboral (como la EC1542 de CONOCER) no otorga, crea ni amplía facultades públicas ni atribuciones legales administrativas. En otras palabras, la ley no hace distinciones. El derecho a la coadyuvancia, a presentar propuestas de investigación, a exigir la preservación de la escena, a revisar el plan de búsqueda y a promover amparos o recursos de impugnación pertenece a todas las víctimas indirectas por el solo hecho de serlo.

De hecho, hay muchas familiares con formación universitaria, diplomados, títulos de educación superior, doctorados y capacitaciones técnicas en todo tipo de temas, así como buscadoras que han adquirido conocimientos altamente especializados a partir de su experiencia en campo y el diálogo interno con su colectividad y con especialistas externos.

Hay un riesgo implícito de que el Estado utilice estas certificaciones como una simulación de atención y profesionalización, mientras las deficiencias estructurales, la impunidad y la falta de capacidad operativa en las fiscalías permanecen intactas y no se reforman o sancionan.

Por otro lado, se asimilan las herramientas y aprendizajes que las familias crearon empíricamente, se empaquetan bajo una norma oficial y luego se reserva el derecho de decidir quién es competente y quién no. El corolario de lo anterior es que tampoco se reconoce la construcción colectiva del conocimiento ni la fortaleza del grupo o la comunidad en ello.

Otra criticidad sería la de convertir la búsqueda, entendida como acción de resistencia y reconstrucción social, memoria y exigencia de justicia, en una suerte de proceso técnico-operativo o un checklist de habilidades laborales.

Repito, la capacitación es hasta cierto punto necesaria y útil, si se usa estratégica y críticamente, incluso para subvertir jerarquías, formar nuevos saberes y dinámicas horizontales o contestar errores. Pero ciertos riesgos que señalo existen.

Difícilmente un título oficial va a poder subsumir la enorme experiencia social, colectiva, productora de conocimientos y relaciones necesarias para la búsqueda, su humanización y efectividad, así como para el desarrollo de cuidados entre compañeras y comunidad incluso con las personas muertas encontradas.

El reconocimiento institucional puede tener dos vertientes, ya que ofrece herramientas técnicas a las familias, pero también se utiliza para legitimar una intervención estatal que normalmente no incluye y no puede incluir los conocimientos generados desde las propias comunidades, sino que puede reforzar lógicas verticales y crear más disparidades.

Por ejemplo, en Guanajuato, podrían acceder al curso sin tener que pagar miles de pesos de colegiatura sólo las buscadoras que cuenten con el respaldo de un colectivo constituido como Asociación Civil. La forma legal de la AC no siempre ni convenientemente es la mejor para un colectivo o grupo social, depende. A veces puede reforzarlo, permite recolectar recursos externos más fácilmente o “darse una estructura”, pero a la vez puede descafeinar ciertas luchas, desviar la atención y los escasos tiempos disponibles del grupo, además de eventualmente enfrascarlo en dinámicas políticas y afiliaciones aprovechadas o manipuladas por la autoridad.

Los saberes de las familias buscadoras han sido históricamente menospreciados o excluidos frente a “la ciencia forense”, al “derecho” y los “protocolos” legales, pese a que estos mismos procedimientos en buena parte existen o han sido modificados en el tiempo por la propia intervención política de las familias.

Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan “técnicas certificadas” puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado. Sucede que cuando las búsquedas fallan o no hay hallazgos, la autoridad puede achacarlo a la falta de información fehaciente, recolectada por las familias bajo su propio riesgo con mensajes anónimos e inteligencia comunitaria sobre los posibles puntos positivos, o a su conducta “indisciplinada”. Esto ha pasado. Así se llega a desviar la responsabilidad, insinuando fallas en la metodología o en la capacitación de un colectivo, en lugar de asumir la propia negligencia o complicidad estructural.

Una formación técnica de alto nivel puede ser positiva, siempre y cuando no se pierda de vista que su participación responde, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las autoridades, además de que puede provocar rencillas y separar más los movimientos de colectivos y buscadoras, si el Estado establece “becas” o “prioridades” para algunas y no otras. O si su discurso refuerza esas divisiones y presuntas ficticias jerarquías.

