Lo sorprendente del caso Chihuahua es el cambio de bando de Maru Campos. Después de que el desmantelamiento de un narcolaboratorio le valiera elogios, respaldo partidista y reconocimiento nacional e internacional como una gobernadora dispuesta a enfrentar al crimen, ahora señala a su antiguo fiscal por haber actuado por la libre. Su viraje pone en entredicho la defensa de su liderazgo que hicieron sus compañeros de partido. Si aquella operación acreditaba su carácter, ¿cómo terminó convertida en una actuación imperdonable de su colaborador? Con ese giro erosiona el reconocimiento ganado, alimenta las divisiones del PAN y compromete la ventaja política que aquel episodio pudo representar para la sucesión de la franquicia partidista que encabeza en su entidad.
El operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos, dejó un laboratorio desmantelado. Al regreso, un accidente carretero costó la vida a dos agentes estatales y dos estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Su presencia provocó una controversia sobre autorizaciones y soberanía. César Jáuregui renunció el 27 de abril. Ahora enfrenta una causa estatal y una acusación federal por traición a la patria.
Maru sostiene que actuó sin informarle y que eso “no se puede perdonar”. Hablamos de su antiguo secretario general de Gobierno, fiscal y colaborador de máxima confianza. Si una operación de semejante importancia ocurrió a sus espaldas, también debe explicar cómo dirigía su administración. Meter al antiguo fiscal a la cárcel no convierte automáticamente a la gobernadora en una ciudadana ajena a lo que pasaba en su gobierno.
En abril, el PAN cerró filas con ella. Jorge Romero defendió su carácter para enfrentar a los cárteles y acusó a la Federación de politizar el golpe al narcotráfico. Los panistas que salieron a respaldarla merecen una explicación. Debe ser agotador defender el lunes la valentía de un gobierno y enterarse después de que el responsable del operativo era un imperdonable desobediente.
Hablo desde la experiencia. La mayoría de los gobernadores y alcaldes fronterizos ha fomentado la buena relación con sus homólogos estadounidenses. A los funcionarios de seguridad se nos exigió construir confianza, intercambiar información y mantener comunicación. Una mala relación podía costar el puesto. Generar sospechas de vínculos criminales, con mayor razón. La cercanía con las autoridades del otro lado se presumía como prueba de confiabilidad.
También sabemos cuánto preocupa una agresión contra turistas o ciudadanos estadounidenses. Suenan los teléfonos, llegan las exigencias y aparecen reuniones urgentes. Además de atender a las víctimas, preocupan las alertas de viaje, la imagen y el golpe económico. Gobernadores y alcaldes conocen esa presión. Por eso cuesta aceptar que la cooperación promovida durante años pueda explicarse de pronto como una ocurrencia exclusiva del funcionario que cayó en desgracia.
Nada de eso permite violar la ley. Si hubo participación extranjera irregular, que se acrediten las responsabilidades. Pero acusar de traición a la patria exige demostrar algo más que una autorización omitida. Si se invocan actos contra la soberanía para someter a México a un poder extranjero, debe probarse esa finalidad. No basta envolver la acusación en la bandera.
¿Qué parte de la patria quedó amenazada al desmantelar el narcolaboratorio? ¿La independencia, la soberanía o la integridad nacional? ¿O el patrimonio de sus propietarios? Entre tantos señalamientos sobre relaciones del poder con el narcotráfico en Sinaloa, Baja California, Tabasco, Tamaulipas y un largo etcétera, hace falta explicar dónde termina la defensa de México y dónde empieza la tranquilidad de sus delincuentes.
También interesa saber quién protegía aquel laboratorio y cuánto tiempo funcionó. Ojalá las investigaciones avancen con igual entusiasmo contra sus operadores y protectores. La soberanía debería sentirse agraviada mientras los criminales producen drogas y someten comunidades. Sería el colmo que estuviera perfectamente a salvo durante la producción y entrara en peligro al momento del desmantelamiento.
Jáuregui, además, buscaba la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua. Eso no prueba una persecución, pero añade sospechas sobre el viraje de la gobernadora. El colaborador tenía proyecto propio. Con semejante ingrediente, las explicaciones tienen que ser mejores que un simple “yo no sabía”.
Aparecen también versiones sobre presuntos pactos criminales de Jáuregui, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si hay pruebas, que se presenten. Por un lado, el guante de la justicia estatal y federal; por el otro, el del desprestigio, en el momento conveniente. No está demostrada la coordinación entre ambos, pero vaya oportunidad para descubrirle tantas sombras a quien durante años mereció tanta confianza.
Quienes trabajan en seguridad reciben otra lección de incertidumbre. Deben enfrentar criminales, obtener resultados y cuidar la relación bilateral, mientras calculan cuánto durará el respaldo de sus superiores. Al riesgo de perder la vida se suma el de perder la libertad. Se les exige conocer la ley, pero parece que también deben adivinar cuándo su gobernadora cambiará de bando.
FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: ALBERTO CAPELLA.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/cambio-de-bando/
AUTOR: ALBERTO CAPELLA.
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