Un ejemplo concreto y consistente de progresivo y deliberado alejamiento de las lógicas y las certificaciones o apoyos “desde arriba” lo ha confirmado con coherencia y dignidad el zapatismo, su construcción de autonomía, dialogante con instituciones y sectores sociales diversos, pero firme, por fuera de partidos políticos y autoridades estatales.

También por eso es importante seguir y apoyar la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que va preparando para diciembre y enero el “Viaje-Abrazo a Buscador@s”, que no es otra cosa que un diálogo para la paz y la resistencia, el intercambio y la articulación: una movilización en la que una delegación de mil 509 zapatistas viajará desde Chiapas hacia la Ciudad de México para encontrarse y solidarizarse con colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: FABRIZIO LORUSSO.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4888513/certificar-a-las-buscadoras/

Buscar a personas desaparecidas en vida funciona: jornada documenta 31 posibles casos positivos y localiza a un joven

La Jornada de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos logró localizar con vida a un joven que llevaba poco más de cinco meses reportado como desaparecido. El Programa facilita la interlocución con secretarías de Salud y Seguridad Pública, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos, sin sustituir el papel de las familias. La propia Comisión de Búsqueda de Coahuila reconoce que estas organizaciones enseñan a buscar en vida, afirma Penny Ramírez, integrante del PDH IBERO

Buscar a una persona desaparecida no nada más es rastrear fosas o restos humanos. También implica recorrer y preguntar en cárceles, centros de rehabilitación, albergues, espacios de población migrante y lugares donde una persona podría encontrarse con vida.

La Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos es una iniciativa que acompaña el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO). Durante la jornada realizada del 21 de septiembre al 1 de octubre en Coahuila consiguió resultados que, de acuerdo con Penny Ramírez, integrante del Programa, muestran la importancia de no abandonar esta posibilidad.

El principal resultado fue la localización con vida de un joven en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, quien había sido reportado como desaparecido por poco más de cinco meses. El joven es originario de Tamaulipas y, tras ser localizado, pudo establecer nuevamente contacto con su familia.
“Buscar en vida no es solamente una expresión: requiere metodología, logística, coordinación institucional y, sobre todo, la participación de las familias”, explicó en entrevista con Prensa IBERO.
31 posibles positivos abren nuevas líneas de investigación

Durante la jornada se visitaron los centros penitenciarios de Monclova varonil y Piedras Negras femenil y varonil, además de siete centros de rehabilitación, un albergue para personas migrantes y distintos puntos mediante una brigada de búsqueda callejera en Ciudad Acuña.

En estos espacios, las familias mostraron fotografías de sus seres queridos a personas privadas de la libertad y a quienes se encontraban en centros de rehabilitación. Los testimonios que pudieran corresponder con alguna persona desaparecida fueron documentados y sometidos a un proceso de análisis y verificación.

Penny Ramírez explicó que no todo testimonio puede convertirse automáticamente en una línea de investigación, pues es necesario determinar cuándo ocurrió el supuesto avistamiento, si la descripción corresponde a la persona buscada y si los datos pueden ser útiles para continuar con la investigación.

Una vez depurada la información, se lograron 31 posibles casos positivos y viables, los cuales se entregaron a las familias para que, a través de sus agentes del Ministerio Público, puedan solicitar la investigación correspondiente.

Si el posible avistamiento ocurrió en una entidad distinta a aquella donde se encuentra la carpeta, indicó que también es necesario activar mecanismos de colaboración entre autoridades.
“Son muchos pasos, la complejidad administrativa puede hacer más lento este tipo de procesos, aunque el objetivo es mantener abierta la posibilidad de encontrar a las personas con vida”, enfatizó.
De un testimonio a una ruta de búsqueda

Uno de los casos identificados durante la jornada muestra cómo un dato puede convertirse en una estrategia de búsqueda.

La información permitió trabajar con la Comisión de Búsqueda de Coahuila para identificar los lugares donde había sido visto. Posteriormente, junto con las familias, se realizó una brigada callejera y se logró trazar una ruta de los espacios por los que habitualmente transitaba.

Por sus condiciones de vulnerabilidad y debido a que todavía no existe contacto directo con la familia, el caso permanece como “posible positivo ubicado”, explicó Ramírez.

El acompañamiento, en este caso, requiere mucho más que localizar un punto. También implica coordinación con autoridades y organizaciones que puedan contribuir a una eventual reintegración familiar sin poner en riesgo a la persona.

PDH IBERO acompaña a las familias

El Programa de Derechos Humanos de la IBERO participa en la parte logística y operativa de estas jornadas: análisis de contexto, diseño del cronograma, identificación de centros adecuados para realizar las búsquedas, interlocución con autoridades y coordinación de rutas, alojamiento y actividades.

La especialista en incidencia del programa explicó que uno de los criterios para seleccionar centros de rehabilitación es que estén regulados por el Estado, con el propósito de reducir riesgos para las familias buscadoras.

El Programa, dijo, facilita la interlocución con instituciones como las secretarías de Salud y Seguridad Pública, las comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos, sin sustituir el papel de las familias. La intención es que ellas puedan concentrarse en buscar a sus seres queridos.

La jornada contó con la participación de 75 personas provenientes de 15 estados. Además de las búsquedas, se realizaron marchas y acciones de visibilización en Monclova, Piedras Negras, San Buenaventura, Allende y Frontera, así como la colocación de dos “Árboles de la Memoria”. También se revisaron catálogos de personas fallecidas no identificadas.

Además, se documentaron cinco nuevos casos de personas que reportaron a un familiar como desaparecido o que manifestaron haber perdido contacto con sus familias durante su internamiento. También se identificó un posible caso de violación a derechos humanos que será canalizado para su atención.

Buscar en vida y buscar restos no son caminos opuestos

Para Ramírez, uno de los principales retos es comprender que la búsqueda en vida y la búsqueda forense deben desarrollarse de manera paralela y complementaria.

La especialista recordó que existe un importante rezago forense y que, mientras no funcionen plenamente los mecanismos para cruzar información genética, las familias continúan agotando otras posibilidades para encontrar a sus seres queridos.

Incluso, detalló que hay casos de larga data que demuestran que los años transcurridos no eliminan la posibilidad de encontrar a una persona con vida y relató un caso en Michoacán de una persona privada de la libertad que llevaba 15 años sin comunicación con su familia y que pudo ser hallada mediante el trabajo de las familias buscadoras.

La experiencia de Coahuila también comienza a dejar capacidades instaladas. Ramírez destacó que la propia Comisión de Búsqueda de Coahuila reconoció que estas organizaciones le enseñaron a buscar en vida y que ahora esta perspectiva forma parte de sus ejes de trabajo.

La jornada, sostuvo, demuestra que estos ejercicios pueden convertirse en política pública y replicarse en otras entidades. La Búsqueda Nacional en Vida ha recorrido ya estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Morelos y Guerrero, dejando una metodología que parte de una premisa: “cada pista debe ser agotada mientras exista la posibilidad de encontrar a una persona con vida”.

FUENTE/MEDIO: IBERO.
AUTOR: LUIS REYES.
ENLACE: https://prensa.ibero.mx/es-MX/nota/buscar-a-personas-desaparecidas-en-vida-funciona-jornada-de-colectivos-y-pdh-ibero-documenta-31-posibles-casos-positivos-y-localiza-a-un-joven

Pobladores de Guerrero protestan con tractores; exigen búsqueda de campesinos

La comunidad informó que un menor de 12 años fue liberado hace unos días, mientras los otros siete habitantes continúan sin ser localizados

Habitantes del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se manifestaron este lunes a bordo de tractores para exigir la localización con vida de siete campesinos que permanecen desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre, así como la intervención del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en las labores de búsqueda.
“Ante la falta de respuesta, actualmente nuestras comunidades se organizan para realizar una movilización de gran magnitud, con la participación aproximada de 150 comunidades y cabeceras municipales”, señalaron los pobladores esta mañana a través de un comunicado.
A 11 días de la privación de la libertad, la comunidad calificó como “nulos” los resultados obtenidos hasta ahora por las autoridades y confirmó que Jordi Alberto “N”, de 12 años, quien formaba parte del grupo de ocho personas desaparecidas inicialmente, fue liberado hace unos días.

De acuerdo con versiones difundidas sobre el caso, el menor habría sido enviado con un mensaje para condicionar la entrega de los otros siete campesinos a cambio de que La Familia Michoacana pudiera tomar el control de la Sierra; esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.


Comunidades marchan vestidas de blanco por los siete campesinos
Al grito de “¡La Sierra unida jamás será vencida!”, familiares y habitantes de distintas comunidades participaron en la movilización para exigir el regreso con vida de los siete campesinos. De acuerdo con reportes locales, alrededor de tres mil personas recorrieron más de 10 kilómetros y avanzaron sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Vestidos de blanco como símbolo de paz, los manifestantes recorrieron la vía a pie, a caballo y a bordo de camionetas y tractores, mientras portaban lonas con las fotografías de las personas desaparecidas. Durante la protesta también se escuchó la consigna “¡Los queremos vivos!”, a la que se sumó Juan Atanacio Orozco, hijo de uno de los campesinos.

Las siete personas que permanecen sin ser localizadas son:
  • Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
  • Isidro Brito Arriola, de 32 años.
  • Everardo León, de 17 años.
  • Nicolás Atanacio González, de 75 años.
  • Eulises Medrano López, de 26 años.
  • José Leodanis Medrano López, de 24 años
  • Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
De acuerdo con las investigaciones, los campesinos formaban parte de un grupo de 11 personas que se dirigía a trabajar en sus parcelas cuando hombres armados presuntamente los interceptaron en los caminos serranos, a la altura de la comunidad de La Lajita.


Comunidad recurre a organismos internacionales
Ante la falta de resultados en la localización de los siete campesinos, el ejido El Balcón informó este lunes que comenzó a buscar el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos y que el caso será llevado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ante la falta de resultados, hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”, señaló la comunidad.
A la exigencia se sumó la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), organización que reclamó la localización de los habitantes de El Balcón y advirtió sobre el impacto que su ausencia representa para sus familias y la comunidad.
“No queremos que estos ocho nombres se conviertan en estadísticas. No queremos que sus familias tengan que pasar años buscándolos. No queremos que una comunidad tenga que aprender a vivir con la ausencia de sus hijos, sus jóvenes y sus mayores”, expresó la organización.


La postura de los pobladores contrasta con lo señalado por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien aseguró desde el pasado 26 de septiembre que las investigaciones ya habían arrojado resultados, aunque indicó que correspondería a la Fiscalía estatal hacerlos públicos.
“Ya hay resultados, los dará a conocer la Fiscalía en su momento. Se siguen las investigaciones y siguen las acciones de búsqueda”, afirmó el funcionario.
Rodríguez Cisneros explicó que desde que las autoridades conocieron el caso se desplegó un operativo con participación del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, además de mantener coordinación con familiares y representantes de las comunidades para realizar recorridos en distintos puntos de la región. También informó que establecería contacto con los comités de paz que operan en la zona.

“Se llevaron a mis hijos”, madre denuncia maltrato e indiferencia de gobierno, Ejército y Fiscalía

Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.

Liliana es de Chiapa de Corzo y busca a sus hijos Emanuel Nanga Pérez y Marvin Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024 durante un operativo militar en su domicilio, de acuerdo con su testimonio.

“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.

El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años cuando se lo llevaron; en ese momento era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el Cobach 20 de Noviembre.

Liliana formó parte del grupo de madres de desaparecidos que mantuvo un plantón durante un mes frente a la Fiscalía General en Chiapas, un estado donde apenas después de asomar el impacto de la confrontación de grupos del narcotráfico con la desaparición de personas, se desvela también la existencia de fosas clandestinas masivas y un número de personas que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, es muy superior al dato oficial correspondiente al sexenio de Rutilio Escandón, primer gobernador de Morena, y del actual, Eduardo Ramírez, quien está por cumplir un año en el cargo.

La Fiscalía estatal reconoció, mediante el folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.

El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y 13 en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.

Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.

Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre desaparición en Chiapas, el 6 de noviembre último, ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera, realizada en las puertas de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Faro detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dos administraciones recientes, de acuerdo con el informe del Frayba la cifra de desaparecidos en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de mil 204 personas.

En la actual gubernatura, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta 334 casos, de los cuales 230 son hombres. 

Las principales ciudades donde se reporta ese delito son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.

La presentación de esas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.

La visita de la delegación ocurrió del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Entre esperanza y decepción

“Sólo quiero recuperar a mis hijos”, dice Liliana con la voz quebrada. “No busco culpables, sólo saber dónde están. Siento que están vivos”.

Cuenta que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.

Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero denuncia que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.

Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del Campo Militar 1, donde le respondieron que si algún elemento no se presentaba a los tres días, estaba considerado como desertor, o bien que su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, tampoco ha sabido nada de la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“Entonces, de ahí me retiro llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”

Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación; mientras, las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.

Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El bloqueo se inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.

Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares.

En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre sus casos están las de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.

“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”, narra Liliana.

El 3 de enero último presentó la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.

 “Desde entonces sólo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más”. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”

“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero sólo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho; la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas para que dejara de buscar ahí”.

La mujer de 40 años denuncia que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.

Indicios de reclutamiento

El 3 de enero último, con la ficha de búsqueda ya emitida, Liliana se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y, desde entonces, participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, refiere. 

Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Sólo se escuchan rumores”.

Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de Noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos –amigos, compañeros de futbol y de andar en bicicleta. Pedí a la Fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.

El 12 de septiembre último Liliana tuvo una reunión con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres. 

“Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina –relata Liliana”.

Para ella, fue una reunión decepcionante con el mandatario. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital

Tras una inversión de 43 millones de pesos, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx, inauguró el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, que concentrará esfuerzos institucionales y apoyo a familias.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes la inauguración del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la capital, el cual reúne a personal de distintas dependencias para fortalecer la atención y coordinación en casos de desaparición.

La apertura del centro forma parte del plan de búsqueda de personas con reporte de desaparición, anunciado por la Administración capitalina en abril, con el propósito de agilizar los procesos institucionales y brindar acompañamiento a las familias.

Durante el recorrido por las instalaciones, Brugada estuvo acompañada por el titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, donde explicó que el objetivo del nuevo espacio es evitar que las familias recorran diversas oficinas para obtener información sobre sus casos.
"El día de hoy, damos un paso esencial en esa dirección, con la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. [...] Se tiene salas privadas para entrevistas. También áreas de descanso, para personas localizadas. Salas de trabajo interdisciplinario y espacios diseñados para acompañamiento emocional. El objetivo es entonces, que las familias ya no sigan recorriendo oficinas", indicó.
La mandataria capitalina enfatizó que no puede haber neutralidad ante la desaparición de una persona, al considerarla una emergencia humana que requiere coordinación, sensibilidad y acción inmediata entre autoridades y sociedad.

Ante la presencia de familiares y colectivos de búsqueda, Brugada destacó que los avances logrados en la materia han sido resultado de la organización constante de madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que se han negado a aceptar la indiferencia institucional.

De acuerdo con la funcionaria, el CAIBP contará con la participación de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, del Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección Biopsicosocial para la Atención Pericial a Víctimas y de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

Por su parte, la Fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se invirtieron 43 millones de pesos en la rehabilitación del inmueble, que anteriormente funcionaba como sede del Semefo, con reforzamiento estructural y adecuaciones en todos los niveles del edificio.


Alcalde Lujan explicó que el propósito de este espacio es ofrecer una respuesta institucional en un mismo lugar, facilitar el acceso de las familias a los servicios de denuncia y fortalecer la coordinación entre dependencias encargadas de la búsqueda.

Además, señaló que el sótano del inmueble fue habilitado con equipos especializados de búsqueda y que la Unidad de Identificación Humana y Búsqueda de Familias de la Fiscalía ha logrado localizar a más de 300 familias que desconocían el fallecimiento de sus seres queridos.

Hasta el momento, informó que se ha realizado la entrega digna de 196 cuerpos identificados, en colaboración con familiares y colectivos, bajo protocolos humanitarios y con respeto a la memoria de las víctimas.

Clara Brugada reafirmó que el Gobierno de la Ciudad de México continuará reforzando las acciones de búsqueda con mayor presupuesto, recursos humanos y coordinación interinstitucional, con el propósito de garantizar justicia y acompañamiento a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades y activistas buscan restos en el Ajusco; estiman que hay más de 100 cuerpos

Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de cien cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres.

Activistas, bomberos, autoridades y expertos forenses participaron este jueves en la búsqueda de restos humanos en una amplia zona boscosa de Ciudad de México, donde, según denuncias, están enterradas más de un centenar de personas desaparecidas.

La cita fue en el Ajusco, cerro de origen volcánico en el sur de la capital.

“Como es una zona sola, es por eso que a la gente (presuntos criminales) se les da la facilidad de venir a tirar los cuerpos“, dijo a la AFP Araceli Olmedo Cruz, de 40 años, quien busca a su hijo Benjamín, visto por última vez en un barrio cercano en abril de 2024.

Los colectivos que participaron en esta búsqueda estiman que en la zona puede haber entre 130 y 150 cuerpos de enterrados u ocultos.

Se calcula que en México hay más de 127 mil desaparecidos, la gran mayoría en medio de la violencia desatada luego de que en 2006 el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas.

Arnulfo García busca a su mamá, Plácida, de quien justo hace un año no sabe nada, pero tiene la esperanza de que siga viva.

“Habíamos buscado en zonas urbanas de la ciudad, pegamos carteles”, dijo al explicar que decidió acudir a los trabajos en Ajusco para ayudar y tratar de contactar a autoridades que lo apoyen para localizar a su mamá.

Las jornadas de búsqueda fueron anunciadas por distintos medios y se prolongarán hasta el 31 de octubre.

Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de cien cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres.

La búsqueda, en la que participaron 430 personas, se realizó por sectores bajo la guía de personal que conoce la zona y con la presencia de elementos armados de la fiscalía capitalina.

Las madres escarbaban el terreno con horquillas y palas, mientras otros con machetes y hasta maquinaria pesada cortaban la maleza.

El pasado 21 de octubre, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó que en México se están produciendo “desapariciones sistemáticas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
AUTOR: /.

“Sin pistas claras”: a casi dos años de su desaparición, búsqueda de Sergio se extiende en barrancas de Álvaro Obregón

La búsqueda de Sergio, desaparecido en 2023, tuvo una jornada extendida en las zonas aledañas al sitio donde se le vio por última vez; las jornadas continuarán en noviembre, mientras su familia exige un plan individualizado de búsqueda forense.

A casi dos años de su desaparición, esta semana se llevó a cabo la primera jornada extendida oficial de búsqueda en vida dedicada a Sergio Gerardo Jiménez, desaparecido en la alcaldía Álvaro Obregón cuando tenía 34 años de edad. Su hermana Carolina y su mamá Julieta recorrieron durante cinco días diferentes zonas de las barrancas de Álvaro Obregón, áreas aledañas a donde fue visto por última vez el 20 de octubre de 2023.

“Seguimos sin pistas claras sobre su paradero. A pesar de los esfuerzos de la familia, confiando en la competencia de las autoridades de la Ciudad de México, empujando las investigaciones pertinentes en fiscalía. El caso sigue sin resolverse con el riesgo grave de convertirse en un caso de larga data”, remarcaron Carolina y Julieta.

Para ellas, el carácter de larga data de un caso solo habla de la ineficiencia, falta de capacidad y competencia de las autoridades para resolver los delitos de desaparición en México, y aún más, para prevenirlos y combatirlos, pues el fenómeno sigue teniendo lugar –y tiende a agravarse– en varias zonas del país y de la Ciudad de México.

La familia de Sergio dijo durante estas jornadas de búsqueda que les apremia encontrarlo, por lo que exigen profesionalismo y seriedad institucional a los agentes del Estado que se encargan de la búsqueda y la prevención, pues son los primeros responsables de garantizar a toda la ciudadanía una vida segura, digna y libre de violencia.

“Las víctimas y las familias de personas desaparecidas en México necesitamos que las fiscalías conformen unidades integrales e interdisciplinarias, capaces de estar a la altura del desafío que representa la crisis de desapariciones en el país. Este fenómeno, que se remonta muchos años atrás, sigue siendo recurrente, está cobijado por la impunidad y pone en riesgo a toda la sociedad civil, especialmente a los jóvenes en situación vulnerable, así como a las familias que buscan justicia y verdad, cuya labor implica un enorme riesgo”, puntualizaron.

Los recorridos por las calles de la alcaldía Álvaro Obregón abarcaron acciones de difusión en Calzada de Las Águilas, calle de Tarango, San Bartolo Ameyalco, avenida Centenario, avenida Tamaulipas en el perímetro de Santa Lucía, así como en centros de rehabilitación, integración y especialidad médica. Volvieron a colocar fichas de búsqueda, lonas y otros elementos que puedan ayudar a localizar a Sergio.

La noche del viernes 20 de octubre de 2023, cuando desapareció, Sergio Gerardo Jiménez había pasado las últimas horas en su casa, en la colonia Las Águilas. Estaba ya casi por dormir cuando avisó que saldría y no regresó. Su madre estaba acostumbrada a que habitualmente bajara por un cigarrillo y volviera, pero esa vez no ocurrió así.

El sábado, después de que pasaron varias horas sin conocer su paradero, su familia empezó el camino de la denuncia y la búsqueda. Caro había tenido una última conversación con él la noche anterior, para pedirle que estuviera pendiente de un viaje que ella emprendería a la mañana siguiente mediante una aplicación de transporte. Luego cambió de parecer, pensando que estaría dormido, pero lo esperaba más tarde para hacer algunos arreglos en su departamento. Nunca le había quedado mal con eso, pero aquella fue la primera vez que no llegó.

“Exigimos su localización inmediata”

Cuando Sergio cumplió un año de desaparecido, en octubre de 2024, se sabía ya, como un hecho, que había sido víctima de desaparición cometida por particulares. Desde diciembre de 2023 se había dado continuidad a esa línea de investigación, aunque de manera tardía.

Desde entonces Carolina remarcaba que si la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hubiera incorporado antes, con un trabajo interinstitucional coordinado, hubiera habido una acción más rápida, eficaz y eficiente para no perder evidencias y recabar la mayor información posible a través de las cámaras alrededor de la zona donde se le vio por última vez, y donde esta semana se acudió de nuevo a buscarle.

Por eso, a casi dos años de su desaparición, la exigencia principal de su familia sigue siendo su localización inmediata mediante la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos al alcance de las autoridades para resolver el caso y llevar a la justicia a los responsables. Se trata de un delito que atenta contra muchas familias de la alcaldía Álvaro Obregón y de la Ciudad de México, especialmente durante los últimos años.

En las jornadas de búsqueda de esta semana, además de las instancias de seguridad, participaron integrantes de las comisiones de búsqueda local y nacional, aunque nunca las suficientes. Los días lluviosos también fueron complicado cubrir todas las rutas que se habían propuesto, aunque a partir del 3 de noviembre volverán a retomarse las que hicieron falta.

Carolina y su mamá han insistido en que también debe terminar de delinearse un plan de búsqueda forense, con la información, planes de prospección y análisis de contexto que ayude a tener un plan individualizado en el caso de Sergio. A casi dos años de su desaparición, es un plan con el que todavía no se cuenta.

En la alcaldía Álvaro Obregón desaparecieron 322 personas entre el 1 de abril de 2018 y el 20 de mayo de 2025. Año con año, la estadística ha ido en aumento: de los ocho casos registrados en 2018, se contabilizó un crecimiento a 36 en 2022, 56 en 2023 y 90 en 2024.

El 62 % son hombres, la mayoría en un rango de edad de 20 a 45 años. En ese mismo periodo, las desapariciones en la Ciudad de México rebasan las 4 mil 700, la mayoría hombres, pero con un crecimiento importante del porcentaje de mujeres cuando se trata del periodo de edad de la adolescencia.

Requerimos también una depuración de funcionarios y autoridades que, por falta de competencia, negligencia, obstrucción, colusión, apatía o indolencia —cualquiera que sean las razones—, no actúan conforme a las exigencias de los casos ni al sentido de urgencia que demanda el desafío de lograr la localización con vida de la víctima”, dijo la familia de Sergio.

Además, a casi dos años de la desaparición, siguen insistiendo en medidas de seguridad urgentes para su familia y una atención integral inmediata de la Comisión de Atención a Víctimas capitalina, cuyos mecanismos de atención se han visto sumamente limitados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida desde septiembre en el Ajusco, fue hallada con vida en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

En un desenlace positivo de una historia que generó gran indignación, la joven María Isabella, de 16 años, fue localizada con vida en la Ciudad de México (CdMx) tras permanecer desaparecida desde el 2 de septiembre en la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan.

La noticia fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), también de la capital, a través de un comunicado. Ahí se informó que la menor fue hallada el 8 de octubre en un domicilio ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, "en compañía de una persona de su círculo cercano".

En su tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina señaló que, de acuerdo con la investigación sobre el caso, María Isabella fue vista por última vez el 2 de septiembre, cuando salió de su casa, que se encuentra en la Carretera Federal a Cuernavaca, en la Alcaldía Tlalpan.

Tras el reporte de su desaparición, se iniciaron diligencias, mediante las cuales elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), lograron obtener información que llevaron a su paradero.

"La menor fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas [Fipede], conforme al protocolo de atención a víctimas, a fin de verificar su estado de salud y garantizar su retorno con sus familiares", explicó la FGJ-CdMx.
Asimismo, se indicó que, según lo revelado por las primeras indagatorias, la menor parece no haber sido víctima de ningún delito durante el tiempo que permaneció en calidad de desaparecida.

Madre de Isabella denunció fallas en la investigación

Ante la desaparición de María Isabella, su madre, Pilar Orozco, emprendió una búsqueda incansable para dar con su paradero. Sin embargo, denunció encontrarse con que las acciones de las autoridades no sólo fueron tardías, sino insensibles y revictimizantes, además de que un operativo mal diseñado borró la posibilidad de confirmar si su hija había sido vista en una zona de alto riesgo de la Ciudad de México.

La madre también narró que desde el inicio la atención de la Fiscalía fue deficiente. No se activó de inmediato la Alerta Amber nacional y la ficha de búsqueda contenía un señalamiento que consideró revictimizante.

El último registro conocido de Isabella antes de su hallazgo el miércoles 8 de octubre fue cuando subió a un camión la tarde de ese 2 de septiembre. Y es que, a pesar de que la zona cuenta con cámaras del C5, no todas funcionan.
“Resulta que tienen fallas fundamentales. No funcionan varias. Entonces, no sabemos si ella se baja, si alguien la baja, si se bajaron o la bajaron en puntos anteriores por las fallas de las cámaras, que bueno, si bien es una línea importantísima de investigación, también habla de una autoridad incompetente”, narró la madre en entrevista para el programa "A las Dos" que se trasmite por SinEmbargo Al Aire.


Además, la madre señaló que la unidad que abordó su hija no tenía placas, pero sí portaba un logotipo de chocolate muy distintivo, lo cual, para ella, era evidente que esa pista debía haberse seguido de inmediato, pero no fue así.

Pilar Orozco explicó también que la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en la que insinuaba que la desaparición de Isabella estaba relacionada con que se habría ido con un hombre que conoció en redes sociales.
“En la ficha que sale inicialmente de búsqueda sale que conoció a una persona [argentina]. O sea, revictimizando y canalizando la atención pública a que es una niña desaparecida porque se fue con el novio… Eso es absurdo que redirijan la atención a esto”.
Pilar reconoció que su hija había tenido un novio, pero descartó que esa fuera la causa de su desaparición: “Era un chico que conocía de meses, que ni siquiera vive en este país. No, por ahí definitivamente no va. Y en cambio si la autoridad se hace omisa a las acciones que sí tiene la responsabilidad de ejercer”.

El aviso y el operativo fallido

El fin de semana del 29 de septiembre, Pilar recibió un mensaje de alguien que aseguraba que una joven muy parecida a Isabella había sido vista en San Nicolás del Pedregal, una zona considerada de alto riesgo.

La persona que le envió la información le dijo que la joven parecía drogada y que siempre estaba acompañada. Pilar narró que ella confió en la autoridad y buscó ayuda de la Policía de Investigación, pero pasó más de 12 horas sin recibir respuesta.

Ante la falta de respuestas de su policía de investigación asignado, buscó contactos y apoyo entre colectivos y conocidos quienes finalmente la ayudaron a conseguir el número del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, quien la atendió y la canalizó con una integrante de su equipo, y fue así que así se organizó un operativo nocturno en la zona señalada.

Aunque Pilar agradeció la sensibilidad del personal que la acompañó, destacó que lo fundamental falló, pues dijo que el operativo se realizó sin planeación y al final la movilización resultó en un acto fallido que esfumó la posibilidad de saber si ahí había estado su hija.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.